Así lo ha constatado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la reunión que ha mantenido con representantes del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León, encuentro cordial que ha servido además para avanzar en la necesidad de seguir implementando la figura de la enfermera gestora de casos, así como de los cuidados en cronicidad o fragilidad.
Para poder llevar a cabo todas estas medidas se ha creado por primera vez en la estructura de la Gerencia Regional de Salud un Servicio de Gestión de Cuidados y Enfermería, en el que las competencias de este colectivo –el más amplio en Sacyl- adoptan un papel protagonista dentro de la Administración autonómica y de la gestión sanitaria diaria.
Este nuevo modelo prevé asimismo continuar con la implementación de las Guías de Buenas Prácticas en Enfermería, siguiendo las premisas de la Registered Nurses Associacion of Ontario (RNAO), que tiene como objetivo esencial empoderar a la profesión enfermera para conseguir que la evidencia y la excelencia en los cuidados sean un eje en su trabajo. Para dar forma a este propósito se va a desarrollar una Estrategia de Cuidados para toda la Comunidad.
La atención sanitaria ha experimentado muchos cambios en las últimas décadas debido al dinamismo de la sociedad, y este hecho lleva a una asistencia basada en un modelo más centrado en los cuidados, puesto que las demandas sanitarias son las de una población más envejecida y con más patologías crónicas. Por ello, la enfermería tiene que estar en primera línea a todos los niveles: asistencial, investigador, docente y, por supuesto, en la gestión.
El concepto de enfermería visible y el posicionamiento de la profesión enfermera en el centro del modelo sanitario -en consonancia con el citado movimiento mundial Nursing Now-, serán por tanto pilares fundamentales sobre los que se van a sustentar las políticas de la Consejería de Sanidad de Castilla y León a lo largo de esta Legislatura.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado hoy en el Encuentro 165 años de El Norte de Castilla con Mariano Rajoy, quien ha presentado su libro “Una España Mejor”.
Fernández Mañueco ha calificado al expresidente del Gobierno como “una buena persona, un político de talla y sobre todo un gran presidente”, al que “la Historia de nuestro país reserva un sitio con letra de oro”. En este sentido, ha destacado que, año y medio después de dejar la vida pública, se reconoce y valora cada vez más su legado.
Así pues, ha indicado que tuvo que afrontar una crisis económica feroz, un gran desempleo, la sucesión en la Jefatura del Estado, el desafío territorial o la aplicación del 155. Retos que enfrentó con pulso político y capacidad de iniciativa. Ha agradecido también lo que aportó a Castilla y León durante sus años de Gobierno, como la llegada del tren de alta velocidad a León, Palencia, Salamanca y Zamora.
Fernández Mañueco ha manifestado que Mariano Rajoy dio ejemplo de dignidad y nobleza en su forma de abandonar sus responsabilidades públicas, tras una censura urdida con débiles argumentos. De hecho, en palabras de Fernández Mañueco, España padece aún la inestabilidad que provocó aquella moción, y continúa con el bloqueo de Pedro Sánchez, que, según ha apostillado, quiere ahora llamar a todos los presidentes autonómicos “aunque en realidad solo le interese hablar con uno”.
En este sentido, Fernández Mañueco ha explicado que él está abierto a hablar del futuro de España y de Castilla y León, de la financiación autonómica, de la PAC, del reto demográfico, del reequilibrio industrial o de las infraestructuras pendientes, pero “a Sánchez sólo le preocupa realizar una maniobra para acercarse a Quim Torra”.
El presidente de la Junta ha reconocido, además, el permanente esfuerzo de Mariano Rajoy para encontrar la respuesta a cada desafío, desde la moderación, el diálogo y la convivencia, que no es otra cosa que el centrismo. Y ha abogado por el sentido de responsabilidad sin histrionismo que no rehúye tomar decisiones cuando es preciso, pensando en el interés general de España.
Una España Mejor
Fernández Mañueco se ha referido también al libro de Mariano Rajoy “Una España Mejor”, que “expresa el amor a España y a la verdad” para cumplir con el mandato fundamental de la política que, como dice el expresidente del Gobierno, es “mejorar la vida de las personas”.
Es una publicación, según ha añadido el presidente de la Junta, que refleja el talante y la personalidad de su autor, tranquilo, directo, en primera persona, sin dobleces, sin buscar venganzas, revanchas o ajustes de cuentas.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y los representantes del Diálogo Social se han reunido hoy en Valladolid para revisar los acuerdos vigentes e impulsar el seguimiento de los mismos. Además han abordado, como novedad, la necesidad de actualizar la Ley contra la Violencia de Género, especialmente en relación con la violencia hacia la mujer en el ámbito laboral.
Isabel Blanco y los miembros del Dialogo Social, los sindicatos UGT y CC.OO, y la patronal Cecale, se han mantenido un encuentro en el que han revisado los acuerdos vigentes que se están ejecutando, como son los relacionados con la Renta Garantizada de Ciudadanía, el desarrollo de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica de Castilla y León, la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad y la atención a situaciones de dependencia.
También y como novedad, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de iniciar un proceso de consulta y debate social amplio en materia de violencia de género, de acuerdo con el compromiso que adquirió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en su comparecencia en las Cortes al inicio de legislatura, con el fin de revisar y actualizar la Ley 13/2010 Contra la Violencia de Género en Castilla y León y adaptarla al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En este proceso jugará un papel especial el Diálogo Social, principalmente en la elaboración de propuestas en relación con la violencia hacia la mujer en el ámbito laboral.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del tercer trimestre del año se cifraba en el 4,26 % del total de las comunidades, contabilizado en 298.077 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos, Castilla y León sumaba 12.698 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 21,1 % del Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Canarias, País Vasco, Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja y Asturias. Se trata de una buena posición relativa que denota la responsabilidad con la que la Junta utiliza esta fórmula de financiación.
En este importe el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 280,6 millones de euros; el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 167,3 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada, por 288,4 millones de euros.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), y atendiendo a quiénes son los prestamistas, indica que, al acabar el tercer trimestre, la mayor parte corresponde al Fondo de Facilidad Financiera, con 3.801,4 millones de euros, –en concreto, el 29,9 %– al que se adhirió el Gobierno autonómico para satisfacer las necesidades previstas en 2015, las del segundo semestre de 2017 y para cubrir la deuda de 2018.
Por su parte, las emisiones representaban el 27, 5 %, con 3.495,4 millones de euros, siendo el tercer prestamista el Banco Europeo de Inversiones, cuyos fondos de 1.017,6 millones de euros, representan el 8 % de la deuda de la Comunidad.
Por otro lado, y de forma similar a trimestres anteriores, el 95 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 5 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, el 98 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 2 % firmada a corto. El 76,5 % está concertado a tipo de interés fijo y el 23,5 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.
Sin deuda de las empresas públicas
Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además de los 298.077 millones de euros en que cifra el endeudamiento global de las autonomías, contabiliza en 2.814 millones de euros la deuda de otras empresas públicas que pertenecen a las comunidades autónomas que no están incluidas en SEC 2010, sin que corresponda ninguna cuantía a Castilla y León.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado en la Asamblea General de la Asociación Regional de Productores de Vacuno de Carne de Castilla y León (Asoprovac) celebrada en La Lastrilla, Segovia.
Entre los temas que se han tratado en esta Asamblea han estado la favorable evolución del estatus sanitario de la cabaña bovina de la Comunidad, la importancia de la investigación para hacer más competitivas y sostenibles las explotaciones y la necesidad de tener una futura PAC fuerte.
En el encuentro, Jesús Julio Carnero ha valorado la importancia de contar con una asociación regional de productores de vacuno de carne ya que permite a los miembros de esta una defensa más cercana de sus intereses y un conocimiento mayor de su problemática.
Asoprovac Castilla y León, que cuenta actualmente con más de 500 asociados, abarca más del 85% de las 1.280.587 cabezas de vacuno de carne existentes en la Comunidad.
En la Asociación están integrados tanto productores de vacas nodrizas como de cebo y su importancia es tanto económica como social ya que las explotaciones están muy ligadas al medio rural generando empleo y contribuyendo a fijar población.
Brucelosis y tuberculosis bovina
Tras la reciente publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la declaración de León como libre de brucelosis bovina, esta provincia se une al estatus ya logrado en Burgos, Soria, Valladolid y Zamora, siendo así cinco las provincias de la Comunidad donde se ha erradicado oficialmente la enfermedad. Este hecho supone un hito sanitario de primer orden y un paso consolidado en la mejora del estatus sanitario de la cabaña ganadera bovina de la Comunidad.
Pero además, en las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora, de acuerdo al Programa Nacional de Erradicación de tuberculosis bovina, se puede aplicar el protocolo de flexibilización en todas aquellas unidades veterinarias con prevalencia menor del 1%.
Esto se traduce en la práctica en que las explotaciones ganaderas que ostenten la máxima calificación sanitaria ante la detección de animales positivos de tuberculosis en un bajo número a la prueba de diagnóstico oficial (hasta un máximo de ocho animales positivos dependiendo del censo de la explotación) no se apliquen restricciones al movimiento de terneros hasta que no se produzca el aislamiento microbiológico de la enfermedad. Por fin se ha podido aplicar en estas provincias el protocolo de flexibilización, ampliamente demandado por los ganaderos, que, de este modo, tienen mayor posibilidad de acceso a todos los cebaderos nacionales.
Favorable evolución del estatus sanitario
La evolución del estatus sanitario de la ganadería bovina en Castilla y León es muy positiva. En tuberculosis bovina se ha pasado prácticamente en diez años de tener pruebas positivas a la enfermedad en el 4,16% de las explotaciones a tener solo el 1,43%. Únicamente Ávila, Salamanca y Soria tiene una situación superior al 1%, entre el 1,8% y el 2,5%.
Este estatus sanitario, fruto del trabajo de los ganaderos y los servicios veterinarios oficiales, permite que el 98,6% de las explotaciones de vacuno puedan mover libremente sus animales dentro y fuera de la Comunidad Autónoma y exportar, no solo en el entorno europeo, sino también a países fuera de la UE.
Grupo de trabajo de tuberculosis bovina
En la presente legislatura, se ha constituido un grupo de trabajo técnico de tuberculosis bovina en el que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trabajado intensamente para dar respuesta a las peticiones de los ganaderos, y este trabajo se ha realizado de la mano del sector regional representado por organizaciones profesionales agrarias, Urcacyl y asociaciones ganaderas, bajo la coordinación técnica de la Consejería.
El objetivo principal es seguir avanzando en la ejecución del Programa Nacional de lucha contra esta enfermedad. Para ello se están identificando las mejoras que se puedan hacer desde el Gobierno Regional y estudiar los puntos que dependen de normativa estatal y comunitaria y por lo tanto será precisa la intervención del Ministerio para su valoración y la posible puesta en marcha a nivel nacional.
En el seno del grupo de trabajo los representantes del sector ganadero han trasladado los principales problemas económicos que la aplicación de la legislación conlleva en las explotaciones ganaderas, algunas cuestiones pueden ser abordadas a nivel regional (cuyo resultado se está ultimando) y otras son reguladas por normativa de rango superior y desde Castilla y León se elevarán las peticiones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La aplicación en la Comunidad Autónoma de los programas de erradicación de enfermedades de los animales durante los últimos años está dando sus frutos gracias al trabajo y colaboración del sector productor y a la actuación responsable y rigurosa de las administraciones. Por todo ello, el estatus sanitario alcanzado por las explotaciones ganaderas de Castilla y León les permite acceder con ventaja a los mercados de animales vivos y sus productos.
Investigación
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), está trabajando actualmente en cuatro proyectos de investigación relacionados con el vacuno de carne.
Es el caso de Reprovac, un proyecto destinado al incremento de la fertilidad de las explotaciones de vacuno de carne de Castilla y León. Con un presupuesto superior a los 180.000 euros, tiene como objetivo optimizar la fertilidad y reducir el intervalo entre partos en las explotaciones de vacas nodrizas de la Comunidad. Con este estudio se pretende incrementar hasta un 12% la fertilidad lo que podría suponer un incremento del 15% en los ingresos de la explotación ganadera.
