domingo 17 de enero de 2021
Castilla y León registra hoy 1.802 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 160.112; de esa cifra, 153.317 han dado positivo mediante pruebas de infección activa (*).
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 1.802 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 1.741 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.024 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.167.
Desde la anterior comunicación se han producido 32 altas, 20.494 en total y se han registrado dieciséis fallecimientos en el ámbito hospitalario, con lo que el número de defunciones se sitúa en 4.355. En Soria ha habido 64 positivos, un fallecido y se han dado dos altas.
La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral autonómico y en todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.
La permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados está limitada a cuatro personas y, en lugares de culto, un tercio del aforo, con un máximo de veinticinco asistentes.
Asismismo, el toque de queda para todo el conjunto territorial castellano y leonés se ha establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )
Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León ).
Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )
Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.
(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.
Comunicado de la Junta de Castilla y León ante el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad contra el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas:
“Ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad contra el acuerdo sobre el toque de queda, la Junta de Castilla y León pone de manifiesto:
1.-Que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España. La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.
2.-Que lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.
3.-Que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”
4.-Que, por tanto, deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.
5.-Que reclama una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías.
6.-Y, finalmente, reitera que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia”.
El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León (como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2), por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha adoptado el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León desde las 20 horas del día 16 de enero. Dicho acuerdo ha sido publicado en una edición extraordinaria del “Boletín de Castilla y León” el 16 de enero.
El Gobierno considera que la regulación contenida en el Acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.
Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no – como es el caso – de intensificarlas o agravarlas.
Se trata, en consecuencia, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del Estado de
alarma definido en el Real Decreto 926/2000. El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Este acuerdo lo tomó el presidente autonómico como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2.
Castilla y León registra hoy 2.892 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 158.310; de esa cifra, 151.515 han dado positivo mediante pruebas de infección activa (*). Se trata de la cifra más alta de toda la pandemia, superando los casi 2.500 de ayer. En Soria se han registrado 95 casos, muy cerca de los números más altos del pasado mes de abril.
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 2.892 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 2.715 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.018 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.101.
104 nuevas altas hospitalarias (tres en Soria) se han sumado a este epígrafe desde ayer, hasta alcanzar los 20.462 pacientes; por el contrario, ha habido diecinueve personas que han fallecido en hospitales, con lo que el total de decesos en ese ámbito asistencial es de 4.339. Una de esas personas ha fallecido en Soria.
La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral, situación que también afectará a partir de las 20 h de hoy, 16 de enero, a todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.
También es ese momento entrarán en vigor la limitación a cuatro personas de la permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados y la limitación a un tercio, con un máximo de veinticinco personas, en lugares de culto.
Asimismo el toque de queda en el conjunto territorial castellano y leonés ha quedado establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, también en vigor desde las 20 h de hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )
Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León )
Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )
Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.
(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, han suscrito un convenio para la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales, la producción y suministro de material forestal de reproducción y la innovación tecnológica forestal. Ambos organismos intercambiarán sus recursos para avanzar en los programas de mejora genética.
El objeto del convenio es establecer diferentes sinergias, optimizando medios y recursos por ambas partes para la consecución de objetivos similares o de interés mutuo, dado que la Consejería y el Ministerio disponen en el ámbito territorial de Castilla y León de centros productivos y parcelas de experimentación que pueden contribuir a establecer líneas de colaboración en el ámbito de la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales.
Fomento y Medio Ambiente posee y mantiene una serie de parcelas experimentales en su ámbito territorial y, de forma específica, gestiona diversos centros productivos y de ensayo de materiales forestales de reproducción (lo que se conoce como MFR) en varias localidades de Castilla y León, entre ellas, el Vivero Forestal Central, ubicado en Valladolid, donde se integra también un banco de germoplasma forestal, así como un laboratorio de cultivos in vitro.
En este Vivero Forestal Central se desarrollan, entre otras actividades, la provisión de MFR (frutos, semillas, plantas o partes de plantas) necesarios para cumplir con los programas desarrollados por la Consejería, y los trabajos de conservación de recursos genéticos forestales de distintas especies y poblaciones naturales, así como de fomento de la mejora genética, especialmente en lo relativo a las especies frondosas de maderas de calidad o de aumento de otras producciones como resina o frutos forestales.
Por su parte, el MITECO cuenta con el Centro Nacional de Recursos Genéticos forestales de Valsaín, sito en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Este centro dispone de instalaciones (viveros, invernaderos, laboratorio, etc.), así como plantaciones (huertos semilleros, ensayos, bancos clonales de conservación, etc.) para el desarrollo de los programas de mejora y conservación de recursos genéticos de ámbito nacional.
Mediante el convenio firmado, la Junta pone a disposición del Ministerio estas instalaciones y líneas de actuación, en tanto que este hace lo propio con las suyas con el fin de avanzar en la coordinación y colaboración para la conservación de los recursos genéticos forestales de Castilla y León, afianzando líneas de trabajo y colaboración ya iniciadas (programas del olmo, del tejo o de los chopos autóctonos, por ejemplo), así como comenzar otras nuevas.
