La consejera de Hacienda reivindica que las regiones gestionen las ayudas europeas hasta 2020

El 1 de enero de 2014 Castilla y León dejará de pertenecer al Objetivo Phasing-In o de transición de la Unión Europea y se integrará en el grupo de regiones más desarrolladas, como consecuencia de la buena evolución que ha experimentado en los últimos treinta años. Prueba de ello es que la renta per capita autonómica ha pasado del 69,6 % de 1983 –frente a la media de 100 de la UE-15– al 98,8% de 2009, último dato facilitado por Eurostat, que equivale a situarse en el promedio de la UE -27.

Este cambio de situación implicará un inevitable descenso de las ayudas comunitarias. De ahí que la consejera de Hacienda haya viajado a la capital belga para interesarse por la participación que tendrá la comunidad en el marco presupuestario europeo para el periodo 2014-2020, que se encuentra en plena negociación. En concreto, Pilar del Olmo ha solicitado la creación de “una red de seguridad” para autonomías como Castilla y León, que mitigue el impacto de la previsible caída de los fondos europeos.

Conviene recordar, en este sentido, que Castilla y León ha recibido 1.333 millones de euros de fondos estructurales durante el actual marco de programación 2007-2013, cantidad que es el 66 % inferior a los 3.916 millones que le fueron asignados en el periodo 2000-2006. La Junta pretende evitar un descenso tan acusado, y así se lo ha comunicado la consejera de Hacienda a Nicola de Michelis, en su calidad de encargado de la política de cohesión en el Gabinete del comisario de Política Regional. De Michelis ha acogido positivamente esta demanda, hasta el punto de que “se ha comprometido a supervisar que la previsible caída de los fondos sea inferior a la que sufrimos hace siete años”, en palabras de Pilar del Olmo.

Junto a esto, la consejera ha reivindicado el “papel esencial de las regiones en la política de cohesión, por cuanto son las que mejor conocen las necesidades de sus territorios”, lo que las hace merecedoras de una mayor capacidad de gestión. De hecho, Castilla y León únicamente ha administrado 491 millones de euros del montante global de fondos estructurales de los que ha disfrutado entre 2007 y 2013, el 37% del total, porcentaje que en opinión tanto de la Junta como del representante de la Comisión Europea debería ser muy superior.

A la vista de estas cifras Nicola de Michelis se ha mostrado incluso partidario de que “la proporción se invierta a favor de la comunidad y en detrimento de la Administración General del Estado”, según ha destacado Pilar del Olmo. Si se computan el conjunto de las partidas que han llegado a la comunidad para mejorar la cohesión durante el marco de programación vigente, 2.212 millones de euros, la cifra de gestión es aún menor: 681 millones han correspondido a la Junta (31 %), frente a los 1.531 del Gobierno de España (69 %).

En tercer lugar, la consejera ha instado a De Michelis a reconsiderar la tasa de cofinanciación que se plantea para 2014-2020, puesto que pasa del 80% actual al 50%. Es decir, que será necesario destinar 2,5 veces más fondos autónomos para absorber el mismo nivel de recursos de la UE, lo que reduce las disponibilidades presupuestarias para el resto de políticas del Gobierno autonómico. Como argumento para justificar este trato diferencial, que será objeto de estudio por parte de la CE, Pilar del Olmo ha esgrimido la baja densidad de población de Castilla y León, que es de 27 habitantes por kilómetro cuadrado frente a la media de España de 93,4 y el promedio de la UE, que se eleva hasta los 117,7.

Por último, la máxima responsable de las cuentas autonómicas ha solicitado información sobre el desarrollo de la Iniciativa sobre el empleo juvenil que se aprobó en el Consejo Europeo del pasado 8 de febrero, puesto que “la lucha contra el desempleo es la principal preocupación de la Junta”.

En la reunión, que ha tenido lugar en el edificio Berlaymont de la Comisión Europea, han participado también el director general de Presupuestos y Estadística de la Junta, José Armando Baeta, y el jefe de la Unidad de España de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Andrea Mairate, así como dos técnicos de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE.

AHORRO DEL 80% CON EL TRASLADO

Previamente, por la mañana, la consejera de Hacienda ha visitado la nueva sede de la Delegación Permanente de Castilla y León ante la UE, donde trabajan tres empleados de la Junta y cuatro becarios. Desde el pasado 12 de diciembre la oficina autonómica en la capital belga está instalada en el edificio de la Embajada de España ante la Unión Europea (Reper), emplazamiento al que llegó después de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmara un convenio a tal fin en junio de 2012 con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La mudanza tiene ventajas indudables por cuanto ha generado un ahorro anual superior al 80%, cifra muy relevante en un momento de fuertes restricciones en el gasto público. Por otra parte, el hecho de compartir espacios con la Representación Permanente de España ante la UE ha permitido mejorar tanto en eficiencia como en la coordinación con los técnicos del Gobierno.

Además de entrevistarse con los miembros de la delegación castellana y leonesa, Pilar del Olmo ha mantenido una reunión con la consejera de Hacienda de la Reper, Pilar Sáenz de Ormijana, y los dos consejeros autonómicos de la institución, Estanislau Vidal-Foch y Julián Talens Escartí, con quienes también ha abordado las implicaciones del nuevo presupuesto comunitario para España y el futuro de la política de cohesión.