Nutrivaca es otro de los proyectos que actualmente está desarrollando el Itacyl. Lo que se busca con esta investigación es estimar el valor nutritivo del pasto consumido por vacas nodrizas con la utilización de GPS.
En estos últimos meses se ha conseguido también la aprobación de dos proyectos de Grupos Operativos Supraautonómicos con financiación del Ministerio. Es el caso de Vacusos, destinado al incremento de la sostenibilidad económica del cebo de ganado vacuno en explotaciones extensivas de vacas nodrizas, y de Sostvan, un proyecto que busca la mejora de la sostenibilidad del sector ganadero de vacas nodrizas mediante estrategias tecnológicas.
Castilla y León, potencia ganadera
Jesús Julio Carnero ha resaltado que la Comunidad Autónoma es la principal comunidad ganadera de España. El valor de la producción de Castilla y León es de 2.657 millones de euros, lo que la convierte en la segunda Comunidad en aportación de toda España. Además, el valor de la producción en vacuno en Castilla y León alcanza los 563 millones de euros.
En la Comunidad hay 47.850 explotaciones ganaderas de las que 15.383 son de vacuno de carne. Castilla y León es la Comunidad con más censo de cabezas de vacuno de carne con 1.280.587, lo que supone el 21% del total nacional.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, ha organizado una jornada formativa bajo el título “Urbanismo y cambio climático” cuyo objeto se sitúa en el contexto de la próxima reforma del marco normativo de nuestro urbanismo para su adaptación a los principios y directrices incluidos en las nuevas agendas urbanas tanto de la ONU como de la Unión Europea y la legislación española de febrero de 2019.
La jornada se organiza coincidiendo con la 25 Conferencia de las partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25) – que se celebra estos días en Madrid- y forma parte de las acciones que desarrolla la Comunidad de Castilla y León comunicadas al Ministerio para la Transición Ecológica.
Pretende dar a conocer y suscitar un debate técnico desde la óptica del urbanismo y con el personal dedicado profesionalmente a esta materia en la Administración autonómica sobre, entre otras cuestiones, el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, las herramientas de lucha contra el cambio climático, la mejora de la resiliencia de las ciudades, el uso de las energías renovables, etc.
Y todo ello, con la pretensión de ir diseñando y configurando las bases teóricas que han de sustentar la próxima reforma de la normativa urbanística que habrá de posibilitar un desarrollo urbano más sostenible, inteligente e integrador.
El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, establece que serán las Comunidades Autónomas quienes determinen qué líneas aéreas de alta tensión con conductores desnudos que se encuentren ubicadas en zonas de protección deberán ajustarse a las prescripciones técnicas establecidas.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente publicó en la Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre la delimitación de las zonas de protección para avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León y posteriormente por Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Dirección General de Energía y Minas, se determinaron las líneas eléctricas de distribución que, estando ubicadas dentro de las zonas protección establecidas no se ajustaban a las prescripciones técnicas del citado Real Decreto 1432/2008, instándose a los titulares de estas líneas eléctricas a presentar el proyecto de adaptación a dichas prescripciones técnicas.
Finalmente el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2019 aprobó la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios acordados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, para la modificación de los tendidos eléctricos peligrosos y así garantizar que ya no supongan ningún riesgo para la avifauna.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara nulo de pleno derecho el catálogo de puestos de trabajo de 2019 del personal funcionario de la comunidad de Castilla y León aprobado en el Decreto 5/2019 de 7 de marzo. Ante este hecho la Administración debe estudiar en profundidad la sentencia a fin de adoptar la decisión más responsable para con sus empleados públicos en el marco de un nuevo diálogo con las organizaciones sindicales.
Considerando los antecedentes judiciales que anularon el anterior catálogo de puestos tipo y con él las relaciones de puestos de trabajo, la respuesta de la Administración debe ser prudente y consecuente con tales antecedentes judiciales. Por tanto, debe analizarse el impacto que esta última sentencia vaya a tener sobre las relaciones de puestos de trabajo actuales así como el concurso abierto y permanente.
En este sentido la Administración Autonómica ya fue prudente en sus actuaciones a la hora de resolver el pasado 13 de noviembre el concurso abierto y permanente de funcionarios con eficacia aplazada ante la posibilidad, como así ha ocurrido, de la anulación del catálogo de puestos de trabajo y su necesaria incidencia en las propias relaciones de puestos y concurso.
La Junta de Castilla y León requiere, al inicio de la presente legislatura, implantar medidas de mejora de la regulación del ordenamiento jurídico autonómico para cumplir así con la adopción de medidas incluidas en el programa de Gobierno, encaminadas a la simplificación de trámites y la burocracia administrativa. El propósito es aprobar menos y mejores normas. Como antecedente, cabe recordar que el censo normativo de Castilla y León efectuado en el año 2011 arrojaba la cifra de casi 3.600 disposiciones, entre leyes, decretos y órdenes.
Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se plantea que, con este Acuerdo de Consejo de Gobierno, la Administración autonómica disponga de una normativa denominada “triple A”: aceptada por los ciudadanos gracias a una mayor transparencia y participación; accesible mediante su fácil comprensión; y adaptada a la realidad en la que vivimos.
Los tres objetivos que se persigue alcanzar son simplificar y mejorar el ordenamiento jurídico, promover una cultura de diálogo y participación en la elaboración de las normas -convirtiéndolas en un instrumento accesible y comprensible para los ciudadanos- y sistematizar los procesos normativos con el objetivo de que aumenten su calidad y sin que exista una dilación excesiva en los plazos de su aprobación.
El Acuerdo recoge una veintena de medidas concretas, que van a permitir a la Junta de Castilla y León seguir siendo una administración de referencia en la materia. De hecho, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que en el año 2009 aprobó y publicó un manual de calidad normativa. Solamente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña cuentan, como ocurre en Castilla y León, con una Oficina Técnica de Calidad Normativa que vele por el cumplimiento de todas las medidas en este ámbito.
Medidas concretas para ser una Administración Pública referente
Con las nuevas medidas, la Junta de Castilla y León será la primera administración española que valorará el impacto de las normas desde el punto de vista de la despoblación y cuáles pueden ser sus posibles efectos; que obligará a la refundición de normas cuando las modificaciones afecten conjunta o separadamente a un tercio de la norma de origen; y que asentará los pilares para que detrás de cada Ley exista tan solo un Reglamento que la desarrolle.
Más aspectos destacables del bloque de medidas se encauzan hacia la derogación expresa de todas aquellas disposiciones que lo hayan sido tácitamente en el pasado, la aprobación anual de un Calendario Normativo público y transparente -con el fin de que los ciudadanos y las empresas conozcan desde el primer momento las previsiones normativas de esta Administración- y la reducción de los plazos de resolución de aquellas autorizaciones que tengan una duración superior a tres meses, siempre que la legislación básica estatal lo permita.
Desde ahora, con la puesta en marcha de estas medidas, el Gobierno autonómico reducirá la burocracia: se obligará a suprimir una norma, trámite o carga administrativa si se quiere introducir una nueva, bajo la regla de “una de entrada, por una de salida”. Además, se creará una base de datos autonómica sobre organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de facilitar proactivamente la audiencia de los colectivos interesados; y se aprobará un proyecto de ley que regulará la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
El seguimiento de la ejecución de todas estas medidas se concretará en un informe anual que se elevará, para su conocimiento inicial, al Consejo de Gobierno y posteriormente se hará público en el Portal de Gobierno Abierto.
La Plataforma Tecnológica es el conjunto de los elementos de hardware y software que soportan los servicios de voz y datos del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León y del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias Sanitarias, así como el resto de medios y servicios complementarios, para el correcto funcionamiento tecnológico de estos centros.
El adjudicatario deberá mantener, actualizar, mejorar y renovar estos sistemas así como los medios y recursos ubicados en Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, garantizando los servicios actuales, la continuidad del funcionamiento del servicio, ajustándose a las características que requiera la Agencia de Protección Civil.
Todos los servicios e infraestructuras deberán adecuarse a lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León incluye la Sala Principal de Atención de Llamadas 1-1-2, las dos salas de respaldo para atención de llamadas, el Centro Coordinador de Emergencias, las instalaciones y medios de la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), incluyendo los Puestos de Mando Avanzado. Cuenta además con nueve puestos de apoyo en cada una de las provincias.
Por otro lado, el Centro Coordinador de Emergencias y Urgencias Sanitarias (CCU) actualmente se encuentra integrado físicamente en la Sala Principal de Atención de Llamadas 1-1-2. Su integración física en el Centro de Emergencias 1-1-2 posibilita el uso común de elementos tecnológicos avanzados de elevado coste económico, sufragados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
La directora general de Desarrollo Rural, María González, se ha reunido hoy con la presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, y la directora general de esta asociación, Cristina Ramírez. En el encuentro se han tratado las posibles aportaciones y demandas que la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León hace a la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural en los Ámbitos Agrario y Agroalimentario.
Esta Estrategia, presentada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, el pasado día 11 de octubre, va avanzando así en cuanto a la coordinación y el planteamiento de las iniciativas para mejorar y reforzar la empleabilidad y la figura del sector femenino en el medio rural de la Comunidad.
En la reunión mantenida esta mañana se ha abordado alguno de los objetivos que marca la Estrategia y en los que más puede aportar Vitartis. Las representantes de esta asociación han expuesto la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia que el sector agroalimentario tiene en la Comunidad, como sector de futuro, innovador, sostenible, comprometido con el territorio y capaz de retornar el talento.
También se ha tratado la importancia de la formación específica para cubrir las demandas de las empresas del sector. Ambas partes han considerado necesaria la colaboración entre el sector primario, el de transformación, distribución y la propia Consejería en la preparación de profesionales cualificados. Se ha señalado la Formación Profesional Dual como un pilar básico para la especialización.
Objetivos principales de la Estrategia de emprendimiento de la mujer rural
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural va a plantear como pilares básicos para desarrollar y ejecutar la Estrategia: la formación, la innovación, la modernización y el asociacionismo. Todo ello teniendo muy en cuenta tanto lo que están señalando todas las organizaciones del sector y colectivos de mujeres, lo que se acuerde en el seno del Diálogo Social, el trabajo de los Grupos de Acción Local, a través de la metodología Leader, y la coordinación con las otras consejerías y diputaciones provinciales.
Los principales objetivos de la Estrategia son:
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en el Consejo Regional Agrario, que se ha celebrado esta mañana en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). Ante el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, el equipo directivo de su Consejería y las organizaciones agrarias, Fernández Mañueco ha reafirmado su compromiso con el campo de Castilla y León, con las explotaciones ganaderas y agrarias y con la industria agroalimentaria. Este compromiso, según ha asegurado, pasa por diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, a las que siempre van escuchar con la mano tendida, así como por una apuesta decidida por el desarrollo rural desde el convencimiento de su potencial.
Además, Fernández Mañueco ha garantizado su apoyo a los agricultores y ganaderos en la defensa de los intereses de Castilla y León en Europa, frente a los que apuestan por una España alejada de Europa y ponen en peligro el mercado europeo para los productos de la Comunidad y las ayudas de la PAC.
Nueva PAC
Entre los temas abordados en este Consejo Agrario, según ha explicado al término del mismo el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destaca la postura de la Comunidad ante la nueva PAC post 2020. Partiendo de la posición acordada en 2018, la Junta de Castilla y León está trabajando y reclamando aspectos claves, como la defensa de la financiación actual, tan necesaria para los agricultores y ganaderos y también para el medio rural; y que la futura PAC vaya encaminada al agricultor genuino.
Castilla y León está planteando también que haya una ayuda directa principal o ayuda básica a la renta regionalizada que alcance al menos el 80% del importe total de los pagos directos y que los nuevos eco-esquemas se puedan aplicar de forma homogénea en España.
Para la Comunidad es imprescindible que la nueva PAC suponga, además, un claro apoyo a las ayudas asociadas a determinadas producciones estratégicas, la ganadería y la remolacha, para evitar la desaparición del tejido productivo de las zonas rurales.
