La Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid en el Campus de Valladolid será la encargada de organizar la primera Olimpiada Informática de Castilla y León, que se va a celebrar de forma completamente online este próximo sábado, 30 de enero, en la que van a participar un total de 40 estudiantes de ESO y Bachillerato de la región. Por provincias, la participación más amplia será la de Valladolid con 17 participantes, seguida de Salamanca (12), León (9), Segovia (3), mientras que el resto de provincias llevará un representante cada una.

La Olimpiada de Informática consiste en un concurso de programación y se desarrollará mediante Hackerrank, un juez online automático. La corrección de los programas será automática comprobando que, para una serie de entradas dadas, el programa obtiene las salidas esperadas.

En esta primera convocatoria van a participar quienes se inscribieron en tiempo y forma a través de htpp://eventos.uva.es, y las pruebas se van a desarrollar entre las 10 y las 13 horas. La entrega de premios se realizará online a las 13,30 horas, en la que podrán participar familiares, profesores y allegados, a través del siguiente enlace

https://eu.bbcollab.com/guest/a0959fb6c22e48b6a1cc90b8b0bd0860

En esta sesión de entrega de premios y clausura van a participar la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Cristina de la Rosa Cubo; el secretario del Colegio Profesional de Ingenieros de Informática de Castilla y León, Julián Arroyo Álvarez, y el director de la Escuela de Ingeniería Informática, Manuel Barrio Solórzano.

Premios para los primeros clasificados

Primer Clasificado

• Clasificación directa para la Olimpiada Informática Española

• Entrenamiento 2 horas semanales hasta la Olimpiada Nacional (gracias a la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa)

• Cobertura de gastos de traslado y hospedaje para asistir a la Olimpiada Nacional (gracias a la organización de la Olimpiada Informática Española)

• Tarjeta Amazon por valor de 150€ (gracias al Colegio de Ingenieros en Informática de Castilla y León)

• Cheque para libros por valor de 100€ (gracias a la Universidad de Valladolid)

Segundo Clasificado

• Tarjeta Amazon por valor de 150€ (gracias al Colegio de Ingenieros en Informática de Castilla y León)

• Cheque para libros por valor de 100€ (gracias a la Universidad de Valladolid)

• Posible clasificación para la Olimpiada Informática Española por decisión de los jueces

Tercer Clasificado

• Tarjeta Amazon por valor de 100€ (gracias al Colegio de Ingenieros en Informática de Castilla y León)

• Cheque para libros por valor de 100€ (gracias a la Universidad de Valladolid)

Joven Promesa (mejor clasificado de la ESO, no más de 15 años)

• Cheque para libros por valor de 100€ (gracias a la Universidad de Valladolid)

Esta mañana se ha publicado en Gobierno Abierto del portal de la Junta de Castilla y León para su consulta previa, la propuesta de modificación del Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León. En la presentación han intervenido el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente de CERMI Castilla y León, Juan Pérez.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. Por ello, la modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en este caso mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 21/2018, de 26 de julio), a la par que actualizar las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a nuestra Ley de Función Pública. Ello implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso.

En este sentido, el consejero de la Presidencia ha indicado algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo, como es el caso del grado reconocido de discapacidad que se verá modificado y pasará a ser del 65 % en vez del 75 % como estaba contemplado hasta el momento; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, circunstancia por la que la Junta, a raíz del trabajo de las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, ya fue premiada en 2020 con el Premio ‘Plena Inclusión’ en la categoría ‘Apoyo en el Puesto de Trabajo’.

Tal y como ha explicado Ibáñez, esta modificación del decreto pone de manifiesto que para el Gobierno de Castilla y León, la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario. Un nuevo impulso que suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública, “queremos retener y atraer talento para que esta Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados; por ello no podemos renunciar a dotarnos de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios.”

En la misma línea, Isabel Blanco ha incidido en el reto de continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad. Al respecto, ha recordado la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual –cuatro mujeres y un hombre– a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales. Con el proyecto de decreto presentado hoy, se trata de favorecer aún más el acceso laboral de este colectivo al sector público, adaptando las pruebas selectivas a sus necesidades y abriendo estos procesos también a las personas con enfermedad mental y parálisis cerebral. En esta tarea colaborarán las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.

La Junta incrementará este año la cuantía económica que destina anualmente a las Rutas del Vino de Castilla y León, pasando de los 120.000 euros de 2019 a los 230.000 euros. Ante la difícil situación que está atravesando el sector turístico por la crisis sanitaria, la Consejería de Cultura y Turismo pretende favorecer el enoturismo como producto turístico prioritario en la Comunidad para su reactivación cuando las condiciones sanitarias sean favorables.

La directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, ha mantenido esta semana una reunión con los representantes de las Rutas del Vino certificadas de la Comunidad para analizar la situación actual que están atravesando, con motivo de la evolución epidemiológica y las acciones a desarrollar en los próximos meses.

El apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo a este sector se pone de manifiesto con las ayudas financieras que estas Rutas reciben y que se incrementarán significativamente durante este año 2021. La financiación global de estas Rutas se ha visto aumentada paulatinamente en los últimos tres años, pasando de 120.000 euros en el año 2019 a los 230.000 euros previstos para este año. A través de estas ayudas, las Rutas del vino certificadas – Arlanza, Arribes del Duero, Cigales, Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Sierra de Francia y Toro- realizan actuaciones de promoción. Asimismo, esta ayuda contribuirá a que la Ruta del Vino de Zamora acometa su certificación.

La Junta de Castilla y León apoya el enoturismo en Castilla y León como motor de actividad económica de la Comunidad, por lo que se conceden estas ayudas económicas, que además permiten coordinar los esfuerzos de las administraciones públicas y del sector privado en el desarrollo de este producto turístico.

Así se lo ha manifestado Estrella Torrecilla a los representantes de estas Rutas durante el encuentro telemático mantenido con ellas, donde también se abordaron otros temas como la presencia de las Rutas de la Comunidad en la feria de enoturismo FINE, que está previsto que se celebre el próximo mes de junio en Valladolid, así como las acciones con Portugal para poner en valor las diferentes Denominaciones de Origen y los recursos vitivinícolas de ambos territorios. Todas estas acciones promocionales están supeditadas a la evolución de la pandemia.

Castilla y León es la comunidad autónoma con más Rutas del Vino certificadas de España y, por tanto, un referente nacional en materia de enoturismo. Las Rutas del Vino de España son un producto turístico innovador, temático, cultural, gastronómico y de interior, que se basa en la integración de los recursos y servicios turísticos de interés de una zona vitivinícola y se asienta sobre una estrategia de desarrollo socioeconómico integral del territorio, de cooperación público-privada y de valorización de la identidad y cultura vitivinícola del destino. La viticultura es el eje temático de este producto y el turista lo percibe durante todas las etapas de su viaje y en cualquier componente de la cadena de valor turística que constituye la ruta.

Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 45 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a cuatro grupos de Ávila, siete aulas en Burgos, tres de León, seis en Palencia,  cuatro de Salamanca, tres en Segovia, otras tres en Soria, diez de Valladolid y cinco en Zamora. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 326 aulas en cuarentena en Castilla y León.

Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 660 casos de alumnos y 45 de trabajadores con PDIA positiva. 30 de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a 29 alumnos y un trabajador.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.

Los consejeros de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, han presidido esta mañana en Valladolid la constitución de la nueva Red de Igualdad de Mujer Rural, una entidad integrada por la Junta y las siete federaciones más representativas en este ámbito, que trabajarán de forma coordinada para apoyar los proyectos de vida y empleo de las mujeres en condiciones de igualdad en los pueblos de la Comunidad y contribuir así al desarrollo del mundo local.

A esta iniciativa, promovida por el Gobierno autonómico, se han sumado AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural), CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural), FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), ISMUR (Iniciativa Social de Mujeres Rurales), FEMUR (Federación de la Mujer Rural), AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural) y la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Peñaranda.

Los miembros de la red compartirán sus experiencias y trabajarán conjuntamente en la definición de estrategias encaminadas a impulsar el protagonismo femenino en los núcleos rurales de Castilla y León, con las nuevas tecnologías como aliadas. Un reto que pasa por favorecer la generación de nuevas oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar en los pueblos sus proyectos de formación, de emprendimiento o empleo, y familiares y personales. Se trata, en definitiva, de facilitarles que puedan realizar un proyecto de vida en el medio rural en condiciones de igualdad.

“Tenemos que dar un paso decisivo y definitivo para apoyar a nuestras mujeres mayores, a nuestras mujeres con algún tipo de discapacidad, a las posibles víctimas de violencia de género, pero también tenemos que crear las condiciones idóneas para retener y atraer mujeres al mundo rural; crear las oportunidades para que el entorno rural sea atractivo y sinónimo de calidad de vida”, ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, durante la reunión constitutiva de la entidad.

La Red de Igualdad de Mujer Rural jugará también un papel determinante en la implementación de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos Agrario y Agroalimentario, que persigue como objetivo último visibilizar y dinamizar el trabajo que desempeñan a diario las mujeres del medio rural de Castilla y León, como motor de empleo, de generación de riqueza y de fijación de población. Y lo hará a través de cinco grandes ejes: formación, emprendimiento, consolidación e impulso, empoderamiento y liderazgo, y visibilidad.

“Sin lugar a dudas, el trabajo coordinado de la Red de Igualdad y de las 30 medidas que pretende implantar la estrategia van a contribuir tanto al emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario como a la consecución de la tan necesaria igualdad” ha afirmado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Nuevo plan de igualdad y contra la violencia de género

Junto al trabajo colaborativo orientado a generar nuevas oportunidades en femenino en el medio rural, las entidades integrantes de la red promoverán también proyectos específicos para fomentar la igualdad de género y luchar contra la violencia de género. Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León otorgará una subvención de 150.000 euros.

