lunes 18 de enero de 2021
Un año más, el prestigioso Master of Wine, periodista y prescriptor vinícola Tim Atkin ha tenido la oportunidad de catar y valorar una amplia selección de vinos pertenecientes a la Denominación de Origen Ribera del Duero y publicar su lista de los 100 mejores vinos de Ribera del Duero, alcanzando este año una media de 94,53 puntos, la mejor puntuación media hasta la fecha.
Tras publicar su Top 100 de Ribera del Duero en 2018 (con una media de 93,81 puntos) y en 2019 (con 94,27), las puntuaciones recibidas este año reflejan la tendencia y evolución positiva de los caldos de la Ribera del Duero.
En su informe, Atkin destaca la gran variedad y multitud de matices que se pueden encontrar en los vinos de Ribera del Duero dependiendo de la zona de la región en la que estos se produzcan, señalando que “la ubicación es lo que realmente importa” y recalcando la tendencia creciente de los vinos producidos en terroirs individuales.
Asimismo, por primera vez el listado de Atkin incluye los vinos blancos producidos con la Albillo Mayor e incluidos el pasado año bajo el sello de Denominación de Origen de Ribera del Duero. Así, este año dos vinos blancos con DO Ribera del Duero se estrenan en el Top 100 elaborado por el Master of Wine, que celebra la decisión de incluir la segunda variedad de uva más plantada en la zona.
Una degustación adaptada a los nuevos tiempos
A pesar de declararse fan confeso de la Ribera del Duero, Tim Aktin no ha podido realizar la degustación de forma presencial en la zona debido a la actual crisis sanitaria. Este año, la cata se ha realizado desde Londres tras un envío de 406 muestras de vinos y realizando más de 30 videoconferencias con los productores de la región.
Tras esta degustación, Atkin ha escogido y puntuado los mejores 100 vinos de Ribera del Duero con puntuaciones por encima de los 93 puntos. Además, el informe también recoge el listado de los casi 250 vinos de Ribera del Duero que han recibido más de 90 puntos.
El informe y la calificación detallada está ya disponible en su página web y puede consultarse en el siguiente enlace.
Tim Atkin es un reputado e influyente periodista británico, con un recorrido internacional de más de 30 años en el sector del vino. Master of Wine y jurado en diferentes certámenes de todo el mundo, Tim colabora con varias publicaciones de referencia en el sector aportando su experiencia y conocimientos en distintas regiones vitivinícolas de todo el mundo.
Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha superado rigurosos controles de calidad.
Más de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos.
El vicepresidente Francisco Igea, acompañado por el secretario general de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, José Miguel García, ha visitado a los profesionales que a diario elaboran el Boletín Oficial de Castilla y León, publicación mediante la cual se da publicidad a los documentos que deben ser objeto de publicación oficial, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. El Bocyl se publica en edición electrónica, con plena validez jurídica, desde enero de 2010, garantizándose así su autenticidad y el acceso a su contenido de modo universal, público y gratuito a través de su página web oficial ubicada en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León .
El Servicio del Boletín Oficial de Castilla y León recibe, ordena y controla la publicación de disposiciones, actos administrativos y documentos de cualquier otra naturaleza que se remitan para su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León; numera los documentos que deben ser objeto de publicación oficial de acuerdo con el ordenamiento jurídico; determina el sumario de cada número y la gestiona los textos que deben incluirse; gestiona y contabiliza los ingresos y los gastos propios de su actividad, así como la habilitación económica en las materias propias del Boletín Oficial de Castilla y León; tramita y realiza seguimiento de las publicaciones gratuitas de la Administración de la Comunidad remitidas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Una de las principales características del Boletín Oficial de Castilla y León es su accesibilidad a personas con discapacidad conforme a los estándares vigentes. El último informe del Observatorio de Accesibilidad de la Administración General del Estado posiciona el Bocyl como la segunda mejor edición electrónica -de las 172 evaluadas- y la primera respecto a las páginas web de boletines oficiales -de 19 evaluaciones-. Además, también debe recordarse que desde 2020 el contenido completo del boletín está disponible como conjunto de datos en el Portal de Datos Abiertos de la Junta de Castilla y León .
Mayor actividad en 2020 derivada de la COVID-19
En el año 2020 la Junta publicó 251 boletines ordinarios y 18 extraordinarios –editados en días festivos, principalmente con acuerdos del Gobierno autonómico con medidas vinculadas con la COVID-19-. El volumen de actividad fue 55.766 páginas publicadas, 20.428 solicitudes recibidas, 7.345 asuntos y 10.407 anuncios publicados.
Con el inicio de la crisis de la COVID-19, el Servicio de Boletín Oficial de Castilla y León se puso a disposición de las distintas consejerías de la Junta para facilitar la tramitación y la publicación inmediata de las disposiciones consideradas urgentes. Como ejemplo concreto de la actividad realizada durante el pasado año 2020, cabe citar que el 12 de marzo de 2020, día de publicación de las primeras órdenes de la Consejería de Sanidad para la contención de la pandemia en la Comunidad, el boletín recibió 28.923 visitas, más del doble que el día anterior.
La Junta de Castilla y León también publica en su boletín oficial anuncios de pago, que son todos aquellos que no están declarados reglamentariamente como oficiales: anuncios de particulares cuando la normativa establezca su publicación obligatoria; publicación de escrituras, convocatorias, balances, tarifas y cualquier otro documento de entidades, bancos, sociedades y en general de cualquier persona física o jurídica que se efectúe por mandato del ordenamiento jurídico; y los relativos a procedimientos de concesiones, licencias, autorizaciones y permisos de explotaciones industriales, mineras u otras análogas, instruidos de oficio o a instancia del interesado para el provecho o beneficio de este último, así como, en su caso, los derivados de procedimientos en materia de contratación pública. A partir de las tasas vigentes para este tipo de publicaciones -0,125 euros por dígito-, el Gobierno autonómico recaudó una cuantía próxima a los 390.000 euros.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa, en las últimas tres jornadas, obligan a la Consejería de Educación a cerrar 91 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a diez grupos de Ávila, cinco en Burgos, nueve de León, ocho en Palencia, 13 de Salamanca, nueve en Segovia, seis de Soria y 31 en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 150 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 532 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. Tres de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a tres alumnos.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
La Consejería de Empleo e Industria está llevando a cabo una nueva campaña de información para recordar a las empresas de Castilla y León que hasta el próximo 26 de enero está abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas habilitadas por la Junta de Castilla y León para apoyar a los sectores más perjudicados por las restricciones sanitarias.
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, está manteniendo reuniones con las asociaciones empresariales y colectivos profesionales que desarrollan labores de gestoría, con el fin de dar a conocer con detalle las ayudas económicas que la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de las empresas para paliar las pérdidas económicas provocadas por la pandemia, garantizando que todos los afectados tengan acceso a las mismas.
Amigo, que también ha explicado las medidas a los empresarios concentrados esta mañana en Burgos, ha recordado que está abierto el plazo para que los empresarios soliciten las subvenciones destinadas a financiar el pago de cuotas a la seguridad social, y para solicitar las ayudas dirigidas a cubrir los gastos realizados en equipos y sistemas de protección.
Hasta el momento, se han tramitado en torno a 4 mil solicitudes; pero, a la vista de las consultas recibidas en la Consejería, se ha podido comprobar que muchos pequeños empresarios desconocen estas líneas, que van dirigidas tanto al el sector de la hostelería como al resto de actividades afectadas por la pandemia.
Ayudas para financiar las cuotas a la seguridad social
Entre las ayudas convocadas, que se pueden solicitar hasta el próximo 26 de enero, están las dirigidas al abono de una cantidad equivalente al pago de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes de los trabajadores, durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2020.
Podrán solicitar esta ayuda las empresas de menos de 100 trabajadores que hayan estado o estén en expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor, durante al menos 45 días en el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 31 de octubre del pasado año.
Esta medida, que pueden alcanzar los 3.500 euros por solicitante, tiene dos líneas de ayuda, una de ellas dirigida exclusivamente al sector de la hostelería y otra dirigida a las empresas de sectores distintos al de la hostelería pero igualmente afectados por la crisis del COVID-19, tales como gimnasios, comercios, transporte etc.
Ayudas para financiar sistemas de protección colectiva frente a la COVID-19
Igualmente, hasta el próximo 26 de enero, está abierta la convocatoria para solicitar las subvenciones destinadas a sufragar los gastos realizados por las empresas en sistemas y equipos de protección colectiva frente a la COVID-19.
En este caso las empresas podrán obtener una ayuda equivalente al 80 % de los gastos que hayan realizado en la adquisición de equipos y sistemas de protección como los gastos en la adquisición de productos de desinfección
En concreto, serán subvencionables los elementos de señalización, delimitación y separación de zonas como mamparas, barreras de separación, cinta delimitadora, malla de seguridad cartelería, pegatinas o vinilos; los equipos para determinación de temperatura; los elementos para la higiene y desinfección como dispensadores, dosificadores, pulverizadores, bobinas secamanos, bayetas, contendedores y papelera o felpudos desinfectantes; los productos químicos de limpieza y desinfección que contenga etanol, peróxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio, así como los virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad; igualmente, serán financiables los gastos de mantenimiento y mejora del sistema de climatización y ventilación de edificios y locales destinados a evitar la propagación del COVID-19. No se incluyen entre los gastos financiables los equipos que generan ozono in situ o con radiación ultravioleta y otras sustancias químicas sobre personas
Otras convocatorias abiertas
Además de estas convocatorias, sigue abierto el plazo para solicitar otras ayudas; entre ellas las dirigidas al sector de feriantes y promotores de orquesta para financiar el pago de las cuotas de la seguridad social o las destinada a financiar los contratos de sustitución por COVID.
Dentro del Plan de Choque para el Empleo se están ejecutando también otras líneas como el programa Covel, para la contratación de 2 mil desempleados a través de las entidades locales, las ayudas para el fomento del consumo en el sector del comercio, o las líneas de financiación destinadas a garantizar la liquidez de las empresas.
