La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presidido esta mañana en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid una reunión –la primera con carácter presencial desde el levantamiento de las restricciones– con representantes de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales de Castilla y León para informarles del contenido de la nueva adenda al Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que aprobará en próximas fechas el Consejo de Gobierno.
La medida implica incrementar con ocho millones de euros adicionales la financiación a municipios y diputaciones dirigida a las ayudas de emergencia, reforzando los apoyos para que las familias más vulnerables puedan hacer frente a los suministros energéticos y, en particular, a la subida desorbitada del precio de la electricidad.
En concreto, esta cuantía se va a distribuir en dos anualidades: la primera, este mismo año, con 4 millones de euros, lo que supone aumentar hasta los 6,62 millones el presupuesto inicialmente previsto este año para las prestaciones de urgencia social dirigidas a este fin. En 2022, se aportarán los cuatro millones restantes. La corporación local que más recursos va a recibir es el Ayuntamiento de Valladolid, con más de 1,3 millones de euros.
“Nuestra prioridad es proteger a las personas y ayudar a quienes más lo necesitan. En esta Comunidad ninguna familia se va a quedar sin luz o calefacción por no poder pagar los recibos”, ha asegurado Isabel Blanco, recordando las palabras pronunciadas hace unos días por el presidente Mañueco.
La consejera ha incidido en que el Ejecutivo de Castilla y León, lejos de permanecer impasible ante una emergencia social para muchas familias, responde con eficacia y reacciona con agilidad a los nuevos desafíos para ofrecer soluciones a los problemas que preocupan a la gente a través del plan energético con tres líneas de actuación: las ayudas de emergencia tradicionales, una ayuda extraordinaria para pagar la luz y la renovación de convenios con compañías eléctricas para evitar cortes de suministro.
Con la nueva partida de ocho millones inyectada al Acuerdo Marco, la dotación del principal instrumento de colaboración entre la Junta y las corporaciones locales alcanza un presupuesto total de 542,2 millones de euros al servicio de las políticas sociales en el territorio en el periodo 2020-2023.
Cooperación esencial con el mundo local
La consejera ha destacado que precisamente la cooperación institucional, además de la que mantiene su departamento con el Tercer Sector, es una de las claves indiscutibles del exitoso modelo de Servicios Sociales de Castilla y León, que se encuentra a la vanguardia de España.
Una de sus herramientas más útiles es la Red de Protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, que garantiza una atención integral en forma de ingresos mínimos; provisión, urgente en su caso, de productos de primera necesidad; ayudas económicas de emergencia, y otras acciones encaminadas a facilitar el acceso al empleo como vía de inclusión social a sus beneficiarios.
Isabel Blanco ha defendido que la Red de Protección, que llega a todo el territorio gracias a la colaboración de las entidades locales, ha sabido estar a la altura de las circunstancias derivadas de la pandemia, como demuestra el hecho de que en 2020 su paraguas ofreció cobertura a 384.000 personas, más del doble que un año antes (con 175.000 beneficiarios), un incremento que achacó especialmente al aumento de beneficiarios del reparto de alimentos.
Dentro de la Red de Protección, las ayudas de emergencia absorbieron casi 4,3 millones de euros el pasado año. Una parte importante de ese montante, 1,25 millones, se destinó a las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situación de urgencia social, con las que casi 3.000 familias pudieron afrontar el pago de la luz, el gas o el agua, entre otros.
En concreto, en la provincia de Ávila estos apoyos llegaron a 447 familias (y sumaron 146.975 euros); en Burgos, a 400 (152.025 euros); en León, a 407 (222.094 euros); en Palencia, a 140 (38.124 euros); en Salamanca, a 361 (283.454 euros); en Segovia, a 70 (23.363 euros); en Soria, a 209 (79.758 euros); en Valladolid, a 759 (259.618 euros) y en Zamora, a 136 familias (48.703 euros).
La nueva línea de financiación que se activa ahora refuerza precisamente estas ayudas de emergencia y se enmarca en el paquete de medidas contra la pobreza energética anunciado por el presidente Mañueco el pasado 8 de octubre.
Una ayuda directa y sin trámites
La más notable es la ayuda directa y extraordinaria de 130 euros que los consumidores vulnerables severos verán ingresada en su cuenta corriente antes de finalizar el año, sin necesidad de formalizar ningún trámite, y que garantiza de forma inmediata que nadie durante este invierno carezca de luz o de calefacción a causa del desmesurado incremento de la factura energética.
Los beneficiarios serán aquellos que figuren en los registros de la Junta como ‘consumidor vulnerable severo’, una definición vinculada a su nivel de renta anual, con los límites de 15.817 euros para familias numerosas; 9.880 para hogares con dos menores, 7.908 si solo tienen un menor y 5.931 euros si no vive ninguno, y finalmente con un máximo de 7.908 euros en el caso de personas que perciben la pensión mínima.
Esta ayuda implicará un desembolso de 6 millones de euros procedentes de las arcas autonómicas y beneficiará, según las previsiones, a alrededor de 45.000 familias con pocos recursos, entre las que se encuentran perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y los mayores con pensiones no contributivas.
Junto a esto, en el transcurso de la reunión con los responsables de las entidades locales, la consejera ha incidido en la necesidad de estrechar la colaboración y coordinación, de manera que no se solapen las distintas líneas y apoyos que están poniendo en marcha las diversas administraciones para llegar así a un mayor número de familias.
Freno a los cortes de suministro por impagos
Otra de las iniciativas más relevantes, dentro del paquete de medidas contra la pobreza energética, es el refuerzo de los convenios con las empresas suministradoras de gas y electricidad, que tiene como finalidad evitar el corte de los suministros o, en su defecto, conseguir su inmediato restablecimiento en caso de impagos de las familias con dificultades.
En este sentido, el diálogo y la vía de colaboración que mantiene abierta la Junta con las grandes compañías energéticas evitó que más de 400 hogares de Castilla y León sufrieran un corte de suministro por impago el pasado año.
En el marco de los acuerdos ya suscritos, en casos de impago, las eléctricas se comprometen a paralizar temporalmente el corte de los suministros o, en su caso, a reanudarlos durante el tiempo necesario para que los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales puedan realizar una valoración de la situación de las familias con dificultades para abonar los recibos más básicos de la vivienda y determinen la idoneidad de otorgarlas una prestación económica de urgencia social para saldar la deuda o bien medien con las empresas para acordar un plan de pagos o la solicitud del bono social.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está renovando los convenios de colaboración suscritos con Iberdrola, Nartugy y Repsol está ultimando uno más con Endesa.
