El informe ha sido elaborado a raíz de la queja formulada por algunos miembros del patronato de la Fundación, que reclamaban el amparo del Procurador del Común con el fin de obtener una mayor dotación de infraestructuras y recursos para el desarrollo de las funciones del SERLA.
En su resolución, el Procurador del Común reconoce el papel que juega el Serla “al permitir unas relaciones laborales más fluidas, posibilitando reconducir los conflictos laborales y mejorar las relaciones entre las empresas y sus trabajadores”
No obstante, prosigue el informe, “hay que tener en cuenta que desde que la Comunidad Autónoma asumió las competencias de ejecución en materia laboral, la Junta de Castilla y León ha ejercido estas competencias a través de las Secciones de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Área de Relaciones laborales de las Oficinas Territoriales de Trabajo (OTTs).”
Así mismo, el informe subraya que la Junta de Castilla y León ha venido respaldando económica e institucionalmente a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales desde su creación en el año 1997. “Aunque en sus estatutos se prevé una participación tripartita en su patronato, su financiación procede en exclusiva de los Presupuestos de la Comunidad”.
Por último, frente a la demanda de los agentes sociales y económicos, el Procurador del Común viene a reconocer que, en la actual situación económica, la extensión del Serla a todas las provincias de la Comunidad no es una prioridad. En este sentido, se señala textualmente: “no se puede perder de vista el efecto general depresivo para la totalidad de la actividad económica que han conllevado las medidas adoptadas para combatir la pandemia mundial provocada por un nuevo síndrome respiratorio agudo y severo ocasionado por el coronavirus SARS-CoV-2. Como no podía ser de otra manera, el impacto de todo ello en las cuentas públicas es innegable por tanto la aplicación de un mínimo principio de prudencia nos lleva a considerar que este puede no ser el momento de abordar la extensión territorial y competencial del SERLA con el aumento del gasto que inevitablemente ello supondría, a no ser que existan razones que contradigan esta apreciación y que sean desconocidas por nosotros.”
Siguiendo con este razonamiento, el Procurador del Común invita a los miembros de la Fundación Serla a abordar el futuro y la financiación desde el diálogo y una vez se haya superado la actual situación o se hayan obtenido los fondos que, para este fin, se han venido reclamando al Gobierno de España. “El futuro y todo lo relativo a la financiación de dicha fundación deben realizarse a través de la negociación de las partes implicadas pero siempre y cuando se produzca un incremento de la disponibilidad de recursos, sea esta porque el Gobierno de España atienda el requerimiento de colaboración realizado por nuestra Comunidad o sea gracias a la mejora de la situación económica y laboral que permita liberar, en ese momento, fondos que probablemente ahora se encuentran destinados a cubrir necesidades absolutamente perentorias”.