La Comunidad de Castilla y León está recibiendo a lo largo de la mañana de hoy el cuarto envío semanal de vacunas frente a la COVID-19, consistente, en esta ocasión, en diecisiete bandejas con 195 viales cada una, lo que suma 16.575 dosis.
Esta remesa es inferior a lo planificado, tal y como anunciaron a finales de la semana pasada la compañía suministradora Pfizer-BioNTech y el Ministerio de Sanidad, debido a cambios en los procesos de fabricación de la planta que la farmacéutica tiene en Puurs (Bélgica) y desde la que se facilita la vacuna frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a toda Europa.
Esta situación tiene obviamente también repercusión en España y el sábado, el ministro de Sanidad ya indicó que habría una reducción del número de unidades disponibles, cifrado en un 44 % menos.
Por su parte, Pfizer ha anunciado que retomará el programa original de suministro a la Unión Europea a partir de la semana del 25 de enero, además de un aumento productivo a partir del 15 de febrero, lo que permitirá suministrar la cantidad de dosis de la vacuna comprometidas totalmente en el primer trimestre y, significativamente, más en el segundo trimestre.
En este contexto, las bandejas recibidas hoy en el envío de esta semana son significativamente menores -diecisiete, con 16.575 dosis, frente a las veintiséis bandejas y 25.350 unidades de semanas anteriores-, habiendo sido posicionadas por la compañía farmacéutica en cinco provincias castellanas y leonesas, de acuerdo al siguiente reparto: Burgos, cuatro bandejas y 3.900 dosis; León, cuatro y 3.900; Salamanca, tres y 2.975; Soria, una y 975; y Valladolid, cinco y 4.875.
No obstante y a pesar de esta reducción en la remesa ministerial, con las dosis recibidas y las mantenidas en estocaje de anteriores semanas, está garantizado el calendario previsto de vacunación con la segunda dosis frente a la COVID-19 para aquellas personas que, en los próximos días, cumplen tres semanas desde la primera inoculación vacunal.
El Consejo de Cámaras de Comercio Industria y Servicios, en colaboración con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, pone en marcha un banco de buenas prácticas enfocada específicamente en la localización de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan la Agenda 2030 en el tejido empresarial de la Comunidad.
La plataforma online https://www.camarascyl.es/banco-de-buenas-practicas-ODS.html tiene como objetivo visibilizar y gestionar las buenas prácticas de las empresas explicadas por sus respectivos responsables a través de un video. La iniciativa arranca con ejemplos de 21 empresas y emprendedores de diferentes sectores productivos de nuestra Comunidad -agroganadero, agroalimentario, energético, financiero, industrial, cultural y de servicios- cuyos protagonistas, de todas las provincias de la Comunidad, narran sus iniciativas inspirando a otras empresas a desarrollar acciones similares.
De esta forma desde su ubicación en las diferentes puntos de la región, Legumbres El Rúa (Arévalo); Agromar (Astorga); La calle Babel (Béjar); Grupo Querqus (Briviesca); Art Terra y Norteña (Burgos); Legumbres Luengo e Hijolusa (León); Alucoil (Miranda de Ebro); Aquona y Centro San Juan de Dios (Palencia); Berkeley y Bioenergy Barbero (Salamanca); Bodegas Esmeralda García e Innoporc (Segovia); Caja Rural de Soria y Malvasía (Soria); Corporación Llorente y Natursnacks (Valladolid); Molendum Ingredients, y Agropivas Sociedad Cooperativa (Zamora) explicarán las acciones que han implementado para transformar su modelo productivo y dar cumplimiento a algunos de los ejes de la Agenda 2030.
También, la red cameral y el Consejo lanza desde mañana y con una duración de cerca de 3 meses, una campaña de información y sensibilización dirigida al tejido empresarial para el cumplimiento de los ODS, con el hashtag #Soy2030, ante la necesidad de que un alto porcentaje de las mismas las integre en su línea de negocio, pues caminar hacia el futuro del desarrollo sostenible abre un gran abanico de oportunidades económicas que podrían ser la puerta de salida de la crisis económica provocada por la pandemia. De esta forma, la red de Corporaciones de Derecho Público, través de sus diferentes programas de emprendimiento y consolidación, internacionalización, formación, innovación y competitividad, sensibilizarán a las empresas, particularmente a las pymes, micropymes y autónomos a la necesidad de adherirse a las metas que marca la Agenda.
A través de sus redes sociales y de los diferentes canales informativos se darán a conocer el contenido de estos programas dirigidos, entre otros objetivos, a conseguir el crecimiento económico, una gestión sostenible del agua, una educación de calidad, mejorar la competitividad de las empresas, promover la igualdad de género, la integración y empleo, la reducción de las desigualdades y la gestión transparente de las instituciones, entre otros.
Las Cámaras y su Consejo, muestran su convencimiento de que el cumplimiento de estos Objetivos por parte del tejido empresarial es lo que va a generar el cambio sólido, real y convencido que transforme la sociedad en un futuro próximo. La Agenda 2030 había marcado el camino para el desarrollo futuro de unas regiones basadas en economías verdes, más sostenibles, y unas sociedades más justas e igualitarias. Pero la llegada de la pandemia, además de provocar una crisis sanitaria de gran envergadura, ha provocado una crisis económica y social que ha dado un vuelco a la vida de todos los ciudadanos, dejando en el aire muchos de esos proyectos, y ofreciendo un horizonte, cuanto menos, incierto. La red cameral está convencida de que las empresas son el motor de desarrollo de futuro y el centro de la recuperación y reactivación de la Comunidad pues ante el reto de reconstruir todo lo perdido durante esta crisis provocada por la Covid-19 se encuentra la oportunidad y necesidad de utilizar la Agenda y los ODS trazados por las Naciones Unidas como palanca para esa recuperación, incorporando las variables de sostenibilidad, resiliencia y solidaridad a un nuevo modelo productivo.
Castilla y León registra hoy 1.802 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 160.112; de esa cifra, 153.317 han dado positivo mediante pruebas de infección activa (*).
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 1.802 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 1.741 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.024 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.167.
Desde la anterior comunicación se han producido 32 altas, 20.494 en total y se han registrado dieciséis fallecimientos en el ámbito hospitalario, con lo que el número de defunciones se sitúa en 4.355. En Soria ha habido 64 positivos, un fallecido y se han dado dos altas.
La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral autonómico y en todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.
La permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados está limitada a cuatro personas y, en lugares de culto, un tercio del aforo, con un máximo de veinticinco asistentes.
Asismismo, el toque de queda para todo el conjunto territorial castellano y leonés se ha establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )
Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León ).
Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )
Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.
(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.
Comunicado de la Junta de Castilla y León ante el recurso presentado por el Ministerio de Sanidad contra el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas:
“Ante el recurso anunciado por el Ministerio de Sanidad contra el acuerdo sobre el toque de queda, la Junta de Castilla y León pone de manifiesto:
1.-Que la situación epidemiológica y sanitaria es de extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España. La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por Covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad.
2.-Que lamenta que el Gobierno de España trate de obstaculizar con su recurso la acción de la Junta de Castilla y León, que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía.
3.-Que la decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su posible modulación, flexibilización y suspensión, y por otro lado, la pérdida de la eficacia de lo expuesto en el artículo 5 cuando la autoridad delegada ejerza dichas facultades, al contemplar su disposición transitoria única sobre la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” expresamente lo siguiente: “La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”
4.-Que, por tanto, deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia.
5.-Que reclama una vez más al Gobierno de España instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas. Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías.
6.-Y, finalmente, reitera que el toque de queda a las 20:00 horas sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley, a la vez que insiste encarecidamente a todas las personas de Castilla y León que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia”.
El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León (como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2), por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha adoptado el Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León desde las 20 horas del día 16 de enero. Dicho acuerdo ha sido publicado en una edición extraordinaria del “Boletín de Castilla y León” el 16 de enero.
El Gobierno considera que la regulación contenida en el Acuerdo vulnera el Real Decreto 926/2000, que, al declarar el Estado de alarma, determinó expresamente en su artículo 5 como período para las limitaciones de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno el comprendido entre las 23:00 y las 6:00, posibilitando tan solo que las autoridades competentes delegadas pudieran determinar en su ámbito territorial “que la hora de comienzo de la limitación prevista [.…] sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas”.
Al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de “modulación” que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no – como es el caso – de intensificarlas o agravarlas.
Se trata, en consecuencia, de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada por el instrumento jurídico del Estado de
alarma definido en el Real Decreto 926/2000. El Gobierno ha solicitado a la Abogacía General del Estado que interponga recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra el ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León por el que se determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Este acuerdo lo tomó el presidente autonómico como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020,de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2.
Castilla y León registra hoy 2.892 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 158.310; de esa cifra, 151.515 han dado positivo mediante pruebas de infección activa (*). Se trata de la cifra más alta de toda la pandemia, superando los casi 2.500 de ayer. En Soria se han registrado 95 casos, muy cerca de los números más altos del pasado mes de abril.
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 2.892 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 2.715 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 1.018 y los casos positivos a ellos vinculados, 6.101.
104 nuevas altas hospitalarias (tres en Soria) se han sumado a este epígrafe desde ayer, hasta alcanzar los 20.462 pacientes; por el contrario, ha habido diecinueve personas que han fallecido en hospitales, con lo que el total de decesos en ese ámbito asistencial es de 4.339. Una de esas personas ha fallecido en Soria.
La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral, situación que también afectará a partir de las 20 h de hoy, 16 de enero, a todas y cada una de las provincias castellanas y leonesas.
También es ese momento entrarán en vigor la limitación a cuatro personas de la permanencia en grupos personales en espacios públicos y privados y la limitación a un tercio, con un máximo de veinticinco personas, en lugares de culto.
Asimismo el toque de queda en el conjunto territorial castellano y leonés ha quedado establecido entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana, también en vigor desde las 20 h de hoy, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad ( Edición del BOCyL del 16 de enero de 2021 )
Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León )
Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )
Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.
(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, han suscrito un convenio para la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales, la producción y suministro de material forestal de reproducción y la innovación tecnológica forestal. Ambos organismos intercambiarán sus recursos para avanzar en los programas de mejora genética.