Asimismo, el Gobierno de Castilla y León, en una postura consensuada con el sector, reclama un apoyo decidido de la política comunitaria a programas para atraer jóvenes agricultores y mujeres al ámbito agrario y una dotación financiera específica y adicional del Feader para las regiones con problemas de despoblación.
Simplificación de la PAC
Para Castilla y León es necesario que la nueva Política Agraria Comunitaria vele por el mantenimiento de las explotaciones, haciéndolas visibles y sostenibles. Y, además, es necesario que se simplifique, con objeto de que su tramitación sea más fácil. Para ello, el ITACYL está contribuyendo a aplicar la tecnología y la innovación con un ambicioso proyecto de tratamiento de imágenes de satélite. Este proyecto permitirá simplificar los procesos de presentación de las solicitudes y los controles de verificación. Asimismo, contribuirá a agilizar más los pagos con menos molestias para el usuario y se podrá suministrar a este la información necesaria para la gestión de su explotación directamente a su teléfono.
Los avances realizados por el ITACYL mediante la aplicación de la tecnología de satélite han permitido que, durante este año, se hayan podido anticipar prácticamente 600 millones de euros en tan solo un mes, contribuyendo a afrontar la complicada situación de los agricultores y ganaderos ante la sequía sufrida en esta campaña. Este proyecto es solo uno de los más de 160 que ha desarrollado ITACYL, centro de investigación y tecnología de referencia al servicio de agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria.
Seguros agrarios
En el Consejo Agrario de Castilla y León también se ha tratado el necesario refuerzo de la política de seguros agrarios. Ésta es una de las herramientas más útiles para agricultores y ganaderos ante las adversidades climatológicas.
La Junta ha planteado, en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, una hoja de ruta para mejorar la contratación de seguros agrarios, basada en seguir aumentando la dotación presupuestaria para apoyar la contratación. Además, está misma semana se va a crear un grupo específico de trabajo para la mejora del seguro, liderando en España esta iniciativa.
ITACYL, al servicio del sector
El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es un centro dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural donde la ingeniería, investigación e innovación, las tecnologías y la calidad alimentaria se ponen al servicio de la agricultura, de la ganadería y de la industria alimentaria para hacerlas más competitivas, más sostenibles, más innovadoras y más modernas y tecnificadas.
Dentro de un sector que representa un motor económico de la región y es base del desarrollo rural, este Instituto mantiene procesos de innovación constantes para mejorar la competitividad del sector agroalimentario de Castilla y León. Así, el Instituto trabaja en cuatro grandes áreas temáticas, como son las infraestructuras agrarias colectivas; la digitalización y agrogeotecnología: la investigación e innovación agraria y agroalimentaria; y la calidad diferenciada y promoción alimentaria
Digitalización y agrogeotecnología
El Instituto provee a toda la Comunidad de un servicio gratuito que permite a cualquier usuario posicionarse dentro del territorio de la Comunidad con una precisión de 1-2 cm gracias a una red de 50 estaciones de referencia para las señales de navegación de los satélites. La Red alcanza ya casi los 5.000 usuarios registrados y la intensidad de uso crece de forma significativa año a año (un crecimiento del 39% respecto al año anterior). Esto permite la realización, de forma automatizada, de muchas de las labores que se hacen en el campo.
Además, desde el ITACYL se potencia el desarrollo tecnológico que facilite a los productores la toma de decisiones. Es el caso de aplicaciones móviles o de escritorio de uso gratuito que faciliten a los productores el seguimiento de sus explotaciones y la optimización de insumos (agua, energía, fertilizantes, piensos, fito y zoosanitarios, etc.) a través de información procedente de diversas fuentes como las imágenes de satélite, sensores, información edafológica, bases de datos, simuladores o modelos de desarrollo y nutrición de cultivos.
Investigación e innovación agraria y agroalimentaria
Castilla y León tiene un potencial de incrementar los ingresos del sector agroalimentario, en base a la bioeconomía, en torno a los 774 millones de euros anuales, y de crear 10.000 nuevos empleos hasta el año 2030, de los cuales el 80% estarán localizados en el medio rural
El Modelo de I+i tiene cinco áreas: agrícola, ganadero, industria alimentaria, bioeconomía y desarrollo tecnológico, con 12 líneas y 92 programas. Bajo este modelo proactivo y abierto se ha conseguido triplicar los proyectos del ITACYL llegando a los 165 proyectos actualmente activos en los que participan 400 colaboradores de todos los eslabones de la cadena. Además, durante este año, se están desarrollando 174 ensayos agrícolas en 82 localidades y se han hecho 210.000 determinaciones analíticas para 400 clientes.
El consejero de Empleo e Industria, German Barrios, y la directora general del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, han asistido esta mañana en Valladolid a la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que también ha estado presente la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Amparo Sanz. A través de este órgano de cooperación, las administraciones autonómica y central planifican de forma coordinada las actuaciones inspectoras de cada ejercicio y analizan los resultados previos obtenidos.
Así, en el encuentro celebrado hoy se ha aprobado el programa territorial integrado de objetivos del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2020 en Castilla y León, que prevé la realización de 46.500 inspecciones, el 6,06 % más que en el presente ejercicio (2.657 actuaciones más, en cifras absolutas).
En concreto, la Junta asumirá la ejecución de 20.794 iniciativas, lo que representa un incremento del 5,4 % respecto a 2019 y equivale a casi el 45 % de las 46.500 planificadas. Estas acciones se centrarán en las dos materias que son competencia de la Comunidad: la prevención de riesgos en el trabajo y las relaciones laborales.
Las inspecciones que van a realizarse el próximo año se orientarán a los objetivos fijados en el Plan Director por un Trabajo Digno, que contó para su aprobación con el acuerdo y participación de la Comunidad de Castilla y León. De hecho, la Junta aportó al documento las prioridades consensuadas con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.
Las principales líneas y objetivos de actuación fijados para 2020 son:
1. Luchar contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, con 3.854 actuaciones previstas.
2. Combatir los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas –con 1.634 acciones–, así como los incumplimientos en materia salarial –con 200 iniciativas–.
3. Garantizar la protección de derechos fundamentales y la promoción de la igualdad, con 737 actuaciones previstas.
4. Luchar contra el fraude a la Seguridad Social (con 10.898 acciones planificadas) y contra la economía irregular (13.802 iniciativas previstas).
5. Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral, con la planificación de 10.408 actuaciones.
6. Asimismo, como eje transversal, se intensificará la vigilancia sobre las nuevas modalidades de prestación de trabajo y las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, donde se incluyen actuaciones para detectar el fomento del falso autónomo, trabajo oculto y falsos becarios.
Resultados de la Inspección en 2019
En el transcurso de la reunión también se han analizado los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León durante el año 2019. En este punto, cabe destacar que, en el periodo entre enero y octubre, la suma de las infracciones de todas las áreas sobre las que tiene competencia de actuación la Inspección asciende a 4.134 infracciones, lo que lleva aparejadas sanciones por un importe de casi 10,4 millones de euros.
Estos datos evidencian un incremento del 15,35 % en el número de infracciones y del 16,08% en la cuantía impuesta con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se formalizaron 3.584 infracciones por las que se notificaron sanciones por cerca de 9 millones de euros.
En el marco de la Comisión Operativa, se han analizado los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León en los dos ámbitos cuya competencia inspectora recae en la Consejería de Empleo e Industria.
Así, en el campo de las relaciones laborales, los expedientes sancionadores tramitados entre enero y octubre de este año han ascendido a 566, lo que supone un incremento interanual de casi el 21 %. Los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas han aumentado el 5,2 % (hasta 2.750). Para finalizar, las infracciones en materia de tiempo de trabajo (jornada, registro, horas extras, entre otros) se han elevado el 37,3 % (hasta sumar un total de 261).
Igualmente positivos han sido los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo de la Comunidad en materias de seguridad y salud laboral. En los diez primeros meses de este ejercicio, el número de infracciones ha ascendido a 1.186, con un incremento de casi el 14,4 %, frente a las 1.037 contabilizadas en el mismo periodo de 2018. También se ha producido un aumento de la cuantía sancionadora, pasando de 1,89 millones de euros a 2,55 millones de euros (34,9 % más).
Se ha constatado un alza interanual de casi el 17,4 % en el número de recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral, y del 75 % en la cifra de las paralizaciones. En materia de requerimientos, en comparación interanual, se ha producido un aumento del 2,56 %, con 173 requerimientos más respecto a los diez primeros meses del año 2018.
Plan Director por un Trabajo Digno
Por último, la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha analizado los datos provisionales de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018 con el objetivo último de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, reforzando así la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
Su puesta en práctica ha implicado una reorientación en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ahora dirigidas con mayor intensidad a la mejora de la calidad del empleo y a la lucha contra el fraude laboral existente en el mercado de trabajo. Todo ello sin olvidar otros objetivos, como la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El Plan Director, que diseña una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con perspectiva de género, establece 55 medidas operativas y 20 organizativas. Entre ellas cabe destacar las orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, así como a combatir los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas extras no pagadas ni compensadas.
Los principales resultados del Plan Director por un Trabajo Digno en Castilla y León, en el periodo que va desde su entrada en vigor, el 1 de agosto de 2018, hasta octubre de 2019, son los siguientes:
I. En materia de contratación temporal fraudulenta se han transformado un total de 10.046 contratos temporales en indefinidos, frente a 6.380 contratos transformados en indefinidos en los 15 meses inmediatamente anteriores, lo que supone un incremento del 57,46 %.
II. Se ha procedido a incrementar la jornada de 2.409 trabajadores a tiempo parcial.
III. En la nueva campaña sobre condiciones salariales, puesta en marcha en 2019, los requerimientos de pago de salarios a instancias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han dado lugar a la recuperación de 2.035.193,25 euros para los trabajadores de Castilla y León entre enero y octubre de este año.
IV. Un total de 640 falsos autónomos han sido regularizados mediante su alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
El Consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha reunido al Comité Permanente de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación para proceder a su constitución e informar sobre la propuesta de reglamento de organización y funcionamiento interno formulado por la Dirección de Administración Local.
La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección de Administración Local, ha reunido esta mañana a los miembros titulares del Comité Permanente con el propósito de declarar constituido dicho órgano y proponer el reglamento de organización y funcionamiento interno de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, formulado por esta Consejería.
Esta reunión se produce tras un primer encuentro, el 30 de septiembre, el que se instó a la Dirección a elaborar un reglamento así como a reclamar a Diputaciones y Ayuntamientos conocer sus designaciones para los representantes del comité permanente. Este comité tiene por objeto la preparación de posibles asuntos a tratar en la Conferencia, así como la evaluación y seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados por la Conferencia, que según dispone el reglamento se reunirá cada seis meses de forma ordinaria y con carácter previo a las reuniones de la Conferencia.
Este órgano es uno de los cauces de participación de mayor relevancia entre la Administración Autonómica y las Entidades Locales de nuestra Comunidad, y es una apuesta decidida de la Junta por incrementar la relación con el ámbito local. En palabras del Consejero, “este Comité será clave para el éxito de la Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, velando por el cumplimiento del reglamento que garantizará el desarrollo efectivo de la Conferencia, una herramienta que será de máxima utilidad en la legislatura, ya que a través de ella podemos conocer de primera mano las demandas, necesidades y proyectos de las entidades locales. Buscamos que su relación con la Administración tenga una vía más fluida y efectiva en beneficio de nuestros paisanos”.
– El reglamento regula la naturaleza del órgano y los principios de actuación por los que se rige.
– Desarrolla las funciones de la Conferencia y del Comité Permanente.
– Desarrolla las particularidades de la composición de la Conferencia, así como las del Comité Permanente.
– Desarrolla las funciones y composición de los grupos de trabajo que se creen.
– Fija el funcionamiento, sede, acuerdos y recomendaciones que se adopten
– Determina la forma de modificación de dicho reglamento y su entrada en vigor.
