La Junta resuelve no ser competente para autorizar los parques eólicos en Tierras Altas

La administración considera que no son siete proyectos sino uno solo, que superaría la potencia máxima que puede aprobar el Gobierno autonómico

El pasado mes de mayo la empresa privada RETASA (Rural de Energía de Tierras Altas, S.A.) presentó la solicitud de autorización administrativa de 7 parques eólicos en Tierras Altas de Soria, localizados en: Taniñe, San Pedro Manrique, Sarnago, Matasejún, Cerbón, Fuentes, y Pobar II. Cada uno de ellos no sobrepasaba los 50 MW de potencia.

Los pasados 19 y 20 de agosto estos 7 proyectos se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León, sometiéndolos a información pública.

Tras el proceso de información pública y de recepción de alegaciones de posibles partes interesadas, la Junta de Castilla y León, a través de su Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en Soria, comunicó recientemente a las partes interesadas que:

· Analizados los proyectos en su totalidad, este Servicio Territorial comprueba que estas 7 instalaciones no se pueden considerar como diferenciadas y se trata de una misma instalación, aunque haya sido definida en 7 proyectos diferentes, cuya potencia total es la suma de la potencia recogida en cada uno de los 7 proyectos presentados y suma 207,375 MW.

 

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· Por ello, la Junta de Castilla y León resuelve no ser el órgano competente para tramitar la autorización administrativa de dichos parques eólicos, ya que superan la potencia que una Comunidad Autónoma puede aprobar.

Esta decisión se basa en el Artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico según el cual corresponde a la Administración General del Estado autorizar las instalaciones de generación eléctrica con una potencia superior a 50 MW. Esto supone también la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente, según describe la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en tal caso deberá ser tramitada a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Tras esta decisión no recurrible de la Junta de Castilla y León, la empresa promotora tiene la opción de presentar el proyecto ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, quien sería el competente para aprobar o no el proyecto.

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