El objeto del convenio es establecer diferentes sinergias, optimizando medios y recursos por ambas partes para la consecución de objetivos similares o de interés mutuo, dado que la Consejería y el Ministerio disponen en el ámbito territorial de Castilla y León de centros productivos y parcelas de experimentación que pueden contribuir a establecer líneas de colaboración en el ámbito de la mejora y conservación de los recursos genéticos forestales.
Fomento y Medio Ambiente posee y mantiene una serie de parcelas experimentales en su ámbito territorial y, de forma específica, gestiona diversos centros productivos y de ensayo de materiales forestales de reproducción (lo que se conoce como MFR) en varias localidades de Castilla y León, entre ellas, el Vivero Forestal Central, ubicado en Valladolid, donde se integra también un banco de germoplasma forestal, así como un laboratorio de cultivos in vitro.
En este Vivero Forestal Central se desarrollan, entre otras actividades, la provisión de MFR (frutos, semillas, plantas o partes de plantas) necesarios para cumplir con los programas desarrollados por la Consejería, y los trabajos de conservación de recursos genéticos forestales de distintas especies y poblaciones naturales, así como de fomento de la mejora genética, especialmente en lo relativo a las especies frondosas de maderas de calidad o de aumento de otras producciones como resina o frutos forestales.
Por su parte, el MITECO cuenta con el Centro Nacional de Recursos Genéticos forestales de Valsaín, sito en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Este centro dispone de instalaciones (viveros, invernaderos, laboratorio, etc.), así como plantaciones (huertos semilleros, ensayos, bancos clonales de conservación, etc.) para el desarrollo de los programas de mejora y conservación de recursos genéticos de ámbito nacional.
Mediante el convenio firmado, la Junta pone a disposición del Ministerio estas instalaciones y líneas de actuación, en tanto que este hace lo propio con las suyas con el fin de avanzar en la coordinación y colaboración para la conservación de los recursos genéticos forestales de Castilla y León, afianzando líneas de trabajo y colaboración ya iniciadas (programas del olmo, del tejo o de los chopos autóctonos, por ejemplo), así como comenzar otras nuevas.
El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica en su edición de hoy los acuerdos aprobados en el día de ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que establecen nuevas medidas de contención del coronavirus en la Comunidad y que entrarán en vigor a partir de las 20.00 horas de hoy, sábado 16 de enero.
Tal y como recogen los acuerdos hoy publicados, la adopción de estas medidas se encuadra en la acción decidida y necesaria de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad, y reforzar el sistema de salud de la Comunidad. Por ello, las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado se intensifican ahora para prevenir y contener el virus, y mitigar el impacto sanitario, social y económico.
Para hacer frente a esta situación, muy grave y excepcional, y de acuerdo con lo que indican los informes técnicos de transmisión de la enfermedad, que refieren que gran parte de los contagios se producen en las reuniones personales, es indispensable proceder a la adopción de todas aquellas medidas que las limiten, especialmente en el ámbito familiar y social.
Las nuevas medidas aprobadas establecen la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma, tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.
La decisión de adelantar la hora del toque de queda a las 20.00 horas está amparada, según defiende la Junta de Castilla y León, en que en el momento en que se autoriza la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación, por un lado, de los artículos 9 y 10 del Real Decreto, incluyendo en la regulación de la eficacia de las limitaciones, su modulación, flexibilización y suspensión, la prevista en el artículo 5, y por otro lado, se indica expresamente en su Disposición transitoria única en relación a la “Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno” lo siguiente:
“La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”.
Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.
En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.
En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.
Estas medidas que entran en vigor en el día de hoy se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.
Castilla y León mantiene su decisión de adelantar el toque de queda a las 20 horas. Como autoridad delegada competente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado ya el acuerdo que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León y entrará en vigor a las 20 horas de mañana sábado 16 de enero.
Según un informe de los Servicios Jurídicos de la administración autonómica, esta decisión la avala el artículo 10 del Real Decreto 956/2020 de 3 noviembre. Al autorizar la prórroga del estado de alarma, se acuerda la modificación de este artículo, permitiendo “modular, flexibilizar y suspender” la limitación de la libertad de circulación de las personas siempre que sea en horario nocturno prevista en el artículo. Modular es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados. Por tanto, con esta previsión el Real Decreto 956/2020 permite que la autoridad delegada restrinja los criterios de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, buscando obtener una mejora de la situación sanitaria.
Así, Alfonso Fernández Mañueco, como autoridad delegada en Castilla y León, tras la prórroga del actual estado de alarma, tiene la facultad de ampliar o restringir dicha libertad en horario nocturno.
Tras consultar a expertos sanitarios y epidemiológicos, con el aval de los servicios jurídicos de la Junta, y tras haber mantenido reuniones con alcaldes, presidentes de diputación y portavoces parlamentarios, la Junta de Castilla y León ha adoptado cuatro nuevas medidas para frenar el vertiginoso aumento de contagios e incidencia acumulada, que se ha multiplicado casi por 5 desde el 1 de enero en la comunidad.
Fernández Mañueco ha comunicado esta decisión al ministro de Sanidad esta misma mañana, antes de la entrada en vigor de las medidas que serán de obligado cumplimiento a partir de las 20 horas de mañana sábado una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Así pues, la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno será entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Durante este tramo horario las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de usos público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma, tales como la adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios y a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia; el de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; el retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado o la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes.
Asimismo, a las 20 horas entrará en vigor la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de Castilla y León, salvo para todos aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los motivos exceptuados.
En tercer lugar, se limita también la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un número máximo de cuatro personas, salvo que se trate de convivientes, lo que se espera reduzca de manera muy significativa la movilidad e interacción social. Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales e institucionales.
En este sentido, también se reducirá en toda Castilla y León el aforo para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, de manera que no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.
Estas medidas serán efectivas desde 20 horas de mañana sábado 16 de enero y se evaluarán cada 15 días para garantizar su adecuación a la evolución de indicadores.
El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha mantenido hoy una reunión telemática con las diferentes Juntas de Cofradías de Castilla y León para analizar la situación sanitaria y estudiar alternativas a las celebraciones tradicionales de Semana Santa, siempre supeditadas a la evolución de la pandemia.
Ambas partes han acordado constituir mesas de trabajo con el objetivo de plantear un programa de acciones como alternativa a los desfiles procesionales. En este sentido, el consejero ha señalado que “se trata de plantear iniciativas y analizar conjuntamente posibles escenarios para adaptar la próxima Semana Santa 2021 en la Comunidad, en una contexto sanitario en el que se deben evitar los desfiles procesionales por las masificaciones de público que conllevan y plantear otra serie de actividades igualmente atractivas, que se puedan llevar a cabo en un incierto escenario de pandemia por la COVID-19”:
Ese programa de acciones incluiría actos sacramentales en el interior de los templos, exposiciones, conciertos y conferencias, entre otras actividades, siempre con las limitaciones de aforo en caso de que fuera necesario y las restricciones que fueran oportunas.
Acompañado por la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, el consejero ha trasladado a las cofradías su reiterado apoyo, que se mantendrá en este nuevo año. En este sentido, cabe destacar que la Consejería apoya a las distintas juntas de Semana Santa de la Comunidad con una ayuda económica total de más de 255.000 euros y que, ante la situación sanitaria general, este año la subvención podría reorientarse a las nuevas actividades que se acuerde plantear para la celebración en 2021.
Liderazgo en declaraciones de interés turístico
El consejero ha destacado que Castilla y León cuenta en su Semana Santa con ocho declaraciones de interés turístico internacional de las 27 existentes en España, lo que la convierte en la comunidad líder y referente internacional. Además, la Semana Santa en la Comunidad tiene cinco declaraciones de interés turístico nacional y nueve de interés turístico regional.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado de manera telemática en la reunión ordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la que se ha aprobado la distribución de fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales y el Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Distribución de fondos europeos
Durante el encuentro mantenido entre los representantes del Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas, en el que se ha aprobado el Acuerdo sobre distribución de fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021 a comunidades autónomas y corporaciones locales, Isabel Blanco ha apostado porque la mayor parte de los fondos se destinen al aspecto residencial. De hecho, ha trasladado al Ministerio la necesidad de establecer nuevas ratios para dotar de más personal a los centros de mayores, con el objetivo de adaptarlos al nuevo modelo de atención residencial que se pretende implantar en Castilla y León.
Asimismo, ha solicitado que se garantice como mínimo la cantidad que recibirá la Comunidad este año de casi 42 millones de euros, en ese reparto de fondos europeos para las próximas tres anualidades, con el objetivo de contar con la estabilidad financiera necesaria para poder llevar a cabo proyectos de inversión y también ha destacado que la mayor parte de esos fondos se van a destinar a la modernización de infraestructuras y a la creación de nuevas plazas residenciales.
En la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consejera también ha trasladado su preocupación por la participación que tendrán las entidades del Tercer Sector en el reparto de fondos europeos. De hecho, ha solicitado que se pongan en marcha medidas adicionales destinadas a poder desarrollar proyectos estratégicos en colaboración con dichas entidades.
Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha recordado en dicho encuentro que, Castilla y León cuenta con plena atención a personas dependientes y que, desde el 1 de enero de 2020 se han reducido los plazos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema a tres meses, desde la presentación de la solicitud, dando cumplimiento a uno de los compromisos de Legislatura. De hecho, la intención de la Junta de Castilla y León es seguir reduciendo esos plazos con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de las más de 105.000 personas dependientes que residen en la Comunidad.
Blanco ha agradecido el trabajo desarrollado durante los últimos meses con el Gobierno Central, aunque ha anunciado que seguirá reivindicando que se valore el hecho de que en Castilla y León no exista lista de espera ni en la valoración ni en el reconocimiento del derecho a las personas dependientes. Además, ha pedido que no se penalice a las comunidades autónomas que han hecho los deberes en ese sentido, como es el caso de Castilla y León, y que en el reparto de los fondos de las tres próximas anualidades, se tenga precisamente en cuenta, la agilidad en la resolución de los procedimientos.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 32 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Ávila, cuatro aulas en Burgos, dos de León, tres en Palencia, seis de Salamanca, cinco en Segovia y once en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 59 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 529 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. Una de esas confirmaciones se ha producido en la última jornada y corresponde a un alumno.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
La Junta ha iniciado hoy la vacunación de profesionales sanitarios de la Gerencia Regional de Salud en las distintas áreas territoriales y niveles de atención asistencial de Sacyl, comenzándose así un proceso sistematizado que se extenderá durante los próximos días y que, al igual que ha venido sucediendo en residencias de la Tercera Edad y de atención a la Dependencia, precisará de una segunda dosis para cada una de las personas vacunadas, tras cumplirse tres semanas de primera inoculación.
