El próximo 2 de abril entrarán en vigor determinados aspectos de la administración digital de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común que se encontraban prorrogados. La Junta de Castilla y León ha trabajado durante estos últimos años para disponer de los módulos electrónicos suficientes para cumplir con las obligaciones de esta Ley y traducir a la realidad el hecho de disponer de una “Administración con papel cero” y sobre todo dar el mejor servicio al ciudadano.
Para que todas las dependencias de la Administración autonómica trabajen con la misma intensidad, ya sea en servicios centrales como en territoriales, el Consejo de Gobierno ha aprobado este acuerdo que fija plazos obligatorios para el uso de los medios electrónicos y para asentar una cultura digital funcionarial en la que se lleva trabajando desde que empezó la actual legislatura.
Una de las principales medidas se refiere a que todos los procedimientos existentes en la Administración autonómica se puedan iniciar y terminar electrónicamente. Otra novedad inminente será responder al principio conocido como “dígamelo solo una vez”, es decir, que cuando un documento esté en posesión de la Administración ya no será obligatorio que el ciudadano deba volver a presentarlo mediante la implantación y uso efectivo de la plataforma de intermediación (SUFO) en todos los procedimientos.
En esa serie de medidas se encuentran también la generalización del uso de la firma digital por los titulares de órganos superiores y directivos, y por los empleados públicos; la realización electrónica de todas las comunicaciones interiores de las unidades administrativas de la Junta de Castilla y León; la implantación de un nuevo sistema de notificaciones electrónicas (NOTI) más accesible para el ciudadano; o la implantación del proyecto ELI, que consiste en un identificador de la normativa autonómica para que cualquier ciudadano de la Unión Europea pueda encontrar la legislación autonómica conforme a los estándares fijados por la Comisión Europea.
La generalización de los formularios web más amigables y accesibles es una medida que se implantará con este nuevo acuerdo, ya que permiten el uso en dispositivos móviles y firma con certificados en la nube y además se puede extraer de ellos mucha información para cuadros de mando e indicadores. Entre la relación de medidas también destacan otras tales como la implantación del Registro Electrónico de Apoderamientos (REA); el uso de Cl@ve como medida de identificación, autenticación y firma en la nube del ciudadano en los procedimientos y servicios de la Administración autonómica y como complemento a la firma electrónica basada en certificados instalados localmente; la posibilidad de que un ciudadano pueda autorizar a un empleado público habilitado la presentación de una solicitud en su nombre o consultar notificaciones y el estado del expediente del ciudadano; el uso de la “Ventanilla del Ciudadano” para informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en todos los procedimientos administrativos de la Administración de la Comunidad; y el diseño de la política de gestión de documentos electrónicos de la Administración autonómica junto a la implementación del Sistema Integral Electrónico de Gestión de Archivos (SIEGA) como herramienta destinada a gestionar el Archivo Electrónico Único, así como la obligación de que los expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.