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica en su edición de hoy los acuerdos aprobados en el día de ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que establecen nuevas medidas de contención del coronavirus en la Comunidad y que entrarán en vigor a partir de las 20.00 horas de hoy, sábado 16 de enero.
Tal y como recogen los acuerdos hoy publicados, la adopción de estas medidas se encuadra en la acción decidida y necesaria de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad, y reforzar el sistema de salud de la Comunidad. Por ello, las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado se intensifican ahora para prevenir y contener el virus, y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, muy grave y excepcional, y de acuerdo con lo que indican los informes técnicos de transmisión de la enfermedad, que refieren que gran parte de los contagios se producen en las reuniones personales, es indispensable proceder a la adopción de todas aquellas medidas que las limiten, especialmente en el ámbito familiar y social.
Las nuevas medidas aprobadas establecen la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma, tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.
La decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defiende la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su modulación, flexibilización y suspensión, la prevista en el artículo 5, y por otro lado, se indica expresamente en su Disposición transitoria única en relación a la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” lo siguiente:
“La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”.
Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.
En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.
En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.
Estas medidas que entran en vigor en el día de hoy se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.
Castilla y León mantiene su decisión de adelantar el toque de queda a las 20 horas. Como autoridad delegada competente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado ya el acuerdo que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León y entrará en vigor a las 20 horas de mañana sábado 16 de enero.
Según un informe de los Servicios Jurídicos de la administración autonómica, esta decisión la avala el artículo 10 del Real Decreto 956/2020 de 3 noviembre. Al autorizar la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación de este artículo, permitiendo “modular, flexibilizar y suspender” la limitación de la libertad de circulación de las personas siempre que sea en horario nocturno prevista en el artículo. Modular es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados. Por tanto, con esta previsión el Real Decreto 956/2020 permite que la autoridad delegada restrinja los criterios de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, buscando obtener una mejora de la situación sanitaria.
Así, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada en Castilla y León, tras la prórroga del actual estado de alarma, tiene la facultad de ampliar o restringir dicha libertad en horario nocturno.
Tras consultar a expertos sanitarios y epidemiológicos, con el aval de los servicios jurídicos de la Junta, y tras haber mantenido reuniones con alcaldes, presidentes de diputación y portavoces parlamentarios, la Junta de Castilla y León ha adoptado cuatro nuevas medidas para frenar el vertiginoso aumento de contagios e incidencia acumulada, que se ha multiplicado casi por 5 desde el 1 de enero en la comunidad.
Fernández Mañueco ha comunicado esta decisión al ministro de Sanidad esta misma mañana, antes de la entrada en vigor de las medidas que serán de obligado cumplimiento a partir de las 20 horas de mañana sábado una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Así pues, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma, tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.
Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.
En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.
En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.
Estas medidas serán efectivas desde 20 horas de mañana sábado 16 de enero y se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.
El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha mantenido hoy una reunión telemática con las diferentes Juntas de Cofradías de Castilla y León para analizar la situación sanitaria y estudiar alternativas a las celebraciones tradicionales de Semana Santa, siempre supeditadas a la evolución de la pandemia.
Ambas partes han acordado constituir mesas de trabajo con el objetivo de plantear un programa de acciones como alternativa a los desfiles procesionales. En este sentido, el consejero ha señalado que “se trata de plantear iniciativas y analizar conjuntamente posibles escenarios para adaptar la próxima Semana Santa 2021 en la Comunidad, en una contexto sanitario en el que se deben evitar los desfiles procesionales por las masificaciones de público que conllevan y plantear otra serie de actividades igualmente atractivas, que se puedan llevar a cabo en un incierto escenario de pandemia por la COVID-19”:
Ese programa de acciones incluiría actos sacramentales en el interior de los templos, exposiciones, conciertos y conferencias, entre otras actividades, siempre con las limitaciones de aforo en caso de que fuera necesario y las restricciones que fueran oportunas.
Acompañado por la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, el consejero ha trasladado a las cofradías su reiterado apoyo, que se mantendrá en este nuevo año. En este sentido, cabe destacar que la Consejería apoya a las distintas juntas de Semana Santa de la Comunidad con una ayuda económica total de más de 255.000 euros y que, ante la situación sanitaria general, este año la subvención podría reorientarse a las nuevas actividades que se acuerde plantear para la celebración en 2021.