La Consejería de Sanidad mantiene así la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Castilla y León, establecida de acuerdo con los criterios adoptados por el Consejo Interterritorial para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, comenzando a vacunar al segundo de los grupos prioritarios indicados, los trabajadores sanitarios públicos, comenzado por aquellos que han sido designados como de primera línea por el Ministerio de Sanidad.
En el actual contexto de distribución limitada de dosis, los grupos prioritarios establecidos son, por este orden: personas institucionalizadas y trabajadores socio sanitarios; profesionales sanitarios de primera línea; otros sanitarios y personal socio sanitario restante; y grandes dependientes.
En cada área territorial y nivel asistencial de las diferentes gerencias de salud se ha organizado la vacunación atendiendo a sus circunstancias y necesidades, de manera que entre hoy, viernes y el próximo lunes se habrá comenzado a vacunar a los trabajadores sanitarios públicos.
La vacunación se hará de forma progresiva y continua en los centros asistenciales dependientes de la Gerencia Regional de Salud, en función de la disponibilidad de las vacunas enviadas desde el Ministerio de Sanidad.
A lo largo de este proceso, la Administración sanitaria autonómica ofrecerá vacunarse frente a la COVID-19 a más de cuarenta y dos mil trabajadores, entre Atención Primaria (9.030 profesionales), hospitalaria (31.207) y Emergencias Sanitarias (351)
El desglose de estas previsiones de vacunación (se trata de datos estadísticos que pudieran, dependiendo de las plantillas en cada momento) referidas al todas de los trabajadores sanitarios públicos, en cada área de salud de la Comunidad, es el siguiente: Ávila, 2.595 (764 profesionales de Atención Primaria y 1.831 en hospitalaria); Burgos, 5.756 (1.368 y 4.388); León, 5.575 (1.186 y 4.389): El Bierzo, 2.086 (532 y 1.538); Palencia, 2.790 (736 y 2.054); Salamanca, 6.363 (1.315 y 5.048); Segovia, 2.448 (649 y 1.799); Soria, 1.807 (486 y 1.321); ‘Valladolid Este’, 5.120 (835 y 4.277); ‘Valladolid Oeste’, 4.190 (931 y 3.259); y Zamora, 3.144 (835 y 2.309)
Asimismo se vacunará a otros empleados de empresas externas que desarrollen su labor profesional en instituciones y servicios sanitarios (técnicos de transporte sanitario, limpieza, seguridad,…)
Insistir en que este proceso se desarrollará paulatinamente de acuerdo con la disponibilidad vacunal y con la organización que cada gerencia establezca atendiendo a sus circunstancias, en el marco de la estrategia autonómica y los grupos prioritarios, en este caso el segundo y el tercero, de los indicados para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
La gestión de residuos orgánicos urbanos presenta actualmente retos como la minimización del depósito en vertedero o el aumento del reciclaje. Para hacer frente a este desafío, se pone en marcha este nuevo proyecto Interreg ECOVAL que tiene como objetivo principal la obtención de productos de alto valor añadido ricos en carbono orgánico, como son los ácidos grasos volátiles, a partir de la valorización de los residuos orgánicos generados en entornos urbanos.
El proyecto impulsará la economía circular potenciando la reducción de residuos y la protección del medio ambiente a través de la conversión de los desechos en recursos altamente demandados por las industrias de plástico, lubricantes o agroquímica.
Para desarrollar este modelo de gestión medioambiental de la materia orgánica, el consorcio está formado por empresas e instituciones multidisciplinares con amplia experiencia en las distintas etapas de la cadena de valor de los residuos, lo que representa un importante know how con el fin de asegurar la viabilidad del modelo.
El consorcio trabajará desde la recogida del residuo hasta la comercialización del producto final, mediante el desarrollo de procesos biotecnológicos innovadores e integrando aspectos multidisciplinares de tipo legislativo, económico, de mercado, ambiental o de percepción social.
ECOVAL se focaliza en valorizar fundamentalmente dos tipos de corrientes residuales: los lodos de depuradora urbana y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), ambos con un elevado contenido en carbono orgánico. Así, trabajará para optimizar y crear sinergias entre el ciclo urbano del agua y el de los residuos. Con este segundo aspecto se permitirá no solo optimizar la recogida, fomentando la separación en origen, en línea con las nuevas exigencias legislativas; sino generar una nueva cadena de valor, que a su vez minimice los problemas de olor y los costes asociados a su recogida y gestión.
Área de implementación: hacia la economía circular mediante el impulso de las biofactorías
En concreto, en España, el socio Cetaqua pondrá en marcha, de la mano del Grupo Suez, demostraciones en plataformas tecnológicas situadas en las ciudades de Ourense, en colaboración con Viaqua, y en Palencia, con el apoyo de Aquona, para valorizar lodos urbanos y residuos orgánicos a fin de obtener productos de alto valor añadido. De esta forma, se promueve el modelo de biofactoría que pretende transformar las plantas depuradoras en instalaciones generadoras de recursos.
O Porto (Portugal) será el primer caso de estudio modelado para la optimización de la gestión de biorresiduos a nivel de ciudad y su posterior replicabilidad en las ciudades de Palencia y Toulouse.
El impacto en el medioambiente de este proyecto será notable puesto que, solo en el área que abarca el proyecto, se generan 136 kg de residuos orgánicos per cápita anuales pudiendo así seguir nuevas vías alternativas de tratamiento para que estos residuos sean empleados como recursos.
Sobre el proyecto
Los socios del proyecto ECOVAL son la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, la Universidad de Santiago de Compostela, la Fundación Empresa-Universidad Gallega, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Nereus, Aguas do Tejo Atlantico y la Empresa Municipal de Ambiente do Porto.
Por otro lado, hasta 29 entidades de la misma región se han comprometido con el proyecto y participarán como entidades asociadas. Entre ellas se encuentran desde administraciones públicas, como la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Palencia, hasta usuarios de los productos finales de base bio como REPSOL, incluyendo productores de residuos orgánicos altamente aprovechables como Vegalsa-Eroski.
ECOVAL, acrónimo de “Estrategias de coordinación de gestión y valorización de fangos y residuos orgánicos en la región SUDOE”, será financiado a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se extenderá hasta 2023.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 12 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Ávila, dos aulas en Burgos, una de León, otra en Salamanca, otra de Segovia y seis en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 27 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 528 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva. Una de esas confirmaciones se ha producido en la última jornada y corresponden a un alumno.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido al Gobierno de España, tras el Consejo de Gobierno, los mecanismos necesarios para un confinamiento domiciliario “breve” que podría ser necesario “en pocos días” para “frenar en poco días la evolución de los contagios” y ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas.
El vicepresidente ha pedido al Gobierno “responsabilidad” y “mirar con calma la pendiente de aumento de casos” con un “incremento razonable” por lo que ha incidido en tener a disposición una herramienta para el confinamiento “si fuera necesaria”.
Asimismo, ha solicitado a los ciudadanos que limiten “a lo esencial” la salida de sus casas y eviten reuniones con no convivientes, a la vez que ha pedido que sean “conscientes del momento”.
“Vamos a tener centenares de pérdidas de vidas humanas y una situación muy difícil en nuestros hospitales y no comunicarlo no sería honesto”, ha apuntado el vicepresidente y portavoz.
En este sentido, ha añadido que la tendencia del coronavirus “podría llevar a 50 o 60 muertos diarios en las próximas jornadas”, si no se consigue parar la curva.
Francisco Igea ha recalcado que desde la Junta son conscientes que ninguno de los sectores a los que afecta la normativa “son responsables de la situación” ni “buenos ni malos” ya que lo único “malo es el coronavirus que está obligando a tomar medidas de expansión del virus”.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha aclarado que el confinamiento “puede ser diferente al de marzo” ya que “hay determinadas acciones que han sido útiles”.
En nuestros días, el maltrato infantil en todas sus formas sigue constituyendo un problema de extraordinaria magnitud y una preocupación para los profesionales que conforman los Servicios Sociales de Castilla y León y, en definitiva, para toda la sociedad cada vez más concienciada. De hecho, la detección y la notificación de posibles situaciones de maltrato a menores constituye un deber moral y legal que debe estar en la conciencia de todos los ciudadanos y, especialmente, de aquellos profesionales que por la actividad que desarrollan, más cerca están de los niños y niñas. Así lo recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que señala que toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise. Esa misma obligación aparece recogida en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León, con el objetivo de facilitar la prevención, detección y denuncia de situaciones de violencia, maltrato, crueldad, abuso, abandono, explotación, manipulación o utilización instrumental. Para ello, destaca que se dispondrán los mecanismos de coordinación institucional precisos, especialmente entre los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales; y a este fin ha venido también a contribuir la Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia de Castilla y León, que se configura como un instrumento de garantía de la detección de situaciones de especial vulnerabilidad de menores de edad, tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el sanitario y educativo.
Precisamente en esa colaboración institucional incide el Decreto que se modifica, con el objetivo de garantizar la atención, protección y tutela de menores, sobre todo en situaciones de especial vulnerabilidad como las que pueden vivir las personas menores de edad con discapacidad o víctimas de violencia de género. Además, recoge que, en el caso de que se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso.
Mecanismos de coordinación
Con la modificación del Decreto y con el objetivo de poder adoptar las medidas y actuaciones necesarias para proteger a los menores de edad, se establecen los cauces y mecanismos administrativos de coordinación para que cualquier persona y, en especial quien por su profesión, función o responsabilidad, detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo ponga lo más rápidamente posible en conocimiento de la Entidad Pública de Protección, directamente o a través de quien pueda hacerle llegar esa información.
