Las trabajadoras de El Parque cobrarán el 100% de su baja COVID gracias a una pionera sentencia ganada por UGT

La empresa CLECE había abonando el 60% del cuarto al 20 día de baja pero tras la denuncia se considera baja laboral y cobrarán el 100%

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP – UGT) de Soria ha ganado una pionera sentencia en Castilla y León y "posiblemente a nivel nacional" a favor de las trabajadoras de la residencia de ancianos El Parque de la capital, por la que cobrarán el 100% de su salario durante la baja por COVID-19.

El secretario general de la FeSP-UGT de Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, y el secretario general de FeSP-UGT en Soria, Alberto Lozano Sobrino, han dado más detalles sobre esta denuncia pionera que puede extrapolarse a otras residencias que se encuentren en la misma situación.

Alberto Lozano ha explicado que este sentencia beneficia a 22 trabajadoras de la residencia que estuvieron de baja durante el estado de alarma por contraer el COVID-19.

En este sentido, ha señalado que según la legislación actual por baja común, "los tres primeros días de baja no se cobra y del cuarto al 20 se cobra el 60% de su salario".

Lozano ha recordado la mejora en el convenio colectivo de estas residencias que establece que "durante los 21 primeros días de baja se tiene que cobrar a los que se añaden los dos decretos que sacó el Gobierno durante el estado de alarma que explicaba que los trabajadores de los servicios sanitarios y sociosanitarios que cogieran la baja por el coronavirus se entendería como accidente de trabajo o enfermedad profesional por lo que estas trabajadoras deberían haber cobrado el 100% de su salario".

El secretario de UGT ha señalado que la empresa que gestiona la residencia, CLECE, "no ha abonado el porcentaje que tenía que complementar a lo que recibían de la Seguridad Social", de ahí la denuncia del sindicato, por lo que ha lamentado que la empresa haya querido hacer "negocio con el salario de los trabajadores".

Alberto Lozano ha detallado que en primer lugar tuvieron un acto de conciliación con la empresa con la que no se llegó a un acuerdo, por lo que se planteó un "conflicto colectivo fruto del que ha salido esta sentencia pionera, primera ganada en Castilla y León y posiblemente a nivel nacional".

 

En cuanto a la justificación de CLECE, las ha calificado de "excusas peregrinas" ya que la empresa señalaba que las trabajadoras "debían demostrar que se habían contagiado en su puesto cuando el decreto reconoce que lo ha contraído desempeñando sus funciones y por lo tanto es baja laboral" y también alegaban que era una empresa "del sector social y no sociosanitario".

TRABAJO PIONERO

Tomás Pérez Urueña ha incidido en la importancia de esta sentencia "pionera". "Para que haya una sentencia tiene que haber una denuncia y para ello personas vigilantes de que la ley se cumpla" ha indicado el secretario regional del sindicato, que ha agradecido la "insistencia de las trabajadoras y de UGT Soria".

Asimismo, ha lamentado que durante la pandemia Castilla y León solo contara con cuatro inspectores para vigilar las residencias de Castilla y León, "ni uno por provincia".

"Si hubiera un inspector vigilando se hubiera pagado desde el primer momento pero a la Junta no le importa lo que pasa en las residencia", ha lamentado Pérez Urueña, que ha apuntado que desde el gobierno regional se van a contrar a nueve inspectores a raíz de las denuncias del sindicato.

El secretario general ha recordado que Castilla y León cuenta con 1.214 centros residenciales de los que 18 son públicos y donde "el personal sí que cobra el 100%" mientras que en los centros privados "ni la Junta ni las empresas lo ven como un derecho sino como un negocio y por ello regatean salario, derecho y exprimen a las trabajadoras ya que el 98% del sector es femenino".

"Es terrible que no se reconozca a una trabajadora un derecho y tengamos que ir a los tribunales porque las administraciones públicas no vigilan que se cumplan las leyes", ha lamentado.

Pérez Urueña ha recalcado que se trata de una sentencia que se puede extrapolar a todas las provincias de Castilla y León y a todo el país, ya que solo en Castilla y León 20.000 trabajadoras en centros asistenciales y 40.000 sociosanitarias que se pueden beneficiar "allí donde no se los pague porque ya hay sentencia que puede generar jurisprudencia".

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