El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el contenido del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021, un documento elaborado para dar respuesta a las necesidades planteadas por el impacto sanitario, económico y social provocado por la crisis del coronavirus.
Se trata del Presupuesto más elevado en la historia de la Comunidad, alcanzando los 12.291 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,19 % con respecto a 2018, y que permitirán minorar los efectos de la actual pandemia dotando de más recursos los servicios públicos, especialmente los sanitarios, los educativos y los sociales; reducir el impacto económico de la crisis a través de apoyos financieros a la actividad productiva, y con políticas y programas que mejoren la empleabilidad, garantizando la igualdad de oportunidades a los diferentes colectivos; proteger a las personas y colectivos con mayores dificultades; garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, con especial referencia a la educación y el transporte; y cumplir el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, firmado por la mayoría de los grupos parlamentarios el pasado mes de junio.
Fernández Carriedo ha destacado que los Presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio son realistas -tal y como ha avalado la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)-, inversores, integradores, eminentemente sociales, dinamizadores de la economía regional, transformadores y comprometidos con el medio rural. Asimismo ha señalado que se trata de unas cuentas prudentes y responsables, que fomentan la participación y que reflejan el compromiso de la Administración Autonómica con los desafíos que plantea la economía verde y la digitalización de la sociedad.
El titular de Economía y Hacienda ha incidido en que las cuentas para 2021 son eminentemente sociales y las consejerías responsables de la prestación de servicios esenciales - Sanidad, Educación y Familia e igualdad de Oportunidades-, concentran el 80% de los recursos no financieros asignados a las consejerías.
A ello se suma que se trata de un Presupuesto netamente inversor, donde las operaciones de capital crecen en un 17,85 %, más intensamente que las operaciones corrientes; se ofrece un indudable apoyo a los sectores productivos y al empleo, incluyendo 155 millones en ayudas directas y financieras; y se apoya a las corporaciones locales con 346 millones a través del Plan de Cooperación Local.
Además, los Presupuestos para el próximo ejercicio ofrecen apoyo a los sectores productivos y al empleo, incluyendo 155 millones en ayudas directas y financieras; no suben los impuestos a las familias, pymes y autónomos, con carácter general congelan las tasas e incluyen nuevos beneficios dirigidos al medio rural; y reducen el importe de los gastos financieros, al minorarse en 40 millones de euros los gastos e intereses derivados de las emisiones de deuda pública.
Un escenario realista para un momento difícil
En su intervención, el consejero de Economía y Hacienda ha insistido en que las cuentas han sido elaboradas de forma coherente al escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio y que, tal y como ha avalado la AIREF, se considera razonable y ajustado a la realidad.
Así, para 2021 se prevé un crecimiento económico del 7,5 %, frente a una bajada del 10,1 % en 2020; la reducción de la tasa de paro hasta el 13,9 %, teniendo en cuenta que la tasa estimada para 2020 es del 14 %, frente al 11,6 % del año anterior, previo a la crisis sanitaria; y el aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,8 %, siendo la caída de este año del 6 %.
No obstante, el consejero ha añadido que estas previsiones, como es lógico, están sometidas a los diferentes riesgos de evolución de los mercados, especialmente en unas circunstancias como las actuales, donde el impacto sobre la actividad económica de la pandemia puede variar mucho.
En este contexto, la Junta se plantea conseguir un triple objetivo: acabar el ejercicio con menos recesión, menos tasa de paro y menos nivel de deuda que el conjunto de España. Por ello el reto es conseguir que el impacto de la recesión sea menor, para abordar la recuperación en las mejores condiciones posibles.
Previsiones coherentes con la situación económica y social
Las previsiones de ingresos, ajustadas a la realidad actual, revelan que los ingresos por operaciones no financieras representan el 84,08 % del Presupuesto total y ascienden a 10.335,26 millones de euros, con un aumento del 10,55 %.