Asimismo, para evitar casos de maltrato y desprotección en menores es imprescindible un sistema coordinado de actuación interinstitucional e interadministrativa para facilitar la detección y comunicación por particulares (incluso menores de edad) o notificación por profesionales y autoridades en general o del ámbito sanitario y de los servicios sociales.
1. Cualquier persona que detecte una posible situación de riesgo o de desamparo de un menor de edad deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes o de sus agentes más próximos. Al objeto de facilitar el cumplimiento de la citada obligación, se ponen a disposición de los particulares distintos mecanismos en función de que la situación implique o no un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor.
2. Cuando la situación detectada no implique un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá realizarse a través de los siguientes medios:
2.1. En los Centros de Acción Social dependientes de las corporaciones locales, bien por escrito, por teléfono, de forma presencial o electrónica.
2.2. Telefónicamente, a través del servicio de atención al ciudadano 012.
2.3. Electrónicamente, a través del formulario de notificación por ciudadanos de posibles situaciones de maltrato o desprotección infantil, accesible desde la página web de los Servicios Sociales de Castilla y León y desde la app ‘Infancia CyL’, dirigido a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que resida el menor.
3. Cuando la situación detectada pueda implicar un riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, la comunicación podrá hacerse de forma urgente a través del teléfono de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
4. Cuando la comunicación de una posible situación de maltrato se realice de forma anónima, se aportará información suficiente para permitir la identificación y localización del menor.
Los menores de edad que puedan ser víctimas o conocedores de una posible situación de riesgo o desamparo podrán denunciarla a través del ‘Teléfono de ayuda a niños y adolescentes’ 116 111, gratuito y confidencial.
1. Los profesionales, tanto de servicios públicos como privados, y autoridades que por su profesión o función detecten una posible situación de riesgo o de desamparo de un menor de edad que no implique un riesgo o peligro actual o inminente para su vida o su integridad física lo notificarán por escrito al Centro de Acción Social correspondiente al domicilio del menor.
2. En los casos de riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física del menor de edad, además de prestarle el auxilio inmediato que precise y de poner el caso en conocimiento inmediato del Juzgado de Guardia, del Ministerio Fiscal o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán notificar por escrito tal situación a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia en la que resida el menor, para poder activar cuanto antes los recursos necesarios.
3. La notificación se realizará a través de los modelos disponibles para profesionales y autoridades en la página web de los Servicios Sociales de Castilla y León o en la app ‘Infancia CyL’. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la activación de los recursos necesarios se realizará a través del teléfono de emergencias 1-1-2.
4. En el ámbito educativo, así como en aquellos otros sectores cuyas actividades ordinarias tengan como destinatarios habituales a menores de edad, se llevarán a cabo acciones específicas de formación con el objeto de mejorar la capacidad de los profesionales en la detección de posibles situaciones de maltrato, así como sobre la forma de proceder en estos supuestos.
Las autoridades y profesionales del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León que conozcan una situación de riesgo o peligro actual o inminente para la vida o la integridad física de un menor de edad, además de ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, para que puedan adoptar las medidas urgentes necesarias, lo comunicarán por escrito de manera urgente a la Entidad Pública de Protección con el fin de que pueda adoptar las medidas que procedan.
1. Cuando se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes se haya valorado el caso, adoptándose hasta ese momento por los profesionales que presten la atención al menor las medidas provisionales que establezca la autoridad judicial en relación a las limitaciones en las visitas o al acompañamiento de familiares. El abandono del centro hospitalario antes de producirse el alta hospitalaria será comunicado de forma inmediata al Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a Entidad Pública Protección de Castilla y León.
2. La Entidad Pública de Protección, una vez tenga conocimiento del caso, actuará conforme a los plazos establecidos para los supuestos de ‘nivel de prioridad 1’ o de respuesta inmediata previstos en el presente decreto.
3. Los casos de maltrato grave detectados fuera del ámbito hospitalario y que requieran tratamiento en hospital o que precisen ingreso por motivos sanitarios o para asegurar la protección del menor, a la espera de decisión por parte de la autoridad judicial correspondiente o de los servicios sociales competentes, serán derivados al hospital de referencia, previo contacto telefónico. Todo ello, sin perjuicio de llevar a cabo las comunicaciones y notificaciones previstas en el artículo 97 y asegurando la protección del menor conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo.
Atención inmediata y urgente en centros de acogida del sistema de protección a la infancia
La Entidad Pública de Protección informará a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los centros de acogida existentes en cada provincia para facilitar la ejecución de las medidas adoptadas. Además, los centros de acogida del sistema de protección a la infancia, que estarán disponibles todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, realizarán la función de atención inmediata o de urgencia de menores de edad en situación de grave riesgo de desprotección, hasta que por la Entidad Pública de Protección se adopte la resolución que proceda.
Finalmente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, los órganos competentes de los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales actualizarán sus protocolos de actuación ante posibles situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad, a fin de adecuar su contenido a las previsiones en él contenidas. Asimismo, los Colegios Profesionales de Castilla y León impulsarán la sensibilización, información y formación de sus colegiados sobre la transcendencia de la detección de posibles situaciones de riesgo o desamparo que afecten a menores de edad y de las que conozcan en razón de su actividad, así como de la inmediata y adecuada comunicación y notificación de las mismas.
En 2019 se recibieron 1.736 notificaciones en Castilla y León ante situaciones de desprotección de menores, procedentes fundamentalmente de corporaciones locales, Fuerzas de Seguridad, Ministerio Fiscal, Sanidad y Educación, que generaron 970 investigaciones. Además, hasta el mes de noviembre de 2020 se recibieron 1.296 notificaciones que han supuesto 649 investigaciones.
Precisamente, para facilitar la detección, notificación, actuación y coordinación de posibles situaciones de maltrato en la Comunidad existen tres protocolos específicos:
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha informado esta mañana del balance de ejecución del Plan Director de Promoción Industrial correspondiente al ejercicio 2019, cumpliendo así las directrices recogidas en el propio Plan. El Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020 contempla la creación de una comisión de seguimiento encargada de velar por el cumplimiento de sus objetivos, asegurar su impulso político y coordinar la actuación de las distintas consejerías implicadas en su ejecución. Entre las funciones de la Comisión de Seguimiento figura expresamente la elaboración de un informe anual de seguimiento que será elevado al Consejo de Gobierno de Castilla y León para su toma de conocimiento. Posteriormente, dicho informe será presentado por la titular de la Consejería de Empleo e Industria en la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.
El Informe Anual 2019 fue aprobado en la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el pasado 27 de noviembre. El informe incluye el análisis de la situación de la industria, la actualización de los indicadores del Plan, así como la relación y análisis de las actuaciones y medidas que se han llevado a cabo en los distintos ejes transversales de la estrategia y en los sectores industriales prioritarios.
En lo referente a la situación de la industria, se indica que en el año 2019 la industria manufacturera en Castilla y León generó 8.764 millones de euros de VAB, experimentando un crecimiento del 1,81 % respecto al ejercicio 2018 en términos corrientes. La industria manufacturera representa, por tanto, el 16,2 % del VAB total en Castilla y León, porcentaje superior al de la media del conjunto de España (12,2 %), pero sin alcanzar todavía el objetivo del 20 % que recoge el Plan. Por otro lado, el gasto público en I+D+i presupuestado en el ejercicio 2019 ascendió a 236 millones de euros, lo que representa un 2,83 % del gasto no financiero de las consejerías, muy cercano al objetivo marcado de alcanzar el 3 %
Como principal indicador del informe 2019 destaca el grado de ejecución a nivel presupuestario, con una inversión total de 261,2 millones de euros. Estas inversiones se han distribuido entre los 5 ejes y las actuaciones sectoriales específicas, donde se incluyen los programas territoriales de fomento y los proyectos industriales prioritarios.
En el eje de dimensión del tejido industrial se han invertido 16,6 millones de euros; en el segundo de los ejes, destinado a innovación tecnológica y digitalización, se han invertido 64,3 millones; al tercer eje, correspondiente a actuaciones de internacionalización, se han destinado 1,4 millones de euros; el eje de financiación ha contado con una inversión de 52,1 millones; en el quinto eje, destinado a mejorar el entorno industrial, se han invertido 69,6 millones; por último, las actuaciones sectoriales específicas han contado con una inversión de 72,1 millones de euros durante el ejercicio 2019.
En las actuaciones sectoriales específicas se incluyen la figura de Proyecto Industrial Prioritario y la figura de Programa Territorial de Fomento. El primero es un instrumento concebido para impulsar y apoyar propuestas de inversión que suponga una expansión significativa del tejido industrial de la Comunidad o que contribuyan a su consolidación. En el año 2019 se han desarrollado actuaciones en el Plan Industrial del Grupo Renault, Plan Industrial de Nissan en Ávila, Plan Industrial del Grupo Network Steel en Villadangos del Páramo y en el Plan Industrial de Kronospan en Burgos
Por su parte, los Programas Territoriales de Fomento persiguen un desarrollo industrial equilibrado en el conjunto de la Comunidad, estableciendo medidas de apoyo específicas para territorios con especiales necesidades de industrialización y desarrollo empresarial. Durante el año 2019, se han impulsado actuaciones en distintos puntos de Castilla y León. En la provincia de León, con el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros y el Programa Territorial de Fomento de Villadangos del Páramo; en Burgos, con el Programa Territorial de Fomento para Miranda de Ebro; en Salamanca, con el Programa Territorial de Fomento de Béjar; y en la provincia de Zamora, con el Programa Territorial de Fomento para Benavente y comarca. A estos programas ha venido a sumarse, en el año 2020, el Programa Territorial de Fomento de Ávila; mientras, en estos momentos, se trabaja ya en el de Medina del Campo y Comarca.
El Plan Director de Promoción 2017-2020, que es también fruto de las aportaciones del Diálogo Social y de las instituciones y organizaciones más representativas de la Comunidad, tiene como objetivos principales: avanzar en el proceso de industrialización de Castilla y León para conseguir que la industria manufacturera alcance el 20 % del VAB; incrementar el gasto público de I+D+i hasta alcanzar el 3 % del gasto no financiero; impulsar nuevas actividades productivas potenciando los recursos autóctonos; aumentar el tamaño y la capacidad de las empresas del sector industrial; impulsar el equilibrio territorial en la implantación industrial y mejorar la financiación de proyectos industriales.