Estos proyectos sentarán las bases del próximo plan en esta materia, que sustituirá a la Agenda para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre. De este modo, la Red de Igualdad de Mujer Rural participará de forma activa en la confección de ese plan y en el diseño de las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de este ejercicio.

Este nuevo instrumento de interlocución con las federaciones que representan y respaldan a las mujeres del medio rural sumará sus aportaciones a las realizadas por la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, las entidades locales y las integrantes del Proyecto Atrapadas que, agrupadas en torno a la denominada ‘Red Social’, trabajarán en un objetivo común: detectar y combatir las desigualdades y la violencia de género y favorecer modelos de convivencia en igualdad entre mujeres y hombres.

Durante todo el viernes 22 de enero se prevén rachas fuertes de viento en las nueve provincias de la Comunidad, que podrían alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora en zonas de montaña.

Ante esta información, la Agencia de Protección Civil desaconseja la práctica de actividades al aire libre por el peligro de que se pueda sufrir algún accidente o de quedarse aislado o desorientado en zonas de difícil acceso, cuyo rescate se vería complicado aún más por las condiciones meteorológicas.

Se recomienda revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior de los edificios, como son antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, etc., para evitar que puedan caer a la vía pública, además de asegurar puertas y ventanas, especialmente las exteriores.

Si se circula por la vía pública, hay que procurar no protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles, ni caminar debajo de anuncios publicitarios o andamios. Conviene además evitar acercarse a edificios en ruinas.

Si se prevé circular por carretera, se aconseja consultar previamente el estado de las carreteras, bien en los portales de la Dirección General de Tráfico  o en la web de  Incidencias en la red viaria  de la Junta de Castilla y León, o en el teléfono de información 011.

En caso de verse sorprendido por rachas fuertes de viento mientras conduce, conviene sujetar con firmeza el volante y reducir la velocidad. Es necesario reforzar la atención en la entrada y salida de los túneles, así como en el momento en que adelante o se cruce con vehículos pesados.

Si se tiene que informar sobre una emergencia, es importante especificar con claridad: el lugar exacto donde se encuentra la persona que precisa ayuda y las características del terreno, las dificultades de acceso que pueda haber, las condiciones meteorológicas en el lugar y el estado del accidentado.

Puede encontrar éstos y otros consejos, así como las informaciones actualizadas, en la web del 112 Castilla y León , y también en los perfiles de Facebook 112 Castilla y León , y  Twitter 112 Castilla y León .

Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono de Emergencias 1-1-2.

Castilla y León registra hoy 2.968 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 169.960; de esa cifra, 163.165 han sido confirmados mediante pruebas de infección activa (*).

Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 2.968 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 2.719 tienen diagnóstico el día previo.

Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.337 y los casos positivos a ellos vinculados, 8.078.

Hay 117 nuevas altas en hospitales, 20.850 en total y se ha registrado veinticinco decesos desde la anterior información, para un acumulado de 4.436 fallecimientos. En Soria, con 100 positivos, no ha habido fallecimientos, y se han dado tres altas.

La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.

La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.

Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.

La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral autonómico y en todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.

La permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados está limitada a cuatro personas y, en lugares de culto, a un tercio del aforo, con un máximo de veinticinco asistentes.

El toque de queda en el conjunto territorial castellano y leonés está establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )

Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León ).

Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )

Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.

Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.

(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.

(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.

Castilla y León recibe 95.815 dosis, 2.500 de ellas de Moderna, según datos facilitados por la subdelegación del Gobierno en Soria.

En total en nuestro país se han entregado 1.346.100 dosis, siendo administradas hasta el momento 1.025.937, es decir, un 76,2 %, apenas unas décimas más en Castilla y León. Del total de viales, solo 35.700 corresponden a Moderna, de las que se han suministrado 13.717. En cualquier caso, el número de personas que ya completado la pauta es de 15.642 personas, 633 en nuestra Comunidad.

Una adecuada financiación de las universidades públicas de la Comunidad las permitirá mantener y mejorar la calidad de la enseñanza y avanzar hacia la excelencia investigadora. En este sentido hoy se da luz verde a las aportaciones que garantizan la financiación global de estas instituciones académicas.

Los 96.085.960 euros aprobados hoy permitirán, además, incrementar la colaboración entre universidad y empresa, como factor de progreso en Castilla y León. De esta cantidad, 10.850.817 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU), 16.054.071 a la Universidad de León (ULE), 34.028.776 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 35.152.294, euros a la Universidad de Valladolid (UVa).

La enseñanza superior tiene, en estos momentos, tres grandes retos: transmitir el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y transferirlo a la sociedad. Estas funciones básicas se vinculan, a su vez, a los tres grandes objetivos de un sistema universitario cada vez más especializado, fuerte y competitivo. En primer lugar, la Junta de Castilla y León quiere reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos.

En segundo lugar, la profundización y afianzamiento de una investigación científica de calidad. El compromiso de la Consejería de Educación se concreta, por una parte, en la financiación aprobada de los gastos del personal docente e investigador de las universidades públicas y, por otra, en las diferentes actuaciones en materia de investigación en consonancia con las prioridades temáticas de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 -RIS3, según sus siglas en inglés-.

El tercer objetivo supone un mayor esfuerzo en la innovación, para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas, lo que contribuirá al crecimiento económico y la creación de empleo de calidad en Castilla y León.

En este sentido, la Consejería de Educación destinó, a lo largo de 2020, 384.343.842 euros a las universidades públicas de la Comunidad -43.403.269 euros, a la Universidad de Burgos; 64.216.287 euros, a la Universidad de León; 136.115.107 euros, a la Universidad de Salamanca; y 140.609.177 euros, a la Universidad de Valladolid-.

La supresión de estos estudios se realiza por iniciativa de las universidades. En el caso de los centros públicos mediante propuesta de los consejos de gobierno con el informe favorable de sus consejos sociales, y en el de los privados, mediante propuesta de sus respectivos consejos directivos.

El Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en Castilla y León establece como criterios para la supresión de un máster haber tenido menos de 15 alumnos de nuevo ingreso en los tres últimos cursos; no haber impartido, durante tres años seguidos, las enseñanzas; o cualquier otro que, en ejercicio de la autonomía universitaria, alegue y justifique el centro académico (títulos que se extinguen y son sustituidos por otros nuevos o tienen planes de estudios coincidentes en parte con otros, títulos interuniversitarios en los que cambian las universidades que lo imparten conjuntamente, etc.).

Todas las universidades que han ejercido la iniciativa para suprimir estas enseñanzas, han presentado ante la Consejería de Educación una memoria justificativa de la concurrencia de alguno de los anteriores criterios, así como un estudio económico sobre las repercusiones de la supresión y el procedimiento interno a seguir para salvaguardar los derechos de los estudiantes. En ninguno de los títulos que se suprimen existen alumnos de nuevo ingreso y aquellos matriculados con anterioridad tienen garantizado el derecho a finalizar los estudios.

De este modo, la Universidad de Burgos suprime el Máster Universitario en Ingeniería Informática. Por su parte, la Universidad de León dejará de impartir los másteres universitarios en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte -conjunto con las Universidades de Alcalá y Valencia- y en Dirección de Organizaciones e instalaciones de la Actividad Física y del Deporte -conjunto con las Universidades de Alcalá y la Politécnica de Madrid-.

Asimismo, la Universidad de Salamanca elimina los másteres universitarios en Corrupción y Estado de Derecho; en Estudios Brasileños; en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología; en Gestión de Riesgos Laborales; en Ingeniería Industrial; en Lógica y Filosofía de la Ciencia; en Química y Farmacia de Productos Naturales/Farmácia e Química de Produtos Naturais por la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) y en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

Finalmente, la Universidad de Valladolid suprime los estudios de Máster Universitario en Desarrollo Económico Regional y Local y Gestión del Territorio; en Dirección y Administración de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo; en Estudios Filológicos Superiores. Investigación y Aplicaciones Profesionales; en Formación de Educadores para la Intervención Sociocomunitaria; en Informática Industrial; en Ingeniería Acústica y Vibraciones; en Ingeniería de la Bioenergía y Sostenibilidad Energética; en Ingeniería Termodinámica de Fluidos; en Investigación en Ciencias de la Visión; en Lógica y Filosofía de la Ciencia; y en Comercio Exterior.

Dentro de las universidades privadas, la Universidad Católica ‘Santa Teresa de Jesús’ de Ávila deja de impartir el Máster Universitario en Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la Dependencia; y la IE Universidad de Segovia, el Máster Universitario en Comunicación Corporativa/Corporate Communication.

La supresión de estos estudios cuenta con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

La contratación que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno por importe de 12,33 millones de euros permitirá la contratación de cuadrillas para comenzar obras de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales hasta 2024 en siete provincias de la Comunidad. Estas obras de prevención permitirán, además de disminuir el riesgo de propagación de incendios al eliminar el combustible vegetal, la conservación, mejora y potenciación del valor y uso público de montes y el mantenimiento de caminos y pistas forestales. Las cuadrillas contratadas podrán colaborar en la extinción de un incendio en caso de que se produjera.

