El 13 de septiembre, las ocho residencias juveniles de la Junta de Castilla y León comenzarán a recibir a los estudiantes para el próximo curso 2020/2021, contando para ello con todas las medidas de seguridad y los protocolos sanitarios reglamentarios contra el COVID-19. De hecho, en los próximos días se irán incorporando a estas instalaciones cerca de 450 jóvenes, algo más de la mitad de las plazas que habitualmente se convocaban, ya que debido a la situación sanitaria y siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad, este año se ha reducido el aforo y todas las habitaciones han pasado a ser de uso individual.
Asimismo, el Instituto de la Juventud ha elaborado una guía en colaboración con la Dirección General de Salud Pública que recoge las medidas de seguridad y limpieza que deberán aplicarse a lo largo de este curso. Dicho documento incluye también el protocolo a seguir ante posibles casos de coronavirus sospechosos o confirmados tanto de residentes como del personal.
Precisamente, las residencias están dotadas del material necesario para garantizar una estancia segura y para ello cuentan con termómetros sin contacto, alfombras desinfectantes, dispensadores de gel para las zonas comunes e incluso se han establecido itinerarios seguros dentro de las distintas instalaciones. Además, los residentes antes de iniciar su estancia en la residencia, deberán firmar una declaración responsable y cumplir con todas las medidas e indicaciones que sean necesarias en cada momento.
Los usuarios podrán incorporarse a las residencias hasta el día anterior al inicio de las clases y con el fin de preservar su seguridad y la de los trabajadores, ninguna persona que no se aloje en el centro podrá acceder al mismo ni tampoco se admitirán alberguistas individuales durante el primer trimestre.
Además, conscientes de las dificultades por las que atraviesan algunas familias, la Junta de Castilla y León contempla ventajas para los usuarios de las residencias juveniles de su titularidad, ya que en el caso de que los miembros de la unidad familiar se hayan visto afectados por un despido, cese de actividad o expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) en 2020, dispondrán de beneficios en el abono de las cuotas, ya que se valorará la capacidad económica del presente año y no la del anterior ejercicio como venía siendo habitual.