Por su parte, los ingresos por operaciones financieras se estiman en 1.956,19 millones de euros, y aumentan su peso en el Presupuesto total, al que aportan el 15,92 %, incrementándose un 29,52 % respecto al Presupuesto anterior.
Así, las previsiones por Impuestos Directos se estiman en 2.338,35 millones de euros, un 12,77 % más respecto a 2018: se prevén obtener 2.080,31 millones de euros, con un incremento del 14,90 % respecto al 2018, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; los ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se estiman en 200,04 millones de euros; y la recaudación prevista por el Impuesto de Patrimonio y por el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito se estima en 34,5 y 23,5 millones de euros, respectivamente.
El importe de la recaudación de los Impuestos Indirectos es de 3.462,56 millones de euros: el Impuesto sobre el Valor Añadido prácticamente mantiene su aportación con 2.050,8 millones de euros; la recaudación derivada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se estima en 250,5 millones de euros; los ingresos provenientes de la recaudación por impuestos especiales sobre consumos específicos se estiman en 995,6 millones de euros y en 74 millones los provenientes del Impuesto sobre actividades del juego. Respecto a los impuestos propios que gravan la eliminación de residuos en vertederos y sobre la afección medioambiental de determinadas instalaciones, se calcula que los ingresos asciendan a 69,6 millones de euros.
En el resto de capítulos, se prevé una recaudación estimada de 232,53 millones de euros en Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos; las transferencias corrientes se elevan a 3.711,59 millones, con un aumento significativo del 23,72 % al incorporar la transferencia para cubrir parte del objetivo de déficit establecido para 2021, por importe de 633,78 millones de euros; 27,44 millones de euros en ingresos patrimoniales; mientras que la previsión por enajenación de Inversiones Reales alcanza la cifra de 50,60 millones.
Asimismo, las Transferencias de Capital prevén 512,2 millones de euros, incrementándose un 7,82 % fundamentalmente por los recursos procedentes del Feader y el Feder, por los recursos para formación ocupacional y políticas de empleo, y para diversificación de la economía minera y de acciones de mejora de la eficiencia energética; y en las operaciones financieras se refleja una previsión de 39,55 millones de euros, mientras que los pasivos financieros aumentan significativamente hasta 1.916,64 millones de euros.
Tras exponer estas cifras, el consejero de Economía y Hacienda ha destacado cuatro aspectos concretos con incidencia en el montante global de ingresos: el déficit, el sistema de financiación autonómica, las decisiones de política tributaria y los fondos europeos de nueva generación.
Así, ha recordado que el Gobierno de España aprobó la suspensión de las reglas fiscales para 2021, tras dejar la Comisión Europea en suspenso la senda de consolidación fiscal, no existiendo por ello objetivos de estabilidad para el próximo año. No obstante, el propio Gobierno ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 5 de octubre establecer una tasa de referencia del déficit de las comunidades autónomas en el 1,1 % del PIB regional, a la que acude Castilla y León. Una tasa de referencia del déficit que coincide con la estimada por la AIREF.
A ello se suma que, en relación con el sistema de financiación autonómica, se constata una reducción de los ingresos a cuenta del modelo respecto a las cantidades de 2020, una disminución que en el caso de Castilla y León supone 169,4 millones de euros menos. Por ello, el consejero ha valorado que se hace más necesario si cabe una reforma del sistema de financiación autonómica.
Con respecto a los ingresos procedentes de los impuestos, ha insistido en que en este momento es más que nunca necesario no subir impuestos, así como congelar tasas y establecer novedades impositivas que beneficiarán al mundo rural.
En cuanto a los Fondos de Nueva Generación de la UE, Fernández Carriedo ha recordado en su intervención que no han sido incluidos en los Presupuestos, ya que el Gobierno de España no ha comunicado la cantidad que corresponde a cada Comunidad, ni cuál será su distribución temporal ni su destino concreto.