Provincia de Ávila: El gasto aprobado para esta provincia es de 4.426.378 euros hasta 2024, de ellos 1.348.926 euros con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos oscila entre los 38 y 41 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de 39 municipios pertenecientes a los términos municipales de Burgohondo, Casavieja, Cebreros, Cepeda de la Mora y San Martín de la Vega del Alberche, El Barraco, El Herradón de Pinares, El Tiemblo,Espinosa de los Caballeros, Flores de Ávila, Gavilanes, Horcajo de las Torres, Hoyo de Pinares, Hoyocasero, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, La Adrada, Langa, Las Navas del Marqués, Maello, Mijares, Narrillos, Navalmoral de la Sierra, Navaluenga, Navaquesera, Navarredonda de Gredos, Navatalgordo, Niharra y Pajares de Adaja. ,Peguerinos, Piedralaves, San Bartolomé de Pinares, San Juan de Gredos, San Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Sotalvo,Sotillo de la Adrada, Villafranca de la Sierra y Villanueva de Ávila.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios, con la eliminación de combustible vegetal (podas, desbroces, clareos, resalveos, cortas y recogida de restos) y mejora de pistas forestales. Todo ello se llevará a cabo por cinco cuadrillas, integradas cada una por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, las cuales también colaborarán en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Burgos: El gasto aprobado para esta provincia es de 1.523.681 euros hasta 2024, de ellos 550.506 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos oscila entre los 25 y 38 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de 15 municipios pertenecientes a los términos municipales de Berberana, Bozoo, Cascajares de Bureba, Condado de Treviño. Junta de Traslaloma, Junta de Villalba de Losa, Jurisdicción de San Zadornil, Medina de Pomar, Merindad de Cuesta Urría, Miranda de Ebro, Pancorbo, Prádanos de Bureba, Reinoso, Santa Gadea de Cid y Valle de Losa.

Las principales actuaciones consisten en mejorar de las pistas forestales, caminos rurales y vías de acceso, la eliminación y reparación de cerramientos ganaderos, la limpieza de pasos de agua, el acondicionamiento de áreas recreativas, además de los tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios, al eliminar combustible vegetal (podas, desbroces, clareos, resalveos, cortas y recogida de restos).

Todo ello se llevará a cabo por dos cuadrillas, una por contrato, integradas cada una por 7 miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, las cuales también colaborarán en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Palencia: El gasto aprobado para esta provincia es de 1.521.911 euros hasta 2024, de ellos 415.482 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos será de 36 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de 16 municipios pertenecientes a los términos municipales de Alar del Rey, Bárcena de Campos, Calahorra de Boedo, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Dehesa de Montejo, Osorno, Páramo de Boedo, Polentinos, La Pernía, Prádanos de Ojeda, Sotobañado y Priorato, Villaeles de Valdavia, Villameriel, Villanuño de Valdavia y Villasila de Valdavia.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios, al eliminar combustible vegetal (podas, desbroces, clareos, resalveos, cortas y recogida de restos), mejorar las pistas forestales, caminos rurales y vías de acceso, eliminación y reparación de cerramientos ganaderos y limpieza de pasos de agua.

Todo ello se llevará a cabo por dos cuadrillas, integradas cada una por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, las cuales también colaborarán en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Salamanca: El gasto aprobado para esta provincia es de 1.057.885 euros hasta 2024, de ellos 312.320 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos será de 38 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de los municipios pertenecientes a los términos municipales de El Maíllo, San Miguel de Robledo, El Cabaco, Mogarraz, Cereceda de la Sierra, Nava de Francia, San Martín del Castañar y Tamames, en la comarca de la Sierra de Francia.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios ordinarios, eliminación y reparación de cerramientos ganaderos, adecuación de zonas recreativas, acondicionamiento de cortafuegos e infraestructuras viarias.

Todo ello se llevará a cabo por una cuadrilla, integrada por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, que también colaborará en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Segovia: El gasto aprobado para esta provincia es de 1.004.525 euros hasta 2024, de ellos 184.971 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos será de 36 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de los municipios pertenecientes a los términos municipales de Cuéllar, Vallelado, Sanchonuño, Chañe, Frumales, Mata de Cuéllar, Remondo, Gomezserracín, Hontalbilla, Lastras de Cuéllar, Navalmanzano, Pinarejos y Zarzuela del Pinar,en la comarca de Tierra de Pinares-Serrezuela.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios ordinarios y acondicionamiento de cortafuegos e infraestructuras viarias.

Todo ello se llevará a cabo por una cuadrilla, integrada por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, que también colaborará en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Soria: El gasto aprobado para esta provincia es de 785.500 euros hasta 2024, de ellos 256.016 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos será de 36 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de los municipios pertenecientes a los términos municipales de Villar del Río, Yanguas y Vizmanos, en la comarca de Tierras Altas.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios ordinarios y acondicionamiento de cortafuegos e infraestructuras viarias.

Todo ello se llevará a cabo por una cuadrilla, integrada por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, que también colaborará en las labores de extinción de incendios.

Provincia de Zamora: El gasto aprobado para esta provincia es de 2.012.931 euros, en esta provincia hasta 2023, y de ellos 880.657 con cargo a este año 2021. La ejecución de los trabajos oscilará entre 18 y 25 meses.

Los trabajos se realizarán en montes de utilidad pública de los municipios pertenecientes a los términos municipales de Espadañedo, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Hermisende Muelas de los Caballeros, Pías,  Porto, Riofrío de Aliste, Rosinos de la Requejada y Tábara.

Las principales actuaciones consisten en tratamientos selvícolas para disminuir el riesgo de propagación de incendios ordinarios y mejora de las pistas forestales.

Todo ello se llevará a cabo por cuatro cuadrillas, integradas por siete miembros durante la época de peligro alto y cinco fuera de ella, las cuales también colaborarán en las labores de extinción de incendios.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente sigue considerando prioritaria la lucha contra los incendios forestales, con un presupuesto de 64,86 millones de euros, según se recoge en el proyecto de Presupuestos para este año 2021. La partida destinada a tratamientos selvícolas preventivos experimenta un incremento con una dotación de casi 23 millones de euros, lo que permitirá incrementar el tiempo de contratación de las cuadrillas, tanto terrestres como helitransportadas, y se consolidarán los tiempos de trabajo del personal fijo discontinuo.

La Junta de Castilla y León ha decretado el cierre de sus 47 centros culturales y ha suspendido toda la actividad presencial del gobierno regional, así como los consejos de Gobierno que dejarán de ser presenciales la próxima semana, como ha explicado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno de este jueves.

Asimismo, ha señalado que trasladarán a “trabajo no presencial todo lo que se pueda” manteniendo la actividad ordinaria esencial. En este sentido, Igea ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos a “secundar estas medidas procediendo al cierre de sus centros”.

El vicepresidente también ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos de la Comunidad que estos días tienen previsto realizar cribados masivos a que “emitan un bando” en el que pidan a la población “que permanezca confinada en sus domicilios, limitándose al trabajo y compras esenciales”.

“Queremos ver las calles de esos municipios vacías, al aire libre es recomendable mantener la actividad física pero queremos evitar el contacto social porque la incidencia está desbocada y los hospitales al borde de su capacidad”, ha señalado Igea.

El portavoz de la Junta ha recomendado “no mantener reuniones en los domicilios” y ha apuntado que no se prohíbe ya que se necesita “seguridad jurídica” aunque ha recordado la limitación a cuatro personas.

“Nuestro llamamiento no es un enfrentamiento político sino de mantener las medidas necesarias para proteger a la población ya que es nuestra obligación como gobierno”, ha matizado Francisco Igea.

La Junta de Castilla y León ha acordado suspender a partir de mañana la actividad presencial de todos los centros culturales que gestiona, ante la crítica situación epidemiológica que está atravesado la Comunidad.  Los centros que se incluyen en esta medida son los museos provinciales y regionales y los centros a ellos adscritos, las bibliotecas públicas provinciales, los archivos histórico-provinciales y  el Centro Cultural Miguel Delibes. Se continuarán prestando con normalidad los servicios digitales que se han venido mejorando y ampliando desde el pasado mes de marzo, dentro del desarrollo del ‘Plan de Reactivación de la Cultura’ puesto en marcha con el objetivo de adaptar la oferta cultural a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. En el caso de las bibliotecas provinciales se seguirá ofreciendo el servicio de préstamo bajo demanda.

La Consejería de Cultura y Turismo mantendrá la programación cultural prevista para el mes de enero en formato de streeming, a través de los seis canales habilitados en la plataforma youtube durante los pasados meses. De esta forma, los ciudadanos podrán continuar accediendo desde sus domicilios a las actividades programadas de forma segura, poniendo a su disposición una programación cultural diversa, gratuita y de calidad. De la misma forma, se pondrán mantener los contratos existentes con empresas pertenecientes a diversos ámbitos de las industrias culturales y creativas.

El objetivo principal de esta medida es colaborar en el esfuerzo solidario y colectivo para frenar los efectos de la pandemia en la Comunidad, garantizando de forma simultánea los derechos culturales de los ciudadanos gracias a la digitalización de los servicios culturales acometida en los pasados meses.

El sector cultural está siendo uno de los más afectados por la pandemia, pero su esfuerzo y sacrificio están siendo fundamentales para lograr el objetivo común de salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos.

Por otro lado, la Junta recomienda al resto de Administraciones Públicas la suspensión de los servicios culturales prestados de forma presencial en sus instalaciones, manteniendo los contratos existentes con empresas y profesionales de la cultura.

La Junta también ha acordado además, a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el cese de la actividad presencial en las Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río distribuidas en las nueve provincias de Castilla y León.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la convocatoria de subvenciones directas destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico de Castilla y León, derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19, con un importe de 20 millones de euros. Esta crisis ha generado un importante impacto en el sector turístico en Castilla y León, uno de los más importantes en la economía regional, como lo prueban los ingresos generados por los visitantes durante 2019, que ascendieron a más de 2.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 7,6 % respecto al mismo periodo del año 2018, o que en 2019 visitaran la Comunidad casi 9 millones de turistas, que generaron 15,5 millones de pernoctaciones.

Esta nueva convocatoria de subvenciones se suma a las que desde el pasado mes de marzo se han ido convocando para paliar los efectos de la pandemia, basadas en la necesidad de ayudar a mantener vivo el tejido empresarial turístico de la Comunidad y estar preparados para competir en el nuevo mercado turístico que surgirá tras esta crisis sanitaria.

