Portavoces de la Plataforma de Trabajadores Temporales públicos de Castilla y León han convocado hoy a interinos de todas las administraciones a las asambleas de tipo informativo que han tenido lugar en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid, en el Anfiteatro de la plaza San Marcos de León y en el Colegio de La Presentación de Soria.
Es fundamental que todos los trabajadores con contratos temporales conozcan cuál es su situación contractual con la Administración y se informen bien de sus derechos como trabajadores temporales de la Unión Europea, protegidos por la Directiva 1999/70/CE del trabajo de duración determinada, asegura la Plataforma.
El objetivo de la Directiva es evitar el abuso de la contratación temporal tanto en el sector privado, donde ya se traspuso en España en 2001, como en el sector público, donde sigue sin trasponerse después de 20 años, lo que ha favorecido el Abuso de temporalidad en todas y cada una de las administraciones públicas españolas. Durante 3 décadas las administraciones públicas han venido usando nombramientos y contratos temporales para cubrir plazas estructurales con necesidades permanentes y esenciales de los servicios públicos, incumpliendo con total impunidad los plazos legales impuestos en el Estatuto básico del empleado público como la obligación de convocar anualmente procesos selectivos para consolidar esos puestos de trabajo.
El resultado de esta mala praxis de las administraciones y la no aplicación de la Directiva ha llevado a miles de denuncias de los afectados ante la Comisión Europea, que tiene abiertos procedimientos de infracción contra el Reino de España. El propio Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) ha dictado sentencias muy claras acusando a las administraciones españolas de la falta de medidas para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad.
La lucha del colectivo interino en España, como ya ha sucedido en Grecia, Italia y Portugal, es que el legislador cumpla con el objetivo de la Directiva 1999/70 estableciendo medidas en el sector público para prevenir el abuso en la contratación temporal a futuro, pero también reparar a las víctimas que llevan sufriendo durante años este abuso por parte de sus administraciones.
Este es un momento clave de la lucha, puesto que se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley para reformar el Estatuto Básico del empleado público que se debería hacer bajo los preceptos de la normativa europea. Hoy mismo, ha tenido lugar la primera reunión de la mesa de portavoces de la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso, para negociar las enmiendas registradas por todos los grupos parlamentarios para mejorar el texto del RDL 14/2021, más conocido como el “Icetazo”, cuyas medidas incumplen de forma clara la Directiva y la jurisprudencia del Tribunal de justicia. Si se mantienen las medidas en vigor del acuerdo entre Gobierno y sindicatos mayoritarios, cientos de miles de interinos, con una edad media de 52 años y mayoritariamente mujeres, se verán en la calle tras años de abuso y falta de derechos laborales por culpa del incumplimiento de la ley por parte de sus administraciones, con el beneplácito de Gobierno y sindicatos.
Los trabajadores solo pedimos que se cumpla la ley, que se cumplan las sentencias del Tribunal de justicia europeo y el objetivo principal de la Directiva, facilitar la transición a contratos estables que redundan a su vez en una economía estable y en unos servicios públicos de calidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea solo le deja a España elegir entre dos medidas que sancionen el abuso cometido en el pasado; la Estabilidad en el empleo de las víctimas a partir de los 3 años, considerado por el Tribunal Supremo un contrato temporal excesivamente largo, o bien indemnizarlas con el pago de indemnizaciones eficaces y disuasorias para evitar que se repita. El grupo Popular, a pesar de las declaraciones de su presidente sobre la quiebra en que se encuentra nuestro país, y el grupo socialista, pero sólo para unos pocos, están dispuestos a pagar esas indemnizaciones, llevando a un mayor endeudamiento a Comunidades Autónomas y ayuntamientos, o al mal uso de fondos europeos que deberían ir destinados a la recuperación económica y no al pago de indemnizaciones o multas de Europa para cubrir la mala gestión de las administraciones públicas españolas.
Por estas razones, es tan importante que los empleados públicos que llevan años desempeñando su trabajo en cualquier administración conozca la gravedad de la situación, y que su implicación es fundamental para evitar que, de nuevo, el legislador español, vulnere la primacía del Derecho Comunitario y los derechos laborales de los trabajadores del sector público y evitar que se produzca el mayor ERE de la historia de este país.
Las asambleas informativas de hoy han tenido un rotundo éxito de asistencia, y muchos de los trabajadores quieren entrar en grupos de las redes sociales para mantener actualizada su información, se han ofrecido voluntarios para actividades y movilizaciones e incluso están dispuestos a demandar para reclamar que se les reconozca el abuso por la vía judicial y su derecho a la estabilidad en el empleo.
Esperamos que la convocatoria de huelga del día 28 sea igualmente multitudinaria. La Plataforma organizará junto a otros sindicatos de interinos, autobuses para desplazarnos a la movilización que tendrá lugar en la Plaza Mayor de Valladolid a las 12h.