Liderazgo en declaraciones de interés turístico
El consejero ha destacado que Castilla y León cuenta en su Semana Santa con ocho declaraciones de interés turístico internacional de las 27 existentes en España, lo que la convierte en la comunidad líder y referente internacional. Además, la Semana Santa en la Comunidad tiene cinco declaraciones de interés turístico nacional y nueve de interés turístico regional.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado de manera telemática en la reunión ordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha aprobado la distribución de fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales y el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Distribución de fondos europeos
Durante el encuentro mantenido entre los representantes del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas, en el que se ha aprobado el Acuerdo sobre distribución de fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales, Isabel Blanco ha apostado porque la mayor parte de los fondos se destinen al aspecto residencial. De hecho, ha trasladado al Ministerio la necesidad de establecer nuevas ratios para dotar de más personal a los centros de mayores, con el objetivo de adaptarlos al nuevo modelo de atención residencial que se pretende implantar en Castilla y León.
Asimismo, ha solicitado que se garantice como mínimo la cantidad que recibirá la Comunidad este año de casi 42 millones de euros, en ese reparto de fondos europeos para las próximas tres anualidades, con el objetivo de contar con la estabilidad financiera necesaria para poder llevar a cabo proyectos de inversión y también ha destacado que la mayor parte de esos fondos se van a destinar a la modernización de infraestructuras y a la creación de nuevas plazas residenciales.
En la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consejera también ha trasladado su preocupación por la participación que tendrán las entidades del Tercer Sector en el reparto de fondos europeos. De hecho, ha solicitado que se pongan en marcha medidas adicionales destinadas a poder desarrollar proyectos estratégicos en colaboración con dichas entidades.
Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha recordado en dicho encuentro que, Castilla y León cuenta con plena atención a personas dependientes y que, desde el 1 de enero de 2020 se han reducido los plazos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema a tres meses, desde la presentación de la solicitud, dando cumplimiento a uno de los compromisos de Legislatura. De hecho, la intención de la Junta de Castilla y León es seguir reduciendo esos plazos con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de las más de 105.000 personas dependientes que residen en la Comunidad.
Blanco ha agradecido el trabajo desarrollado durante los últimos meses con el Gobierno Central, aunque ha anunciado que seguirá reivindicando que se valore el hecho de que en Castilla y León no exista lista de espera ni en la valoración ni en el reconocimiento del derecho a las personas dependientes. Además, ha pedido que no se penalice a las comunidades autónomas que han hecho los deberes en ese sentido, como es el caso de Castilla y León, y que en el reparto de los fondos de las tres próximas anualidades, se tenga precisamente en cuenta, la agilidad en la resolución de los procedimientos.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 32 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Ávila, cuatro aulas en Burgos, dos de León, tres en Palencia, seis de Salamanca, cinco en Segovia y once en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 59 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 529 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. Una de esas confirmaciones se ha producido en la última jornada y corresponde a un alumno.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
La Junta ha iniciado hoy la vacunación de profesionales sanitarios de la Gerencia Regional de Salud en las distintas áreas territoriales y niveles de atención asistencial de Sacyl, comenzándose así un proceso sistematizado que se extenderá durante los próximos días y que, al igual que ha venido sucediendo en residencias de la Tercera Edad y de atención a la Dependencia, precisará de una segunda dosis para cada una de las personas vacunadas, tras cumplirse tres semanas de primera inoculación.
La Consejería de Sanidad mantiene así la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Castilla y León, establecida de acuerdo con los criterios adoptados por el Consejo Interterritorial para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, comenzando a vacunar al segundo de los grupos prioritarios indicados, los trabajadores sanitarios públicos, comenzado por aquellos que han sido designados como de primera línea por el Ministerio de Sanidad.
En el actual contexto de distribución limitada de dosis, los grupos prioritarios establecidos son, por este orden: personas institucionalizadas y trabajadores socio sanitarios; profesionales sanitarios de primera línea; otros sanitarios y personal socio sanitario restante; y grandes dependientes.
En cada área territorial y nivel asistencial de las diferentes gerencias de salud se ha organizado la vacunación atendiendo a sus circunstancias y necesidades, de manera que entre hoy, viernes y el próximo lunes se habrá comenzado a vacunar a los trabajadores sanitarios públicos.
La vacunación se hará de forma progresiva y continua en los centros asistenciales dependientes de la Gerencia Regional de Salud, en función de la disponibilidad de las vacunas enviadas desde el Ministerio de Sanidad.