La convocatoria publicada hoy se destina a toda la oferta turística reglada de la Comunidad. Está dirigida a las empresas turísticas con domicilio fiscal en Castilla y León, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que a fecha 25 de octubre de 2020 figuren inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León, como titulares de establecimientos de alojamientos turísticos; titulares de establecimientos de restauración; titulares de actividades de turismo activo; titulares de agencia de viajes o guías de turismo de Castilla y León.

Respecto a la anterior convocatoria de ayudas a la liquidez, dotada con 2,2 millones de euros, esta convocatoria incluye también a los titulares de bares y cafeterías y a los de viviendas de uso turístico y apartamentos. Otra novedad importante está en la cuantía individualizada de la subvención a conceder. En la anterior convocatoria, la ayuda mínima era de 500 euros y la máxima de 2.000 euros, y en esta, la mínima es de 1.000 euros y la máxima de 4.000 euros.

Se trata de una ayuda que se otorga no por haber incurrido en determinados gastos, sino en función del número de trabajadores. Y aquí radica otra importante novedad, ya que en la anterior convocatoria únicamente tuvieron derecho a ayuda las empresas con cinco trabajadores como máximo. Esta convocatoria contempla cuatro tramos. Por un lado, personas trabajadoras autónomas en las que concurran la doble circunstancia de no tener contratados trabajadores por cuenta ajena ni local físico de atención directa al público, 1.000 euros; entre 1 y 3 personas trabajadoras, 2.000 euros; entre 4 y 8 personas trabajadoras, 3.000 euros y más de 8 personas trabajadoras, 4.000 euros.

Es importante destacar que el cómputo total de personas trabajadoras incluye tanto a las personas autónomas como a las asalariadas y que el cómputo de trabajadores asalariados se realizará con independencia de la jornada a tiempo completo o parcial, su régimen de contratación temporal o fija, o que se encuentren en cualquier situación.

Declaración responsable

Para dar la mayor agilidad a la resolución de esta convocatoria, se han incorporado importantes novedades en cuanto al procedimiento, introduciendo la figura de la declaración responsable, a la que se debe acompañar la mínima documentación exigible en un procedimiento de este tipo, además de la documentación justificativa de la subvención en el momento de la presentación de la solicitud. Con ello, la Consejería de Cultura y Turismo pretende dar respuesta a una de las principales demandas del sector: hacer llegar las ayudas a los empresarios en el menor plazo posible. Por tanto, y de acuerdo con lo que establece la propia convocatoria, los empresarios turísticos disponen de un mes para presentar la solicitud, a partir de mañana.

Estas ayudas son compatibles con toda la batería de ayudas que han impulsado otras consejerías de la Junta de Castilla y León y de las que también pueden beneficiarse los empresarios turísticos de la Comunidad.

El texto completo de la orden de la convocatoria de ayudas publicada hoy puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ( Info Subvenciones ). Asimismo, la convocatoria puede consultarse en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ( Tramita CyL ) utilizando el identificador BDNS.

Otras ayudas para el sector

La estrategia de ayuda al sector también contempla subvenciones para la hostelería, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo en los meses de temporada turística baja, con condiciones climatológicas más adversas, a través de una línea de financiación de espacios seguros para los clientes mediante cerramientos de terrazas interiores o exteriores y mobiliario de confort como estufas, entre otros elementos.

Con una estimación en el conjunto de la Comunidad de más de 8.500 establecimientos que disponen de terrazas susceptibles de esta actuación, la Junta estima que una financiación global de 5 millones de euros ofrecerá la posibilidad de crear un espacio de confort que permitirá continuar con la actividad en un entorno seguro, contribuyendo con ello al mantenimiento del empleo en el sector turístico.

Serán subvencionables, en las condiciones que se establezcan en las bases de estas ayudas, las obras de cerramiento y todas aquellas que sean necesarias para la instalación de los elementos de confort; las obras de reforma de espacios que sean necesarias; los gastos en redacción de proyecto y dirección facultativa de obra; la adquisición del mobiliario de confort necesario; las tasas por licencias o permisos necesarios; seguros y cualquier otro gasto necesario para realizar la actuación.

Los beneficiarios serán los establecimientos de hostelería que dispongan de un espacio de terraza interior o exterior, con la posibilidad de crear un espacio de actividad en un entorno seguro. Esta subvención, cuya convocatoria se publicará en breve, se realizará en el marco de la convocatoria de subvenciones a empresas para la calidad turística. Es importante destacar que serán susceptibles de subvención los gastos realizados durante 2020 y 2021.

Reactivar la demanda

Otra de las líneas de ayuda en la que está trabajando la Consejería de Cultura y Turismo tiene como objetivo actuar sobre la demanda turística, para reactivarla en el momento en que mejoren las condiciones de movilidad. Para ello, se pondrá en marcha un sistema de bonificación del consumo de servicios turísticos que los turistas realicen en Castilla y León, al objeto de fomentar la demanda turística y, con ello, impulsar el gasto y ayudar al mantenimiento del empleo turístico.

Contará con un presupuesto de 2 millones de euros y subvencionará el gasto realizado en servicios turísticos a aquellos turistas que contraten, a través de una agencia de viajes, la pernoctación por una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos de Castilla y León durante el periodo de ejecución que establezca la convocatoria.

La cuantía individualizada de cada ayuda se obtendrá mediante el cálculo del 30 % del total de los justificantes de gasto presentados, detrayendo aquellos gastos no subvencionables, con un límite máximo de 400 euros de subvención por solicitud.

Actualización, a 20 de enero, de la guía con las medidas excepcionales para la prevención y la contención de la pandemia por la COVID-19 en todo territorio de la Comunidad, vinculadas a la vigencia del nivel 4 de alerta sanitaria en Castilla y León.

Esta guía recoge las preguntas y respuestas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante la vigencia del nivel 4 de alerta sanitaria en Castilla y León.

Asimismo, explica también las preguntas más frecuentes que suelen surgir con las medidas.

Desde las primeras medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, adoptadas por el Gobierno regional, la ciudadanía tiene a su disposición la Guía interpretativa sobre la aplicación de los niveles de alerta en Castilla y León, en la que pueden consultar el alcance de todas esas medidas y resolver las dudas que les plantea su aplicación de dichas medidas. Además pueden participar activamente en su actualización.

El seguimiento y control de las medidas anti COVID-19 en Castilla y León se desenvuelve en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), del que el CECOPI es su estructura operativa. En este grupo de trabajo tanto representantes de las Consejerías de la Junta de Castilla y León, como de la Administración General del Estado, encabezada por el delegado del Gobierno.

Presidido por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, semanalmente el CECOPI da respuesta a las dudas que plantean la ciudadanía, administraciones locales, entidades de diverso tipo, por los CEOP provinciales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la interpretación y alcance de las medidas sanitarias anti COVID-19 que acuerda el Consejo de Gobierno regional. Las respuestas a las dudas planteadas conforman el apartado de “Preguntas Frecuentes” (FAQ) de la Guía interpretativa sobre la aplicación de los niveles de alerta en Castilla y León.

La Guía está disponible en la web corporativa de la Junta de Castilla y León, y en sus redes sociales twitter y facebook y es utilizada por las diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En la reunión del CECOPI del día 20 de enero, la Guía se actualizó con los últimos Acuerdos del Presidente de la Junta de Castilla y León publicados en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado sábado (que se resumen en limitación del horario nocturno a las 20:00 horas, limitación perimetral provincial y limitación de reuniones a cuatro personas), y se dio respuesta a las siguientes preguntas:

1. Sobre la limitación del horario nocturno y las salidas con perros. Con el adelanto de la hora inicial de limitación nocturna de las 22:00 a las 20:00 horas, se han recibido múltiples consultas y quejas, no sólo de ciudadanos particulares, sino de colegios profesionales veterinarios, apelando al bienestar de los animales. En sentido semejante, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de los derechos de los animales, en comunicación de 18 de enero de 2021, invitaba a considerar permitidos los paseos de perros, como norma general en el ámbito de la Comunidad Autónoma, dentro de las horas de modulación de restricción de movilidad estipuladas en el ámbito territorial castellanoleonés. En atención a la notoria demanda institucional y social  se considera, por tanto, que sacar al perro, con el objetivo de atender las necesidades fisiológicas del mismo, inherentes al bienestar animal, así como a las condiciones higiénico -anitarias de los convivientes con dicho animal, es una situación de necesidad y, por tanto, una excepción a la restricción a la movilidad nocturna. En definitiva, está permitido sacar al animal más allá de las 20:00 horas, recomendándose que el paseo no dure más de treinta minutos y se realice en las inmediaciones del domicilio. En este punto es absolutamente necesario apelar a la responsabilidad de cada poseedor o titular del animal, a fin de evitar abusos que desemboquen en la adopción de medidas restrictivas.
2. Sobre la limitación de personas en mesas de establecimientos de hostelería y restauración. Tras la publicación del Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, que reduce de seis a cuatro el número máximo de personas en espacios  públicos o privados, se ha suscitado un importante número de consultas acerca de si dicha limitación afectaba al número máximo de personas que podrían sentarse en, por ejemplo, la terraza de un establecimiento hostelero (fijado en seis personas). Atendiendo a la propia literalidad del aducido Acuerdo que determina que la limitación de 4 personas no afecta a la confluencia de personas en dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, el CECOPI ha aclarado que en el  caso de los establecimientos de hostelería la medida aplicable es la contenida en el Acuerdo 76/2020 de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, esto es, 6 personas. Nuevamente resulta importante apelar a la responsabilidad tanto de los titulares de las instalaciones como a los propios clientes que hagan uso de las mismas, debiendo observarse las medidas de distancia y uso de mascarillas salvo para la ingesta de alimentos, ente otras.
3. Sobre el horario de academias. El adelanto de la limitación del horario nocturno, de las 22:00 a las 20:00 horas ha supuesto, como en casos anteriores, numerosas consultas por parte de titulares de academias privadas de formación y estudiantes. Sobre este extremo también se pronuncia la guía interpretativa, tras la deliberación del CECOPI, indicándose que la asistencia a clases presenciales en academias privadas, en tanto en cuanto las mismas no forman parte del sistema de enseñanza reglada ni son análogas a aquél, no supondría un movimiento justificado en horario nocturno. No obstante lo anterior, se exceptúan -y por tanto, sí estarían permitidos los movimientos en horario nocturno- las Escuelas Municipales de Músicas (sometidas a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) y las clases impartidas por entidades de formación acreditadas y/o inscritas en alguno de los registros coordinados con el Registro Estatal de Entidades de Formación del Sistema de Formación profesional para el empleo.
4. Sobre el horario de los supermercados. La adquisición de bienes de primera necesidad, además de la adquisición de medicamentos y productos sanitarios, es una causa justificada para la movilidad en horario nocturno, por lo que se ha aclarado la posibilidad de acudir a establecimientos destinados a su venta más allá de las 20:00 horas. Adicionalmente se fija de manera clara qué debe entenderse por productos de primera necesidad (los productos de alimentación, las bebidas, los productos de droguería y limpieza, los productos de perfumería e higiene personal y los productos de alimentación de animales de compañía).
5. Sobre la celebración de bodas civiles. El Acuerdo 3/2021 de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, reduce de 6 a 4 el número de personas en reuniones familiares o sociales y, asimismo, reduce el número de aforo en lugares de culto, en los que se celebran matrimonios religiosos. Al no aludirse específicamente en dicho Acuerdo a los enlaces de naturaleza civil, a las parejas que pretendían celebrar sus enlaces civiles les ha asaltado la duda acerca de la viabilidad de los mismos. Para su tranquilidad, la guía recoge que, de conformidad con el Acuerdo 76/2020 (aplicables a las bodas civiles), el aforo a cumplir en sus respectivos enlaces será de 1/3 con un máximo de 20 personas; eso sí, sin perjuicio de reseñar que, en la medida de lo posible, lo recomendable es aplazar este tipo de celebraciones hasta la mejora de la situación epidemiológica.
6. Sobre el desarrollo de la actividad deportiva. Las recientes medidas sobre limitación del horario nocturno (de 22 a 20 horas) y el cierre perimetral provincial, han generado un importante volumen de pregunta referidas a la posibilidad del desarrollo de la actividad deportiva, entrenamientos y competiciones que implican traslados interprovinciales e interautonómicos, dándose oportuna respuesta a todas ellas en la guía elaborada y que puede consultarse en los siguientes enlaces:

