Ángeles Álvarez reclama al Gobierno un crédito extraordinario de 200 millones contra la violencia de género
La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, visitó ayer Soria, donde reclamó ayer al Gobierno del PP “responsabilidad” en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para lo que solicitó “un decreto ley que permita habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para comenzar a poner en marchas las medidas” incluidas en dicho documento que afectan “a todas las formas de violencia contra la mujer”.
Álvarez recordó que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género está dotado con 1.000 millones de euros para cinco años, por lo que “una quinta parte debería implementarse ya en 2018”. “Teniendo el Presupuesto prorrogado no hay dinero, pero la Constitución tiene los mecanismos necesarios para poder sacar un Presupuesto adelante mediante un procedimiento tan sencillo como que el señor Montoso apruebe un decreto ley de forma urgente que permita habilitar un crédito extraordinario de 200 millones para este año para que las medidas que contempla el Pacto se pongan ya en marcha”, ha señalado.
La portavoz socialista de Igualdad criticó la “cerrazón del Gobierno del PP” y su negativa a habilitar dicho crédito extraordinario “que sabemos que en el global de los Presupuestos Generales del Estado es una cantidad ridícula pero para el Pacto contra la violencia de género es una cantidad muy importante que nos ayudará a salvar vidas”. “Por ello, pedimos al Gobierno responsabilidad y lealtad dando cumplimiento a los acuerdos asumidos”, ha manifestado. Álvarez ha insistido en la importancia de poder comenzar a aplicar las medidas que contempla el Pacto ya que ha recordado que “recoge todas las formas de violencia contra la mujer”.
“El Pacto vino a identificar las disfunciones en la aplicación de la ley, las malas prácticas y a impulsar medidas que estaban en la ley pero que en algunos casos no se estaban aplicando”. En este sentido, la socialista explicó que del total de órdenes de protección concedidas en los últimos cuatro años, “solo en el 0,76% se había hecho una valoración forense del riesgo, lo que quiere decir que los jueces toman decisiones sobre la seguridad de las mujeres y de sus hijos sin elementos de juicio suficientes”.
Ángeles Álvarez explicó que el Pacto de Estado trata de corregir también la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local “con la que se quitó competencias a los ayuntamientos en medidas sobre igualdad y en contra de la violencia” suprimiendo las unidades municipales de apoyo a las víctimas. “Hay un dato muy significativo que dice que el 80% de las víctimas mortales nunca pusieron una denuncia. Necesitamos adelantarnos a esa situación y para eso es fundamental la administración local, que es la que más cerca está de los ciudadanos y ciudadanas y por ello es importante que recupere esa competencia que se le quitó”.
Otro de los asuntos que aborda el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el relativo a las agresiones sexuales. “Los datos denunciados entre 2008 y 2015 hablan de 7.958 agresiones sexuales con penetración y 47.473 víctimas de abuso sexual, pero la realidad es otra. La macroencuestra sobre agresiones sexuales dice que el 7,2% de las mujeres sobre el último censo del INE, es decir, 1.446.323, reconoce violencia sexual fuera del ámbito de la pareja: y el 3,1% de las mujeres españolas (622.722) reconocen haber sufrido algún tipo de violencia sexual antes de cumplir 26 años. Unos datos que nos obligan a tomar medidas no solo para las víctimas que denuncian, sino también de prevención contra las agresiones sexuales”, matizó.