Gastos: crecen más las operaciones de capital que las operaciones corrientes
El documento explicado ante las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda incluye, dentro de los gastos, Operaciones no Financieras que absorben 10.980,27 millones de euros, y suponen el 89,33 % del Presupuesto de gastos.
Por capítulos, para Gastos de Personal, 4.214,14 millones de euros; para Gastos Corrientes en Bienes y Servicios se prevén 1.815,68 millones de euros; para Gastos Financieros se consigna un total de 245,53 millones; para transferencias corrientes, 3.109,49 millones de euros; las Operaciones de Capital ascienden a 1.595,44 millones de euros; Inversiones Reales contará con 674,88 millones de euros; y las Transferencias de Capital alcanzan los 920,56 millones de euros.
Por su parte, las Operaciones Financieras cuentan con créditos por importe de 1.311,17 millones de euros, lo que representa un 10,67 % del Presupuesto total, y un 2,30 % más, que permitirá cumplir con los compromisos relativos al endeudamiento.
Servicios públicos, recuperación económica y corporaciones locales
Fernández Carriedo ha insistido en que los Presupuestos para el próximo ejercicio reflejan tres prioridades básicas para el Gobierno de la Comunidad. Por una parte, el hecho de que a las tres consejerías encargadas de prestar los grandes servicios públicos -Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades- les corresponderá la gestión de 7.806 millones de euros, reforzando las inversiones en los centros y edificaciones asistenciales, sanitarias y educativas. Así, las consejerías sociales van a disponer del 80 % del gasto no financiero del Presupuesto y entre las tres absorben el 90,08 % de los gastos de funcionamiento de la Comunidad.
En segundo lugar, el Presupuesto para 2021 apoya a los sectores productivos y al empleo. De esta manera se incluyen incentivos a las empresas por importe de 123 millones de euros en ayudas directas y 32 millones en ayudas financieras, a lo que se añade la previsión de avales por 1.150 millones de euros. Asimismo se recoge un importante apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología, con una cuantía de 296 millones de euros.
Por último, en relación con el apoyo a las corporaciones locales, el consejero ha explicado que los Presupuestos recogen 346,29 millones de euros -un aumento del 20,17 %- para la ejecución del Plan de Cooperación Local. Con respecto a la cooperación económica local general, gestionada por la Consejería de la Presidencia, se incrementa de forma notable al incluir los recursos para ayuntamientos y diputaciones, que aseguran el cumplimiento del Pacto para la Recuperación Económica.
Atendiendo al volumen gestionado:
- La Consejería de Sanidad es responsable del 44,6 % del Presupuesto total del gasto no financiero de las consejerías: 4.365 millones de euros. Esta cantidad supone un 21,68 % respecto a 2018 para ofertar la cartera de servicios y prestaciones sanitarias en los centros de salud, hospitales, así como dotarles de los equipamientos e instalaciones adecuadas.
- La Consejería de Educación gestionará 2.360 millones, un 24,12 % del gasto no financiero de las consejerías, con un aumento del 14,61 %.
- La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrá de 1.081 millones, con un incremento del 12,59 % respecto a los créditos de 2018, para dar soporte a la Red de Protección a las personas y familias más vulnerables, al sistema de servicios sociales y las prestaciones para las personas dependientes, de promoción de la igualdad de género y acciones de inclusión y apoyo de colectivos específicos, entre otras.
- Los recursos asignados a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente suponen el 4,40 % del total presupuestado, con 540,87 millones de euros, para las infraestructuras medioambientales, garantizando el transporte y los apoyos al acceso a la vivienda en la Comunidad, así como el despliegue de las tecnologías de comunicación y el desarrollo de la red de carreteras. Cabe destacar el incremento del 21,38 % en las dotaciones para programas medioambientales.
