Comunicado de la Junta de Personal funcionario de la Junta de Castilla y León

Para que el Gobierno autonómico cumpla con los acuerdos, leyes y compromisos adquiridos con los empleados y empleadas públicos

La Junta de Personal funcionario desea trasladar que mantiene la "exigencia" de que el Gobierno de Castilla y Leon cumpla con los acuerdos, leyes y compromisos adquiridos con los empleados y empleadas públicos, y no se escude en una convocatoria de elecciones para eludir dichas obligaciones, entre otras:

  • "Que se implemente el concurso ordinario de méritos de carácter anual previsto en la normativa de la propia Junta de Castilla y León, concretamente en la disposición adicional del Decreto 3/2020, de 18 de junio para la provisión definitiva de puestos de trabajo de personal funcionario de carrera de los Cuerpos y Escalas de Administración General y Especial.
  • Que se publique el reglamento de desarrollo de la LEY 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ley donde se establecía un plazo para su desarrollo reglamentario de seis meses, habiéndose casi cuadruplicado ese plazo sin que se haya producido el mismo, lo que está causando retrasos, con importantes perjuicios, en el acceso a la misma.
  • Que se proceda al abono de las cuantías correspondientes a los “fondos adicionales” de 2018, de 2019 y de 2020, que aún se adeudan a los trabajadores y trabajadoras de esta Administración y a cuyo pago se comprometieron y están obligados.
  • Que cumplan con el acuerdo que la Junta de Castilla y León suscribió en fecha 21 de mayo de 2019, por el que se recuperaba el derecho a la jornada semanal de 35 horas, y que reiteradamente han manifestado que era un compromiso de legislatura, compromiso que, como los anteriores, parece resultar una farsa más. Este incumplimiento también hace caso omiso de la moción aprobada en las Cortes Regionales el pasado 20 de octubre, para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales de sus empleados públicos. Ni cumplen sus acuerdos ni las mociones aprobadas en las Cortes de esta Comunidad.
  • Reducción de la tasa de temporalidad en la Administración a un máximo del 8%, como está comprometido, estando dicha tasa, en algunos competencias profesionales, más próximas al 100% que siquiera al 50%.
  • Adecuación del operativo de incendios a las necesidades reales de esta Comunidad, de sus territorio, con la, muchas veces indicada necesaria, actualización del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el Operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León, reconocidamente obsoleto.
  • Cobertura de todas las vacantes existentes en esta Administración, especialmente en las zonas rurales, donde la falta de personal es acuciante, situación que compromete la prestación de los servicios al ciudadano

Asimismo queremos dejar constancia de nuestra decepción por la actitud de la Dirección General de la Función Pública de desatender las comunicaciones y solicitudes que han sido efectuadas por este órgano de representación de los trabajadores/as, sin recibir siquiera respuesta en la práctica totalidad de los casos, siendo respondidos en tan solo una ocasión sin más indicación que una evasiva a la demanda efectuada.

Esa decepción se traslada al Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León, el cual, de todos los escritos que se le han dirigido, no ha hecho más que contestar con la indicación de que se dirigían al Organismo de la Junta de Castilla y León que entendían debía dar respuesta, sin que se haya producido esa respuesta en ninguno de los casos. Creemos que los órganos de representación de los  empleados y empleadas públicos de esta comunidad, a los que ellos aluden como recurso esencial y mayor valor de la Administración, merecen recibir algún tipo de respuesta a sus demandas, que si bien entendemos que debieran ser atendidas, al menos debieran ser contestadas dando justificación de la respuesta si esta hubiera de ser negativa.

No menos decepcionante y enojosa resulta la externalización que poco a poco se está llevando a cabo en muchos ámbitos de las funciones propias de la Administración, deteriorando en muchos casos la calidad de los servicios prestados, en aras de una errónea concepción de la mayor eficiencia de lo privado frente a lo público, que tantas veces se demuestra falsa, y que da como resultado en la práctica, frecuentemente, un aumento de costes para un servicio de menor calidad".

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