La Consejería de Economía y Hacienda ha comunicado, con carácter previo a su formalización, el convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Comunidad de Castilla y León en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
El Real Decreto-Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 crea una nueva Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, con el objetivo de reducir el endeudamiento de autónomos y empresas cuya actividad se haya visto negativamente afectada por la pandemia y, asimismo, emplear estos fondos para satisfacer la deuda de las empresas y autónomos, realizar pagos a proveedores y acreedores, así como a hacer frente a los costes fijos en los que se hubieran incurrido.
Asimismo, el convenio tiene como objetivo establecer las actuaciones y la colaboración que las partes firmantes han de poner en marcha para la correcta ejecución de las ayudas directas a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico causado por la pandemia.
La Comunidad Autónoma deberá realizar las correspondientes convocatorias para la concesión de estas ayudas directas a los destinatarios ubicados en Castilla y León; así como hacer frente a la tramitación, gestión y resolución de las solicitudes, del abono de las ayudas y de los controles previos y posteriores al pago. Además, el convenio de colaboración establece los criterios de intercambio de información entre la Junta y el Ministerio y la obligación de suministrar el detalle sobre las convocatorias realizadas y los resultados de las mismas.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda deberá ceder la información procedente de la AEAT para la acreditación de las condiciones y requisitos de elegibilidad y los criterios para la fijación de la cuantía de las ayudas directas de la línea COVID a las empresas y autónomos que se puedan beneficiar de las ayudas. Asimismo, se establece la necesidad de recabar la autorización de los interesados para la cesión de datos a terceros.
En las convocatorias y en las notificaciones de resolución que realice la Comunidad Autónoma deberá constar que las ayudas se han financiado por el Gobierno de España. El convenio tendrá una vigencia de 4 años.