- La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestionará 524,28 millones de euros, entre otras acciones para las infraestructuras de regadío y la concentración parcelaria, para el impulso de las actividades de investigación y desarrollo en el sector, y los apoyos a las explotaciones agrarias y la industria transformadora. Los recursos de la Política Agraria Común, por importe de 924,42 millones de euros adicionales, representan el 7,52 % del total presupuestado para el próximo ejercicio y contribuyen al sostenimiento del sector agrario de la Comunidad y al desarrollo rural.
- La Consejería de Economía y Hacienda contará con 376,59 millones de euros para mantener los apoyos a los diferentes sectores e implementar las competencias de la Comunidad en materia de hacienda pública.
- El Presupuesto de 2021 de la Consejería de Empleo e Industria se cuantifica en 358,65 millones de euros, para reforzar las acciones de apoyo a la generación de empleo, cumpliendo los compromisos adquiridos con el Diálogo Social.
- La Consejería de la Presidencia gestionará 141,14 millones, con un aumento del 28,04 %.
- La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior cuenta con 20,23 millones de euros y la Consejería de Cultura y Turismo con 140,73 millones.
Además, para el funcionamiento de las Cortes de Castilla y León y de las Instituciones Propias de la Comunidad, se dispondrá de 33,75 millones de euros.
Una política tributaria para la recuperación
Durante la presentación del documento presupuestario ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Carlos Fernández Carriedo ha explicado que para la aplicación de estos Presupuestos se requiere la adopción de diferentes medidas, unas de carácter puramente ejecutivo y otras de carácter normativo que, por su naturaleza, deben adoptar rango de ley.
Así, la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de este año recoge medidas de naturaleza tributaria y otras que afectan a la actuación, gestión y organización de la Administración Autonómica.
1. Tributos. En este capítulo destaca que no se suben impuestos a familias, pymes y autónomos, así como el hecho de que, con carácter general, se congelan las tasas.
Además se contemplan importantes novedades impositivas que beneficiarán al medio rural. Por una parte, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y -Actos Jurídicos Documentados, en el que se establece un nuevo tipo reducido para las adquisiciones de inmuebles en zonas rurales que se destinen a sede empresarial. Así, se reduce en un 25 % el gravamen previsto para inmuebles destinados a sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales, con lo que se pretende dar un trato fiscal más favorable al medio rural en las transmisiones de negocios con un doble objetivo. Por un lado, es un incentivo para que los emprendedores se asienten en municipios rurales, y por otro, se facilita que esos generen empleo y fijen población.
Por otra parte, se añade una bonificación del 95 % en la tasa de servicios veterinarios para paliar las consecuencias de la pandemia en el sector ganadero. Un sector muy golpeado afectado por el cierre del canal HORECA, o por la suspensión de los espectáculos públicos que repercuten en el sector ovino/caprino, sector porcino ibérico, sector porcino productor de cochinillos, ganaderías de lidia, y el sector de la viticultura.
Asimismo, en el ejercicio de las potestades normativas atribuidas a la Comunidad en materia de tributos propios y cedidos por el Estado, se contemplan diversas modificaciones entre las que destacan:
- En relación con el IRPF, como consecuencia del establecimiento de la deducción estatal de maternidad incrementada por gastos de guardería, se modifica la regulación de la deducción autonómica por cuidado de hijos menores para hacer compatibles ambas deducciones. Además se establece como requisito para que el contribuyente pueda aplicar la deducción para el fomento de la movilidad sostenible que el valor de adquisición del vehículo, incluyendo todos los impuestos inherentes a la compra, no supere los 40.000 euros.
- Mejoras técnicas en la regulación de los Tributos sobre el juego.
En su conjunto, el total de beneficios fiscales de carácter tributario asciende a 366,37 millones de euros y se estima que beneficiarán a 155.478 contribuyentes.
2. Medidas financieras:
- Se mejora la regulación en cuanto a la delimitación de las entidades que forman parte del sector público autonómico y, dentro de él, del sector público institucional.
