La Junta de Castilla y León apuesta por reforzar el apoyo a los Centros Especiales de Empleo

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha defendido la necesidad de reforzar el apoyo que las administraciones prestan a los Centros Especiales de Empleo

La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha inaugurado esta mañana la jornada organizada por Plena Inclusión Castilla y León en la que se analizan los cambios normativos que se van a implementar en los próximos meses en el ámbito del empleo de las personas con discapacidad, así como el papel que juegan los Centros Especiales de Empleo en la integración laboral y social de este colectivo.

Amigo ha felicitado a las entidades y asociaciones que integran Plena Inclusión y que llevan más de 50 años trabajando por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y luchando por su integración social y laboral. Una experiencia que debe ser especialmente valorada por todas las administraciones y canalizarse hacia el diseño tanto de las políticas de empleo como de los diferentes cambios normativos que puedan plantearse.

En este sentido, la Consejería de Empleo e Industria incluirá en el Plan de Empleo de Castilla y León -que se está negociando en este momento- las propuestas que han hecho llegar estas entidades y que van a permitir mejorar las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad. Amigo apuesta por que esta participación se tenga también en cuenta en la Estrategia Española de activación para el empleo y en el Real Decreto de programas comunes del SEPE, ambos en fase de redacción definitiva.

Por otra parte, la consejera ha insistido en la necesidad de mantener y reforzar el apoyo a los Centros Especiales de Empleo que en Castilla y León sustentan gran parte del empleo de las personas con discapacidad. En la Comunidad existen en la actualidad 324 Centros Especiales de Empleo que dan trabajo a 6.403 personas, de los cuales 5.615 son trabajadores con discapacidad. Estos centros cuentan con el apoyo económico de la Junta de Castilla y Leó, que durante el pasado año destinó a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos algo más de 30 millones de euros para financiar los costes labores tanto de las personas con discapacidad como de las Unidades de Apoyo.

 

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