D. Ángel Ibáñez Hernando. Consejero de la Presidencia. Presidente
Carlos García González. Vicepresidente FRMPCYL. Vicepresidente
D. José Miguel de Elías Hernández. Vice consejero Administración Local
D. Héctor Palencia Rubio. Director de Administración Local. Secretario
D. Santiago Vázquez Boyero. Coordinador Administración Local. Asistente de secretario
Francisco Javier Martín Hontoria. Ayuntamiento de Aranda de Duero
José Ramón Budiño Sánchez. Ayuntamiento de Ávila
Sandra Veleda Franganillo. Ayuntamiento de Benavente
Blanca Luisa Carpintero Santamaría. Ayuntamiento de Burgos
Juan Carlos Rodríguez García. Ayuntamiento de Laguna de Duero
Vicente Canuria Atienza. Ayuntamiento de León
Borja del Barrio Casado. Ayuntamiento de Medina del Campo
Miguel Ángel Adrián Gutiérrez. Ayuntamiento de Miranda de Ebro
Alfonso Polanco Rebolleda. Ayuntamiento de Palencia
Pedro Fernández Robles. Ayuntamiento de Ponferrada
Daniel Llanos García. Ayuntamiento de Salamanca
Benjamín Fernández Martínez. Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Jesús García Zamora. Ayuntamiento de Segovia
Luis Alfonso Rey de las Heras. Ayuntamiento de Soria
Pedro Herrero García. Ayuntamiento de Valladolid
Maria Eugenia Cabezas Carreras. Ayuntamiento de Zamora
Juan Carlos Sánchez Mesón. Diputación de Ávila
Borja Suárez Pedrosa. Diputación de Burgos
Nicanor Jorge Sen Vélez. Diputación de León
Adolfo Palacios Rodríguez. Diputación de Palencia
Carlos García Sierra. Diputación de Salamanca
Sara Dueñas Herranz. Diputación de Segovia
Mª José Jiménez las Heras. Diputación de Soria
Víctor David Alonso Monge. Diputación de Valladolid
Ramiro Silva Monterrubio. Diputación de Zamora
D. Valentín Cisneros Escribano. Secretario FRMP
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afirmado hoy en los Encuentros con Leonoticias que el Gobierno autonómico apuesta por la “mejora continua” de la asistencia sanitaria. Prueba de ello, ha recordado el también portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, son los Consultorios Rurales de Agrupación, “ejemplo de asistencia sanitaria” y que acercan la medicina y la tecnología al medio rural. “Vinimos a cambiar las cosas, fue nuestro compromiso”, ha apuntado Igea.
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha participado hoy en los Encuentros con Leonoticias, donde ha hablado sobre la ‘Asistencia sanitaria y sociosanitaria en Castilla y León’. Allí, el vicepresidente ha dejado claro que el objetivo de la Junta de Castilla y León es buscar la “mejora continua” de la sanidad y “asegurar la calidad en el trato” al paciente. “Queremos que la asistencia que se preste cada día sea de mayor calidad”, ha dicho.
Igea ha explicado que la reforma en la gestión de la Sanidad en la Comunidad se está haciendo teniendo en cuenta que Castilla y León es un “territorio difícil de gestionar por su conformación”. “Tenemos la tarea de prestar estos servicios en una comunidad con dispersión geográfica y envejecimiento, lo que nos obliga a hacer mayores esfuerzos”, ha indicado el vicepresidente.
“Vinimos a cambiar las cosas, fue nuestro compromiso”, ha subrayado Igea, que ha recordado que se han impulsado “medidas organizativas” para “garantizar la calidad en la mejora” de la Atención Primaria. Y para ello, ha resaltado el vicepresidente, se puso al frente de la Consejería de Sanidad a Verónica Casado, “la mejor médico de familia del mundo”.
El plan del Gobierno autonómico, ha continuado Igea, es acercar la medicina y la tecnología al medio rural, pero también aumentar el número de consultas, algo que para “algunos es difícil de entender y por eso anuncian el Apocalipsis”. En este sentido, se ha referido al Consultorio Rural de Agrupación (CRA), “un ejemplo de asistencia sociosanitaria”, puesto que son centros que tienen mayor capacidad resolutiva y dotación tecnológica que un consultorio y, además, contarán con profesionales sanitarios que pasarán consulta de lunes a viernes.
El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se ha referido a la publicación, en los primeros días de Gobierno, de las listas de espera. “Seguiremos avanzando en la publicación de datos sanitarios”, ha apuntado Igea, que ha aseverado que ello “permitirá una sanidad que busque la excelencia”. Y es que, tal y como ha manifestado, el objetivo de la Junta es que la asistencia sanitaria en Castilla y León sea “la mejor del país”.
Por ello, ha recordado que el Ejecutivo hará un “máximo esfuerzo” con las personas que “se acercan al final de sus días” a través de la Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida, aún en fase de audiencia y participación, y que pronto será una realidad.
Con todo ello, el vicepresidente de la Junta ha hecho hincapié en que la meta del Gobierno en esta legislatura es “mejorar la coordinación y ampliar los servicios” de la plataforma sociosanitaria para que Castilla y León “siga siendo un referente” a nivel nacional en sanidad y en servicios sociales. Prueba de ello es el proyecto conjunto de las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades para garantizar la prestación integrada de los servicios y la continuidad de los cuidados, adaptados a las necesidades complejas que presentan las personas más vulnerables de la Comunidad.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha participado hoy en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria, presidido por el ministro Planas. En este Consejo se han abordado los asuntos que se tratarán en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el 18 de diciembre. Ese Consejo será el primero al que asista el nuevo Comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski.
Ante la propuesta de reglamentos de la nueva PAC, el consejero ha constatado que no se están produciendo avances en la toma de decisiones y sólo se trabaja a nivel técnico. Los estados miembros están demorando las decisiones hasta que se apruebe el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. A este respecto, y ante la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se desarrollará en Bruselas el 12 y 13 de diciembre y donde se llevará a cabo el primer debate sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, ha trasladado al ministro Planas en el Consejo Consultivo la necesidad de no reducir la financiación de la PAC solicitando que el presidente del Gobierno se posicione claramente en dicha cumbre para mantener la financiación de las políticas dirigidas a la agricultura y el medio rural.
Carnero ha indicado al ministro Planas que “es inadmisible una reducción tan drástica para el desarrollo rural como la planteada actualmente”. En el caso de Castilla y León supondría una pérdida de 150 millones de euros entre 2021 y 2027. Es decir 21,5 millones de euros al año, que a la tasa actual de cofinanciación (53%) significaría perder 40 millones de euros anuales de financiación para el medio rural en Castilla y León.
Así, el consejero, ha remarcado que “es imprescindible que el presidente del Gobierno de España no acepte estos recortes y proponga una mayor aportación de los estados a los presupuestos de la Unión Europea, para eliminar esta reducción”. España es un país con un pronunciado carácter rural, con más de 8.000 municipios, de los cuales 5.000, el 62%, tienen una población inferior a 1.000 habitantes.
Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, la cuarta parte de todos los de España. De ellos el 80% tiene menos de 500 habitantes y se enfrentan a importantes limitaciones como la baja densidad de población, un elevado grado de envejecimiento y la masculinización de la población.
La actitud positiva de la ganadería en relación a los aspectos medioambientales
Respecto a los últimos ‘ataques’ que la ganadería ha recibido en materia medioambiental, en la reciente Cumbre del Clima de Madrid, Jesús Julio Carnero ha defendido en el Consejo Consultivo una posición de defensa hacia el sector. Ha dejado claro que “el sector agrario no debe verse como un sector contaminante sino que contribuye con el cambio climático como sumidero de carbono y compensa las acciones degradantes de otros sectores”.
Se estima que la ganadería aporta un 8% de los gases de efecto invernadero en España y la agricultura un 4%, según datos oficiales de 2018, pero no se valora correctamente el efecto de sumidero de carbono de las actividades agrarias que compensa las emisiones. Es la única actividad que aporta soluciones a esas emisiones y todo ello con el objetivo último de proporcionar alimentos a millones de personas, evitando la desertificación y la despoblación de las áreas rurales.
Mañana, 11 de diciembre, la Comisión Europea presentará el ‘Pacto Verde’. Castilla y León espera que no suponga más exigencias para los agricultores y ganaderos en el próximo periodo 2021-2027 ya que debería incorporar todo lo que la PAC está haciendo por la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria, actividad que por otra parte es la más importante en las áreas rurales de Europa. En gran parte de ellas, la única actividad.
En consecuencia, el consejero ha propuesto al Consejo Consultivo una declaración unánime del Estado y las Comunidades Autónomas de los beneficios de la actividad agraria, ‘una agricultura y una ganadería en positivo’. “Debemos dar mensajes atrayentes a la sociedad, huyendo de ideas negativas contaminantes. Es la clave para que nuestros jóvenes se animen a emprender en esta actividad y la rejuvenezcan, con ellos podremos innovar y hacer más sostenibles nuestras explotaciones”, ha manifestado el consejero.
La directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, presenta esta tarde la oferta turística de Castilla y León en Sevilla en el marco de una jornada comercial, que tiene como objetivo promocionar el destino y poner en contacto a la oferta turística provincial y a los empresarios de Castilla y León con agencias de viajes andaluzas. Con este tipo de acciones se apoya la comercialización de los servicios turísticos que ofrece la Comunidad. En el encuentro de trabajo, participan más de una veintena de representantes de Castilla y León que presentarán sus servicios turísticos a 75 agentes de viajes de Sevilla y de Andalucía.
La jornada comercial contará también con la presencia de destacados representantes turísticos de la ciudad andaluza como el teniente alcalde y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla, el gerente de la Sociedad de Promoción del Turismo de Sevilla, entre otros.
Este encuentro de trabajo está estructurado en tres partes diferenciadas: por un lado, la jornada de trabajo entre los profesionales del sector; por otro, la presentación de la oferta turística de la Comunidad y, por último, un taller-degustación de productos enogastronómicos, con especial protagonismo de los dulces y productos navideños que se realizan en Castilla y León.
Andalucía ocupa el tercer lugar como mercado emisor de turistas a Castilla y León con un total de 235.144 visitantes, en el primer semestre del año 2019, lo que ha supuesto un crecimiento del 19,20 % con relación al año anterior y representa el 3 % del total de los habitantes de Andalucía. Estas cifras ponen de manifiesto el creciente interés de la población andaluza por el destino Castilla y León, así como el gran potencial de crecimiento que tiene la Comunidad en este mercado.
Tras felicitar a Juan Vicente Herrera por su incorporación al Consejo Consultivo de Castilla y León, el presidente de la Junta ha mostrado todo su agradecimiento, reconocimiento y gratitud por su trabajo, compromiso y dedicación durante todos los años que ha estado al servicio de los castellanos y leones, en las distintas responsabilidades desempeñadas. Fernández Mañueco también ha señalado que esta incorporación sigue el camino marcado por otros presidentes de la Comunidad, como fueron Demetrio Madrid y José Constantino Nalda. A esta lista, ha afirmado, se añade ahora “la experiencia, el sentido común y buen hacer de Juan Vicente Herrera, quien va a enriquecer la labor del órgano consultivo por excelencia de nuestra Comunidad”.
Una labor, la del Consejo Consultivo, que se realiza con plena autonomía orgánica y funcional, lo que se traduce en un “plus de garantía” para los ciudadanos castellanos y leoneses. Y una labor, según ha destacado el presidente, que se lleva a cabo velando en todo momento por el cumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el conjunto del ordenamiento jurídico. Algo que hoy resulta más necesario e imprescindible que nunca ante la actual situación de inestabilidad y de incertidumbre política, económica e institucional, ha asegurado.
Esa situación de inestabilidad y de incertidumbre obliga a defender un marco constitucional valioso para avanzar en igualdad y en libertad, ha señalado Fernández Mañueco, “puesto que es mucho lo que hemos conseguido en los últimos 40 años en democracia y es necesario hacer más pedagogía, ponerlo en valor”. En este sentido, ha señalado que España necesita un Gobierno que camine en esa senda.
Por ello, mientras algunos están interesados en el enfrentamiento y en la confrontación, apostando por la ruptura del consenso de la Transición y levantando fronteras, el presidente de la Junta ha defendido un autonomismo útil, leal y solidario en el que crecer y contribuir al desarrollo de España. Algo que se recoge claramente en el Estatuto de Autonomía, cuyo título preliminar establece que Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla y que ha contribuido de modo decisivo a la formación de España como Nación.