- Se modifican los principios contables y los criterios de aplicación de los mismos, así como las competencias de la Intervención General como órgano directivo y como centro gestor de la contabilidad pública, para incluir en su ámbito de aplicación a las entidades del sector público institucional autonómico.
- Se prevé la elaboración de una Cuenta General Única de la Comunidad.
3. Medidas de carácter estrictamente administrativo, entre las que destaca la nueva regulación de los encargos hechos por la Administración a entidades instrumentales para adaptar la misma a la normativa básica estatal.
En relación con la parte final del anteproyecto, el consejero de Economía y Hacienda ha puesto de manifiesto tres novedades: una nueva disposición transitoria a la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, para dar en la mayor medida posible cumplimiento efectivo al derecho a la promoción profesional y movilidad geográfica de los funcionarios de la Administración de Castilla y León; la modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León para lograr la satisfacción del derecho a una vivienda digna en favor de las capas más desfavorecidas de la población y lograr la fijación de población; y la modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, recogiéndose una regulación específica en materia de calidad alimentaria.
Consejería de Economía y Hacienda: un Presupuesto para la recuperación y la transformación
Otro de los capítulos a los que ha hecho referencia el titular de Economía y Hacienda de la Junta es el que corresponde al departamento que dirige, para el que se han designado 376,59 millones de euros, el 3,06 % del Presupuesto de la Comunidad.
En este apartado ha explicado que, en torno a 124 millones de euros, el 33 % del Presupuesto de la consejería, se dirigirá al ejercicio de las competencias en materia de Hacienda Pública, enfocadas a garantizar el buen funcionamiento de la administración tributaria, las tareas de planificación y seguimiento presupuestario, las funciones de control interno del gasto de la Administración Autonómica, las de tesorería y política financiera, las de elaboración de estadísticas autonómicas, o las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la Secretaría General.
Por otro lado, el Presupuesto previsto para actuaciones en el área económica asciende a 252 millones de euros, distribuidos entre los centros directivos dependientes de la Viceconsejería de Economía y Competitividad; los entes públicos de derecho privado, ICE y EREN. Concretamente, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) suma 224,48 millones de euros, y el Ente Regional de la Energía (EREN) contará con 4,05 millones de euros en el Presupuesto de 2021.
En este sentido, el consejero ha destacado el papel del ICE como instrumento esencial al servicio de la política de competitividad de la Administración de la Comunidad, pues el apoyo a la competitividad y a la innovación cobra, si cabe, más importancia en el entorno que ha creado la pandemia, pues las empresas, las pymes y los autónomos están atravesando dificultades para su supervivencia.
Para lograr estos objetivos, el ICE continuará trabajando en distintos aspectos:
1. En materia de financiación, se pondrá en marcha una nueva edición del Programa ICE Financia, destinada a bonificar los costes financieros de préstamos a emprendedores, y que en 2021 incluirá una línea de anticipo de subvenciones sin coste para el beneficiario. Asimismo se dará continuidad a las medidas extraordinarias de liquidez iniciadas a raíz de la pandemia. La puesta en marcha de todas estas medidas está suponiendo un esfuerzo presupuestario sin precedentes en la Comunidad, con una aportación cercana a los 30 millones de euros entre 2020 y 2021, con los que se prevé generar financiación para más de 8.000 proyectos empresariales, por un importe superior a los 450 millones de euros.
- Además, los Instrumentos Financieros de Garantía cubren el riesgo de los préstamos concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma y que realicen inversiones en los mismos. En 2018 se impulsaron con el compromiso de alcanzar los 81 millones de euros, lo que se completará el próximo año con un último desembolso de 16,7 millones.
- Por último, en colaboración con Empresa Familiar y Sodical, el Plan de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps de Castilla y León tiene el objetivo de financiar los planes de crecimiento innovadores de estas empresas de la región. Para 2021 está prevista una nueva ampliación de 30 millones de euros, llegando a 150 millones en total, con la intención de alcanzar los 200 millones al final de legislatura.
