Los hechos ocurrían la pasada noche del 3 al 4 de noviembre de 2021, cuando efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria localizaban, a la altura del km. 174 de la autovía A2 (Madrid-La Junquera), municipio de Arcos de Jalón (Soria), tres conductores careciendo de licencia de conducción en vigor, y otros dos que arrojaban resultado positivo en la prueba de drogas.
Uno de los conductores, vecino de la provincia de Guadalajara, circulaba con un turismo careciendo de permiso de conducción, sin haberlo obtenido nunca. El segundo, vecino de Zaragoza, circulaba con un vehículo articulado poseyendo una pérdida de vigencia del citado permiso de conducción. Ambos conductores fueron investigados por supuestos delitos contra la seguridad del tráfico, enviando las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Almazán.
El tercero, vecino de Madrid, conducía una furgoneta habiendo perdido la totalidad del crédito de puntos, siéndole notificada dicha pérdida, a efectos de imposibilidad de conducción, y notificada denuncia por supuesta infracción administrativa.
Por otro lado, en dicho lugar, fueron localizados dos conductores a quienes se les formuló denuncia por conducir bajo la influencia de drogas tóxicas.
Todos los vehículos implicados quedaron inmovilizados en el lugar, por imposibilidad legal de continuar la conducción.
El ejercicio de la actividad de conducción sin permiso atenta contra la seguridad vial y está penada por la ley con penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad.
La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.
Estas conductas al volante podrían conllevar administrativamente hasta 1.000 € de sanción y penalmente podrían ser castigadas con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
