El Ayuntamiento de Soria no se pronuncia aún sobre las modificaciones del Cerro de Los Moros y solicita más documentación a la empresa
El Ayuntamiento de Soria no se pronuncia aún sobre las modificaciones del proyecto urbanístico del Cerro de Los Moros y solicita más documentación a la empresa, en una decisión aprobada por el pleno municipal. Esta decisión administrativa conlleva una suspensión de plazos, ya que la empresa deberá completar el expediente y cumplir con los requerimientos de los técnicos municipales en un plazo de entre tres y seis meses.
El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, defiende que no se trata de "ganar tiempo", sino que "el departamento del área de urbanismo, plantea que con la documentación que hay hoy en el expediente, no cabe ni la aprobación ni la denegación sin que se adjunten informes preceptivos", que, de no cumplirse, conllevarían la denegación del proyecto.
Martínez ha señalado que los servicios jurídicos han recomendado, de cara a posibles futuras reclamaciones, que esta decisión fuera aprobada en pleno municipal. Por otra parte, indica que si el Ayuntamiento de Soria no hubiera dado respuesta en este caso, la tramitación habría quedado en manos de la administración autonómica, siendo la Junta quien tendría que determinar la aprobación provisional, algo que también trata de evitar el Consistorio. Una vez presentados estos informes, el Ayuntamiento tendrá que pronunciarse.
En cuanto a la documentación pendiente, Martínez recalca que los informes deben estar validados por otras administraciones. Así, el alcalde hace alusión a informes de patrimonio que, por una cláusula legal, deben "ser claros en positivos y este no lo es, pone una serie de reticencias que los servicios técnicos y jurídicos necesitan para emitir las conclusiones", destaca.
En cuanto al desarrollo del pleno, Martínez ha lamentado que el Partido Popular se haya mostrado en contra, cuando es el Partido que aprobó el Plan General que ha provocado este "lío" que podría costar mucho dinero al Ayuntamiento de Soria. Por eso, Martínez defiende la necesidad de encontrar un punto de equilibrio con la promotora del proyecto, sin que se lleguen a edificar las 1.300 viviendas proyectadas en este espacio, pero que tampoco se ponga el riesgo el patrimonio económico municipal con una posible reclamación. De hecho, el alcalde señala que ya está sobre la mesa una reclamación de 1,3 millones de euros y una nueva reclamación pendiente de cuantificar de la familia Ridruejo que ha llegado 30 años después de la construcción de la actual depuradora, en la que reclaman un defecto de forma en la expropiación de dichos terrenos donde no se habría pagado "el justiprecio" de exporpiación. Un trámite que llevó a cabo la Junta de Castilla y León y que, sin embargo, ahora recae en el Consistorio por ser el actual propietario de los terrenos, con la dificultad que entraña abordar un expediente "que tiene otra administración".