2. En materia de innovación y emprendimiento, en los próximos meses se elaborará y aprobará una nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos. Las medidas de apoyo a las empresas que se incluyen en el Presupuesto de 2021 van enfocadas a abordar estos retos de futuro:
- Un programa de emprendimiento sobre la base de la actual aceleradora ADE2020 y un compromiso con el programa Cybersecurity Ventures, para facilitar el desarrollo de iniciativas emprendedoras en el polo de ciberseguridad de León. El Presupuesto destinado para todo este conjunto de servicios es de más de 1,7 millones de euros.
- Reforzar el impulso en I+D+i. La cifra global de los subprogramas que financian las actuaciones para I+D+i del ICE se incrementa un 37,67 % frente a 2018: 84,57 millones de euros en 2021, frente a los 65,30 millones de 2018.
- Ayudar en los programas de apoyo a las transferencias con 9 millones de euros.
- Destinar 4,8 millones de euros a los programas de digitalización.
3. En materia de suelo e infraestructuras, y con el objetivo de mantener una oferta competitiva y atractiva para el desarrollo de proyectos empresariales, el ICE tiene previsto dedicar más de 24 millones de euros, 15 de ellos de inversión directa.
El consejero ha destacado que las inversiones servirán para abordar compromisos vinculados al desarrollo de los diferentes planes territoriales de fomento; para la ejecución de las inversiones previstas en los proyectos industriales prioritarios aprobados por la Junta de Castilla y León, especialmente en polígonos y parques de proveedores. Además se bonificará el suelo industrial de estas zonas.
En este apartado, el titular de Economía y Hacienda ha anunciado que en 2021 se pondrá en marcha una línea de ayudas en colaboración con las entidades locales con el fin de apoyar la construcción, viabilidad y mejora de polígonos industriales en las zonas en las que se detecte una demanda para ello.
4. En materia de internacionalización empresarial, para impulsar la actividad económica y la recuperación, en 2021 se contará con 5.819.000 euros.
Respecto al Presupuesto del EREN, que será de 4,05 millones de euros, Carlos Fernández Carriedo ha insistido en que en materia de energía la Comunidad se enfrenta a retos muy importantes en la próxima década, en beneficio de las generaciones venideras y para lograr que se mitigue el cambio climático, además de hacer que la dependencia de combustibles fósiles se vaya reduciendo drásticamente y pensar en ser neutros en emisiones en 2050.
Así, Castilla y León ha adquirido el compromiso de aprobar a lo largo de 2021 la nueva Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030, alineándose con los objetivos que se han previsto por la UE y por España, formulados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
En 2021, el EREN destinará 450.000 euros a actuaciones para mejorar la eficiencia energética en todos los sectores de actividad de la Comunidad, entre las que se puede destacar: la ampliación de la red de puntos propios de carga de vehículos eléctricos; el Protocolo firmado con REPSOL en 2019 para ampliar la red de puntos de carga rápida pública; el proyecto piloto para incorporar tecnología de climatización y distribución de frío en edificios administrativos utilizando aerotermia y control y gestión del caudal en bombas; apoyo a los equipos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León; y estudios dentro del sector industrial, acciones de comunicación, difusión y formación.
Además, el EREN seguirá con su actividad inversora en energías renovables, apoyada en el 50 % del coste por los Fondos Feder; y dedicará 48.000 euros a diversas acciones de apoyo al desarrollo de la Estrategia Térmica Renovable, reinversiones en algunas instalaciones propiedad del EREN, actuaciones en el área de Garoña o acciones consecuencia de posibles compromisos autonómicos en la mesa de autoconsumo eléctrico actualmente vigente.
El documento del Presupuesto recoge también las aportaciones corrientes precisas para el funcionamiento de la Fundación Santa Bárbara. Así, la Fundación llevará a cabo las actividades propias de sus fines fundacionales (actividades formativas e I+D+i) en la Escuela Laboral del Bierzo, para lo que prevé unos gastos de explotación de 2.162.255 euros.