A lo largo de este proceso, la Administración sanitaria autonómica ofrecerá vacunarse frente a la COVID-19 a más de cuarenta y dos mil trabajadores, entre Atención Primaria (9.030 profesionales), hospitalaria (31.207) y Emergencias Sanitarias (351)
El desglose de estas previsiones de vacunación (se trata de datos estadísticos que pudieran, dependiendo de las plantillas en cada momento) referidas al todas de los trabajadores sanitarios públicos, en cada área de salud de la Comunidad, es el siguiente: Ávila, 2.595 (764 profesionales de Atención Primaria y 1.831 en hospitalaria); Burgos, 5.756 (1.368 y 4.388); León, 5.575 (1.186 y 4.389): El Bierzo, 2.086 (532 y 1.538); Palencia, 2.790 (736 y 2.054); Salamanca, 6.363 (1.315 y 5.048); Segovia, 2.448 (649 y 1.799); Soria, 1.807 (486 y 1.321); ‘Valladolid Este’, 5.120 (835 y 4.277); ‘Valladolid Oeste’, 4.190 (931 y 3.259); y Zamora, 3.144 (835 y 2.309)
Asimismo se vacunará a otros empleados de empresas externas que desarrollen su labor profesional en instituciones y servicios sanitarios (técnicos de transporte sanitario, limpieza, seguridad,…)
Insistir en que este proceso se desarrollará paulatinamente de acuerdo con la disponibilidad vacunal y con la organización que cada gerencia establezca atendiendo a sus circunstancias, en el marco de la estrategia autonómica y los grupos prioritarios, en este caso el segundo y el tercero, de los indicados para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La gestión de residuos orgánicos urbanos presenta actualmente retos como la minimización del depósito en vertedero o el aumento del reciclaje. Para hacer frente a este desafío, se pone en marcha este nuevo proyecto Interreg ECOVAL que tiene como objetivo principal la obtención de productos de alto valor añadido ricos en carbono orgánico, como son los ácidos grasos volátiles, a partir de la valorización de los residuos orgánicos generados en entornos urbanos.
El proyecto impulsará la economía circular potenciando la reducción de residuos y la protección del medio ambiente a través de la conversión de los desechos en recursos altamente demandados por las industrias de plástico, lubricantes o agroquímica.
Para desarrollar este modelo de gestión medioambiental de la materia orgánica, el consorcio está formado por empresas e instituciones multidisciplinares con amplia experiencia en las distintas etapas de la cadena de valor de los residuos, lo que representa un importante know how con el fin de asegurar la viabilidad del modelo.
El consorcio trabajará desde la recogida del residuo hasta la comercialización del producto final, mediante el desarrollo de procesos biotecnológicos innovadores e integrando aspectos multidisciplinares de tipo legislativo, económico, de mercado, ambiental o de percepción social.
ECOVAL se focaliza en valorizar fundamentalmente dos tipos de corrientes residuales: los lodos de depuradora urbana y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), ambos con un elevado contenido en carbono orgánico. Así, trabajará para optimizar y crear sinergias entre el ciclo urbano del agua y el de los residuos. Con este segundo aspecto se permitirá no solo optimizar la recogida, fomentando la separación en origen, en línea con las nuevas exigencias legislativas; sino generar una nueva cadena de valor, que a su vez minimice los problemas de olor y los costes asociados a su recogida y gestión.
Área de implementación: hacia la economía circular mediante el impulso de las biofactorías
En concreto, en España, el socio Cetaqua pondrá en marcha, de la mano del Grupo Suez, demostraciones en plataformas tecnológicas situadas en las ciudades de Ourense, en colaboración con Viaqua, y en Palencia, con el apoyo de Aquona, para valorizar lodos urbanos y residuos orgánicos a fin de obtener productos de alto valor añadido. De esta forma, se promueve el modelo de biofactoría que pretende transformar las plantas depuradoras en instalaciones generadoras de recursos.
O Porto (Portugal) será el primer caso de estudio modelado para la optimización de la gestión de biorresiduos a nivel de ciudad y su posterior replicabilidad en las ciudades de Palencia y Toulouse.
El impacto en el medioambiente de este proyecto será notable puesto que, solo en el área que abarca el proyecto, se generan 136 kg de residuos orgánicos per cápita anuales pudiendo así seguir nuevas vías alternativas de tratamiento para que estos residuos sean empleados como recursos.
Sobre el proyecto
Los socios del proyecto ECOVAL son la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Universidad de Santiago de Compostela, la Fundación Empresa-Universidad Gallega, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Nereus, Aguas do Tejo Atlantico y la Empresa Municipal de Ambiente do Porto.
Por otro lado, hasta 29 entidades de la misma región se han comprometido con el proyecto y participarán como entidades asociadas. Entre ellas se encuentran desde administraciones públicas, como la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, hasta usuarios de los productos finales de base bio como REPSOL, incluyendo productores de residuos orgánicos altamente aprovechables como Vegalsa-Eroski.
ECOVAL, acrónimo de “Estrategias de coordinación de gestión y valorización de fangos y residuos orgánicos en la región SUDOE”, será financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se extenderá hasta 2023.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 12 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Ávila, dos aulas en Burgos, una de León, otra en Salamanca, otra de Segovia y seis en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 27 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 528 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. Una de esas confirmaciones se ha producido en la última jornada y corresponden a un alumno.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido al Gobierno de España, tras el Consejo de Gobierno, los mecanismos necesarios para un confinamiento domiciliario “breve” que podría ser necesario “en pocos días” para “frenar en poco días la evolución de los contagios” y ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas.
El vicepresidente ha pedido al Gobierno “responsabilidad” y “mirar con calma la pendiente de aumento de casos” con un “incremento razonable” por lo que ha incidido en tener a disposición una herramienta para el confinamiento “si fuera necesaria”.
