La Junta de Castilla y León ha adoptado hoy un nuevo acuerdo de criterios objetivos, planificación y directrices para la contratación de la publicidad institucional en la Administración autonómica que se basa en los principios de pluralidad de medios, accesibilidad, impacto publicitario y audiencia, equilibrio territorial, además de perseguir una mayor eficiencia y transparencia en el destino de los recursos públicos.
El acuerdo establece el compromiso de favorecer la accesibilidad de los medios de comunicación a las distintas campañas. El impacto publicitario se medirá en función de la audiencia de los medios para lo que se tendrán en cuenta los distintos medidores y sistemas de auditoría existentes, como por ejemplo los de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), el Estudio General de Medios (EGM) o Kantar Media para televisión y OJD interactiva y comScore en los medios digitales. El acuerdo también recoge el compromiso de extender a todo el territorio de la Comunidad la información pública que se ofrece a través de la publicidad institucional por lo que se establece un núcleo básico común en todas las provincias para que llegue a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan.
Todas las consejerías de la Junta de Castilla y León deberán motivar en cada campaña los criterios objetivos aplicados para el reparto de la publicidad institucional y se establecerá una planificación anual que permita una mayor eficiencia de la información pública. En este nuevo acuerdo, la Junta incorpora el compromiso de hacer públicos los datos detallados de la publicidad institucional, así como el de elaborar y publicar un informe anual sobre la eficacia de dicha publicidad. Con el objetivo de promover la mayor eficiencia del gasto público a través de la valoración de las mejoras que en sus propuestas hagan los medios de comunicación.
Entre los nuevos requisitos exigidos a los medios de comunicación que participen en este proceso se debe certificar que no disponen de publicidad sexista o discriminatoria, así como que sus responsables no han sido condenados por delitos de corrupción u otra serie de delitos.
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Estas nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero responden a uno de los compromisos del Acuerdo de Gobierno y que supera lo regulado actualmente en otras comunidades autónomas.
