La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha participado hoy, junto a las responsables de comercio del resto de comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior presidida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En esta reunión se ha puesto de manifiesto que las comunidades autónomas no participarán en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados al sector del comercio obviando que las competencias en materia de comercio interior corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas.
Durante la Conferencia Sectorial, la ministra ha informado del contenido de las bases de las tres convocatorias de subvenciones destinadas al sector del comercio y que se financiarán a través de los fondos de Recuperación y Resiliencia. Estas subvenciones, destinadas fundamentalmente a mercados municipales, comercio en zonas rurales y comercio en zonas turísticas, se van a gestionar sin la participación de las comunidades autónomas, invadiendo sus competencias y sin tener en cuenta las políticas que se están llevando a cabo desde la Administración regional.
Amigo ha dejado constancia de su malestar por esta forma de actuar, especialmente teniendo en cuenta que la política comercial es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Por tanto, es el Gobierno autonómico el que tiene que diseñar y ejecutar la política comercial. Frente a ello, el Ministerio ha decidido de forma unilateral excluir a las comunidades autónomas de la gestión de las ayudas europeas.
La consejera ha lamentado que se haya vuelto a perder la oportunidad de diseñar medidas basadas en la colaboración y la cooperación entre administraciones y entre la iniciativa pública y privada, lo que habría constituido una mayor garantía de éxito en la inversión de estos fondos.
Amigo ha insistido además en que este comportamiento está siendo la tónica general en la forma de actuar del Gobierno de España, que no respeta la distribución competencial del Estado de las Autonomías, ni atiende a la indicación de la UE para que las regiones sean partícipes del diseño de los proyectos a los que se destinan los fondos
