El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha destacado esta mañana en rueda de prensa que, en esta provincia, el 92,2% de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde el inicio de la pandemia se han incorporado al mercado laboral. De los 5.875 afectados a 30 de abril, el peor momento de la crisis en el conjunto de España, quedan 461 trabajadores en ERTE a 31 de octubre. Estos datos no incluyen la nueva figura de ERTE del Real Decreto ley 30/2020, de 30 de septiembre de 2020.
Es uno de los datos ofrecidos por el representante del Gobierno en la provincia para explicar las ayudas que el Estado ha aportado en Soria con el fin de que, según ha dicho, “superemos, entre todos, las amenazas que se nos presentan por culpa de esta pandemia, sin dejar a nadie atrás, algo en lo que este Gobierno ha puesto el acento desde el principio”.
Latorre ha destacado también, en septiembre, un total de 2.401 trabajadores sorianos percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 2,5 millones de euros. De ellos, 1.214 eran trabajadores acogidos a un ERTE, lo que suponen un total de 500.000 euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 30,8 millones de euros (de los cuales, 14,9 corresponden a ERTE), 19,3 millones más que en el mismo periodo del año pasado.
Por otra parte, desde el inicio de la crisis, 3.030 autónomos han recibido algún tipo de prestación. De ellas, 2.813 corresponden a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad vigente hasta el 30 de junio. Desde esta fecha hasta el 31 de octubre, 217 autónomos han recibido alguna prestación compatible con la actividad (incluyendo los autónomos de temporada).
En cuanto a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a 15 de noviembre, en Soria se han aprobado 1.393 operaciones, que afectan a 984 empresas, por un importe avalado de 113,9 millones de euros (0,1% del total) y una financiación total de 147,2 millones.
DERECHOS SOCIALES
El subdelegado se ha referido igualmente a otros derechos sociales protegidos por el Gobierno de España que son más difíciles de cuantificar a nivel provincial pero que se han apuntalado también con transferencias a la comunidad autónoma.
A Castilla y León le corresponden 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario (5,9% del total) para minimizar el impacto social de la pandemia. La Comunidad ha dispuesto de 1,8 millones de becas comedor que han dado cobertura a 8.000 familias. Se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021.
Además, Castilla y León podrá destinar a gasto sanitario 209,5 millones de euros de fondos FEDER (3,7% del total nacional).
Esta comunidad autónoma ha recibido un total de 843,4 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, siguiendo criterios objetivos y cuantificables relacionados con el impacto de la pandemia: 544,8 millones (el 6,1% de los 9.000 del primer y segundo tramo -gasto sanitario-), 84 millones (el 4,2% de los 2.000 del tercer tramo -gasto educación-) y 214,6 millones (el 4,3% de los 5.000 del cuarto tramo -compensación de ingresos por caída de actividad-).
MEDIDAS SIN PRECEDENTES
Latorre ha reconocido que queda mucho por hacer pero se ha mostrado convencido de que “cuando nos vimos azotados por una pandemia inesperada contra la que ningún país del mundo tenía ‘manual de instrucciones’ pusimos en marcha todas las herramientas a nuestro alcance para salvar vidas, para defender la salud pública y para atender la emergencia económica y social derivada de esa emergencia sanitaria”.
“Se pusieron en marcha”, ha dicho, “una batería de medidas sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Se movilizaron hasta 200.000 millones de euros para proteger a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y a los trabajadores autónomos. También, para proteger a 3,4 millones de trabajadores mediante los ERTE.
Igualmente ha recordado que “se puso en marcha, por primera vez, una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos que benefició a cerca de un millón y medio de trabajadores por cuenta propia en los momentos más duros del confinamiento. Se establecieron moratorias a la deuda hipotecaria y la prórroga automática de los contratos de alquiler de vivienda vencidos”.
Según Latorre “sólo teníamos una opción ante esta crisis sanitaria y era resistir para luego avanzar”. Y el avance, ha dicho el subdelegado, “pasa por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que resume la respuesta por parte de nuestro país”.
Los fondos europeos, el Next Generation UE, supondrán para España la posibilidad de contar con un fondo de 140.000 millones de euros en los próximos 6 años, hasta 2026. A los que hay que sumar más de 80.000 millones de euros previstos para España por los fondos estructurales y por la Política Agraria Común para el periodo 2021-2027.
Se va a concentrar un total de 72.000 millones de euros de transferencias no reembolsables para el periodo muy corto de tiempo, del año 2021-2023, con el objetivo de relanzar la actividad económica y la creación de empleo en los primeros años.
Según ha concluido el subdelegado “tenemos que ir sentando las bases para transformar nuestra economía con un enfoque inclusivo que recoja la transición digital y la transformación medioambiental para que la economía española sea sostenible y tecnológicamente puntera”.
MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL
Hace 15 días se constituyó la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia. Esta mesa sirve de cauce para regular el diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales en torno al Plan de Recuperación que se financiará con el Fondo de Recuperación-Next Generation.
Latorre ha destacado también que la “voluntad de diálogo ha sido una constante desde el inicio de la pandemia. Así lo evidencian las negociaciones correspondientes a los ERTE, la firma del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo el pasado 3 de julio, la decisión de reactivar las mesas existentes del diálogo social en marzo y que se crease una quinta ‘Mesa coronavirus’, o las numerosas reuniones celebradas con los agentes sociales para articular y hacer seguimiento de los diferentes paquetes de medidas económicas y sociales de respuesta a la pandemia”.
La apuesta del Gobierno por la interlocución con los agentes sociales ha permitido hasta la fecha la firma de seis acuerdos: el de subida del SMI, los acuerdos para la Defensa del Empleo (ERTE y prestaciones para los autónomos), el Acuerdo de Reactivación Económica y el Empleo y el Acuerdo de Teletrabajo.