El mercado de ocasión cayó un 17,26% en Soria en 2020. Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión cayeron en Castilla y León en un 15,6% en 2020 respecto a las cifras obtenidas en 2019, hasta situarse en 90.413 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto.
A nivel nacional, las transferencias de turismos y todoterrenos usados cayeron en un 13,8% en 2020 respecto a las cifras obtenidas en 2019, hasta situarse en 1.811.818 unidades, según datos de la consultora MSI para la patronal de los concesionarios Faconauto. De esta manera, el mercado de vehículos de ocasión perdió más de 200.000 unidades respecto a lo inicialmente previsto, sufriendo el impacto de la crisis, pero en menor medida que el de coches nuevos, cuyas ventas retrocedieron un 32,3% el pasado ejercicio.
El mercado, pese a la situación tan adversa, ha visto cómo el segmento de modelos de tres a cinco años ha sido capaz de sobreponerse y de registrar un incremento de ventas, del 3,4%, hasta alcanzar las 189.425 unidades. Este segmento corresponde, básicamente, al que atienden los concesionarios, canal de comercialización que supuso ya el año pasado un 20% de todas las transferencias.
“Cerramos el año con un incremento de ventas en el tramo de vehículos de tres a cinco años a diferencia del resto de segmentos, que han bajado sus transferencias. Esta va a ser la tónica también durante 2021, donde veremos cómo se afianza la profesionalización del mercado de usados en nuestro país, impulsado por los nuevos canales digitales, pero también porque estos usados “jóvenes” estarán muy bien posicionados respecto a los coches nuevos, que han sufrido la subida del Impuesto de Matriculación”, ha dicho Ignacio de Benito, presidente de Niw.es, el portal de vehículos usados de hasta 5 años impulsado desde Faconauto.
Aún así, en 2020 ha seguido aumentado la edad media de los coches transferidos debido sobre todo a que los modelos con más de diez años han acaparado, un año más, casi el 60% de todas las ventas de usados, hasta alcanzar 1.067.411 unidades, aunque han descendido sus
transferencias un 13,6%.
Por su parte, el canal de renting ha sido el único que ha aumentado sus transferencias con relación a 2019, en concreto han subido un 14%. Las caídas más severas han sido para el ‘renta car’, con una bajada del 20%, los compra-venta y el canal de particulares, ambos también con una caída del 14%.
En cuanto a los carburantes, hay que destacar la caída del diésel, de un 17,4%, respecto a 2019 y de los vehículos de gasolina, un 12,3%. Por su parte, las ventas de coches eléctricos en el mercado de ocasión han subido un 66%, pero las subidas más pronunciadas han sido para los gasolina mild hybrid, que han aumentado un 206% y los diésel mild hybrid, un 176%, en paralelo al protagonismo que han tenido también en las matriculaciones de vehículos nuevos.
Previsión
De cara a este ejercicio, Faconauto espera que el mercado de ocasión empiece a crecer ligeramente con la mejora de la crisis sanitaria y gracias al impulso de los coches de hasta cinco años. En concreto se espera un aumento del 4%, llegando a casi dos millones de transferencias.
“Pese al mal dato de las ventas de usados, nos tenemos que quedar con el hecho de que el año ha aguantado mejor el tipo que las matriculaciones de vehículos nuevos, gracias sobre todo a los modelos de hasta cinco años. El usado fue, una vez más, un refugio y una oportunidad para muchos compradores, que lo han preferido al vehículo nuevo. El año 2021 veremos cómo el usado “joven” va a competir con el nuevo, que estará un poco en desventaja debido al incremento en el Impuesto de Matriculación”, ha dicho Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.
Esta guía recoge las preguntas y respuestas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante la vigencia del nivel 4 de alerta sanitaria en Castilla y León. Asimismo, explica también las preguntas más frecuentes que suelen surgir con las medidas.
Tras los ataques de los buitres a diferentes explotaciones ganaderas, COAG exige a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que contemple reparaciones para los ganaderos que sufran estos ataques, porque los casos de ataques de estos animales no son aislados. Esta organización ha podido saber que muchos ganaderos se han dirigido al organismo aludido con similares reclamaciones. Los buitres siempre atacan a los animales en los momentos de mayor debilidad.
La Administración aludida, que en este caso sería la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, no concede ayudas a los ganaderos afectados por los ataques de buitres porque considera que no hay relación entre su actividad y el daño sufrido por el campesino.
Pero sí la hay. Lo dice el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, quien se dirigió a la consejería aludida para solicitarle que se concedan ayudas para compensar los daños producidos a los ganaderos por estas carroñeras. Petición nada descabellada en tanto que ya se conceden en cuatro comunidades autónomas: Madrid, La Rioja, Castilla-La Mancha y Euskadi.
En Castilla-La Mancha, por ejemplo, Agricultura aboga por conciliar la existencia de buitres y ganado por lo que estipula apoyos por los ataques de 1.500€ para reses caprinas y ovinas y 2.000 para vacunas.
En Castilla y León, los ganaderos deben lamentar con infortunada frecuencia estos ataques de la fauna silvestre a sus explotaciones. Según el portal www.coag-cyl.org , durante 2019 se produjeron 2.579 ataques solo de lobos en toda la región, que malograron a 3.774 cabezas de ganado. La factura que tuvieron que asumir los ganaderos por toda esta particular guerrilla fue de 2 millones de euros. Y la acción de los animales salvajes llega también a las carreteras. Según el citado portal de COAG, los animales protegidos ocasionaron un accidente de tráfico cada hora en las carreteras regionales.
COAG considera que todo este enorme problema para los ganaderos procede de una pésima gestión de la fauna salvaje por parte de la administración autonómica, puesto que no controla de manera eficaz las poblaciones para prevenir daños, y que, cuando el daño ya se ha producido, no indemniza adecuadamente a los ganaderos.
Es el caso, también, de la avutarda, ave pesada que puede engullirse una hectárea de girasol en un día, si va en bandadas. Y que se cuela en otros festines, como el de la colza, sin estar invitada. COAG solicita también que las ayudas por daños provocados por las avutardas se extiendan para todo el territorio de Castilla y León.
Las andanzas de estas aves fueron también objeto de atención por parte de los servicios jurídicos de COAG que lograron dos sentencias condenatorias contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por sendas demandas presentadas por agricultores afectados.
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha mantenido esta tarde una reunión con representantes del sector de la hostelería y el turismo de Castilla y León para abordar la situación del COVID en la comunidad y los planes de ayudas destinadas al sector previstas por la Junta de Castilla y León.
A la reunión que se ha celebrado mediante videoconferencia, han asistido también el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega y la consejera de Economía y Empleo, Carlota Amigo.
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido esta mañana por videoconferencia con representantes del sector resinero de Castilla y León organizados en la Mesa de la Resina para analizar el resultado de los trabajos realizados en 2020 sobre las necesidades del sector, que demanda opciones de continuidad para el periodo sin actividad resinera, entre noviembre y febrero. Los participantes han estado de acuerdo en que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puede ser una gran oportunidad.
La reunión ha servido para presentar el resultado de las tareas realizadas a lo largo de 2020 por el grupo de trabajo de la Mesa de la Resina y la Junta de Castilla y León, analizando posibles apoyos al sector resinero en una coyuntura difícil del mercado internacional de resinas naturales, que se desató a finales de 2019. Se han estudiado las líneas de ayuda existentes en las Consejerías de Empleo e Industria, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Fomento y Medio Ambiente. Ninguna de las existentes, en su formulación actual, encaja bien con las necesidades del colectivo de trabajadores resineros, que demanda opciones de continuidad para el periodo sin actividad resinera: de noviembre a febrero.
Los participantes han estado de acuerdo en que el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que prepara el Gobierno nacional constituye una gran oportunidad para el sector, puesto que el sector resinero está plenamente alineado con la bioeconomía y la lucha contra el cambio climático y contribuye a luchar contra el reto demográfico.
Los resineros y las industrias destiladoras de resinas contribuyen a mantener los bosques en buenas condiciones, al tiempo que fijan CO2 en los árboles y en los productos que elaboran para las industrias de tintas, pinturas, cosméticas y otras, y se ubican en zonas altamente amenazadas por la despoblación. Una adecuada integración de las necesidades del sector en este Plan supone una gran oportunidad para mejorar su resiliencia, abordar cambios estructurales y prepararle para afrontar nuevos restos.
No obstante, a medio plazo las mayores esperanzas del sector están depositadas en el próximo Programa de Desarrollo Rural post 2020 y en el periodo transitorio de 2021 y 2022, para el que han acordado proponer alguna medida que contribuya a la modernización del sector, a la agrupación de los resineros en cooperativas y a la modernización de las actividades.
A su vez, los representantes de las empresas industriales resineras se han comprometido a trabajar con la fundación CESEFOR y con el resto de los agentes del sector y a presentar, antes del día 20 de enero, al Ministerio de Industria una manifestación de interés para la ampliación y modernización de las diferentes fábricas existentes en España, incorporando la trazabilidad de los productos y para intentar sustituir las resinas derivadas del petróleo con resinas naturales.
Finalmente, la Consejería se ha comprometido a trabajar tanto en la configuración del Plan de Recuperación y Resiliencia, para el que ya ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como la configuración del próximo Programa de Desarrollo Rural en coordinación con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y a seguir trabajando con el sector, con los ministerios competentes (Agricultura, Transición Ecológica e Industria) y con el Gobierno portugués, que recientemente ha presentado un Plan Estratégico para el Sector Resinero de Portugal.
La próxima campaña se iniciará el mes que viene con algunas mejores perspectivas en los precios de los productos resineros en el mercado internacional.