La Junta de Castilla y León ha variado alguna de sus normativas dentro del estado actual de restricciones.

Una de las más importantes afecta al paseo de los perros. Hasta ahora, no se consideraba una actividad esencial, con lo que solo podía sacar a los animales entre las 6.00 y las 20.00 horas.

Ahora, dentro de algunos cambios introducidos, se recoge esa posibilidad de pasear al perro después de las 20.00 horas, así como ir al supermercado a comprar bienes esenciales (comida, bebida, higine, alimentación animal…).

Por lo que se refiere a los perros, dice el nuevo artículo: “Sí, se considera una situación de necesidad o análoga, a realizarse con las siguientes recomendaciones. 1.- El tiempo de permanencia en la vía o espacio público no supere los treinta minutos, tiempo suficiente para atender la situación de necesidad (satisfacción de las necesidades fisiológicas del animal) y 2.- la salida se realice en las inmediaciones del domicilio de residencia del animal (distancia no superior a 500 metros de dicho domicilio).

El encuentro responde al compromiso de la Junta de Castilla y León de mantener abierto un cauce permanente de diálogo para conocer las necesidades de este colectivo y analizar sus propuestas y aportaciones de cara a mejorar su situación, especialmente en estos tiempos de dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria.

A la reunión, celebrada esta mañana por videoconferencia, ha asistido Domiciano Curiel, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León (ATA), y Rosa Eva Martínez, delegada regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de Castilla y León (TRADECyL). También han participado el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y el director general de Economía  Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo.

La consejera de Empleo e Industria ha analizado con el sector algunas de las nuevas medidas que baraja la Consejería para ayudar a este colectivo, que está sufriendo con especial intensidad la crisis económica derivada de la pandemia. Iniciativas que seguirán negociándose con el sector y que recogerán las aportaciones que realicen sus representantes.

Paralelamente, Amigo ha informado al colectivo de los avances que se están llevando a cabo en la negociación de la tercera Estrategia de Empleo y del nuevo Plan de empleo, donde se están evaluando nuevas medidas que contribuyan a paliar la situación de crisis, estimular el consumo, impulsar la recuperación económica y fomentar la modernización de pymes y autónomos. En este sentido, Amigo ha emplazado a las organizaciones a remitir a la Consejería las propuestas que crean puedan incorporarse a estos documentos.

Durante la reunión, se han repasado las medidas articuladas por Junta de Castilla y León para ayudar a los trabajadores por cuenta propia durante la pandemia. Entre estas líneas, cabe citar el Programa Reincorpórate, la extensión de la tarifa plana, el Programa Personal de Integración y Empleo, o las ayudas para el fomento del autoempleo. Estas ayudas, destinadas específicamente a autónomos, han sido solicitadas por casi 13.000 trabajadores por cuenta propia.

Amigo ha recordado, además, que muchos de estos trabajadores y pequeños empresarios pueden acceder también a las líneas de ayudas convocadas de forma genérica para otros colectivos y sectores, tales como ayudas para la adquisición de equipos de protección, ayudas  para cubrir los costes salariales de los contratos de sustitución por COVID-19 o líneas de crédito en condiciones muy ventajosas, incluyendo dos años de carencia y la bonificación total de los gastos financieros.

Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 30 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a dos grupos de Ávila, dos aulas en Burgos, tres de León, otras tres en Palencia, dos de Salamanca, seis en Segovia, nueve de Valladolid y tres en Zamora. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 232 aulas en cuarentena en Castilla y León.

Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 577 casos de alumnos y 43 de trabajadores con PDIA positiva. 27 de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a 25 alumnos y dos trabajadores.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado hoy, vía telemática, en el Consejo Consultivo presidida por el Ministro de Agricultura, Luis Planas, previa al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que tendrá lugar el próximo día 25.

Desde enero de este año, Portugal recoge el testigo de la presidencia alemana de la UE, y tendrá que afrontar retos tan importantes como la recuperación post-coronavirus, donde el plan de resiliencia tendrá que comenzar a implementarse en los Estados miembros, y el hecho de conseguir el acuerdo con el Parlamento Europeo para tener aprobados al final de su mandato (final del primer semestre de 2021) los reglamentos de la nueva PAC. Esto permitirá cerrar los Planes Estratégicos Nacionales y enviarlos a la Comisión para su aprobación, dando pie así a poder desarrollar la normativa de los Estados miembros en 2022 y finalmente aplicarlos a partir del 1 de enero de 2023.

Otros aspectos que deberá impulsar la presidencia lusa son el seguimiento de los mercados agrarios, especialmente con la aplicación del Bréxit, y acuerdos comerciales agrarios con terceros países, la visión de las zonas rurales en la UE, o el uso sostenible de productos fitosanitarios.

Respecto a la puesta en marcha del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrá que presentarse próximamente a la Comisión Europea para su aprobación, Carnero ha insistido “la financiación que este Programa destina específicamente al sector agroalimentario es muy escasa, teniendo en cuenta que España solo recibirá 1.769 millones de euros de los más de 70.000 que tiene asignados de ayudas no reembolsables, contando con la pesca y los 718 millones que se incorporarán a los Programas de Desarrollo Rural españoles como fondos Next Generation”.

En ese sentido, el consejero ha añadido que “es importante que el sector agroalimentario pueda acceder a otras líneas de ayuda que gestionarán otros Ministerios, y por eso desde la Junta de Castilla y León reclamamos que el Ministerio de Agricultura o bien canalice más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o bien, en su defecto, se convierta en una oficina de enlace con otros Ministerios para facilitar el acceso a la financiación”.

Al mismo tiempo, el Gobierno Regional reclama que las convocatorias para las ayudas se abran este mismo año, para resolver y comenzar los proyectos sin demora, facilitando la recuperación económica.

Aprobación de la nueva normativa de la PAC

Respecto al acuerdo con el Parlamento Europeo, para la aprobación de la nueva normativa de la PAC, Carnero ha vuelto a reclamar al Ministro “la necesidad de ser cautelosos en la determinación de la arquitectura medioambiental de la PAC, dado que el avance de esta política tiene que efectuarse sin olvidar la compensación de las rentas de los agricultores y ganaderos. Ahora es un buen momento para conseguirlo en los correspondientes trílogos”.

La Junta de Castilla y León defiende una distribución de la financiación prudente, apoyando la posición del Consejo de no superar el 20% de la asignación del primer pilar para los ecoesquemas. Esto supone aproximadamente 1.000 millones de euros en España al año para la contribución medioambiental de la PAC, a través de este nuevo modelo de prácticas que superan las condiciones medioambientales exigibles para percibir los pagos básicos de la PAC.

Acuerdos comerciales de la Unión con terceros países

El elemento clave para el sector agroalimentario europeo, es la fragilidad del sector productor: la agricultura y la ganadería. Los modelos europeos, ligados a explotaciones familiares, con una fuerte presión en condicionantes medioambientales y sociales, sitúan a nuestro sector productor en una situación que le aparta de la competitividad, en costes de producción. Por tanto, Carnero ha dejado claro que “es preciso establecer unas cláusulas de reciprocidad y de responsabilidad compartida ante retos mundiales medioambientales y también sociales, y aquí Castilla y León apuesta, más allá de los pactos bilaterales, por la vuelta a la multilateralidad de los acuerdos que permita otorgar mayor igualdad en las relaciones y evitando así las guerras arancelarias al comercio”.

