29 menores en acogimiento residencial esperan familias de acogida en Soria

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comienza los trámites para el Decreto que regulará la atención de menores en riesgo

29 menores en acogimiento residencial esperan familias de acogida en Soria hasta volver con sus familias o ser adoptados. Isabel Blanco ha querido agradecer la "generosidad" de las familias de acogida que deciden tener a estos niños en sus hogares "sabiendo que es temporal y que luego regresarán con sus familias o serán adoptados".

"Desde la Junta trabajamos para que estos niños tengan una familia de acogida y encuentren un hogar en un entorno estable", aunque ha recordado si no se da la acogida, hay 65 centros residenciales con 730 plazas.

Blanco ha señalado que, a 31 de diciembre de 2019, en Castilla y León había 587 menores en acogimiento residencial, 29 de ellos en Soria, para ser acogidos por familias.

Asimismo, ha señalado que en el último año 1.490 menores en Castilla y León "han sido objeto de protección", 49 de ellos en Soria. "Los expedientes de protección han sido abiertos por diferentes motivos, cerca del 9% por maltrato pero también hay por modelo familiar inadecuado o por situaciones negligentes físicas o psíquicas", ha explicado la consejera.

RESIDENCIA DE ACOGIDA MARILLAC

La Residencia de Acogida Marillac es de titularidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y la Junta de Castilla y León y cuenta con 17 plazas para niños de hasta 12 años, con un importa anual de 358.000 euros.

La Residencia cuenta en la actualidad con siete niños y cinco de ellos llevan residiendo en él entre seis meses y un año. Asimismo, atienden anualmente una media de 25 menores aunque en 2019 la cifra se redujo a 15.

De los 65 centros residenciales de la Comunidad, Soria cuenta con tres concentrados con 34 plazas, 17 en Marillac, ocho en Cruz Roja y nueve en Fundación Itaka Escolapios.

DECRETO SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comienza los trámites para el Decreto que regulará la detección de situaciones de desprotección de menores en riesgo, y su atención inmediata, con la publicación este martes de dicho Decreto en Gobierno Abierto.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado este martes la residencia de Acogida Marilla en Soria, junto a la responsable del centro, Encarnación García, y la directora de Familia, Esperanza Vázquez.

"El Decreto pretende garantizar la atención inmediata de los menores en riesgo, mediante la activación de los dispositivos adecuados que permitan detectar situaciones de desprotección o maltrato, en colaboración con las distintas administraciones públicas y privadas", ha señalado la consejera, con el fin de que sea "de obligado cumplimiento y se actúe de manera coordinada".

 

Isabel Blanco ha incidido en el compromiso de la la Junta en la protección de la infancia mediante un protocolo, en su acuerdo de Gobierno con Ciudadanos," que pasa a Decreto" para que sea "de obligado cumplimiento" y en el que se incide en la "detección precoz de situaciones de riesgo de menores, coordinación y concienciación social".

El Decreto garantiza el anonimato de los particulares que denuncien las situaciones de riesgo o desamparo a través de los Centros de Acción Social (CEAS) o los teléfonos 012 y 112 y pone a disposición de los menores medios para denunciar como el teléfono 116 11, gratuito y confidencias.

"Con este Decreto se garantiza que ningún menor será dado de alta en un hospital hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente, del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso", ha señalado Isabel Blanco.

El Decreto pone a disposición de los menores todos los medios posibles, como una red de centros de acogida operativa de las 24 horas del día en cada provincia, para prestar atención inmediata o de urgencia y refuerza la implicación de los colegios profesionales en la sensiblización, información y formación de sus colegiados.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de actuación de los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales con el fin de que los profesionales cuenten con la formación adecuada para detectar con eficacia situaciones de esta naturaleza.

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