La normativa validada hoy efectúa un traspaso de competencias entre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades –en su condición de presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales– y el gerente de este organismo autónomo, con el que se pretende acelerar los tiempos administrativos derivados de la contratación de obras, servicios y suministros.
El departamento que dirige Isabel Blanco se prepara así para poder gestionar con rapidez y eficacia el alto número de proyectos de inversión pública que prevé tramitar en los próximos meses, en particular, los vinculados a los mecanismos europeos articulados para favorecer la recuperación económica y social derivada de la crisis del coronavirus.
Hay que recordar que, de acuerdo con la asignación de recursos realizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Castilla y León va a recibir 150,74 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea en el periodo 2021-2023, una cuantía con la que prevé ejecutar 166 proyectos de inversión en las nueve provincias de la Comunidad. En la lista figuran la construcción de nuevos centros residenciales y de menores, reformas en muchos de los existentes, y la adquisición de tecnologías y equipamientos para avanzar en la implantación de un nuevo modelo de atención residencial y del sistema de atención a la Dependencia 5.0.
Gestión en función del importe del contrato
El decreto aprobado esta mañana implica que la consejera y presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales se reserva las competencias para acordar el inicio de expedientes de contratación, la decisión de adjudicar o no, de desistir, modificar o resolver los grandes contratos de obras, servicios y suministros, es decir, los de importes elevados, mientras que transfiere el resto al gerente.
De este modo, la titular de la Consejería gestionará los contratos de obra cuyo valor estimado sea igual o superior a un millón de euros, cuando hasta el momento, conforme a la normativa vigente –Decreto 34/2009, de 21 de mayo– era competente para tramitar los de una cuantía por encima de 300.000 euros. En la máxima responsable de esta área recaerá también la gestión de los contratos de suministro ordinarios por encima de 500.000 euros, o de 300.000 si se trata de dispositivos y programas tecnológicos, mientras que en la actualidad esos límites se fijan en 200.000 y 100.000 euros, respectivamente.
Por otro lado, el nuevo decreto atribuye al gerente de Servicios Sociales las funciones para el inicio y adjudicación de contratos basados en Acuerdos Marco, con independencia de su importe, así como las relativas a la concesión de servicios en centros residenciales y sociales de mayores y personas con discapacidad.
