Capital

El juzgado obliga a la demolición de la quinta planta del edificio de Los Pajaritos en dos meses

Belén Izquierdo señala que "la sentencia dice al Ayuntamiento que ha intentado legalizar algo que es ilegal" mientras Luis Rey señala que "el exceso de obra está prácticamente demolido, a excepción de la estructura"

El Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha declarado que las obras ejecutadas en la quinta planta del edificio Pajaritos II en la ciudad de Soria son “ilegales e incompatibles con el ordenamiento urbanístico”, como se desprende de la sentencia, por lo que ha instado al Ayuntamiento de la ciudad a derribar la estructura de esta quinta planta en un plazo de dos meses.

Belén Izquierdo, como portavoz del Grupo Municipal del PP, demandante, ha lamentado que el alcalde de Soria permitiera "la ejecución de una planta más de lo autorizado y no tener en cuenta ni las fotografías aportadas por el policía municipal de la infracción ni tampoco hasta cinco informes técnicos municipales"

"La sentencia dice al Ayuntamiento que ha intentado legalizar algo que es ilegal”, ha lamentado Izquierdo, que ha apuntado que se ha tenido que esperar un año hasta conocer una sentencia que apunta que la promotora "inició las obras un año antes de que se aprobará el proyecto de ejecución"

Izquierdo ha apuntado que el PP se personará en el TSJCyL en el caso de que el Ayuntamiento o la empresa presenten recurso de apelación para “defender los intereses de la ciudad”.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, por su parte, ha pedido “quitarle hierro y gravedad al asunto" ya que "el exceso de obra está prácticamente demolido, a excepción de la estructura, y lo que se dirime en el procedimiento es si se admitía la legalización de las obras con la colocación de placas solares aprovechando la estructura de esa quinta planta".  

Rey ha subrayado que el equipo de Gobierno “acata la sentencia” a pesar de que muchos argumentos no “los comparte” y ha apuntado que el procedimiento trataba de la restauración de la legalidad y, por otro lado, dirime un procedimiento sancionador contra la empresa por 150.000 euros, que "sigue en curso".

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