Hay que tener en cuenta que existen sectores agrarios que lejos de recuperarse, están atravesando momentos muy complicados, como el del vacuno de carne y el vitivinícola, y es necesario empezar a tomar medidas con alcance europeo y abrir nuevos mercados internacionales que favorezcan las transacciones, coincidiendo en este caso con la posición ministerial.

Castilla y León registra hoy 2.981 nuevos casos positivos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 166.992; de esa cifra, 160.197 han sido confirmados mediante pruebas de infección activa (*).

Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 2.981 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 2.703 tienen diagnóstico el día previo.

Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.253 y los casos positivos a ellos vinculados, 7.571.

La estadística de altas hospitalarias se sitúa hoy en 20.733 pacientes, con 103 nuevas desde ayer y el total de personas fallecidas en hospitales en 4.411, al sumar otros dieciséis decesos. En Soria ha fallecido una persona, se han contabilizado 69 positivos y se han dado dos altas.

La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.

La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.

Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.

La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral autonómico y en todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.

La permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados está limitada a cuatro personas y, en lugares de culto, a un tercio del aforo, con un máximo de veinticinco asistentes.

El toque de queda en el conjunto territorial castellano y leonés está establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )

Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León ).

Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )

Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.

Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.

(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.

(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.

Con la pieza del mes de febrero, el Museo Numantino confía en retomar las visitas guiadas presenciales a esta actividad, que se realizará todos los sábados del mes en dos turnos: a las 11.00 y a las 12.00 horas. Para su desarrollo, y siguiendo la actual normativa de protección frente a la COVID-19, el aforo estará limitado a cinco personas en cada uno de los turnos.

En esta ocasión, la ‘Pieza del mes’ será la estatua-menhir de Villar del Ala que se encuentra presidiendo, monumental, uno de los extremos de la sala de Prehistoria del museo. Se trata de un gran bloque prismático de arenisca, de 2,5 metros de altura, en el que aparecen trabajados en bajo relieve rasgos identificativos de una figura humana. En su parte más elevada se talló la cabeza, bien diferenciada con los arcos superciliares, y ojos y nariz bien marcados, formando una te de brazos arqueados. Bajo la cabeza se esboza el cuello, con un pequeño cuadrado, y la línea de los hombros, que se proyectan por los laterales del bloque para volver a confluir en la cara posterior, lo que indica que la pieza se trabajó con la intención de que fuera escultórica. En la cintura de la figura puede verse lo que pudiera ser un puñal, e inmediatamente debajo de él una forma trapezoidal que se ha interpretado como un faldellín.

Estudios recientes sitúan esta pieza en el Bronce Antiguo, es decir, alrededor del 2200-1700 antes de Cristo, relacionable con otras estelas del norte español y portugués. La explicación guiada señalará las interpretaciones que se han realizado sobre su origen y función, así como las circunstancias en las que se produjo su hallazgo en 1917.

Exposición temporal ‘+30 años CCRBC’

Por otro lado, hasta el 31 de enero se continúan realizando visitas guiadas a la exposición temporal ‘+30 años CCRBC’, en la que se muestra la actividad desarrollada por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Junta de Castilla y León a lo largo de sus más de 30 años de funcionamiento. Estas visitas guiadas se desarrollan, para el público en general, de miércoles a viernes a las 12.00 horas, y los sábados a las 13.00 horas. El aforo es también limitado a cinco personas por sesión.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un paquete de medidas orientado a garantizar la atención inmediata de menores y la cobertura de sus necesidades básicas cuando no exista un adulto que pueda atenderlas ante el agravamiento de la pandemia.

Esta decisión implica reactivar el protocolo de actuación articulado a principios del pasado mes de abril, durante la primera ola, y que ha estado vigente también en la segunda. La Junta se anticipa así a situaciones que puedan sobrevenir como consecuencia del empeoramiento de la crisis sanitaria y lo hace teniendo en cuenta que casi el 90 % de los brotes se están produciendo en el entorno familiar y social.

Esta circunstancia puede dar lugar a casos en los que los progenitores o cuidadores habituales de menores se encuentren hospitalizados y no exista nadie de su entorno que pueda hacerse cargo de ellos. Es aquí donde el Gobierno autonómico activa sus recursos para dar una respuesta ágil y eficaz a la necesidad emergente.

El objetivo último es asegurar los cuidados esenciales de alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa a los niños durante el tiempo en el que sus representantes legales no puedan ocuparse de ellos por encontrarse afectados por el virus.

De este modo, y con carácter preventivo, el departamento que dirige Isabel Blanco ha habilitado diversas infraestructuras repartidas por la Comunidad para acoger y atender temporalmente a estos pequeños si fuera preciso.

Espacios habilitados

En concreto, en Ávila el espacio reservado es la Residencia Juvenil Arturo Duperier; en Burgos, el Centro San José, gestionado por Cáritas; en León, la Residencia Juvenil La Fontana; en Palencia se han dispuesto un piso de la Fundación Eusebio Sacristán y el Centro San José de Cáritas; en Salamanca se ha previsto un espacio de la Casa Escuela Santiago Uno, y en Valladolid, el Colegio Sagrada Familia.

Ante las necesidades que puedan surgir en las provincias de Segovia, Soria y Zamora, los centros de referencia serán los ubicados en Valladolid, Burgos y Salamanca, respectivamente.

Tal y como ha recordado la consejera, la atención a los menores para procurarles cuidados básicos en estas dependencias sólo se producirá una vez que se haya acreditado la ausencia de otros familiares que puedan ocuparse de los pequeños o su imposibilidad para asumir estas responsabilidades. De hecho, el protocolo determina que las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales se coordinarán con los servicios sanitarios encargados de alertar de la situación de vulnerabilidad extraordinaria del menor para buscar, como primera opción, un entorno familiar o social alternativo.

En todo caso, este servicio de apoyo ofrecido por el Gobierno de la Comunidad constituirá una opción preferente frente al uso de otros recursos previstos en el sistema de protección a la infancia.

Para la implementación de estas medidas, la Junta cuenta con el apoyo de diversas entidades integrantes de la Plataforma del Tercer Sector, como Cáritas o Cruz Roja, que colaboran ofreciendo sus infraestructuras o servicios, como el de traslado.

Refuerzo de programas de apoyo y nuevas iniciativas de protección

Desde que se decretara el estado de alarma por la pandemia, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha realizado una intensa labor de vigilancia, seguimiento, atención y protección de la infancia, reforzando los programas de apoyo existentes y creando otros nuevos, adaptados a las necesidades extraordinarias surgidas por la COVID-19.

Isabel Blanco ha recordado que en los meses más críticos, durante la primera ola, el sistema de protección a la infancia en Castilla y León se adaptó para ser capaz de garantizar el cuidado de los más pequeños, con el funcionamiento a pleno rendimiento de todos sus servicios.

En la segunda ola, la Junta promovió guías y protocolos de actuación para su red de centros y amplió los recursos a disposición de las familias –a través del cheque servicio o la ayuda a domicilio– para asegurar el cuidado de menores confinados cuando sus progenitores no podían atenderles por motivos laborales.

Baja incidencia de la pandemia sobre el sistema de protección

La consejera ha avalado el buen funcionamiento del operativo de protección a menores en Castilla y León y ha defendido que las medidas adoptadas en estos meses han contribuido a suavizar el impacto de la pandemia sobre el mismo. Así, desde la alarma declarada en marzo hasta hoy, la incidencia del virus se ha limitado a 63 menores (48 en centros de protección, 10 en familias de acogida o en guarda adoptiva y cinco en centros de reforma) sobre el total de 1.542 atendidos en el marco del sistema de protección.

Además, ha reiterado su compromiso con el refuerzo de estas políticas en este año, para las que se han reservado casi 61 millones de euros, lo que implica incrementar su presupuesto cerca del 9 %.

Balance de 2020

Acompañada por Esperanza Vázquez, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, la consejera ha aprovechado su comparecencia para hacer balance de la actividad de los servicios integrados en esta red de protección a la infancia en el último ejercicio completo, 2020.

Ha mencionado los 1.841 expedientes de protección tramitados; los 1.542 menores tutelados a lo largo del año, y los 1.349 que a finales del 2020 permanecían en familias de acogida (676), en guarda adoptiva (130) o en centros de la Administración autonómica (543). Se trata de unas cifras muy similares a las contabilizadas en un año ordinario, lo que pone de manifiesto la respuesta positiva del sistema ante una compleja situación.

También se ha referido a las 703 investigaciones previas abiertas por los servicios sociales de la Comunidad, a partir de las 1.256 notificaciones recibidas en este periodo.

Dispositivo para la acogida de menores migrantes no acompañados

Finalmente, Isabel Blanco se ha referido también a los trámites que se están llevando a cabo para gestionar la posible llegada de menores extranjeros no acompañados en el escenario de la crisis sanitaria. La consejera ha indicado que se trabaja en la identificación de centros de tutela, después de que Castilla y León se ofreciera solidariamente a acoger a 25 migrantes, atendiendo la petición de ayuda lanzada por Canarias.

La Junta está a la espera de que el Gobierno central determine con criterios homogéneos el procedimiento para hacer efectivos los traslados, mientras mantiene abierto el cauce de comunicación con la comunidad insular.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha dirigido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para reclamarle unas pautas organizativas que aporten seguridad al proceso. Defiende que es preciso que los menores desplazados lleguen a sus destinos con prueba realizada para la detección del virus y un informe que acredite su edad.

Además, deben ofrecerse garantías sobre la tramitación de documentación (permisos de residencia y trabajo), con el objetivo de evitar que, alcanzada la mayoría de edad, el menor quede expuesto a una situación de vulnerabilidad.

El director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, ha asistido hoy en Santiago de Compostela a la presentación del estreno mundial de la serie de Amazon Prime Video ‘3 Caminos’, un proyecto televisivo internacional que cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y que relata la vida de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago.