En este sentido, el consejero ha explicado que la Fundación Santa Bárbara cuenta como ingresos de explotación los provenientes de la ejecución del primero de los planes de formación previstos en el convenio formalizado con fecha 3 de noviembre de 2020 con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El importe total del plan para el año 2021 es de 996.300 euros.
El resto de ingresos de explotación provendrán, además de traspasos desde el patrimonio neto a la cuenta de resultados, de la autofinanciación generada por el resto de sus actividades, principalmente proyectos de I+D+i, formación específica de cuerpos de emergencia y ensayos tecnológicos.
Por otra parte y respecto a los gastos de capital de la Consejería de Economía y Hacienda, la cifra de inversiones reales es de 42,92 millones de euros.
Para el ejercicio 2021, en lo que a la Administración General se refiere, las principales cifras corresponden a la realización de las obras de construcción y/o reforma de los edificios administrativos (7,07 millones de euros); al mantenimiento de las aplicaciones informáticas tributarias; y a la obtención de información estadística y de seguimiento y evaluación de actuaciones financiadas con fondos comunitarios.
Por su parte, las transferencias de capital crecen el 38,98 %, alcanzando los 118,7 millones de euros. Es el capítulo de gasto que más crece en la Consejería -como en el conjunto del Presupuesto de la Comunidad- y en el que se contemplan créditos para dos importantes líneas de ayuda promovidas por la Dirección General de Política Económica y Competitividad destinadas a la ejecución de proyectos cooperativos innovadores realizados por las Agrupaciones Empresariales Innovadoras -con una dotación de 841.160 euros- y la destinada a inversiones para infraestructuras de investigación realizadas en los Centros Tecnológicos de la Comunidad, con una dotación de 1,7 millones.
Se suman las actuaciones promovidas por la Dirección General de Energía y Minas. Por una parte, 8 millones de euros para ayudas para la movilidad eficiente y sostenible (programas MOVES I y II), subvenciones para la eficiencia energética en colegios públicos y ayudas, cofinanciadas por el FEDER, para mejorar la eficiencia energética de las empresas.
Por otra parte, 7,4 millones en el ámbito de la minería, para la ejecución de los convenios de colaboración con el Instituto para la Transición Justa a cargo de la consejería y que inician su ejecución en 2021; el apoyo a la prevención de riesgos laborales y geológicos; el Plan de modernización del subsector de la Pizarra; la rehabilitación de espacios naturales afectados por labores mineras abandonadas; y el desarrollo de distintas acciones de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2021.
Deuda pública. Una Comunidad solvente que ahorra en intereses
En el proyecto de Presupuestos para 2021, los créditos de la deuda pública se cifran en 1.423,38 millones de euros, lo que supone un incremento global del 2,29 % con respecto al último Presupuesto aprobado. De esta forma, se registra un ahorro de 40 millones de euros en el pago de intereses, con respecto al Presupuesto anterior.
Así, la partida destinada a gastos financieros se reduce hasta los 239,2 millones de euros, a pesar del aumento del volumen de endeudamiento que se registrará en 2021. Fernández Carriedo explicó que para realizar este cálculo se ha considerado que durante 2021 se mantendrá el entorno actual de tipos de interés, motivado fundamentalmente por medidas de política monetaria expansiva del Banco Central Europeo y se ha previsto que la Comunidad cubrirá sus necesidades de financiación acudiendo a los mercados de capitales gracias a su capacidad de acceso a los mismos dada su buena calificación crediticia.
Por otro lado, el importe de los pasivos financieros, destinado a abonar las cuotas de amortización previstas en el ejercicio 2021, asciende a 1.184,15 millones de euros. La mayor parte se refiere a devoluciones de préstamos a largo plazo, en concreto 784,15 millones de euros, mientras que 400 millones se corresponden con la devolución de una emisión pública de deuda realizada en 2016.