Con ese fin trabaja el Gobierno de Castilla y León, que hace cinco meses alcanzó un acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años, ha señalado el presidente. Y a esa misma labor contribuye el Consejo Consultivo, dentro de sus funciones, al igual que el Consejo de Cuentas, el Consejo Económico y Social y el Procurador del Común, que conforman las denominadas Instituciones Propias de la Comunidad. Instituciones todas ella garantes de la calidad democrática, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de los servicios públicos, a las que el presidente de la Junta ha trasladado su agradecimiento y apoyo.
Por último, Fernandez Mañueco también ha hecho un llamamiento a la necesidad de estabilidad para poder negociar una financiación autonómica suficiente para Castilla y León. Una negociación que debe llevarse a cabo en un marco multilateral como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que tenga en cuenta los condicionantes propios para poder prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, como la extensión o la dispersión de la población.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy la convocatoria de las ayudas para compensar el déficit de explotación del transporte público de viajeros por carretera, por valor de 12,9 millones de euros. Estas ayudas permiten mantener el servicio de transporte en el medio rural y afianzar el transporte metropolitano de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid.
El déficit de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2019 por la Junta asciende a 12.900.000 euros. Los beneficiarios de las subvenciones pertenecen al sector empresarial del transporte público de viajeros en la Comunidad, estructurado de forma muy irregular, en el que predomina la pequeña empresa y el empresario individual, sin excluir a las medianas empresas. Esta medida se configura como una herramienta esencial en el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo afectando a 110 empresas y unos 3.000 empleos directos vinculados al sector del transporte regular de uso general interurbano de Castilla y León
En la actualidad, el sistema concesional de los servicios de transporte público, en todo o en parte deficitario, que se prestan en Castilla y León, se configura de la siguiente manera: 148 Concesiones o contratos de titularidad de la Administración Autonómica (VACL), 77 Autorizaciones Administrativas Especiales (AECL), 13 Taxis Rurales con reiteración de calendario y horario (TR) y 30 Concesiones o contratos de titularidad del Estado, con tráficos autonómicos.
Servicios deficitarios
La Administración autonómica viene trabajando en la adopción de medidas tendentes a favorecer y garantizar unas condiciones de movilidad seguras y sostenibles como servicio básico y fundamental para el acceso a otros muchos servicios como la educación, sanidad, cultura, o el ocio, mejorando la calidad del transporte que reciben las personas que residen en la Comunidad, especialmente en el medio rural, y armonizando dichas medidas a las características sociales, territoriales, económicas y ambientales de Castilla y León.
Las especiales características de asentamiento de la población en núcleos con pocos habitantes y en su mayor parte dispersos y alejados de las localidades y ciudades que cuentan con los diversos servicios que demandan los ciudadanos, unido a la amplitud del territorio, han configurado una red de servicios de transporte público de viajeros por carretera que conecta con la capital de la provincia o la localidad de referencia de la zona, a través de itinerarios largos y expediciones con escasa ocupación de los vehículos, determinantes, por tanto, de una baja rentabilidad, en muchos casos deficitaria, que dificulta su mantenimiento, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a realizar esfuerzos financieros para garantizar su continuidad dado que el precio del billete que paga la ciudadanía no cubre los costes de explotación del transporte, de modo que las líneas regulares de viajeros que prestan servicios en la Comunidad presenta unos resultados de explotación negativos.
En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con los principales núcleos urbanos. Su carácter de servicio público implica que el objetivo primordial sea garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Para satisfacer dicho derecho, la Junta asegura, a través de la convocatoria de estas ayudas, la adecuada sostenibilidad económico-financiera del sistema de transporte público de su titularidad..
El índice de ocupación media en cómputo anual de este tipo de transporte no llega a cubrir los costes de explotación; de un total de aproximadamente de 1.700.000 expediciones anuales, el 90 % son deficitarias. Evidentemente al tratarse de un servicio público básico, la Junta de Castilla y León debe seguir financiando este transporte deficitario, dado su carácter esencial y universal. En los últimos cinco años ha realizado un importante esfuerzo financiero, destinando cerca de 62,5 millones de euros a las ayudas anuales a los servicios de transporte público de viajeros deficitarios.
Tras entrada en vigor, el pasado mes de julio de la Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de Transporte Público de Viajeros por carretera, la Junta de Castilla y León trabaja en el diseño de un nuevo modelo de movilidad cuya premisa fundamental es la modernización del servicio permitiendo así acercar la red de transporte a las necesidades de la ciudadanía. Todo ello sobre la base de la racionalización y optimización de la actual red de transporte, fijando como premisa esencial la garantía de dotar a todos los habitantes de Castilla y León de un servicio de transporte público adaptado a las necesidades de cada territorio
Este modelo implicará también un nuevo régimen de financiación del transporte, vinculado a los nuevos contratos que mejore la eficiencia de los fondos públicos como garantía del mantenimiento del sistema de transporte en Castilla y León
El transporte por carretera cubre en Castilla y León más del 90 % de los desplazamientos que se producen en el transporte interior de viajeros, siendo el transporte público regular de viajeros de uso general el que aparece como dominante por su vertibilidad, eficiencia, seguridad, capilaridad y rentabilidad social: llega a todos los municipios o poblaciones, cubre toda clase de demandas y es capaz de dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población. En nuestra Comunidad Autónoma es vital como factor de cohesión y vertebración social y territorial y como garante del derecho de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos esenciales.
La Consejería de Educación considera oportuno apoyar la movilidad de los estudiantes universitarios castellanos y leoneses, concediendo una ayuda económica a los que hayan sido beneficiarios de las becas del Programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudios. De este modo, la Administración educativa autonómica recuperó hace dos cursos el complemento autonómico de las becas Erasmus y este año realiza la tercera convocatoria, dando cumplimiento una vez más al Acuerdo alcanzado en el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León.
Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 700.000 euros, ampliable en 300.000 euros si las circunstancias lo requieren, irán destinadas a complementar la financiación de los gastos de estancia en el país de destino derivados de la participación de los estudiantes de las universidades de Castilla y León en el programa de movilidad anteriormente indicado por una duración mínima de tres meses y máxima de 12, por ciclo de estudios.
Podrán ser beneficiarios los alumnos de las universidades de Castilla y León que, cursando estudios oficiales de educación superior de Grado, Máster o Doctorado, sean beneficiarios de una beca del Programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudio. Un programa que permite la movilidad de estudiantes en instituciones de educación superior con las que las universidades de Castilla y León tengan firmados los correspondientes acuerdos para el curso académico 2019-2020.
Los interesados en estas ayudas deberán cumplimentar el formulario accesible a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación . El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación en el Bocyl y finaliza el 10 de enero de 2020.
Las ayudas concedidas son compatibles con el disfrute de cualquier ayuda, subvención, recurso o ingreso concedido por cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional, con la misma finalidad, sin que el importe total subvencionado en ningún caso llegue a superar el importe total de la actividad subvencionada.
Los beneficiarios podrán percibir como anticipo el 50 % del importe de la ayuda concedida en la resolución. El importe restante se abonará una vez se justifique, en los términos previstos en la convocatoria, la duración real de la estancia. La resolución de la convocatoria se producirá en torno al mes de marzo y, en todo caso, antes de los plazos máximos contenidos en esta Orden.
Beneficiarios en anteriores convocatorias
En la convocatoria 2017-2018, con un presupuesto de 700.000 euros, resultaron beneficiarios 1.532 alumnos de las universidades de Castilla y León. La distribución de las ayudas fue la siguiente: 547 pertenecían a la Universidad de Valladolid; 337, a la Universidad de Salamanca; 331, la Universidad de León; 219, a la Universidad de Burgos; 38, a IE Universidad; 33, a la Universidad Pontificia de Salamanca; 24, a la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’, dos estudiantes de la Universidad Católica de Ávila y un alumno de la Universidad Isabel I de Castilla.
Por su parte, en la última convocatoria, correspondiente al curso 2018-2019, resultaron beneficiarios 1.660 alumnos, concediendo un importe total 999.973 euros, tras haber ampliado en 300.000 euros adicionales el crédito inicialmente previsto de 700.000 euros. De esta forma, las ayudas se distribuyeron en 577 a la Universidad de Valladolid; 404, a la Universidad de Salamanca; 309, la Universidad de León; 244, a la Universidad de Burgos; 47, a IE Universidad; 51, a la Universidad Pontificia de Salamanca; 19, a la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’; y nueve alumnos de la Universidad Católica de Ávila.
Los títulos de familia numerosa se han expedido tradicionalmente en formato libro y su renovación se realizaba sellando la nueva fecha de validez, lo que obligaba al ciudadano a presentarlo en las oficinas correspondientes o remitirlo por correo ordinario. Desde ahora, la Junta de Castilla y León va a expedir dicho título en una resolución en formato papel, suprimiendo los libros, lo que permitirá tramitar electrónicamente y de forma completa su renovación.
Esta modificación en la gestión de los títulos de familia numerosa avanza en la dirección marcada por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, quien en su comparecencia en las Cortes coincidiendo con el inicio de la Legislatura, se comprometió a automatizar los procesos y a avanzar en la implantación de la gestión sin papeles. No es el único cambio ya que en breve se implantará la firma electrónica con el objetivo último de que los miembros de las familias numerosas puedan acceder directamente al título a través de la web.
La sustitución del libro, además de facilitar a las familias el trámite y ganar en agilidad en la expedición y renovación es medioambientalmente sostenible ya que se sustituye un libro de ocho hojas, por un folio A4. Además, supondrá un importante ahorro, ya que anualmente se adquirían unos 3.000 libros,
Los requisitos que debe reunir una familia para que se considere numerosa están fijados en la Ley Estatal 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas que establece que serán familias numerosas con carácter general, las que están compuestas por los cónyuges y al menos tres hijos. Asimismo, la norma prevé otros supuestos en los que también se concede el título en el caso de familias con dos hijos (en el supuesto de que uno de ellos tenga reconocida una discapacidad) o las personas viudas con dos hijos.
El título de familia numerosa tiene validez para un periodo de cinco años, y se incluyen en él los hijos hasta los 21 años o los 26 si están cursando estudios reglados. Documento que debe renovarse anualmente para comprobar que efectivamente siguen estudiando.
La Consejería de Sanidad ha reforzado en su nueva estructura la apuesta por promover el desarrollo profesional de sus trabajadores, al crear, dentro de la Dirección General de Profesionales, una Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional, cumpliendo así el objetivo marcado este verano por la consejera, Verónica Casado, durante su exposición en las Cortes autonómicas de las líneas estratégicas para esta legislatura.
En la reforma de la estructura orgánica de la Gerencia Regional de Salud (GRS) se han definido las competencias de los servicios centrales del Servicio Público de Salud de Castilla y León, los cuales dan soporte a la actividad desarrollada en los centros e instituciones sanitarias de la GRS -hospitales, centros de salud, emergencias, etcétera-, y cuya finalidad última es garantizar un modelo sanitario público, universal, gratuito y accesible en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
Esta nueva Dirección Técnica de Formación y Desarrollo Profesional, que tiene como fundamento el impulso, apoyo, supervisión y control de las actividades a desarrollar por la Dirección General de Profesionales en estos ámbitos de actuación, dispondrá además de otro servicio, encargado de la Formación y Evaluación de Especialidades Sanitarias.
Así, para dar cumplimiento a la estrategia definida por la consejera, en el sentido de que la carrera profesional tiene que tener mayor orientación hacia la investigación, la innovación y el desarrollo, se ha diseñado una nueva jefatura de Servicio de Desarrollo Profesional, que tiene como primera función la evaluación de las categorías y competencias profesionales existentes en la organización.
En segundo lugar se encargará de la evaluación del desempeño, de los análisis de los sistemas de promoción profesional científica y de eficiencia, así como de la elaboración de las propuestas para su desarrollo y puesta en práctica.
