Miguel Latorre pone como ejemplo de “idea imaginativa y positiva” el Proyecto Led de la Diputación de Soria que financia el Gobierno de España

El subdelegado pide a las corporaciones locales “decisión” para abordar proyectos que cuenten con la colaboración del Estado y de la Unión Europea para salir de la crisis provocada por la covid-19

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha insistido en que los ayuntamientos tienen “una magnífica oportunidad para buscar inversiones imaginativas que ayuden a los ciudadanos a superar la crisis provocada por la covid-19”.

En este sentido, ha recordado que más de la mitad de los fondos de la Unión Europea se canaliza a través de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE. Todos esos fondos se destinan a invertir en la creación de empleo y en una economía y un medio ambiente europeos sostenibles y sanos.

Estos fondos se concentran principalmente en cinco sectores: investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los recursos naturales y pequeñas empresas.

“Los ayuntamientos tienen la puerta abierta”, ha dicho Latorre, “para presentar proyectos que mejoren sus localidades y la vida de sus habitantes. Cuentan para ello con la total colaboración del Gobierno de España”.

Y ha puesto un ejemplo: El proyecto de sustitución de más de 12.000 puntos de luz de un centenar de ayuntamientos sorianos por alumbrado led que la Diputación de Soria está acometiendo gracias a un proyecto subvencionado por el Gobierno de España a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico.

Este proyecto, que sigue cubriendo etapas, fue presentado al IDAE en 2017 y permite a la corporación provincial gestionar cerca de 10 millones de euros para cambiar más del 50% de los puntos de luz que quedaban en Soria por otros de led más baratos y ecológicos. “Es”, ha dicho Latorre, “una tecnología que consume menos energía y que es más respetuosa con el medio ambiente. En algunos casos, los ahorros energéticos superan el 80 por ciento. En total, un ahorro económico anual de un millón de euros, aproximadamente”.

 

Pero, además, supone también, en palabras del subdelegado, “la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera en 1.200 toneladas al año”.

Este proyecto singular que sigue ejecutando la Diputación Provincial forma parte de una línea de ayudas destinada a entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER del crecimiento sostenible 2014-2020.

Remanentes

El subdelegado se ha referido también a que el Gobierno de España ofrece ahora la posibilidad de salvar los obstáculos que las entidades locales encontraban en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para gastar sus remanentes de tesorería.

Ante esta situación, el Gobierno, a través de un Real Decreto ley, recoge el procedimiento acordado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, que permitirá a los ayuntamientos aumentar sus ingresos y, con ello, su capacidad de gasto, respetando la normativa vigente y permitiendo ofrecer servicios públicos de mayor calidad.

Los ayuntamientos podrán destinar sus remanentes de tesorería a políticas de cuidados, movilidad sostenible, vivienda o cultura gracias al decreto del Gobierno que establece que las entidades locales que así lo deseen constituirán voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería.

Después, los ayuntamientos recibirán la devolución íntegra de sus remanentes y, además, contarán con la movilización adicional de 5.000 millones repartida en los ejercicios 2020 y 2021. Las transferencias realizadas por el Estado se imputarán como un ingreso no financiero para los ayuntamientos, lo que les permitirá incrementar su gasto sin incurrir en déficit. Es decir, el Gobierno asume la responsabilidad y el coste del incremento presupuestario municipal para asentar la recuperación social y económica.

“Estas inversiones”, ha indicado Latorre, “están abiertas a muchas posibilidades”, entre las que ha subrayado aumentar los servicios y programas para las personas mayores, dependientes o con discapacidad; reforzar el sistema de ayuda a domicilio y el servicio de Teleasistencia; mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia de género; construir y mejorar las escuelas infantiles entre 0 y 3 años; incrementar la vivienda en alquiler a precios asequibles; fomentar la movilidad sostenible con la construcción de carriles bici, desarrollar acciones en zonas de protección medioambiental o aprobar políticas de apoyo a la promoción cultural.

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