Las negociaciones sobre el futuro acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido están en un momento crucial pero “tal acuerdo no debe alcanzarse a cualquier precio”, ha manifestado esta tarde el vicepresidente Francisco Igea, en el Pleno de la CARUE, que ha estado copresidido por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.
El vicepresidente Igea ha defendido que no puede aceptarse “un camino que penalice a nuestra economía o a nuestros ciudadanos y es preciso insistir en la necesidad de que el mantenimiento de ese gran mercado y sociedad a favor del que nos pronunciamos, se haga siempre con respeto a la participación en igualdad de condiciones”. Para la Junta de Castilla y León ningún acuerdo comercial puede alcanzarse sin unas reglas de juego justas; esto es: deben garantizarse los principios de reciprocidad y competencia leal.
Francisco Igea ha expuesto en esta reunión mantenida entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que la posición de nuestro país no debe focalizarse en determinados sectores si eso lleva a desproteger otros ámbitos que son comunes a todos, como las relaciones comerciales y los derechos de los ciudadanos, que son fundamentales para Castilla y León. Al tiempo, el vicepresidente de la Junta ha manifestado la preocupación del Gobierno autonómico por el adecuado acceso a las prestaciones sanitarias y por la Seguridad Social de nuestros ciudadanos en el Reino Unido.
Para Castilla y León es prioritario proteger el intercambio comercial con el Reino Unido, dado que representa casi el 8 % del volumen total de ventas al exterior, siendo el saldo de la balanza comercial muy favorable. La Comunidad tiene en el Reino Unido uno de sus principales mercados, pues se erige en el tercer destino principal de las exportaciones castellanas y leonesas. Estas exportaciones están vinculadas, principalmente, a dos sectores: el agroalimentario y la automoción –vehículos y componentes-. Francisco Igea ha hecho hincapié en la protección que merece, en este proceso negociador, el sector agroalimentario que ya ha sufrid una gran pérdida de recursos de la Política Agraria Común precisamente por el Brexit.
En relación con la automoción, cabe recordar que el sector de la automoción supone una suma próxima a los 40.000 empleos directos e indirectos, un 25 % del PIB industrial y se ha visto afectado gravemente por los efectos económicos derivados de la crisis de la COVID-19. El vicepresidente Igea ha vuelto a recordar al Gobierno de España la necesidad de que la transición medioambiental en este sector se realice desde una neutralidad tecnológica para que esta industria en Castilla y León no se vea todavía más perjudicada.
Castilla y León considera imprescindible obtener la garantía de que los controles aduaneros no produzcan cuellos de botella desde o hacia el Reino Unido que afecten a las cadenas industriales y al suministro de bienes y componentes. En los procesos de la industria de la automoción intervienen cadenas de proveedores internacionales y se exportan e importan componentes a través de las fronteras, siendo crítico evitar que se generen retrasos en los suministros en uno y otro sentido para no perjudicar su correcto funcionamiento, ha recordado Francisco Igea.
