El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se establecen directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social mediante una ejecución eficiente del gasto destinado a contratos públicos y subvenciones. De esta manera se pretenden obtener prestaciones de calidad que fomenten la integración social, premiar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social y contribuir al asentamiento de la población.
A través de este acuerdo se cumplen dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León firmado el pasado el 17 de junio de 2020, en los que se acordó reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos.
La contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para conseguir objetivos sociales fue asumida por la Junta de Castilla y León con la aprobación del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, y significó un paso importante en la integración de un segmento de población desfavorecida. Posteriormente, la Junta aprobó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público y utilizar mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Este nuevo acuerdo incorpora consideraciones sociales en contratos y subvenciones, esto es, aquellas que contribuyan a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, al tiempo que aporten valor social al gasto público mejorando las prestaciones contratadas o incrementando el beneficio social de las subvenciones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se establecen directrices vinculantes para impulsar la responsabilidad social mediante una ejecución eficiente del gasto destinado a contratos públicos y subvenciones. De esta manera se pretenden obtener prestaciones de calidad que fomenten la integración social, premiar el esfuerzo de las empresas comprometidas con la responsabilidad social y contribuir al asentamiento de la población.
A través de este acuerdo se cumplen dos de los objetivos recogidos en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León firmado el pasado el 17 de junio de 2020, en los que se acordó reforzar la responsabilidad social en el gasto público e impulsar en el ámbito de la contratación pública el compromiso de la Comunidad con la calidad de empleo y la incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los colectivos desfavorecidos.
La contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para conseguir objetivos sociales fue asumida por la Junta de Castilla y León con la aprobación del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, y significó un paso importante en la integración de un segmento de población desfavorecida. Posteriormente, la Junta aprobó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, con el objetivo de incrementar la eficiencia del gasto público y utilizar mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Este nuevo acuerdo incorpora consideraciones sociales en contratos y subvenciones, esto es, aquellas que contribuyan a garantizar que se cumplen las obligaciones en materia social y laboral, al tiempo que aporten valor social al gasto público mejorando las prestaciones contratadas o incrementando el beneficio social de las subvenciones.
Estas consideraciones se refieren, entre otras, a las relacionadas con:
Contratación de personas con discapacidad por encima del porcentaje que exige la legislación nacional
Contratación o subcontratación con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, entidades y empresas de inserción
Favorecer el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas
Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer
Disminución del desempleo de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas y culturales, destinatarios de renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones económicas de similar naturaleza y, en general, personas en situación o riesgo de exclusión social
Incremento de la accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad y mejora de la accesibilidad
Impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar por encima de los mínimos legalmente exigidos
Prevención de la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo
Promoción de la estabilidad en el empleo
Fomento de la adquisición de productos agroalimentarios de calidad y de proximidad
Inclusión de los principios de responsabilidad social empresarial como el suministro de productos de comercio justo y las medidas que tiendan a garantizar una cadena de suministro responsable que respete los derechos laborales básicos de los trabajadores
Estas consideraciones se refieren, entre otras, a las relacionadas con:
- Contratación de personas con discapacidad por encima del porcentaje que exige la legislación nacional
- Contratación o subcontratación con Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, entidades y empresas de inserción
- Favorecer el acceso a la contratación a las pequeñas y medianas empresas
- Eliminación de las desigualdades entre el hombre y la mujer
- Disminución del desempleo de los colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo: mujeres víctimas de violencia de género, minorías étnicas y culturales, destinatarios de renta garantizada de ciudadanía u otras prestaciones económicas de similar naturaleza y, en general, personas en situación o riesgo de exclusión social
- Incremento de la accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad y mejora de la accesibilidad
- Impulso de la conciliación de la vida laboral y familiar por encima de los mínimos legalmente exigidos
- Prevención de la siniestralidad laboral, garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo
- Promoción de la estabilidad en el empleo
- Fomento de la adquisición de productos agroalimentarios de calidad y de proximidad
- Inclusión de los principios de responsabilidad social empresarial como el suministro de productos de comercio justo y las medidas que tiendan a garantizar una cadena de suministro responsable que respete los derechos laborales básicos de los trabajadores