Un aspecto importante que gestionará este nuevo servicio será la planificación y tramitación de los sistemas de reconocimiento del desarrollo profesional del personal de la Gerencia Regional de Salud.
Por último, se encargará del impulso, análisis de necesidad y, en su caso, propuesta de elaboración de disposiciones generales en materias propias del servicio.
El Centro de Estudos e Arquitetura Militar de Almeida (CEAMA), en Portugal, acogió el 29 de noviembre pasado el acto de clausura del proyecto europeo “Comunidad Rural Digital (CRD)” e inauguración del proyecto “Smart Comunidad Rural Digital (Smart CRD)”. Ambos proyectos, continuación uno del otro, tienen como objetivo común la modernización de las administraciones locales transfronterizas españolas y portuguesas.
El acto estuvo presidido por el presidente de la Cámara Municipal de Almeida, Antonio Machado, y los socios de ambos proyectos, la Cámara Municipal de Sabugal de Portugal, la Diputación de Valladolid, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA) y la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quien lidera este proyecto transfronterizo europeo.
“Comunidad Rural Digital” es un proyecto de colaboración entre Administraciones Públicas de Portugal y España, en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP) y cofinanciado a través de fondos FEDER, con un presupuesto cercano a un millón de euros, cuyo objetivo es mejorar la innovación tecnológica de las administraciones locales del medio rural a ambos lados de la frontera, fomentando la cooperación y su competitividad.
Este proyecto, que comenzó en 2017, ha desarrollado una plataforma de soluciones tecnológicas para la modernización de la administración local y servicios públicos digitales de Territorio Inteligente (Smart Rural), así como un programa conjunto de formación en innovación y uso de las TIC para ciudadanos, empresas, empleados públicos y técnicos informáticos de administraciones públicas locales.
En el proyecto se han desarrollado servicios públicos online como los siguientes: servicios de administración electrónica, App móvil para comunicación con ciudadanos, App móvil para el turismo, alumbrado inteligente, portal de Open Data y servicios de turismo y movilidad inteligente.
Por otro lado se han realizado actividades de formación en tecnología tanto a partir de un curso online transfronterizo sobre innovación tecnológica para empleados públicos a los que asistieron 59 alumnos portugueses y 50 alumnos españoles, como cursos a ciudadanos y empresas con más de 100 acciones formativas.
También se han realizado cursos a técnicos informáticos de administraciones locales tales como ciberseguridad, programación de páginas web, contratación electrónica, protección de datos, tramitación electrónica, sistemas de información geográfica, etc.
Finalmente se han organizado diferentes foros de intercambio de experiencias entre administraciones locales en temas como el turismo Inteligente, gobierno inteligente, Smart Water, alumbrado inteligente, patrimonio inteligente y RGPD, y se han publicado guías, tanto en español como en portugués, sobre Smart Rural en los diferentes ámbitos de Smart Water, Smart Agro, turismo inteligente, patrimonio natural inteligente, open data y patrimonio cultural inteligente.
Como continuación del proyecto Comunidad Rural Digital se procedió esa misma mañana, al acto de inauguración del proyecto “Smart Comunidad Rural Digital (SmartCRD)”, que tiene como objetivo principal convertir el territorio transfronterizo en un Territorio Rural Inteligente.
SmartCRD cuenta con un presupuesto total cercano a 1.5 millones de euros, desarrollará servicios de Smart Rural para la gestión inteligente de servicios públicos y llevará a cabo un programa conjunto de capacitación en innovación y uso de las TIC para empleados públicos locales, ciudadanos, empresas y técnicos TIC, orientado a impulsar el Territorio Inteligente. Este proyecto se desarrollará durante 2020 y 2021.
El día anterior, 28 de noviembre, se organizó también en Almeida un foro sobre turismo inteligente para, por un lado, conocer la aplicación de la Cámara Municipal de Almeida “Conhecer Almeida”, donde se conjuga información usual en este tipo de aplicaciones de turismo como aspectos muy importantes como realidad virtual y realidad aumentada. Asimismo tuvieron lugar diferentes ponencias sobre realidad mixta aplicada al turismo, aplicaciones turísticas accesibles y sobre la utilización de técnicas de big data aplicadas al turismo.
El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN), adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, ha recibido el premio nacional extraordinario de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) por el DataHub Energético, base de datos de la Administración de Castilla y León.
El premio ha sido entregado al director general de Energía y Minas, Alfonso Arroyo, por A3e, el pasado jueves 4 de diciembre en la Gala de la Eficiencia Energética que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.
Más de 12 millones en ahorro de electricidad
El DataHub Energético de la Junta ofrece información energética informatizada a través de la herramienta OPTE (Optimización Energética de edificios de la Administración Autonómica) desarrollada por el EREN y los servicios informáticos de la Administración autonómica. A través de esta herramienta se optimizan anualmente los contratos energéticos y se realizan las compras energéticas de los diferentes organismos de la Junta de Castilla y León. Los ahorros cuantificados desde el año 2015 han sido de más de 12 millones de euros, en torno a 2,5 millones de euros anuales únicamente en el coste fijo de electricidad.
En el año 2016, el EREN recibió como reconocimiento a esta herramienta un accésit por parte del Ministerio de Hacienda como ‘Premio a la Innovación en la Gestión’.
El DataHub Energético o base de datos energética es un ejercicio de trasparencia de la Junta de Castilla y León, realizado por el EREN, para la puesta a disposición pública de información agregada de datos energéticos de los suministros energéticos de la Administración de Castilla y León.
El DataHub alberga los contenidos de las consultas a bases de datos públicas energéticas y climatológicas y los pone a disposición pública, junto con la información detallada de los datos energéticos de cada edificio de la Junta. En concreto, cuenta con información detallada de 1.508 centros de consumo, cerca de 2.500 suministros energéticos y 45 estaciones meteorológicas. Supone un compendio de 2,6 millones de registros y el objetivo es llegar a publicar también los consumos horarios de electricidad y gas de todos los edificios de la Administración autonómica, lo que supondría multiplicar por 10 dicha cifra.
Objetivos del DataHub Energético
Los principales objetivos del sistema son el control del gasto energético por parte de la Administración autonómica de Castilla y León y concienciar y promover el ahorro energético y la eficiencia energética, comenzando por la propia Administración. También es un estímulo a numerosas empresas privadas explotadoras de ‘Big Data’, con el objetivo de que ofrezcan sus productos novedosos a las administraciones para la realización de actuaciones de mejora en su eficiencia energética que redunden además en creación de empleo y ahorro económico.
El DataHub Energético es visible en el portal de Datos Abiertos y se enmarca en el proyecto de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Así, con el DataHub, cualquier ciudadano o empresa interesada en utilizar los datos para sus estudios o para ofrecer sus servicios o incluso las propias suministradoras energéticas que ofertan su energía a la Administración, pueden en un par de ‘clics’ con su tablet o smartphone visualizar todos los datos energéticos de cualquier hospital, centro de salud, centro educativo o edificio de Junta de Castilla y León, siendo a día de hoy la única Administración autónomica a nivel nacional en publicar sus consumos energéticos con este nivel de detalle.
El EREN tiene como objetivo el impulso de todas las políticas de ahorro y eficiencia energética, la promoción de las energías renovables, la investigación, estudio y apoyo de las actuaciones tecnológicas y energéticas, y el desarrollo de infraestructuras eficientes y renovables en la Administración.
Acorde a las Políticas europeas y nacionales
La Comisión Europea mediante sus políticas energéticas tiene como objetivo que los ciudadanos de la Unión Europea asuman el reto de la transición energética, aprovechen las nuevas tecnologías para reducir el coste económico de sus facturas y participen activamente en los mercados energéticos.
No obstante, a pesar de determinadas medidas realizadas, como el despliegue de los contadores inteligentes domésticos en el sector eléctrico, sigue sin existir un acceso ágil y sencillo a la información de los consumos por parte de los consumidores. Por su parte, en el sector gasista, la información desagregada de los consumos está poco avanzada y únicamente algunos suministros tienen registros de consumo horario de gas. Además las Directivas Europeas recogen “un mandato” expreso, sobre la necesidad de que las Administraciones Públicas tengan una función ejemplarizante, así como una labor de acompañamiento, promoción e impulsión de la eficiencia energética en su ámbito competencial y territorial.
Casi la mitad de la población de 65 años o más en Castilla y León, en concreto 409.097 personas (el 49,8 % del total), se ha vacunado ya de la gripe, según los datos provisionales correspondientes a la semana cinco de la campaña autonómica de vacunación antigripal (hasta el 1 de diciembre pasado) y publicados por el Boletín de seguimiento que elabora la Dirección General de Salud Pública.
En el caso de la horquilla demográfica correspondiente a 60 años y más, el porcentaje de ciudadanos que ha accedido a la inmunización vacunal frente a la gripe se sitúa en el 43,6 % (333.588 personas)
Entre el colectivo de embarazadas, aunque la evaluación vacunal se realiza a año cerrado, por ahora se han vacunado 3.771 gestantes, un dato provisional que ya muestra un sesgo destacable, pues supone un 39,7 % que en 2018 (2.699 mujeres)
Las recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de Salud Pública como de las sociedades científicas al respecto de los índices de vacunación a alcanzar se sitúan en el 65% de la población de 65 años y más y en el 40 % entre embarazadas y profesionales sanitarios.
En el caso de los profesionales de la Gerencia Regional de Salud y, más concretamente en Atención Especializada, los acumulados provisionales tras cinco semanas de campaña alcanzan al 31,2% de los trabajadores hospitalarios, oscilando entre el 20% del Hospital de El Bierzo y el 57,4 % del de Medina del Campo (Valladolid)
Las tasas de vacunación en estos centros de Sacyl son: Complejo Asistencial de Ávila, 455 trabajadores inmunizados (32,9 %); Hospital Universitario de Burgos, 1.323 (35,4 %); Hospital ‘Santiago apóstol’, en Miranda de Ebro (Burgos), 120 (24,5 %); Hospital ‘Santos Reyes’, en Aranda de Duero (Burgos), 162 (37 %); Complejo Asistencial Universitario de León, 891 (25,2 %); Hospital de El Bierzo, en Ponferrada (León), 258 (20 %); Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 516 (30,4 %); Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 1.270 (31,7 %); Complejo Asistencial de Segovia, 474 (33,2 %); Complejo Asistencial de Soria, 412 (38,1 %); Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 1.339 (45,3 %); Hospital Universitario ‘Río Hortega’, en Valladolid, 753 (28,6 %); Hospital de Medina del Campo (Valladolid); 243 (57,4 %); y Complejo Asistencial de Zamora, 454 (24,8 %)
La actual campaña de vacunación frente la gripe comenzaba el pasado 29 de octubre y se extenderá hasta el 13 de diciembre, por lo que la próxima semana entramos en la última; no obstante, aquellos pacientes a los que su médico así se lo recomiende podrán acceder a la vacuna hasta que las circunstancias epidemiológicas de circulación y de actividad gripales en la Comunidad lo permitan.
La vacunación frente a la gripe, universal y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado, es una de las más eficaces medidas preventivas y tiene como objetivo reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a esta patología respiratoria y a sus complicaciones, así como su impacto social y sanitario.
Para acceder a la vacuna frente a la gripe se recomienda a los usuarios solicitar cita previa en el centro de salud correspondiente.
La Junta ha adquirido 620.000 dosis para la presente campaña, de las que 200.000 unidades son tetravalentes y 420.000 vacunas adyuvantes o virosómicas inactivadas, suministro al que se le destinan 3.126.240 euros.
La Junta convocará la XXXIV edición del Premio con una segunda novedad: los trabajos periodísticos que pueden presentarse y ser galardonados en las distintas modalidades serán aquellos publicados a lo largo de todo el año anterior.
La próxima convocatoria del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’ se publicará a comienzos del nuevo año, 2020, con dos novedades importantes: la recuperación de la dotación económica para los galardonados en las dos categorías existentes, suprimida en la convocatoria correspondiente al año 2012, y un nuevo plazo de publicación de los trabajos periodísticos que pueden ser objeto de presentación al certamen, para evitar los períodos complejos señalados en ediciones de años anteriores.
El Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’ se instituyó en el año 1985 para rendir homenaje al periodista castellano y leonés Francisco de Cossío y Martínez-Fortún, con el objetivo de galardonar a aquellos profesionales de la comunicación destacados por sus trabajos o su trayectoria profesional. Este premio de periodismo es referencia para reconocer la excelencia y la innovación profesional en un sector primordial para garantizar la participación y el desarrollo de Castilla y León y sirve, al mismo tiempo, como nexo eficaz entre el sector profesional y el sistema universitario.
El Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’ cuenta con dos categorías: ‘Trayectoria profesional’ y ‘Mejor labor profesional’, para las cuales se otorgará un premio cuya cuantía se determinará en la convocatoria de cada año. El premio a la ‘Trayectoria profesional’ tiene como finalidad distinguir a un profesional que, con su labor periodística, haya contribuido a difundir los valores de la Comunidad a través de cualquier instrumento de difusión.
El galardón a la ‘Mejor labor profesional’ destaca aquel trabajo de carácter periodístico que sea considerado por el jurado como especialmente relevante de acuerdo con los criterios establecidos en la orden que publicará próximamente el Bocyl. Este premio consta de cinco modalidades: prensa, digital, radio, televisión y fotografía. Podrán concederse también menciones especiales que consistirán en un diploma acreditativo.
Las enfermedades del aparato respiratorio, con 35.445 casos, y las del aparato digestivo, con 33.922, fueron las primeras causas de ingreso en los hospitales de Sacyl a lo largo de 2018, según refleja el Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021. El tercer grupo con más ingresos es el relacionado con las enfermedades del aparato circulatorio, con 33.674 casos, y el cuarto, las neoplasias, con 25.490.
El total de ingresos hospitalarios ascendió el año pasado a 248.786, de los que 125.841 correspondieron a hombres y 122.944 a mujeres. En el caso de los varones, las patologías respiratorias son las más prevalentes a la hora del ingreso, mientras que las mujeres tienen su mayor porcentaje en las enfermedades relacionadas con embarazo, parto y puerperio.
La edad media de los pacientes ingresados es de 67,3 años, mayor en hombres (68,2 años) que en mujeres (65,6 años). Las enfermedades del aparato circulatorio son las que ingresan con edades medianas más avanzadas, con 78 años, seguido de las enfermedades del aparato respiratorio, con 75,7 años y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, con 75,5 años.
Un dato curioso es el reflejado en los datos por grupos de edad. Así, se observa que para niños menores de 1 año el principal motivo de ingreso es el denominado “Ciertas afecciones originadas en el período perinatal”, con un 49,8%. Para el grupo de 1 a 14 años, son las enfermedades del aparato respiratorio (27,5%).
En el segmento de 15 a 44 años el motivo mayoritario de ingreso es el embarazo, parto y puerperio (36,9%). Para el de 45 a 64 años, el principal motivo de ingreso son las enfermedades del aparato digestivo (17,4%) seguidas de las neoplasias (15,4%).
El siguiente grupo, de 65 a 74 años, presenta como principal motivo de ingreso las enfermedades del aparato circulatorio (15,8%) seguidas de las neoplasias (15,6%). Para el grupo de mayor edad, por encima de 75 años, son más frecuentes las enfermedades del aparato circulatorio (21,2%) seguidas de las del aparato respiratorio (19,9%).
La estancia media más alta en el hospital viene causada, según este informe, por procesos relacionados con la septicemia e infecciones diseminadas, con 8 días, y la más baja, con 2 días, son los procedimientos sobre oído, nariz, boca y garganta (los partos son 3 días de ingreso medio).
Del total de pacientes dados de alta en los hospitales de Sacyl en 2018, el 71,3% ingresó con carácter urgente (sin programación previa), y el resto de forma programada (28,7%). Como dato curioso, la estancia media de los que ingresan de forma urgente es tres días más -y una edad media diez años mayor- que la de los que llegan de manera programada.
Por grupo de edad, el mayor porcentaje de ingresos urgentes se da en pacientes de menos de 1 año, superando el 90%, siguiéndole el grupo de edad de 75 o más años, con un porcentaje de ingresos urgentes superior al 80%.
Por último, citar que de los 248.786 ingresos total de 2018, 228.020 van a su domicilio tras recibir el alta, 5.674 van a otro hospital, 722 reciben el alta de manera voluntaria, 13.288 fallecen (el 5,3% de las altas) y 488 son trasladados a centros sociosanitarios (hay un apartado de 593 altas sin clasificar).
El mayor número de altas por fallecimiento en los hospitales de Sacyl a lo largo del año 2018 son provocadas por las ‘Enfermedades del aparato respiratorio’ (19,4%), las ‘Enfermedades del aparato circulatorio’ (19,3%) y las ‘Neoplasias’ (18,1%), sumando entre las tres el 56,8% del total de fallecidos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido hoy en Madrid la vigencia de la Constitución española, de la que ha dicho que es una de las más avanzadas de nuestro entorno y que defiende la Democracia y la Soberanía Nacional. Según ha manifestado el presidente, “desde Castilla y León queremos defender valores como la libertad, la igualdad, el estado del bienestar y el Estado de las Autonomías”, ya que la Comunidad es buen ejemplo del buen funcionamiento de este sistema como demuestran por ejemplo los resultados del último informe PISA, en el que Castilla y León vuelve a estar en posiciones de privilegio en el ámbito de la educación.
Por otra parte, el presidente ha querido insistir en que en un momento en el que hay gobiernos autonómicos o fuerzas políticas que están preocupadas por la confrontación y por levantar fronteras, es oportuno hacer una reivindicación de la Transición y de un “paisano como Adolfo Suárez y de ese espíritu de diálogo, de entendimiento y de búsqueda de consensos entre las grandes fuerzas políticas”. En este sentido ha recordado que el mejor legado de la Transición es la Constitución del 78.
La conectividad mediante banda ancha de alta velocidad reviste una importancia estratégica para la modernización y la transformación digital de la Comunidad, promoviendo el crecimiento y la innovación en todos los sectores de la economía, la cohesión social y territorial, permitiendo mejorar la competitividad de las empresas y la calidad de los empleos que se ofertan al mercado laboral, con una componente indudable de desarrollo rural y de compromiso con la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía, como ahora es la conectividad.
La Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado vienen desarrollando un importante esfuerzo conjunto y coordinado para que la cobertura de las tecnologías de acceso a Internet de alta velocidad se extienda por el territorio, como demuestra el hecho de que, entre los años 2015 y 2019, se hayan concedido cerca de 57 millones de euros de subvención a proyectos que, sumados a una financiación de más de 31 millones aportados por los operadores de telecomunicaciones, han sido 88 millones de euros que están llevando la posibilidad de acceder a Internet de forma rápida y fiable a 650.000 ciudadanos más de 1.481 localidades del medio rural de la Comunidad.
A pesar de estas inversiones, en Castilla y León continúa habiendo poblaciones que siguen siendo consideradas como zona blanca, es decir, en las que no hay redes de acceso a Internet de alta velocidad ni está prevista su implantación en los próximos tres años. Por este motivo, la Junta de Castilla y León incrementará durante esta legislatura el esfuerzo inversor dedicado a continuar reduciendo el número de zonas blancas existente, buscando la colaboración con el resto de las administraciones públicas y de los operadores de telecomunicaciones.
La publicación en la web de Gobierno Abierto de las bases reguladoras que regirán las próximas convocatorias de ayudas a operadores, para someterlas a la audiencia pública, es el primer trámite necesario para la convocatoria de estas nuevas líneas de ayudas que permitirán continuar mejorando el acceso a Internet en el medio rural de Castilla y León. La primera convocatoria al amparo de estas bases reguladoras contará con una dotación de al menos 10 millones de euros.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, desarrolla desde el año 2012 el Programa de Voluntariado Tecnológico Castilla y León Digital (CyL Digital), que tiene como principal objetivo la inclusión digital de los ciudadanos con mayores dificultades en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Los voluntarios tecnológicos de Castilla y León colaboran en la formación y alfabetización digital de los ciudadanos a través de la red de Espacios CyL Digital presente en todas las provincias. Desde que se puso en marcha el proyecto, son más de 200 voluntarios los que han participado en este tiempo. Actualmente, se cuenta con 24 voluntarios tecnológicos que han formado y ayudado a mejorar las competencias digitales de más de 250 personas en riesgo de exclusión digital.
El Día Internacional de los Voluntarios fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar este día el 5 de diciembre.
Con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, se han organizado diferentes actividades en los Espacios CyL Digital para demostrar reconocimiento a la labor que los voluntarios han estado realizando y hacerles entrega de una tarjeta de agradecimiento.
Desde el Programa CyL Digital, se anima a los ciudadanos a participar como voluntarios tecnológicos, ya que no son necesarios altos conocimientos técnicos, sino voluntad y ganas de transmitir lo que uno sabe. Las personas interesadas pueden acceder a la página web del programa de Voluntariado Tecnológico de CyL Digital en https://www.cyldigital.es/voluntarios
El Patronato de la Fundación, formado por los arzobispos y obispos de Castilla y León, ha acordado que la XXV edición de Las Edades del Hombre tendrá lugar en el año 2021 y tendrá dos hilos conductores: la celebración del Año Jubilar Jacobeo y el VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Bajo este planteamiento, será el Camino de Santiago, su simbología y su enraizamiento en Castilla y León el que articule esta edición.
Con este fin, el máximo órgano de la Fundación, reunido en Palencia el día 4 de diciembre,ha determinado que algunos de los principales hitos poblacionales del Camino Francés localizados entre Burgos y Sahagún-ambos incluidos-sean objeto de intervención: Castrojeriz, Boadilla del Camino, Frómista o Villalcázar de Sirga serán algunas de las localidades en las que se llevarán a cabo distintas actuaciones en función de las características y necesidades que cada una de ellas presenta.
El objetivo pasa por convertir a las tres provincias atravesadas por la vía jacobea en su paso por la Comunidad -Burgos, Palencia y León- en espacios de recepción de esta edición, teniendo como puntos de interés más destacados la Catedral de Burgos, la iglesia-museo de Santiago en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso, en Sahagún.
Estas decisiones adaptadas por el Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre serán trasladadas ahora a la Consejería de Cultura y Turismo.
Nuevo vicepresidente
En la celebración de este patronato de carácter ordinario también se ha designado al obispo de Osma-Soria como vicepresidente de la Fundación. Don Abilio Martínez Varea se incorpora al núcleo presidencial que encabeza desde comienzos de este año 2019 don José María Gil Tamayo, obispo de Ávila.
El Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales es el instrumento de colaboración entre la Administración Autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales (ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales) para la financiación de los Servicios Sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales.
Con ello se aprovecha la proximidad de los profesionales a los usuarios y se evitan duplicidades. El importe de cada una de las cuatro anualidades es de 112 millones euros, siendo cuantías mínimas garantizadas, de forma que podrán verse aumentadas en función de los incrementos presupuestarios que se produzcan en esos años.
El Ayuntamiento de Soria recibirá 6.377.692,00 euros mientras que a la Diputación le corresponde 16.160.316,44 euros.
El objetivo de la Junta de Castilla y León se centra en el mantenimiento de la red coordinada de Servicios Sociales, potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por el Gobierno Regional. El Acuerdo Marco 2020-2023 permitirá a las corporaciones locales incrementar la plantilla con nuevos trabajadores, que reforzarán la actividad de los Centros de Acción Social.
Actuaciones en tres grandes Áreas
De acuerdo a los criterios de la Ley de Servicios Sociales y al Catálogo de Servicios Sociales, la financiación de los casi 448 millones de euros estará repartida en tres grandes áreas de actuación: profesionales de los equipos de Acción Social, la atención a situaciones de Dependencia y la Red de Protección a las Familias y personas.
A.- Área de personal profesional de los equipos de Acción Social Básica
Con un presupuesto de 107 millones de euros para los cuatro años, los Equipos de Acción Social Básica son la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y atienden al año a 180.000 personas.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financia con este nuevo Acuerdo Marco un total de 1.241 profesionales de Servicios Sociales a las corporaciones locales, de los que 844 desempeñan su trabajo en los equipos básicos y 376 en los que atienden necesidades específicas en materia de dependencia, infancia y exclusión social.
