El Anteproyecto de Ley surge de una reflexión de la experiencia en la gestión del patrimonio cultural de la Comunidad y fruto de las aportaciones de los diferentes interlocutores implicados. Su contenido contempla un concepto más amplio y complejo de patrimonio cultural, en el que se recogen los bienes con valores tangibles e intangibles en relación directa con las sociedades que los crean y conservan. La propuesta avanza en el protagonismo y participación de los diversos agentes implicados, entendiendo que el patrimonio se muestra como un servicio a las personas y como un recurso capaz de generar desarrollo y cohesión social.
En el nuevo texto se incorporan a la gestión de este patrimonio los principios consolidados a raíz de la aplicación, por parte de la Junta de Castilla y León, de planes de protección e intervención: caracterización del patrimonio desde el derecho del ciudadano a la cultura y a la participación social; colaboración y cooperación tanto privada como pública, en la gestión del patrimonio; sostenibilidad técnica y financiera en las intervenciones del patrimonio con el desarrollo social y territorial. Para ello se tendrá en cuenta el uso racional del patrimonio cultural; se considerarán los valores del patrimonio como marco de referencia respecto a cualquier actuación de ordenación y gestión territorial; se estimulará la cooperación entre los agentes implicados en la gestión y se orientarán las actuaciones hacia una gestión eficiente, fomentando el acrecentamiento de sus valores y el desarrollo sostenible del territorio.
Novedades que incorpora la nueva regulación
Entre las novedades que incorpora el texto, se desarrolla la participación de la inversión pública en el patrimonio cultural, con el objetivo de apoyar su gestión y favorecer el desarrollo sostenible del territorio, superando la consideración de medida compensatoria de la anterior ley.
Paralelamente, el Anteproyecto regula fórmulas de gestión del patrimonio cultural que permitan la participación de los agentes sociales e introduce como novedad, los Sistemas de Patrimonio, unidades territoriales o conjuntos patrimoniales que precisan la elaboración de estrategias comunes para una gestión sostenible y coordinada del patrimonio cultural de Castilla y León.
Como ejemplo singular, se incorpora el de los Caminos de Santiago, también, con una fórmula de gestión propia, denominada Sistema Patrimonial de los Caminos a Santiago por el territorio de Castilla y León, con el objetivo de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela.
Junto a estas novedades, la nueva reglamentación también prevé el impacto de las políticas sectoriales en el patrimonio cultural y regula la corresponsabilidad de las administraciones públicas en la protección y conservación del patrimonio. Se establece la participación de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, en el inicio de los procedimientos de los expedientes de ordenación del territorio, de planeamiento urbanístico y de prevención ambiental para posibilitar una política preventiva y colaborativa.
La propuesta incorpora además, consideraciones técnicas de normativas internacionales o de convenios suscritos por el Estado, así como las recomendaciones y resoluciones de la UNESCO. En este sentido, se incluyen los bienes inmateriales con definición propia, en los términos establecidos en la Convención UNESCO. El concepto de entorno se denomina ahora ámbito de protección y se incorpora el concepto de zona de amortiguamiento, como área que contribuye a evitar los impactos negativos que puedan menoscabar los valores del bien.
Censo del Patrimonio Cultural
Asimismo, se crea el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación a los ciudadanos. La Ley además mantiene para los Bienes de Interés Cultural el máximo nivel de protección y con el fin de facilitar su gestión y mejor entendimiento, los agrupa en dos categorías: Bienes Individuales y Áreas Patrimoniales, e incorpora en este último grupo dos nuevas figuras de protección, los conjuntos industriales y paisajes culturales. En coherencia con el carácter participativo y de corresponsabilidad que prevé la presente Ley, los bienes inmuebles con grado de protección integral o equivalente, incluidos por los ayuntamientos en catálogos de instrumentos de planeamiento urbanístico, tendrán la condición de bien inventariado.
La Ley incluye también un capítulo dedicado especialmente a los agentes sociales y gestores de los bienes del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en el que se regula la competencia de la Junta y se detalla el papel que tiene la Comunidad en este reconocimiento.