Con su colaboración, la Consejería de Cultura y Turismo quiere aprovechar el escaparate internacional del patrimonio material e inmaterial que rodea al Camino de Santiago y las localidades que recorre, dentro de su estrategia de promoción del Jacobeo, como avance de promoción de la exposición de Las Edades del Hombre que este año albergarán Carrión de los Condes, Burgos y Sahagún. Además, este patrocinio también hay que contextualizarlo en el marco del acuerdo de Gobierno de la Junta, para fortalecer la Film Commission y consolidar a Castilla y León como creciente territorio de rodaje.

Los ocho capítulos de la serie se desarrollan en el Camino de Santiago a su paso por las Comunidades de Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. En el caso de Castilla y León, los rodajes y localizaciones se ubican en las provincias de León, Burgos y Palencia: Belorado, Burgos, Santa Colomba de Somoza, Carrión de los Condes, Frómista, León, Ponferrada o Astorga son algunas de las localidades que el espectador podrá reconocer en esta serie.

‘3 Caminos’ es un drama con tintes de comedia que explora la relación entre cinco amigos de cinco nacionalidades distintas en tres momentos puntuales de sus vidas. El paso del tiempo va desmontando sus sueños, tejiendo y destejiendo parejas y amistades y transformando la personalidad de los cinco. 2000, 2006 y 2021, tres caminos, tres etapas de la vida, muchos problemas, tensiones y conflictos del mundo ordinario que se juegan en el tablero espiritual y material de El Camino de Santiago.

El Camino actúa de catalizador y excusa para reunirlos en cada una de las épocas en las que el espectador se asoma a sus vidas. Les acompañan historias llenas de emociones, amistades, coraje, pero también decepciones, miedo y perdón, junto a reflexiones sobre la existencia, abordando temas tan complejos como el paso del tiempo, el final del amor cuando se desgasta y mueren los sueños, y el miedo a envejecer.

Dirigida por Norberto López Amado e Iñaki Mercero y protagonizada por Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Anna Schimrigk, Andrea Bosca y Alberto Jo Lee, ‘3 Caminos’ es una producción de Ficción Producciones, con Cinemante y RTp como coproductores y en colaboración con Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia y los gobiernos de Navarra y de La Rioja, así como con Televisión de Galicia y Beta Films. Se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo viernes 22 de enero en más de 240 países y territorios de todo el mundo, exceptuando Corea, Italia, Alemania y México, países en los se han sumado diferentes co-productores.

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, en atención a los daños sufridos por la tormenta de nieve generada por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío.

La situación de emergencia provocada por el temporal de nieve y frío comenzó el 7 de enero y ha concluido este lunes 18 de enero, cuando la Dirección General de Protección Civil desactivó la declaración de preemergencia en situación operativa 1 y el Plan Estatal General de Emergencia (PLEGEM) volvió a su fase ordinaria de alerta y seguimiento permanente.

El acuerdo ha sido aprobado a propuesta del Ministerio del Interior, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y otros departamentos cuyos ámbitos competenciales se han visto afectados por el temporal.

El Consejo de Ministros ha acordado su aprobación porque, dada la magnitud de los daños, la grave perturbación de las condiciones de vida de la población en extensas áreas geográficas y la paralización total o parcial de buena parte de los servicios públicos esenciales, conviene no demorar la declaración de zona afectada para agilizar la tramitación de las ayudas que los afectados quieran presentar.

PRIMERAS AYUDAS

El acuerdo contempla ya ayudas destinadas a paliar daños personales, en concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños materiales en viviendas y enseres así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios.

Todas estas ayudas, que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, son las reguladas por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.

Ese mismo real decreto regula también las ayudas a personas físicas o jurídicas que, a requerimiento de algún organismo de la Administración General del Estado, hayan prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores de superación de las consecuencias del temporal.

Asimismo, las corporaciones locales podrán ver resarcidos los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia y subvencionadas aquellas actuaciones inaplazables realizadas para garantizar la vida y seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El acuerdo también establece una subvención de hasta el 50 por ciento de su coste a los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la red viaria de las diputaciones provinciales. Quedan excluidos de estas ayudas los trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.

Todos los ministros quedan además facultados para declarar las áreas de su competencia como zona de actuación especial para que los distintos ministerios, sus organismos autónomos y entidades públicas vinculadas o dependientes de ellos puedan llevar a cabo actuaciones de restauración de las infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias, que podrán declarar de urgencia

MEDIDAS LABORALES Y FISCALES

El acuerdo faculta a los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para desarrollar, si procede, las medidas de carácter laboral previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que prevé que en el caso de que una emergencia de protección civil provoque extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o reducciones temporales de la jornada laboral, estos serán considerados producto de una situación de fuerza mayor, prevista en los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En los casos de extinción del contrato laboral, las indemnizaciones de los trabajadores podrán correr a cargo del Fondo de Garantía Salarial con los límites legalmente establecidos. Además, el Servicio Público de Empleo Estatal podrá autorizar que el tiempo de paro no compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos y podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de un contrato laboral, que sin embargo será considerado como efectivamente cotizado por el trabajador.

Además, y tal y como recoge la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, los distintos ministerios pueden aplicar, en sus respectivos ámbitos competenciales, exenciones o reducciones en las cuotas de los impuestos sobre Bienes Inmuebles o sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2021, así como en las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico.

En el caso de la actividad agrícola realizada en la zona afectada por el temporal, el Ministerio de Hacienda, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podrá acordar la reducción de los índices de rendimiento neto que se utilizan para la estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

FUTURA REVISIÓN

El ámbito geográfico de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil abarca todas aquellas zonas en las que ya hay disponible información suficiente que pone de manifiesto que han padecido los efectos de la borrasca.

Sin embargo, el Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la declaración a otras zonas que hayan podido quedar excluidas. El Ministerio del Interior, en colaboración con los demás departamentos ministeriales y las administraciones públicas territoriales, debe todavía elaborar una memoria completa que comprenda una estimación de los daños, complete el elenco de medidas que hayan de adoptarse y cuantifique su coste.

Una vez elaborada esa memoria, el Consejo de Ministros adoptará si es necesario un nuevo acuerdo que podrá incluir aquellas nuevas medidas paliativas que se consideren procedentes en función de los daños personales y materiales evaluados, la gravedad de la perturbación de las condiciones de vida de la población, el grado de paralización de los servicios públicos esenciales y las demás circunstancias relevantes para el restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas.

Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 54 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Ávila, cinco aulas en Burgos, seis de León, cuatro en Palencia, once de Salamanca, nueve en Segovia, una de Soria, doce en Valladolid y cinco de Zamora. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 204 aulas en cuarentena en Castilla y León.

Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 552 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. 20 de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a 20 alumnos.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.

Con el consejero de Fomento y Medio Ambiente han participado en el encuentro telemático la directora general de Transportes terrestres del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Mercedes Gómez; el representante de la dirección general de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Antonio Tricas; el presidente del Departamento de viajeros del Comité nacional del Transporte por Carretera, Rafael Barbadillo; el viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José Luís Sanz, y el director general de Transportes de la Junta, Ignacio Santos. Por la sociedad civil han participado representantes de organizaciones empresariales (CECALE, FECALBUS y ASETRADIS) y sindicales, la Federación de vecinos de Castilla y León (CAVECAL), Diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

Proyectos de Castilla y León para el sector del transporte público de viajeros

En su intervención, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha desvelado las líneas maestras en las que está trabajando la Junta para captar esos fondos de recuperación europea y reactivar la economía de Castilla y León a través del sector de la movilidad pública. En concreto ha hecho referencia a los proyectos específicos que se han presentado desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en materia de movilidad, que se enmarcan en los principios establecidos por la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, y con los ejes estratégicos sobre los que pivota el Mapa de Ordenación del Transporte (cuya tramitación se ha iniciado) y que constituyen los grandes conceptos que centran el modelo de movilidad de Castilla y León y, por lo tanto, guían todas las acciones y proyectos a implementar en aras de su consecución.

Ejes de la movilidad en Castilla y León que concuerdan con los objetivos contenidos en la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada propuesta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y con las políticas públicas de impulso a soluciones que aprovechen las oportunidades que ofrecen la digitalización del transporte, optimicen el uso de la red de movilidad pública y supongan un mayor beneficio social. Asimismo, todos los proyectos que se han expuesto se alinean con las áreas temáticas del Pacto Verde Europeo (Green Deal).

En la reunión telemática, Juan Carlos Suarez-Quiñones ha hecho referencia al marco general del nuevo modelo de movilidad para Castilla y León, conformado por el Mapa de Ordenación del Transporte y su ulterior desarrollo, sobre cuyos ejes se ha concebido un proyecto integrado de movilidad inteligente en el transporte público de viajeros por carretera titularidad de la Junta.

Un plan integral de movilidad estimado en 150 millones de euros

Dentro de dicho plan único y común se integran tres proyectos que inciden sobre los aspectos esenciales de la movilidad pública en Castilla y León: la implantación de un Sistema Inteligente de transporte en las concesiones titularidad de la Junta de Castilla y León (a través de app y web de información en tiempo real y reserva de viajes, tarjeta interoperable, pago con móvil y DNI electrónico, información en paradas con códigos QR, entre otros); la modernización y digitalización de las estaciones de autobuses, y la implantación de un transporte metropolitano cero emisiones, lo que supondrá dotar a la movilidad pública de Castilla y León de las herramientas tecnológicas y de sostenibilidad con las funcionalidades más avanzadas para dar soporte a todas las necesidades actuales y futuras.

“En definitiva –ha remarcado el consejero de Fomento y Medio Ambiente- , un proyecto integral de movilidad con una estimación económica cercana a los 150 millones de euros, que incidirá de manera esencial en la modernización de la economía, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, mediante la implantación en Castilla y León de un sistema de transporte público cohesionado, digitalizado y sostenible”.