En la actualidad, existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad Autónoma. Con ese presupuesto, el total de técnicos financiados de CEAS es de 844, habiéndose consolidado los 82 profesionales que se incorporaron el pasado año con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos y seguir reduciendo los plazos de resolución de prestaciones para personas en situación de dependencia y en riesgo de exclusión social.
B.- Área de atención a las situaciones de Dependencia
Para esta área de actuación, la Junta de Castilla y León consigna un total de 266 millones de euros en el Acuerdo Marco, destinados a cofinanciar la atención a las situaciones de Dependencia que prestan las entidades locales.
Esta aportación servirá para prestar servicios para personas mayores y personas con discapacidad, ayuda a domicilio, teleasistencia, formación para cuidadores no profesionales, también para el mantenimiento de los equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP), programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia de personas mayores.
El servicio de ayuda a domicilio es el programa con mayor financiación, ya que dispondrá, para las cuatro anualidades de este Acuerdo Marco, de una dotación inicial de 232 millones euros, que irán destinados a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia. De esta forma, se pretende contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, educativo, doméstico y/o social. A través de este servicio, en el que trabajan 5.456 profesionales en la Comunidad, se atiende al año en Castilla y León a 29.700 personas.
Dentro del Acuerdo Marco, la Junta de Castilla y León destina para el servicio de Teleasistencia, 5 millones de euros. Se trata de un servicio que, a través del sistema telefónico, posibilita asistencia a personas que por su edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de dependencia de terceros, necesiten atención de carácter técnica las 24 horas del día. A través de este servicio se atiende al año a más de 25.197 personas en la Comunidad.
C.- Red de Protección a las Familias y personas
La Junta invierte a este fin 71 millones de euros e incluye una serie de programas cuyo objetivo principal es la protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran el Servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables. Tiene por objeto colaborar en la financiación de personal técnico para la atención a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social y va dirigido a promover la inclusión social y, consecuentemente, también laboral, prioritariamente de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Este servicio, en el que trabajan 117 profesionales, atiende al año a 3.169 personas en la Comunidad.
También financia el Acuerdo Marco las Ayudas para situaciones de urgencia social, que están dotadas con 21 millones de euros, de las que en la actualidad se están beneficiando 26.253 personas en la Comunidad y que son de tres tipos: económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, prestaciones extraordinarias frente a situaciones de deuda hipotecaria, destinadas a paliar situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual y prestaciones económicas de apoyo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad.
Por lo que respecta al apoyo a las familias, el Programa Crecemos, contará con 8 millones de euros. Se trata de poner a disposición de las familias centros infantiles de 0 a 3 años, con el fin de fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en el medio rural. Además, en los últimos dos años la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha consolidado la oferta de plazas públicas de centros infantiles dentro del programa ‘Crecemos’, con un total de 3.695 plazas en Castilla y León repartidas en 260 centros.
Otras Áreas de actuación
El Acuerdo Marco contempla también financiación para Planes locales contra la drogadicción que se incorporaron en 2018 y que contarán con 2´7 millones de euros, de los que 1´5 millones se destinan a programas de Prevención familiar y reducción del consumo de alcohol y de sus problemas asociados. Para ello se trabaja en con dos líneas de actuación: la prevención familiar del consumo de drogas y de trastornos adictivos sin sustancia y la reducción del consumo de alcohol y de sus problemas asociados, especialmente en menores de edad.
Estos programas actúan también en la reinserción social de personas con problemas de alcoholismo ya rehabilitadas, especialmente en zonas rurales, prestando apoyo técnico y económico a asociaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Finalmente, el Acuerdo Marco contempla también una partida de 920.000 euros destinada a materia de igualdad y atención a víctimas de violencia de género por parte de los profesionales de las corporaciones locales en el marco del modelo ‘Objetivo violencia cero’, que permite prestar el servicio de atención en casas de acogida y viviendas para víctimas de violencia de género.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato de servicios por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para el desarrollo de ‘Conciliamos’ en los períodos de vacaciones escolares de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad en los años 2020 y 2021. El importe de licitación es de 2.645.344 euros y, entre las novedades de este año, cabe destacar que el programa amplía su oferta a todos los municipios de Castilla y León de más de 3.000 habitantes cuyos ayuntamientos deseen colaborar en su ejecución y con los cuales se firme el oportuno Convenio.
Esto supone que en 2020 se podrá ofertar a 95 municipios y 102 centros (más del doble que el año anterior), mientras que en el contrato anterior el programa se extendía a un máximo de 40 municipios y 50 centros. Además, para las localidades del medio rural se reduce el número mínimo de asistentes requerido para que Conciliamos se desarrolle en una instalación, pasando de 15 niños a 8.
Este programa que se lleva a cabo en colaboración con las entidades locales, permite que los escolares que lo soliciten puedan disfrutar realizando actividades plásticas, artísticas, deportivas, juegos, en relación con la naturaleza y la educación ambiental, la promoción, conocimiento y sensibilización de los derechos de la infancia, la animación a la lectura y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Se desarrollará en las vacaciones escolares de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad de 2020 y 2021 y comprenderá los días laborables no lectivos de lunes a viernes de dichas vacaciones escolares, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la autoridad educativa. No obstante se extiende también a la anualidad 2022.
Conciliamos se dirige a niñas y niños de entre 3 y 12 años cuyos progenitores o representantes legales se encuentren en alguna de estas situaciones que dificulten la atención de sus hijos: que desarrollen una actividad profesional, realicen actividades formativas convocadas por el Servicio Público de Empleo o la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la inserción socio-laboral, presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, deban atender a familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho grado de discapacidad, tengan reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas dependientes o participen en un proceso selectivo para el acceso a cualquier Administración Pública durante el período de funcionamiento del programa.
Durante los períodos de Carnaval, Semana Santa y verano de este año, se ha adjudicado plaza en el programa Conciliamos a casi 9.200 niños y niñas de Castilla y León y se estima que generó más de 430 contratos en el conjunto de los periodos vacacionales señalados, cantidades todas ellas que se verán incrementadas con los participantes en el próximo período de Navidad.
Los Premios Nacionales de Artesanía que concede anualmente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y su cátedra de promoción de la artesanía, Fundesarte, tienen como objetivo contribuir al desarrollo y la competitividad de las pymes del sector artesano, así como incentivar en ellas la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
Los galardones constan de cuatro categorías: Producto, Emprendimiento, Promociona para entidades públicas y Promociona para entidades privadas. Dentro de la última modalidad, ha resultado distinguido el proyecto ‘Únicos’, que pretende estimular desde el ámbito educativo el espíritu empresarial vinculado a los oficios tradicionales, además de promocionar la riqueza artística y creativa de los artesanos de Castilla y León.
Este ciclo de jornadas, que en 2019 han cumplido su quinta edición, está financiado por la Consejería de Empleo e Industria y se desarrolla en colaboración con la de Educación y con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León.
A través de ellas, profesionales de reconocido prestigio recorren las escuelas oficiales de arte y diseño de la Comunidad para mostrar a los alumnos sus experiencias de éxito, los nuevos materiales y aplicaciones empleados en sus talleres y empresas y las técnicas de creación más innovadoras. A las cinco ediciones de ‘Únicos’ celebradas hasta ahora han asistido más de 11.300 estudiantes, docentes y profesionales, que han podido escuchar 146 ponencias.
Por su parte, Foacal es una entidad sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años trabaja en la defensa y promoción de los intereses de la artesanía, además de gestionar el Centro Regional de Artesanía.
El Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha realizado con éxito el implante de una prótesis introducida desde una vena de la pierna de un paciente con válvula mitral estrecha. El paciente tenía además otra prótesis previa en posición aórtica, también colocada a través de catéter, lo que constituye la primera intervención en el mundo de estas características.
La noticia ha sido anunciada en rueda de prensa por el director general de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Junta, José Ramón Garmendia, acompañado por el gerente del Hospital Clínico Universitario, José Manuel Vicente, y por el jefe del Servicio de Cardiología de este centro, Alberto San Román.
Garmendia ha señalado que la Consejería de Sanidad “apuesta decididamente por impulsar y apoyar la línea de innovación en el sector salud, siendo consciente de que la labor investigadora de nuestros profesionales redunda al final en mejoras tangibles para nuestros pacientes”. En este sentido, ha mostrado el compromiso institucional en potenciar los recursos destinados a la investigación -90 proyectos aprobados para 2020 que se repartirán una financiación global de casi un millón de euros- y en que “debemos ser capaces de transferir el conocimiento para mejorar la atención y el nivel de salud de la población”.
Por su parte, el doctor San Román ha explicado que la evolución tecnológica ha permitido mejorar el pronóstico vital de los pacientes que son tratados de forma percutánea respecto a los que son tratados ‘a corazón abierto’. Además, esta nueva técnica permite disminuir la necesidad de colocar un marcapasos secundario tras la intervención, con el consiguiente beneficio para el propio paciente.
El grupo de trabajo de Cardiología de este centro asistencial de Sacyl ha logrado también dos éxitos más, esta vez a nivel nacional: en primer lugar la implantación de una prótesis para reemplazar una válvula aórtica severamente estrecha, con un sistema nuevo en España. Esta técnica requiere un catéter mucho más fino que las otras prótesis disponibles, y por tanto es mucho menos molesta para los pacientes.
Unos días después, otro paciente se sometió en el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario a la reparación de la válvula tricúspide que no cerraba bien mediante una técnica de implante de dos válvulas en las cavas superior e inferior. Es la primera vez que esta técnica se realiza en España.
En todas estas intervenciones se han podido corregir problemas en válvulas del corazón enfermas sin necesidad de cirugía abierta, y se han realizado de forma mínimamente invasiva a través de catéteres.
ESTENOSIS AÓRTICA
La estenosis aórtica consiste en un estrechamiento progresivo de la válvula aórtica que impide que se abra por completo, lo que reduce u obstruye el flujo sanguíneo que llega desde el corazón a todo el organismo a través de la aorta.
Se trata de la tercera enfermedad cardiovascular con mayor incidencia, y está relacionada con el envejecimiento. Se calcula que el 2% de la población mayor de 65 años tiene estenosis aórtica. Cuando provoca síntomas, típicamente fatiga, sólo el recambio de la válvula es efectivo para quitar los síntomas y mejorar el pronóstico del paciente.
Tradicionalmente se optaba por la cirugía con recambio de la válvula aórtica. En pacientes con alto riesgo para la cirugía y en otras situaciones ya se ha demostrado que el implante percutáneo (sin cirugía, a través de catéteres) es igual de efectivo. A través de una arteria, generalmente la femoral, el cardiólogo intervencionista introduce un catéter hasta el corazón. La prótesis es una malla metálica plegada que en su interior incorpora pericardio de bovino.
Hay que destacar asimismo que para preparar cada caso y para la formación de profesionales, el grupo de Cardiología del Clínico de Valladolid está empleando técnicas de realidad virtual que incluyen la impresión en 3D de las estructuras cardíacas.
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JCYL AHPSO 33248. 1970-75. Fotógrafo: Manuel Lafuente Caloto. Descripción: Avenida de la Victoria y Mariano Vicén, calles sin edificar. Colección: Manuel Lafuente Caloto. Esta imagen no se puede reproducir sin permiso del Archivo Histórico Provincial.
JCYL AHPSO 24537. 1950-1960. Fotógrafo: Salvador Vives Soriano. Descripción: Exterior de la fachada del Palacio de los Condes de Gómara. Colección: Manuel Lafuente Caloto. Esta imagen no se puede reproducir sin permiso del Archivo Histórico Provincial.
JCYL AHPSO 33229. 1970-75. Fotógrafo: Manuel Lafuente Caloto. Descripción: Coches en el patio del colegio de los Padres Escolapios. Colección: Manuel Lafuente Caloto. Esta imagen no se puede reproducir sin permiso del Archivo Histórico Provincial.
