La Inspección General de Servicios, dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, realiza entre sus competencias la evaluación de programas, estructuras, procesos, procedimientos, actividades y recursos humanos y materiales –para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos-; y la vigilancia y la comprobación de que las actuaciones del personal y la prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se adecúan a las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes aplicables en cada caso. Estas tareas se llevan a cabo mediante auditorías e inspecciones, y el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios recoge la planificación de aquellas auditorías que se efectúan de modo ordinario, sin que ello suponga que al cabo del año se efectúen otras extraordinarias.
Para la elaboración del Plan se han tenido en cuenta las propuestas de actuaciones remitidas por las secretarías generales de las distintas consejerías del Gobierno autonómico u órganos equivalentes de los organismos autónomos, por las delegaciones territoriales, por el Procurador del Común, así como las conclusiones que se derivan de la ejecución de los planes de actuación de años anteriores.
Función Pública y fondos europeos agrícolas
Las auditorías previstas relacionadas con Función Pública se centrarán en analizar la gestión del régimen de incompatibilidades durante el año 2019 -control de las resoluciones denegatorias-; controlar la veracidad de las declaraciones responsables en el procedimiento de compatibilidad; controlar las autorizaciones de compatibilidad del personal médico especialista de los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León; y controlar el grado de cumplimiento del régimen de incompatibilidades por parte del personal veterinario adscrito a los Servicios Territoriales de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que participan en las campañas de espectáculos taurinos.
Otra de las áreas se ciñe, exclusivamente, al cumplimiento de criterios relacionados con la financiación de fondos europeos agrícolas. En concreto, se analizará el grado de adecuación del organismo pagador de los fondos europeos agrícolas a los criterios de autorización durante el ejercicio 2019.
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En cuanto a la evaluación del coste de servicios, actividades o prestaciones vinculadas a tasas y precios públicos, se contemplan dos actuaciones: la evaluación de los costes de los servicios vinculados a la tasa por expedición de títulos en materia de juventud, y la revisión de los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales, aprobados por Decreto 70/2011, de 22 de diciembre.
Evaluación de planes, programas y actuaciones públicas
Cinco de las trece auditorías programadas para el año 2020 se dedicarán a la evaluación de planes, programas y actuaciones públicas. En este epígrafe se enmarcan las siguientes actuaciones: evaluación de la implantación de la administración electrónica en los procedimientos administrativos de los Servicios Territoriales de Fomento; auditoría sobre la implementación del procedimiento para la autorización de las rotaciones externas de los especialistas en formación en ciencias de la salud por el sistema de residencia en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León; auditoría del procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión de las situaciones de violencia interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud; auditoría sobre el procedimiento y la carga de trabajo en materia de medio natural en los servicios centrales y en los servicios territoriales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; y evaluación del proceso de tramitación de licencias de caza y pesca en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.
La relación del Plan Anual de Actuaciones de la Inspección General de Servicios se cierra con una única auditoría en el ámbito de la calidad de los servicios, con la evaluación de las cartas de servicio al ciudadano de la Consejería de Educación.