Tras un turno de intervención y de diálogo con los representantes de la sociedad civil en dicha reunión telemática, Suarez-Quiñones ha invitado al sector del transporte público de viajeros a colaborar con la Administración y a aprovechar la nueva oportunidad que ofrecen estos fondos europeos para liderar una etapa de pronta recuperación.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, en el marco de diálogo permanente que mantienen ambas administraciones, se han reunido hoy, de manera telemática, para abordar asuntos tan importantes como las actuaciones recogidas en el Plan Hidrológico actual, las regulaciones pendientes urgentes y el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) previo al tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027). El compromiso es seguir acercando posturas mediante sucesivas reuniones técnicas en las próximas semanas.

Dentro del EpTI, y en la futura planificación hidrológica de la cuenca del Duero en materia de sostenibilidad, el consejero ha dejado claro que “el regadío es una pieza fundamental para el desarrollo rural y el reto demográfico, donde no podemos aceptar una disminución de la superficie de regadío y por eso es preciso que se incluyan en el EpTI y el Plan Hidrológico nuevos regadíos garantizando, entre otros, el de la Armuña, Sector V del Cea Carrión, nuevos regadíos dependientes de Lastras de Cuéllar, Payuelos, Valderas, la zona del Bajo Arlanza y la zona de Valdavia”, solicitando que dichas obras se incluyan como primer paso en la planificación hidrológica, para que luego, cada uno siga su tramitación administrativa.

Al mismo tiempo, desde la Consejería se considera imprescindible llevar a cabo el aumento de la regulación de la cuenca del Duero para garantizar la sostenibilidad futura del regadío en la Comunidad y acometer el citado reto demográfico. Por ello, se ha demandado, una vez más, la inclusión de nuevas regulaciones en la planificación hidrológica para su desarrollo, muchas de las cuales ya están incluidas en el plan hidrológico actual, por lo que se vuelven a demandar por su importancia. Estamos hablando de la zona del Órbigo (balsas de La Rial y Los Morales), Carrión (Las Cuezas), Cega (Lastras de Cuéllar), balsas laterales de la zona de Tordesillas y recrecimiento de la presa de Santa Teresa.

Carnero también ha dejado claro que las inversiones de regadío deben considerarse prioritarias en la Comunidad, por tratarse de un motor generador de empleo, de industria agraria y de sostenibilidad social, económica y medio ambiental que inciden directamente en el acceso al empleo de jóvenes y mujeres en las zonas rurales. En ese sentido, desde la Junta, el incremento de las tarifas y cánones o impuestos medioambientales se considera muy perjudicial para el sector.

En cuanto a las aguas subterráneas, la Consejería ha propuesto como alternativa a la restricción de actividad, sustituir las extracciones subterráneas por otros recursos de origen superficial con actuaciones específicas. Además, Carnero ha mostrado su preocupación por los ‘pozos de Minas’ y ha manifestado que “consideramos adecuado acometer cambios normativos necesarios para resolver la regularización de estas captaciones, tan importantes para estas zonas de regadío”.

Respecto a los caudales ecológicos, desde la Consejería se considera preocupante la implantación de los caudales aguas abajo de los embalses, ya que esto puede afectar a las garantías de agua para los regadíos. En este sentido, el consejero ha propuesto “no aplicar los caudales máximos en los embalses del Porma, Cervera, Requejada, Aguilar, Cuerda del Pozo, Santa Teresa y Úzquiza, dado que los regadíos son elementos claves para la vertebración del territorio y su desarrollo contribuye a mantener la producción de alimentos y el desarrollo económico y social de las zonas en las que se ubican”.

Igualmente, desde la Consejería se considera poco acertado la decisión de reducir la actividad agrícola y ganadera en determinadas zonas de la Región como alternativa fundamental para el control de la contaminación difusa. En este sentido, y así lo ha dejado claro el consejero, “ya está en tramitación un Real Decreto que va a contribuir al control de la aportación de fertilizantes”. Así mismo ha añadido que “la Administración Regional apuesta decididamente por gestionar con eficiencia la actividad agraria en el medio rural, haciendo compatible la misma con la reducción de la contaminación difusa”.

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido esta mañana en Valladolid una reunión telemática del Consejo Asesor de Juventud –principal órgano de interlocución entre la Junta de Castilla y León y las entidades que trabajan en este ámbito–, donde ha hecho balance de la Estrategia de Impulso Joven 20/20 y ha adelantado los principales ejes y objetivos del futuro Plan Estratégico, que aglutinará las políticas de actuación en esta materia durante los próximos años.

El Ejecutivo autonómico ha destinado más de 267,5 millones de euros a iniciativas de apoyo a la juventud durante los cuatros de vigencia de la Estrategia de Impulso Joven, periodo en el que se han ejecutado 135 medidas orientadas a la formación y a la mejora de la empleabilidad; a la atracción y retención del talento joven; al fomento de la igualdad de oportunidades y, finalmente, al aumento de la participación de los jóvenes en la vida pública.

Eje 1: Empleo y emancipación

En el primer eje, dedicado al fomento del empleo y la emancipación, la consejera ha destacado la reciente aprobación del Decreto 7/2020, que modifica una normativa anterior de 2003, para actualizar las titulaciones de formación juvenil y adaptarlas a los certificados de profesionalidad en consonancia con las directrices europeas. Se trata de una medida que afecta a más de 75.000 jóvenes de la Comunidad y con la que se pretende impulsar su inserción laboral.

Asimismo, se ha consolidado la Red de Informadores de Garantía Juvenil, que ha intensificado su labor de difusión sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como instrumento al servicio de la empleabilidad. Esta herramienta de información, gestionada por el Consejo de la Juventud, ha atendido a más de 55.000 jóvenes desde su creación en 2015 y ha tramitado más de 25.000 inscripciones.

Junto a esto, el Gobierno autonómico ha desarrollado numerosas actuaciones destinadas a mejorar la cualificación de los jóvenes inscritos para favorecer su acceso al mercado de trabajo, tanto a través de su formación en competencias básicas para no titulados, hasta experiencias en investigación en centros universitarios, ayudas a la contratación o experiencias prácticas en España y en el resto de Europa. El número de beneficiarios supera los 12.000.

El apoyo al acceso a la vivienda también ha sido reseñable. En estos cuatro años, la Junta ha concedido ayudas para el alquiler a más de 22.000 jóvenes, tratando de favorecer así su emancipación.

Dentro del apartado de motivación de hábitos de vida saludable, se han llevado a cabo iniciativas para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, la reducción de accidentes de tráfico, la promoción del deporte, o la educación en valores y afectivo-sexual.

Eje 2. Atracción y retención del talento joven

Las políticas de juventud de la Junta en el marco de la Estrategia de Impulso Joven se han dirigido también a fomentar el regreso de jóvenes que un día dejaron Castilla y León, evitar su salida y captar nuevos talentos. Con esta finalidad, se han articulado ayudas al retorno para menores de 36 años, incentivos para la incorporación al sector primario, apoyos a las iniciativas emprendedoras, y otros estímulos a su asentamiento en el territorio autonómico.  Más de 3.000 jóvenes se han beneficiado de estos recursos.

Eje 3. Juventud en el medio rural e igualdad de oportunidades

Fijar población en el medio rural constituye otra de las prioridades del Gobierno autonómico. De ahí la importancia de atender a la población joven que se asienta en los núcleos rurales de Castilla y León. En este sentido, cabe destacar los más de 3.000 beneficiarios de los apoyos diseñados para favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

Asimismo, se han reforzado las acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades y a prevenir la violencia de género. En el marco de la estrategia, se ha ofrecido formación a más de 115.000 estudiantes universitarios, usuarios de  residencias juveniles y deportistas, entre otros colectivos, al tiempo que se ha prestado especial atención y apoyo para facilitar la integración de más de 11.000 jóvenes con dificultades.

Eje 4. Participación en la vida pública

Otra de las líneas de acción de la Estrategia de Impulso Joven 20/20 ha sido el impulso a la cultura participativa de los más jóvenes mediante la creación de foros y centros de debate y reflexión. Ejemplo de ello han sido los programas de educación en valores; las actividades promovidas por el Consejo de la Juventud o por asociaciones juveniles con apoyo de la Junta; el Certamen de Arte Joven, o el Programa de Red Activa, entre otros. Este abanico de actividades ha sumado 150.000 participantes.

Ejes 5 y 6. Información y cooperación institucional

En los últimos años, se han redoblado los esfuerzos por ampliar y diversificar los cauces de información y orientación a los jóvenes y por reforzar la coordinación institucional. En este punto, cabe subrayar los avances logrados en la modernización de la plataforma de información y el incremento en el uso de las redes sociales para la difusión de acciones de interés o de campañas divulgativas.

Durante la reunión con el Consejo Asesor de Juventud, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha avanzado que su departamento está trabajando ya en las líneas estratégicas del futuro Plan de Juventud, cuyo objetivo último será dar una respuesta efectiva a los retos presentes y futuros de los más jóvenes.

En los próximos años cobrarán especial protagonismo las políticas orientadas a favorecer el emprendimiento, la retención y la atracción de talento a Castilla y León, especialmente en el medio rural; la formación en digitalización; la adaptación de itinerarios laborales a los nuevos nichos de actividad económica y empleo, y la apertura de canales de comunicación que favorezcan un mayor acercamiento e intercambio de experiencias entre las entidades locales en materia de juventud.

Isabel Blanco ha garantizado que la elaboración del futuro Plan de Juventud se realizará en el seno del Consejo de la Juventud mediante un proceso abierto a la participación y al diálogo con todos los agentes implicados. En el Consejo de la Juventud están representadas, además de diferentes consejerías de la Junta, las entidades juveniles, las entidades locales, el sector de la educación (a través del Consejo de Universidades y del Consejo Escolar) y los agentes sociales y económicos más representativos.