Asimismo, ha solicitado a los ciudadanos que limiten “a lo esencial” la salida de sus casas y eviten reuniones con no convivientes, a la vez que ha pedido que sean “conscientes del momento”.
“Vamos a tener centenares de pérdidas de vidas humanas y una situación muy difícil en nuestros hospitales y no comunicarlo no sería honesto”, ha apuntado el vicepresidente y portavoz.
En este sentido, ha añadido que la tendencia del coronavirus “podría llevar a 50 o 60 muertos diarios en las próximas jornadas”, si no se consigue parar la curva.
Francisco Igea ha recalcado que desde la Junta son conscientes que ninguno de los sectores a los que afecta la normativa “son responsables de la situación” ni “buenos ni malos” ya que lo único “malo es el coronavirus que está obligando a tomar medidas de expansión del virus”.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha aclarado que el confinamiento “puede ser diferente al de marzo” ya que “hay determinadas acciones que han sido útiles”.
En nuestros días, el maltrato infantil en todas sus formas sigue constituyendo un problema de extraordinaria magnitud y una preocupación para los profesionales que conforman los Servicios Sociales de Castilla y León y, en definitiva, para toda la sociedad cada vez más concienciada. De hecho, la detección y la notificación de posibles situaciones de maltrato a menores constituye un deber moral y legal que debe estar en la conciencia de todos los ciudadanos y, especialmente, de aquellos profesionales que por la actividad que desarrollan, más cerca están de los niños y niñas. Así lo recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que señala que toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Esa misma obligación aparece recogida en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, con el objetivo de facilitar la prevención, detección y denuncia de situaciones de violencia, maltrato, crueldad, abuso, abandono, explotación, manipulación o utilización instrumental. Para ello, destaca que se dispondrán los mecanismos de coordinación institucional precisos, especialmente entre los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales; y a este fin ha venido también a contribuir la Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia de Castilla y León, que se configura como un instrumento de garantía de la detección de situaciones de especial vulnerabilidad de menores de edad, tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el sanitario y educativo.
Precisamente en esa colaboración institucional incide el Decreto que se modifica, con el objetivo de garantizar la atención, protección y tutela de menores, sobre todo en situaciones de especial vulnerabilidad como las que pueden vivir las personas menores de edad con discapacidad o víctimas de violencia de género. Además, recoge que, en el caso de que se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso.
Mecanismos de coordinación
Con la modificación del Decreto y con el objetivo de poder adoptar las medidas y actuaciones necesarias para proteger a los menores de edad, se establecen los cauces y mecanismos administrativos de coordinación para que cualquier persona y, en especial quien por su profesión, función o responsabilidad, detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo ponga lo más rápidamente posible en conocimiento de la Entidad Pública de Protección, directamente o a través de quien pueda hacerle llegar esa información.
Asimismo, para evitar casos de maltrato y desprotección en menores es imprescindible un sistema coordinado de actuación interinstitucional e interadministrativa para facilitar la detección y comunicación por particulares (incluso menores de edad) o notificación por profesionales y autoridades en general o del ámbito sanitario y de los servicios sociales.
1. Cualquier persona que detecte una posible situación de riesgo o de desamparo de un menor de edad deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes o de sus agentes más próximos. Al objeto de facilitar el cumplimiento de la citada obligación, se ponen a disposición de los particulares distintos mecanismos en función de que la situación implique o no un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor.
2. Cuando la situación detectada no implique un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá realizarse a través de los siguientes medios:
2.1. En los Centros de Acción Social dependientes de las corporaciones locales, bien por escrito, por teléfono, de forma presencial o electrónica.
2.2. Telefónicamente, a través del servicio de atención al ciudadano 012.
2.3. Electrónicamente, a través del formulario de notificación por ciudadanos de posibles situaciones de maltrato o desprotección infantil, accesible desde la página web de los Servicios Sociales de Castilla y León y desde la app ‘Infancia CyL’, dirigido a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que resida el menor.
3. Cuando la situación detectada pueda implicar un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá hacerse de forma urgente a través del teléfono de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
4. Cuando la comunicación de una posible situación de maltrato se realice de forma anónima, se aportará información suficiente para permitir la identificación y localización del menor.
Los menores de edad que puedan ser víctimas o conocedores de una posible situación de riesgo o desamparo podrán denunciarla a través del ‘Teléfono de ayuda a niños y adolescentes’ 116 111, gratuito y confidencial.
1. Los profesionales, tanto de servicios públicos como privados, y autoridades que por su profesión o función detecten una posible situación de riesgo o de desamparo de un menor de edad que no implique un riesgo o peligro actual o inminente para su vida o su integridad física lo notificarán por escrito al Centro de Acción Social correspondiente al domicilio del menor.
2. En los casos de riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, además de prestarle el auxilio inmediato que precise y de poner el caso en conocimiento inmediato del Juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán notificar por escrito tal situación a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que resida el menor, para poder activar cuanto antes los recursos necesarios.
