Uno de los objetivos de la Junta de Castilla y León es dotar a las universidades públicas de la Comunidad de una adecuada financiación para que sigan contribuyendo a la modernización de la sociedad y a la retención de talento. En este sentido, la aportación aprobada hoy -98.882.451 euros- permite cubrir los gastos globales de su actividad durante el primer trimestre del año 2022, atendiendo fundamentalmente a los derivados de personal y todos aquellos conceptos en los que incurren las universidades para su correcto funcionamiento, tanto en su vertiente docente como investigadora.
De esta cantidad, 11.177.024 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU), 16.563.396 a la Universidad de León (ULE), 35.011.296 a la Universidad de Salamanca (USAL) y 36.130.733 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).
En estos momentos, la enseñanza superior tiene planteados tres grandes retos en torno a las funciones básicas de la universidad: formar al alumno con conocimientos especializados, fomentar la investigación y generar nuevo conocimiento que transferir a la sociedad.
Estas funciones básicas, a su vez, se vinculan a tres grandes objetivos:
- La Consejería de Educación quiere reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos.
- Profundización y afianzamiento de una investigación científica de calidad. El compromiso de la Consejería de Educación se concreta, por una parte, en la financiación aprobada de los gastos del personal docente e investigador de las universidades públicas y, por otra, en las diferentes actuaciones en materia de investigación.
- Mayor esfuerzo en la innovación, para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas, lo que contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.