El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, ha visitado hoy Astorga, donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Juan José Alonso Perandones, para abordar asuntos como la promoción del Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata, durante el Jacobeo 2021-2022. Acompañado por la directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, el consejero ha tenido la oportunidad de presentar al regidor astorgano el proyecto ‘El Camino de la Plata’, en el que participa la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, junto a Andalucía, Extremadura y Galicia. El objetivo de este proyecto es impulsar el tránsito de peregrinos por este Camino, que atraviesa las cuatro Comunidades, y difundir las riquezas que existen en todo el recorrido para ayudar a municipios y negocios a mostrarse como parte de la ruta, incentivando esta opción para los jacobeos 2021 y 2022.los próximos dos años. El consejero ha destacado la importancia de este proyecto “que se ha puesto en marcha sobre la base de sumar, con cuatro Comunidades y cuatro colores políticos que ejemplifican la idea de España y de colaboración institucional para la Junta de Castilla y León, apostando siempre por lo que nos une”.
Según los datos ofrecidos por las distintas oficinas de turismo y la Oficina de Peregrinos de Santiago de Compostela, el total de peregrinos que llegaron a Santiago utilizando el Camino Mozárabe y la Vía de la Plata ha disminuido considerablemente en los últimos años, pasando de un porcentaje de 5,22 % sobre el total de peregrinos en 2010, a un 2,79 % en 2018, lo que ha supuesto que la Vía de la Plata pase de ocupar un cuarto puesto en cuanto a vías de peregrinación en España en 2010 a un séptimo puesto en 2019. A juicio de Ortega, estos datos vienen a corroborar la necesidad de una colaboración conjunta entre las cuatro administraciones, para reactivar esta vía como ruta de peregrinación.
Entre las distintas acciones que se han puesto en marcha se incluye la web www.elcaminodelaplata.com “para poner en valor la riqueza de este Camino y que a la vez sirva de nexo de unión entre nuestros territorios”. Se trata de una web dinámica, en la que se trabaja de forma continua enriqueciéndola, aportando eventos y todo tipo de información de interés para incentivar a los peregrinos a realizar el Camino hacia Santiago de Compostela desde Andalucía, Extremadura y Castilla y León.
Proyecto abierto, dinámico e inclusivo
El consejero ha asegurado que desde su puesta en marcha, ‘El Camino de la Plata’ se ha presentado como un proyecto “abierto, inclusivo y dinámico, dispuesto a escuchar siempre”. En este sentido, ha explicado que en el arranque del proyecto se trabajó en la información de los municipios del Camino Mozárabe o Sanabrés, a partir del desvío de la Vía de la Plata en la provincia de Zamora, y en la actualidad ya se han incorporado los municipios, tanto de la provincia de Zamora como la de León, por los que discurre la Vía de la Plata hasta unirse al Camino de Santiago Francés, tal y como planteó el alcalde astorgano. Llegado a Granja de Moreruela, el caminante tendrá que decidir si seguir por el Camino Mozárabe, que va por Sanabria y Ourense, o continuar hasta Astorga para incorporarse al Camino Francés. La web ofrece amplia información en ambos ramales, que en el caso de éste último se dividen en las etapas Granja de Moreruela-Benavente; Benavente-Alija del Infantado; Alija-La Bañeza y La Bañeza-Astorga.
Además, el proyecto incluye la creación de un grupo de ‘Centinelas, que aportan el lado humano y cercano al Camino, representando los intereses y curiosidades de los peregrinos, así como una visión real de lo que ocurre en la Vía de la Plata. Actualmente, existen 50 centinelas en activo, que son protagonistas de las retransmisiones en vivo, con las que se pretende ayudar a poner en valor el Camino de la Plata, sus costumbres, sus joyas y sus gentes.
La web recoge información útil sobre cómo planificar el Camino, curiosidades e historias sobre el Camino, novedades y noticias de actualidad sobre temas culturales y el desarrollo de las restricciones por la COVID, un calendario de eventos virtuales en vivo y un apartado para los ‘Centinelas’. Pero además, contempla el acceso directo al diario del peregrino en su paso por ‘Las Joyas de la Plata’, una iniciativa protagonizada por el Centinela Sergio Flores, que se adentra en las aventuras del Camino de la Plata e invita a los usuarios a compartir con él su viaje en vivo. Es un diario que se publica de manera bisemanal, jueves y domingos, en el que se detallan los sentimientos y emociones que un peregrino puede llegar a sentir cuando atraviesa Las Joyas del Camino de la Plata. Esta aventura se documenta a través de fotografías y videos que dotan a la web y a las redes sociales de contenido original. A causa de la pandemia y de las inclemencias meteorológicas, el recorrido de este centinela tuvo que detenerse en el Puerto de Béjar y continuará su andadura una vez se normalice la situación.
En su visita a Astorga, el consejero ha visitado junto al alcalde el Museo Romano, el Museo de Chocolate y el Palacio Episcopal.
Los positivos por Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar 14 nuevas aulas en la Comunidad. La medida afecta hoy a un grupo de Burgos, dos aulas en León, una de Palencia, otra en Salamanca, otra de Segovia y ocho en Valladolid. Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 15 aulas en cuarentena en Castilla y León.
Asimismo, ya se conocen más resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 527 casos de alumnos y 41 de trabajadores con PDIA positiva.
La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PDIA que no los lleven a su centro educativo hasta que termine el periodo de cuarentena.
Ante el anuncio de la Junta de Castilla y León de adoptar medidas excepcionales de nivel 4 para toda Castilla y León desde hoy día 13 de enero y hasta el 26 de enero, que implica entre otras el cierre de comercios localizados en los centros comerciales con el objetivo de anticiparse y frenar la expansión del COVID, desde la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) reclaman una exhaustiva vigilancia e inspección para que “no se vuelvan a producir situaciones de competencia desleal como se sucedieron en el mes el mes de diciembre con la aplicación de las mismas restricciones”.
En un comunicado indican: “Varias organizaciones miembros de Conferco denunciaron ante la Junta de Castilla y León la venta de productos NO ESENCIALES en las grandes superficies,
mientras que el comercio ubicado en las galerías comerciales tuvo que permanecer con la persiana bajada en plena campaña navideña. Estas denuncias se acompañaron de tickets de compra que demostraban la venta de productos no autorizados, incurriendo en una competencia desleal, que de no vigilarse mediante una inspección eficaz se volverá a repetir durante las próximas semanas.
A su vez, Conferco quiere poner de manifiesto el malestar de las provincias que mantienen actualmente los indicadores sanitarios que han permitido continuar con su actividad según los criterios establecidos con anterioridad, y que con la aplicación de estas nuevas medidas se han visto perjudicadas.
El acumulado de pérdidas que lleva el sector desde el pasado mes de marzo, junto con unas previsiones pesimistas para este trimestre, está poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de empresas y con ello la pérdida de miles de puestos de trabajo, fundamentalmente aquellas que están estrechamente relacionadas con la movilidad y las relaciones sociales: comercio enfocado al turismo, equipamiento de la persona, estaciones de servicio y proveedores del sector de la hostelería.
Por ello desde la patronal del comercio en Castilla y León se insta a la Junta de Castilla y León a establecer un plan de actuación que contemple ayudas y medidas para el tejido comercial que más duramente se está viendo afectado por la crisis sanitaria y las restricciones impuestas”, finaliza la nota.
Castilla y León registra hoy 2.186 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, con lo que su número actual acumulado es 150.614; de esa cifra, 143.819 han dado positivo mediante pruebas de infección activa (*).
Todos los nuevos positivos se han declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19; de los 2.186 nuevos casos notificados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 2.011 tienen diagnóstico el día previo.
Los brotes activos (**) actualmente en el conjunto de la Comunidad son 638 y los casos positivos a ellos vinculados, 3.962.
Las nuevas altas hospitalarias son 45, con lo que ascienden a 20.226 y han fallecido en hospitales de la Comunidad once pacientes, con lo que son 4.300 las defunciones totales en este ámbito asistencial. En Soria, sin decesos, se han registrado 55 positivos y un alta.
La situación recogida provincialmente puede consultarse en el archivo adjunto y de forma más amplia y diariamente a través de este enlace al Portal de Transparencia de la Administración autonómica castellana y leonesa, ( Enlace a la información actualizada sobre el nuevo coronavirus COVID-19 en Castilla y León ); también ahí puede encontrarse la evolución diaria de la vacunación frente a la COVID-19 en la Comunidad.
La Junta de Castilla y León insiste en la responsabilidad individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas de uso obligatorio de la mascarilla, la distancia interpersonal y la higiene de manos, así como aquellas otras de ámbito sectorial definidas en la normativa vigente.
Asimismo se recuerda a la ciudadanía, con carácter general, la necesidad de limitar los encuentros sociales fuera del entorno de convivencia estable.
La Comunidad de Castilla y León mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, su cierre perimetral, en las condiciones y con las excepciones establecidas en los correspondientes Acuerdos de la Presidencia de la Junta; también continúa la reducción, con carácter general, a un máximo de seis personas de las agrupaciones en espacios públicos y privados; y el toque de queda, de diez de la noche a seis de las mañana, circunstancia que supone la limitación parcial y temporal de la libertad de circulación de las personas en la Comunidad castellana y leonesa, por motivos muy graves de salud pública durante ese horario.
Todas las provincias de Castilla y León están actualmente en nivel 4 reforzado de alerta sanitaria para la contención de la pandemia, con medidas preventivas excepcionales frente a la COVID-19 ( Pubicación en el BOCyL del Acuerdo 4/2021 sobre medidas excepcionales preventivas frente a la pandemia en Castilla y León ).
Además de este régimen agravado mantienen su vigencia las medidas preventivas ordinarias correspondientes, más concretas y sectoriales, recogidas en el Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León ( Acuerdo 76/2020 )
Desde la Autoridad sanitaria autonómica se reitera la importancia de cumplir también con todas las medidas de carácter general actualmente en vigor y que hacen mención a aspectos preventivos individuales y colectivos, tales como el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia de seguridad interpersonal, etc., así como aquellas otras de carácter sectorial.
Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.
(*) Pruebas diagnósticas de infección activa: PCR y test Ag.
(**) Se considera brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos. Un brote activo se define como aquel que haya tenido algún caso en los últimos catorce días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico, si la de los síntomas no está disponible.