3. La notificación se realizará a través de los modelos disponibles para profesionales y autoridades en la página web de los Servicios Sociales de Castilla y León o en la app ‘Infancia CyL’. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la activación de los recursos necesarios se realizará a través del teléfono de emergencias 1-1-2.
4. En el ámbito educativo, así como en aquellos otros sectores cuyas actividades ordinarias tengan como destinatarios habituales a menores de edad, se llevarán a cabo acciones específicas de formación con el objeto de mejorar la capacidad de los profesionales en la detección de posibles situaciones de maltrato, así como sobre la forma de proceder en estos supuestos.
Las autoridades y profesionales del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León que conozcan una situación de riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física de un menor de edad, además de ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, para que puedan adoptar las medidas urgentes necesarias, lo comunicarán por escrito de manera urgente a la Entidad Pública de Protección con el fin de que pueda adoptar las medidas que procedan.
1. Cuando se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes se haya valorado el caso, adoptándose hasta ese momento por los profesionales que presten la atención al menor las medidas provisionales que establezca la autoridad judicial en relación a las limitaciones en las visitas o al acompañamiento de familiares. El abandono del centro hospitalario antes de producirse el alta hospitalaria será comunicado de forma inmediata al Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a Entidad Pública Protección de Castilla y León.
2. La Entidad Pública de Protección, una vez tenga conocimiento del caso, actuará conforme a los plazos establecidos para los supuestos de ‘nivel de prioridad 1’ o de respuesta inmediata previstos en el presente decreto.
3. Los casos de maltrato grave detectados fuera del ámbito hospitalario y que requieran tratamiento en hospital o que precisen ingreso por motivos sanitarios o para asegurar la protección del menor, a la espera de decisión por parte de la autoridad judicial correspondiente o de los servicios sociales competentes, serán derivados al hospital de referencia, previo contacto telefónico. Todo ello, sin perjuicio de llevar a cabo las comunicaciones y notificaciones previstas en el artículo 97 y asegurando la protección del menor conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo.
Atención inmediata y urgente en centros de acogida del sistema de protección a la infancia
La Entidad Pública de Protección informará a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los centros de acogida existentes en cada provincia para facilitar la ejecución de las medidas adoptadas. Además, los centros de acogida del sistema de protección a la infancia, que estarán disponibles todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, realizarán la función de atención inmediata o de urgencia de menores de edad en situación de grave riesgo de desprotección, hasta que por la Entidad Pública de Protección se adopte la resolución que proceda.
Finalmente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, los órganos competentes de los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales actualizarán sus protocolos de actuación ante posibles situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad, a fin de adecuar su contenido a las previsiones en él contenidas. Asimismo, los Colegios Profesionales de Castilla y León impulsarán la sensibilización, información y formación de sus colegiados sobre la transcendencia de la detección de posibles situaciones de riesgo o desamparo que afecten a menores de edad y de las que conozcan en razón de su actividad, así como de la inmediata y adecuada comunicación y notificación de las mismas.
En 2019 se recibieron 1.736 notificaciones en Castilla y León ante situaciones de desprotección de menores, procedentes fundamentalmente de corporaciones locales, Fuerzas de Seguridad, Ministerio Fiscal, Sanidad y Educación, que generaron 970 investigaciones. Además, hasta el mes de noviembre de 2020 se recibieron 1.296 notificaciones que han supuesto 649 investigaciones.
Precisamente, para facilitar la detección, notificación, actuación y coordinación de posibles situaciones de maltrato en la Comunidad existen tres protocolos específicos:
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha informado esta mañana del balance de ejecución del Plan Director de Promoción Industrial correspondiente al ejercicio 2019, cumpliendo así las directrices recogidas en el propio Plan. El Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020 contempla la creación de una comisión de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento de sus objetivos, asegurar su impulso político y coordinar la actuación de las distintas consejerías implicadas en su ejecución. Entre las funciones de la Comisión de Seguimiento figura expresamente la elaboración de un informe anual de seguimiento que será elevado al Consejo de Gobierno de Castilla y León para su toma de conocimiento. Posteriormente, dicho informe será presentado por la titular de la Consejería de Empleo e Industria en la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.
El Informe Anual 2019 fue aprobado en la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 27 de noviembre. El informe incluye el análisis de la situación de la industria, la actualización de los indicadores del Plan, así como la relación y análisis de las actuaciones y medidas que se han llevado a cabo en los distintos ejes transversales de la estrategia y en los sectores industriales prioritarios.
