En la reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, Francisco Igea ha trasladado que esta cuestión de Estado afecta al futuro del modelo político en España, y también deriva en la propia supervivencia de las comunidades autónomas; en este punto, ha manifestado que “no seremos capaces de realizar políticas públicas de desarrollo o innovación si no existe un presupuesto acorde a las necesidades” y ha recordado que en el caso de Castilla y León su financiación está condicionada por tener que dedicar el 80 % del presupuesto autonómico a la prestación de servicios púbicos esenciales en el territorio. En materia económica, durante la intervención también ha habido oportunidad de reiterar la necesidad de una fiscalidad ventajosa para los territorios afectados por la despoblación.
Para que se asuma -y se aplique- que los servicios deben prestarse en los territorios y no contemplarse de manera exclusiva la prestación a las personas, Igea ha reivindicado el denominado “lenguaje inclusivo geográfico”, esto es, que se atienda con los recursos adecuados la conectividad, la movilidad, el mantenimiento del patrimonio natural, el patrimonio cultural y artístico o una extensa red de carreteras. Atender los retos demográficos pasa por una Política Agraria Común fuerte, bien dotada económicamente, que no se reduzca. En relación con este ámbito de actividad económica, el vicepresidente Igea ha enfatizado -como otra gran necesidad- sobre el peso de las políticas agroindustriales que favorezcan que el valor añadido del medio rural permanezca en él.
Otra cuestión relevante, expuesta desde Castilla y León, ha sido la petición de una política migratoria que también sea una parte de las soluciones para estos territorios, con cuestiones concretas como agilizar la homologación de titulaciones académicas para favorecer con ello la llegada y la permanencia de población y profesionales con la cualificación precisa para muchas de las oportunidades que se generen en el medio rural. Finalmente, y en la línea de trabajo que se sigue en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, se ha planteado una evaluación de las políticas públicas, pues “las medidas han de tener resultados”, ha concluido Francisco Igea.
