Las Confederaciones de los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel celebra el contenido de las Directrices sobre las ayudas estatales aprobadas el pasado lunes y que destacan, podrían aportar 160 millones de euros de beneficios en las tres provincias, 40 de ellos para Soria. El cálculo está basado en que se permitiría un ahorro máximo del 20% de los costes laborales de las empresas de autónomos y pymes de las tres provincias. "Técnicamente", subrayan, ya se podrían implementar estas ventajas en 2021, pero ahora es el turno del gobierno de España y de los tres gobiernos autonómicos el ponerlas en marcha y desarrollar "la letra pequeña".
El secretario general de CEOE CEPYME de Cuenca, Ángel Mayordomo, ha manifestado su satisfacción por el logro alcanzado en Europa gracias a un intenso trabajo de loby de presión "teniendo en cuenta objetivos comunes" para poner en marcha medidas para equiparar los territorios de las tres provincias "a nivel socioeconómico" con el resto del país, algo para lo que considera "necesaria a "Europa". Mayordomo también ha destacado el desgaste que ha habido en el camino ante la incredulidad de buena parte de la sociedad de que los trabajos fueran a llegar a buen puerto. En cualquier caso, se trata de un paso importante para tres provincias que tan solo suponen el 0,83% del PIB nacional. No obstante, también ha recordado que los gobiernos regionales ya presentaron alegaciones, por lo que espera que continúe la implicación para adoptar políticas en este momento crucial para las economías, por lo que el primer paso ahora es abordar las medidas con el Gobierno de España después de "un primer paso" que aporta "moral" a los empresarios.
José Guillén, vicepresidente de la confederación turolense CEOE Teruel, considera que la fiscalidad diferenciada es el caballo de batalla y "esperamos pronto dar noticias sobre esta cuestión". El representante aragonés ha indicado que lo aprobado el lunes es el reconocimiento a estas tres provincias (junto a regiones de Grecia y Croacia) como receptoras de ayudas de funcionamiento como consecuencia de estar en territorios despoblados, equipando estos territorios a los de Suecia, Finalndia y Noruega en materia de ayudas estatales. De esta forma, el estado español puede aplicar una fiscalidad diferenciada en estos territorios, una excepción en Europa, que era necesaria y no afectará al libre mercado. Guillén ha indicado que ha sido importante explicar que las empresas en estos territorios no iban a "perjudicar a la competencia", justificándose los "desequilibrios que sufrimos". Los empresarios españoles han tomado como referencia a Noruega, donde llevan aplicando ayudas durante décadas con buenos resultados poblacionales y con aplicación de ventajas fisales "automáticas" muy sencillas de tramitar y acceder con ahorros directos de impuestos en tramitaciones con la Seguridad Social. "Ahora las tres provincias son zonas C predeterminadas, pueden recibir de oficio ayudas de funcionamiento, lo que queda en manos del Gobierno de España", ha precisado, incidiendo en que pueden beneficiarse todas las pymes y autónomos radicados en las tres provincias, no así las 19 grandes empresas que están registradas en ellas. "Entre las tres provincias, en 2017 había 28.654 empresas, tan solo 19 de ellas son grandes empresas con mas de 250 trabajadores o 50 millones de euros de negocio anual. Por tanto, casi todas las empresas son beneficiarias, el 99%", ha precisado. Tan solo quedan excluidos sectores como agricultura, pesca y acuicultura, siderurgia y carbón, transporte y banda ancha, despliegue energético, entidades financieras y otros, porque ya hay ayudas especificas para ellas o bien porque dichas empresas estén en crisis, el otro apartado excluyente.
Por su parte, la directora general de FOES, Marian Fernández, ha indicado que las ayudas buscan reducir gastos ocasionados por el desequilibrio territorial, por lo que podrán apuntar a la reducción de los gastos corrientes, personal, materiales, comunicaciones, energía, alquiler... "tiene que haber una ventaja económica cuantificable", ha precisado. Puede haber subvenciones directas, ventajas o beneficios de bonificaciones o reducción de impuestos, IRPF, cuotas de Seguridad Social. Desde la red SSPA apuestan por el modelo noruego, en el que se reducen contribuciones a la Seguridad Social automáticamente, sin solicitarlo, "nos parece adecuado porque se ha ganado competitividad y se ha ganado población", asegura. Fernández cree que hasta ahora "se ha trabajado la letra grande, ahora toca abordar la letra pequeña sobre como encarar las ayudas. Hay que aprobar el mapa de ayudas regionales, incluir a estas tres provincias como zonas poco pobladas, fijar la intensidad de ayudas de inversión para notificarlo a la Comisión, que lo examina, y si cumple, se aprobará", recapitula. Por otra parte, en paralelo, cree que hay que definir la letra pequeña con el Gobierno de España y los gobiernos regionales para "definir la parte práctica sobre cómo se van a materializar las ayudas de estado", para ello se ha solicitado ya una reunión con técnicos y políticos del Ministerio de Hacienda. "Hay que hacerlo ya, es una oportunidad única para las provincias, hay que trabajar para aprovecharlo", reconocen los empresarios, quienes destacan que "técnicamente es posible" poner en marcha estas medidas, aunque asumen que los tiempos políticos llevan una menor velocidad", claro que el tiempo apremia, ya que Europa revisará en el 2023 la eficacia de las medidas.
Los empresarios valoran que en España solo pueden beneficiarse las tres provincias que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y valoran en unos 160 millones al año (40 de ellos para Soria), la partida necesaria a aportar por el Gobierno de España, una cuantía que "es calderilla en el peso presupuestario nacional" y que contrasta con los más de 1.000 millones que se emplean en Noruega. "El dinero no debe ser un problema", sentencian.