Un total de 384 alumnos (0,11 % del total) no ha podido acudir a clase en Castilla y León, 46 de ellos en la provincia de Soria, todos pertenecientes a centros públicos. Educación registra en sus observaciones incidencias de nieve y hielo en Soria, Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Gómara, Casarejos, Ólvega y Berlanga de Duero.
De los 46 alumnos que no han podido acudir a clase, 18 son de educación Secundario o Superior y el resto de Educación Primaria.
Los equipos activados por la Delegación Territorial de la Junta en Soria para cooperar con los ayuntamientos de la provincia en la limpieza de hielo y nieve para la mejora de la accesibilidad de sus municipios, especialmente en los entornos de los espacios y edificios públicos, continúan sus cometidos en la jornada de hoy.
Ayer concluyeron los trabajos en los accesos y aparcamientos del Colegio de Educación Especial Santa Isabel, la Residencia Juvenil Gaya Nuño y en las dársenas y aparcamiento exterior de la Estación de Autobuses de la capital.
En la programación de actuaciones se prioriza atender los servicios esenciales, en conversación permanente desde la Delegación Territorial con los responsables de los departamentos de Educación, Servicios Sociales y Sanidad, y con los alcaldes de los distintos ayuntamientos. No obstante, una vez lleguen los equipos a los distintos municipios, y en función de las circunstancias planteadas por los ayuntamientos, pueden modificarse las zonas objeto de actuación, garantizando siempre lo esencial.
Recordamos que la Delegación Territorial puso en servicio, en la jornada de ayer, una serie de cuadrillas de trabajo, con personal fundamentalmente de los servicios territoriales de Fomento y Medio Ambiente. Esta iniciativa, compartida con la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial de Soria, se puso en marcha de manera coordinada desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI Soria).
Hoy está previsto que los equipos habilitados desde la Delegación Territorial actúen en la Residencia de Asovica, en la Residencia Mixta de Personas Mayores Los Royales, en el CAMP-CO Ángel de la Guarda y en los aparcamientos del Hospital Santa Bárbara, siempre en función del tiempo que requieran los trabajos.
La cuadrilla ubicada en El Burgo de Osma, coordinada con las autoridades locales, ha priorizado la limpieza de los accesos del centro de salud, centros docentes y Estación de Autobuses burgenses y de los centros sanitarios y educativos de San Esteban de Gormaz.
Un tercer equipo tiene encomendadas las tareas en la zona de Tierras Altas, ocupándose de la adecuación de accesos del centro de salud de San Pedro Manrique y otros espacios de uso común de esta comarca.
De la limpieza de los centros de salud Pinares-Covaleda y San Leonardo de Yagüe, así como de la Residencia de El Royo se encarga otra cuadrilla, mientras que la brigada de Almazán, además de ayudar en el transporte de los equipos de Atención Primaria de la Zona Básica de Salud en la atención domiciliaria, si fuese necesario, se ocupará de la limpieza de accesos del centro de salud, del Centro Integrado de Formación Profesional Almazán y de la Sección Agraria Comarcal.
Estas planificaciones pueden variar, en función de las nuevas necesidades que puedan ir planteándose y de la duración de las distintas operaciones.
La consejera de Empleo e industria, Ana Carlota Amigo, y las asociaciones de los Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción han firmado un convenio de colaboración con cinco entidades financieras para facilitar la financiación de los costes laborales de los trabajadores con discapacidad y trabajadores en riesgo de exclusión. El acuerdo, que se ha firmado durante el encuentro que los participantes han celebrado de forma telemática, permitirá a estas entidades de la Economía Social contar anticipadamente con la subvención que concede la Junta de Castilla y León para cubrir el 50 % de los costes laborales de los trabajadores, así como las unidades de apoyo y de personal de acompañamiento.
El convenio de colaboración pone en funcionamiento un instrumento financiero para garantizar la liquidez de los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción de Castilla y León. El acuerdo permitirá que estas entidades puedan disponer de la subvención concedida por la Junta de Castilla y León antes de que finalice su tramitación administrativa, mediante la formalización de un crédito en condiciones especialmente ventajosas.
Este convenio, que ya se había firmado en ejercicios anteriores para los costes salariales de trabajadores con discapacidad y trabajadores en exclusión o riesgo de exclusión, introduce como novedad el anticipo de las subvenciones convocadas para las unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo y para las ayudas destinadas a financiar el personal de acompañamiento de las Empresas de Inserción laboral. En su conjunto, estas cuatro convocatorias de ayudas cuentan con un presupuesto estimado superior a los 24 millones de euros para el presente ejercicio
Las entidades que han suscrito el convenio por parte del sector de la Economía Social son la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (FEACEM CYL), la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Castilla y León (ACEECYL) y la Asociación para el Fomento en Castilla y León de las Empresas de Inserción (FECLEI). Mientras, las entidades financieras que han participado en este acuerdo son Banco Santander S.A, Caja Rural de Zamora Cooperativa de Crédito, Triodos Bank, N.V., CaixaBank S.A. y Caja Laboral Popular Coop. de Crédito.
Durante la firma de este convenio la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha subrayado la importancia de la colaboración público privada en materia de empleo y ha agradecido el apoyo de las entidades financieras a la labor que realiza el sector de la Economia Social que se ha convertido en una herramienta fundamental al servicio de la cohesión social, promoviendo la integración laboral de personas con discapacidad y personas en situación o riesgo de exclusión.
Amigo ha recordado el creciente peso del sector en Castilla y León, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, con un crecimiento sostenido en la Comunidad durante los últimos años. Castilla y León cuenta con 323 Centros Especiales de Empleo donde trabajan 6.687 personas, la inmensa mayoría con discapacidad; mientras, otros 376 trabajadores prestan servicio en las 18 Empresas de Inserción existentes a día de hoy en la Comunidad.
Todos los participantes han coincidido a la hora de considerar que el empleo de las personas con discapacidad y de colectivos en situación o riesgo de exclusión social continúa siendo uno de los principales retos de nuestra sociedad, con tasas de actividad inferiores a las del resto de la población. Por ello, resulta imprescindible la colaboración y cooperación social, coordinando y sumando recursos para favorecer el empleo de estos colectivos. La colaboración que se establece a través de este convenio va a permitir, demás, garantizar la sostenibilidad de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas de Inserción y favorecer su innovación y competitividad.
Los préstamos que otorguen las entidades financieras al amparo de este convenio estarán vinculados a las subvenciones aprobadas por la Consejería de Empleo y podrán alcanzar el 90 % del importe de estas subvenciones. La duración de la financiación se extenderá hasta el ingreso efectivo de la subvención solicitada y tendrán condiciones financieras preferentes con un tipo fijo de interés máximo del 1,75 % sobre las cantidades dispuestas y hasta un 0,25 % de comisión de apertura.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado hoy el incremento de las prestaciones para las personas dependientes de la Comunidad que se publicará mañana en el Bocyl y que tendrá efecto desde el 1 de enero de 2021. Este incremento, que beneficiará a 73.306 personas con dependencia de la Comunidad, supondrá una inversión adicional por parte de la Administración autonómica de 15 millones de euros. De esta manera, según ha explicado Fernández Mañueco, se pretende seguir mejorando la calidad de vida de las personas dependientes en Castilla y León y dar respuesta a las necesidades que precisan, a través del refuerzo de todas las prestaciones y servicios que ofrece el sistema de la dependencia.
En concreto, se va a incrementar la prestación económica vinculada al servicio, que permite a la persona dependiente la adquisición del servicio que precise bien una residencia, centro de día o a través de la ayuda a domicilio. En la actualidad 43.461 dependientes perciben dicha prestación.
En segundo lugar, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales en los supuestos en los que la persona dependiente esté siendo atendida por su entorno familiar, de la que se benefician actualmente 28.491 dependientes.
Y, en tercer lugar, se incrementa la prestación económica de asistencia personal para aquellas personas que necesiten contratar los servicios de un asistente personal durante unas horas para facilitar al beneficiario por ejemplo el acceso a la educación y al trabajo, así como medidas que le permitan llevar a cabo una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas. Un total de 1.354 dependientes la perciben en la actualidad, de los que el 8 % son menores de entre 4 y 7 años de edad.
El presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que el incremento medio será de un 10 % de aumento para la prestación económica vinculada al servicio y la de contratación de asistencia personal, aunque en el caso de las personas que cuenten con menor capacidad económica, el incremento será superior en todas las prestaciones. Mientras que en las ayudas para cuidados en el entorno familiar, la subida será del 5 %.
La atención a la dependencia, prioridad para Castilla y León
Fernández Mañueco ha recordado el importante esfuerzo financiero y de gestión que en materia de dependencia realiza la Junta de Castilla y León, ya que el Gobierno Central debería aportar el 50 % pero en la actualidad solo asume el 21,88 % (137,27 millones de euros) frente al 78,11 % (489,83 millones de euros) que aporta el Ejecutivo autonómico.
Según ha destacado, la Junta ha comenzado 2021 con la mejora y refuerzo de la teleasistencia, esfuerzo que continúa ahora con la mejora de las prestaciones económicas y que se proseguirá en breve con otras, como la ayuda a domicilio para incrementar el número de horas que los usuarios reciben o la atención residencial a través de los conciertos. A ello hay que añadir la reducción, a principios del año pasado, de los plazos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema que se redujo a tres meses desde la presentación de la solicitud.
Todas estas mejoras son posibles gracias al significativo esfuerzo financiero que los presupuestos para 2021 otorgan a la dependencia, a la que se destinan 679,58 millones de euros, lo que supone casi 91 millones más que en último presupuesto. Así, 6 de cada 10 euros del presupuesto se destinan a la dependencia, lo que supone un significativo incremento que reafirma, una vez más, la prioridad que para la Junta constituye la atención a las 105.165 personas dependientes que reciben 140.461 prestaciones en Castilla y León, ha subrayado el presidente.
Desde 2018, las personas atendidas por el sistema se han incrementado un 20 % pasando de 87.177 a las 105.165 que se registran en la actualidad. Además, en el sector de la dependencia de Castilla y León trabajan más de 45.000 personas fundamentalmente, mujeres, muchas de las cuales viven el medio rural. De hecho, Castilla y León es la comunidad que más empleo genera por cada millón de euros invertido.
