La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza el modelo 'violencia cero'

De manera que el sistema de Servicios Sociales sea para las víctimas su puerta de entrada y también su vía de salida a una vida autónoma y plena de derechos

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado esta mañana en Palencia una mejora del modelo ‘Objetivo Violencia Cero’ de atención a las víctimas de violencia de género, en el marco de la futura ley autonómica cuya tramitación interna ha iniciado ya su departamento.

El objetivo último es que el sistema de Servicios Sociales, además de consolidarse como la puerta de entrada a la red de recursos de apoyo, sea también la vía de salida a una vida autónoma, libre y plena de derechos para estas mujeres y sus familias.

La consejera ha realizado este anuncio durante la clausura del acto institucional organizado por la Junta en el Centro Cultural Provincial de Palencia para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se ha escenificado el esquema de ese nuevo modelo de atención ordenado en tres fases, a través de material audiovisual y de testimonios en vivo de responsables de instituciones, organizaciones y entidades implicadas en este engranaje, además de escuchar la voz de las propias víctimas de esta lacra.

En la actualización y refuerzo de estos procesos, la primera es la ‘fase in’, donde tienen su encaje las acciones de prevención, la detección temprana y, en su caso, la derivación de la víctima. La segunda, ‘fase on’, se inicia con la valoración personalizada de cada caso y prosigue con la movilización de recursos a la medida de las necesidades de la persona. Y, en tercer y último lugar, la ‘fase out’, la que otorga sentido a las anteriores, sitúa a la víctima fuera del sistema de Servicios Sociales, integrada en la sociedad e, incluso, en el mercado de trabajo, y lista para recuperar sus derechos y emprender una vida independiente.

Durante su intervención, Isabel Blanco ha reivindicado la necesaria colaboración, coordinación e implicación de todas las administraciones, entidades, agentes económicos y sociales y ciudadanos a título individual para prevenir la violencia de género, combatirla, y lograr la atención integral y la recuperación de las mujeres que la padecen.

Los continuos y cada vez más acelerados cambios sociales, económicos y culturales obligan a todos los agentes comprometidos en la solución de este problema estructural a adaptar y adecuar las herramientas para dar respuesta a la nueva realidad –marcada por la irrupción de nuevas tipologías de violencia de género y formas de ejercerla– y a los desafíos emergentes.

Esto justifica, en palabras de la consejera, la redacción de un nuevo anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, que supone actualizar la normativa anterior, de 2010. “Es necesario pasar de un sistema exclusivamente asistencialista a otro donde la asistencia se configura como un medio para conseguir un fin, que no es otro que restituir los derechos vulnerados de las víctimas de violencia de género y la recuperación de su autonomía. Para ello, es fundamental incrementar los esfuerzos y aumentar los recursos en el último eslabón de la cadena de atención: la inserción laboral de la víctima”, ha indicado.

Fase In

La primera palanca de cambio en esa mejora del modelo ‘violencia cero’ se encuentra en la ‘fase in’ y es la prevención. Una herramienta de trabajo en estos ámbitos será el próximo plan estratégico para la igualdad de género, que supone avanzar hacia una cultura de mayor corresponsabilidad en el ámbito de la igualdad. Así, el reto es trabajar en la prevención no sólo con las mujeres, sino también con los hombres, niños y jóvenes, sensibilizando sobre nuevos modelos de relaciones.

Junto a ello, el anteproyecto de ley de atención a las víctimas dedica uno de sus títulos a la evaluación, investigación e innovación en materia de violencia de género. El análisis y medición de resultados, la realización de estudios o el ensayo de metodologías innovadoras, inclusivas y accesibles serán clave para planificar e implementar actuaciones eficaces de lucha contra la violencia de género e identificar las posibilidades de mejora.

Otro instrumento para el cambio será el nuevo enfoque dado a la detección temprana, pasando de concebir la intervención con víctimas como un proceso individual a uno grupal, donde se implique el conjunto de la sociedad.

La Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades ya viene tejiendo desde hace meses redes colaborativas –con entidades del Tercer Sector Social centradas en la detección temprana de violencia de género en colectivos especialmente vulnerables; de prostitución y trata; universidades; entidades locales; asociaciones de mujeres rurales y titulares de centros de emergencia y casas de acogida–, desde la convicción de que sólo una sociedad organizada y comprometida con la igualdad se puede erradicar la violencia de género. “Queremos sistemas de actuación eficaces, que además de ayudar a paliar el problema, busquen resolverlo”, ha ejemplificado la consejera.

Fase On

Fruto de esa labor de cooperación en red es la transformación que ya se está impulsando también en torno a los procedimientos y aplicación de los recursos disponibles. Así, la intervención de la red de atención a víctimas, que hasta ahora presentaba una estructura y funcionamiento más rígido, se convierte en un servicio dinámico, que se acomoda al perfil del usuario. Dicho de otro modo, el reto es adecuar el sistema a las necesidades de la víctima y no al revés, procurando una mejor accesibilidad y una atención de mayor calidad.

En este contexto, la consejera ha anunciado en Palencia un conjunto de inversiones por importe de dos millones de euros, destinado a la reforma, mejora y sustitución de los recursos de la red de atención a víctimas de violencia de género en Castilla y León. Y es que la nueva normativa que elabora la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades encomienda a la Administración la labor de asegurar que estos recursos sean accesibles y se presten en condiciones de igualdad a todas las víctimas, y a la red de Servicios Sociales la tarea garantizar a las víctimas el derecho a la atención integral hasta la finalización del proceso de recuperación.

Por otro lado, el cambio de modelo que promueve la Junta incide en el refuerzo de los profesionales. Se prevén medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos, tales como el sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y de los medios de comunicación, con itinerarios formativos vinculados a estudios de posgrado en las universidades.

Además, se incorporarán sistemas de evaluación, con indicadores de resultado e impacto, para adaptar estos recursos y servicios a las nuevas necesidades y realidades de las víctimas y de su entorno.

Fase Out

La tercera fase, ‘fase out’, es la que mejor visibiliza la modificación en los procedimientos de atención. El reto es que las mujeres víctimas de violencia de género puedan construir de nuevo vidas autónomas, independientes y libres. “La etiqueta de víctima de violencia es una certificación administrativa para la intervención profesional, pero no debe ser un estigma personal del que no se puedan desprender”, ha asegurado la consejera.

Para llegar a este punto, es preciso dotar de dinamismo al sistema de Servicios Sociales, abriendo una puerta de salida a las víctimas. “La eficacia de la política pública en la atención de víctimas no es tener una ocupación de las casas al 80 %, sino que entradas y salidas garanticen la vida autónoma”.

En este sentido, la inserción laboral es una de las claves que desencadenan estos procesos de recuperación de la autonomía. De ahí la iniciativa lanzada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de embarcar al tejido productivo de Castilla y León en su programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’.

La adhesión al mismo implica que las compañías de este territorio dan un paso más en su responsabilidad social y adquieren el compromiso de promover la igualdad y prevenir la violencia de género, incorporar a mujeres a sus plantillas, facilitarles su ascenso profesional y reservar puestos de especial interés a las mujeres más vulnerables.

“Avanzamos en el reto de unir las políticas de responsabilidad social de grandes compañías de la Comunidad con las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y las de prevención de la violencia de género”, ha afirmado Isabel Blanco.

En línea con lo anterior, la consejera ha avanzado la puesta en marcha de un programa para promover la contratación de víctimas de violencia de género entre las empresas, mediante una línea de subvenciones, que se sufragará con fondos autónomos.