En lo referente a la situación de la industria, se indica que en el año 2019 la industria manufacturera en Castilla y León generó 8.764 millones de euros de VAB, experimentando un crecimiento del 1,81 % respecto al ejercicio 2018 en términos corrientes. La industria manufacturera representa, por tanto, el 16,2 % del VAB total en Castilla y León, porcentaje superior al de la media del conjunto de España (12,2 %), pero sin alcanzar todavía el objetivo del 20 % que recoge el Plan. Por otro lado, el gasto público en I+D+i presupuestado en el ejercicio 2019 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 % del gasto no financiero de las consejerías, muy cercano al objetivo marcado de alcanzar el 3 %
Como principal indicador del informe 2019 destaca el grado de ejecución a nivel presupuestario, con una inversión total de 261,2 millones de euros. Estas inversiones se han distribuido entre los 5 ejes y las actuaciones sectoriales específicas, donde se incluyen los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios.
En el eje de dimensión del tejido industrial se han invertido 16,6 millones de euros; en el segundo de los ejes, destinado a innovación tecnológica y digitalización, se han invertido 64,3 millones; al tercer eje, correspondiente a actuaciones de internacionalización, se han destinado 1,4 millones de euros; el eje de financiación ha contado con una inversión de 52,1 millones; en el quinto eje, destinado a mejorar el entorno industrial, se han invertido 69,6 millones; por último, las actuaciones sectoriales específicas han contado con una inversión de 72,1 millones de euros durante el ejercicio 2019.
En las actuaciones sectoriales específicas se incluyen la figura de Proyecto Industrial Prioritario y la figura de Programa Territorial de Fomento. El primero es un instrumento concebido para impulsar y apoyar propuestas de inversión que suponga una expansión significativa del tejido industrial de la Comunidad o que contribuyan a su consolidación. En el año 2019 se han desarrollado actuaciones en el Plan Industrial del Grupo Renault, Plan Industrial de Nissan en Ávila, Plan Industrial del Grupo Network Steel en Villadangos del Páramo y en el Plan Industrial de Kronospan en Burgos
Por su parte, los Programas Territoriales de Fomento persiguen un desarrollo industrial equilibrado en el conjunto de la Comunidad, estableciendo medidas de apoyo específicas para territorios con especiales necesidades de industrialización y desarrollo empresarial. Durante el año 2019, se han impulsado actuaciones en distintos puntos de Castilla y León. En la provincia de León, con el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y el Programa Territorial de Fomento de Villadangos del Páramo; en Burgos, con el Programa Territorial de Fomento para Miranda de Ebro; en Salamanca, con el Programa Territorial de Fomento de Béjar; y en la provincia de Zamora, con el Programa Territorial de Fomento para Benavente y comarca. A estos programas ha venido a sumarse, en el año 2020, el Programa Territorial de Fomento de Ávila; mientras, en estos momentos, se trabaja ya en el de Medina del Campo y Comarca.
El Plan Director de Promoción 2017-2020, que es también fruto de las aportaciones del Diálogo Social y de las instituciones y organizaciones más representativas de la Comunidad, tiene como objetivos principales: avanzar en el proceso de industrialización de Castilla y León para conseguir que la industria manufacturera alcance el 20 % del VAB; incrementar el gasto público de I+D+i hasta alcanzar el 3 % del gasto no financiero; impulsar nuevas actividades productivas potenciando los recursos autóctonos; aumentar el tamaño y la capacidad de las empresas del sector industrial; impulsar el equilibrio territorial en la implantación industrial y mejorar la financiación de proyectos industriales.
El mercado de ocasión cayó un 17,26% en Soria en 2020. Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión cayeron en Castilla y León en un 15,6% en 2020 respecto a las cifras obtenidas en 2019, hasta situarse en 90.413 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto.
A nivel nacional, las transferencias de turismos y todoterrenos usados cayeron en un 13,8% en 2020 respecto a las cifras obtenidas en 2019, hasta situarse en 1.811.818 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto. De esta manera, el mercado de vehículos de ocasión perdió más de 200.000 unidades respecto a lo inicialmente previsto, sufriendo el impacto de la crisis, pero en menor medida que el de coches nuevos, cuyas ventas retrocedieron un 32,3% el pasado ejercicio.
El mercado, pese a la situación tan adversa, ha visto cómo el segmento de modelos de tres a cinco años ha sido capaz de sobreponerse y de registrar un incremento de ventas, del 3,4%, hasta alcanzar las 189.425 unidades. Este segmento corresponde, básicamente, al que atienden los concesionarios, canal de comercialización que supuso ya el año pasado un 20% de todas las transferencias.
“Cerramos el año con un incremento de ventas en el tramo de vehículos de tres a cinco años a diferencia del resto de segmentos, que han bajado sus transferencias. Esta va a ser la tónica también durante 2021, donde veremos cómo se afianza la profesionalización del mercado de usados en nuestro país, impulsado por los nuevos canales digitales, pero también porque estos usados “jóvenes” estarán muy bien posicionados respecto a los coches nuevos, que han sufrido la subida del Impuesto de Matriculación”, ha dicho Ignacio de Benito, presidente de Niw.es, el portal de vehículos usados de hasta 5 años impulsado desde Faconauto.
Aún así, en 2020 ha seguido aumentado la edad media de los coches transferidos debido sobre todo a que los modelos con más de diez años han acaparado, un año más, casi el 60% de todas las ventas de usados, hasta alcanzar 1.067.411 unidades, aunque han descendido sus
transferencias un 13,6%.
Por su parte, el canal de renting ha sido el único que ha aumentado sus transferencias con relación a 2019, en concreto han subido un 14%. Las caídas más severas han sido para el ‘renta car’, con una bajada del 20%, los compra-venta y el canal de particulares, ambos también con una caída del 14%.
En cuanto a los carburantes, hay que destacar la caída del diésel, de un 17,4%, respecto a 2019 y de los vehículos de gasolina, un 12,3%. Por su parte, las ventas de coches eléctricos en el mercado de ocasión han subido un 66%, pero las subidas más pronunciadas han sido para los gasolina mild hybrid, que han aumentado un 206% y los diésel mild hybrid, un 176%, en paralelo al protagonismo que han tenido también en las matriculaciones de vehículos nuevos.
Previsión
De cara a este ejercicio, Faconauto espera que el mercado de ocasión empiece a crecer ligeramente con la mejora de la crisis sanitaria y gracias al impulso de los coches de hasta cinco años. En concreto se espera un aumento del 4%, llegando a casi dos millones de transferencias.
“Pese al mal dato de las ventas de usados, nos tenemos que quedar con el hecho de que el año ha aguantado mejor el tipo que las matriculaciones de vehículos nuevos, gracias sobre todo a los modelos de hasta cinco años. El usado fue, una vez más, un refugio y una oportunidad para muchos compradores, que lo han preferido al vehículo nuevo. El año 2021 veremos cómo el usado “joven” va a competir con el nuevo, que estará un poco en desventaja debido al incremento en el Impuesto de Matriculación”, ha dicho Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.
Esta guía recoge las preguntas y respuestas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante la vigencia del nivel 4 de alerta sanitaria en Castilla y León. Asimismo, explica también las preguntas más frecuentes que suelen surgir con las medidas.
Tras los ataques de los buitres a diferentes explotaciones ganaderas, COAG exige a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que contemple reparaciones para los ganaderos que sufran estos ataques, porque los casos de ataques de estos animales no son aislados. Esta organización ha podido saber que muchos ganaderos se han dirigido al organismo aludido con similares reclamaciones. Los buitres siempre atacan a los animales en los momentos de mayor debilidad.
La Administración aludida, que en este caso sería la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, no concede ayudas a los ganaderos afectados por los ataques de buitres porque considera que no hay relación entre su actividad y el daño sufrido por el campesino.
Pero sí la hay. Lo dice el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, quien se dirigió a la consejería aludida para solicitarle que se concedan ayudas para compensar los daños producidos a los ganaderos por estas carroñeras. Petición nada descabellada en tanto que ya se conceden en cuatro comunidades autónomas: Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha y Euskadi.
En Castilla-La Mancha, por ejemplo, Agricultura aboga por conciliar la existencia de buitres y ganado por lo que estipula apoyos por los ataques de 1.500€ para reses caprinas y ovinas y 2.000 para vacunas.
En Castilla y León, los ganaderos deben lamentar con infortunada frecuencia estos ataques de la fauna silvestre a sus explotaciones. Según el portal www.coag-cyl.org , durante 2019 se produjeron 2.579 ataques solo de lobos en toda la región, que malograron a 3.774 cabezas de ganado. La factura que tuvieron que asumir los ganaderos por toda esta particular guerrilla fue de 2 millones de euros. Y la acción de los animales salvajes llega también a las carreteras. Según el citado portal de COAG, los animales protegidos ocasionaron un accidente de tráfico cada hora en las carreteras regionales.
COAG considera que todo este enorme problema para los ganaderos procede de una pésima gestión de la fauna salvaje por parte de la administración autonómica, puesto que no controla de manera eficaz las poblaciones para prevenir daños, y que, cuando el daño ya se ha producido, no indemniza adecuadamente a los ganaderos.
Es el caso, también, de la avutarda, ave pesada que puede engullirse una hectárea de girasol en un día, si va en bandadas. Y que se cuela en otros festines, como el de la colza, sin estar invitada. COAG solicita también que las ayudas por daños provocados por las avutardas se extiendan para todo el territorio de Castilla y León.
Las andanzas de estas aves fueron también objeto de atención por parte de los servicios jurídicos de COAG que lograron dos sentencias condenatorias contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por sendas demandas presentadas por agricultores afectados.
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha mantenido esta tarde una reunión con representantes del sector de la hostelería y el turismo de Castilla y León para abordar la situación del COVID en la comunidad y los planes de ayudas destinadas al sector previstas por la Junta de Castilla y León.
A la reunión que se ha celebrado mediante videoconferencia, han asistido también el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega y la consejera de Economía y Empleo, Carlota Amigo.
