El nuevo juez de Almazán archiva la causa de los civiles fallecidos en La Riba de Escalote durante la Guerra

La Asociación Recuerdo y Dignidad ya ha anunciado que recurrirá dicho archivo

El archivo de la causa por las desapariciones forzadas de cuatro civiles sorianos durante la Guerra Civil en la localidad de La Riba de Escalote acaba abruptamente con las aspiraciones de Justicia para las víctimas y sus familias.

La llegada de un juez nuevo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán ha traído, para la causa de los cuatro desaparecidos, un final que contradice la línea mantenida por el juez que venía ejerciendo las funciones durante los últimos meses, según informa la Asociación Recuerdo y Dignidad. El brusco cierre supone una especie de enmienda a su labor en el caso.

El precipitado sobreseimiento de la causa ha sentado como un jarro de agua fría a los familiares de las víctimas y a los integrantes de la Asociación Recuerdo y Dignidad, que si bien no esperaban grandes resultados en materia de derechos humanos, sí que estaban satisfechos por la apertura de la causa y, especialmente, por las diligencias ordenadas por el juez de cara a la identificación de las víctimas.

A este respecto queda la incertidumbre sobre los trámites derivados de los oficios ordenados por el juez anterior como los Expedientes de Auxilio Judicial Nacional para la toma de muestras biológicas a familiares de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, la respuesta que solicitaba el Juzgado de Lleida sobre dónde enviar las muestras, los trabajos iniciados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses... Especialmente duro ha sido para los familiares de los desaparecidos que esperaban las notificaciones del Juzgado correspondiente para que le fueran tomadas muestras biológicas de cara a la identificación genética de sus seres queridos.

 

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El archivo deja en el limbo las pruebas biológicas ya ordenadas que tenían como objeto nada menos que poder determinar si los restos hallados tras la exhumación se corresponden con las personas cuya desaparición se denunció. Ahora será la Asociación soriana la que deba gestionar las pruebas genéticas y asumir los gastos que ello supone y que ascienden a 2.000 euros aproximados en un laboratorio privado si las pruebas son positivas.

Por fortuna y pese a que se acaba el plazo en pocos días, aún no se ha entregado la justificación de la subvención para la exhumación de las fosas comunes de La Riba de Escalote que la Junta de Castilla y León otorgó a Recuerdo y Dignidad. Ello permite realizar y facturar las pruebas de ADN, reformulando la memoria para que puedan acogerse a dichas ayudas. No sin suponer un esfuerzo enorme en fechas festivas.

Idéntico esfuerzo tendrá que realizar el equipo jurídico de Recuerdo y Dignidad, ya que el plazo de recurso finaliza el próximo día 3. Que una resolución de este tipo, nada menos que poniendo fin al procedimiento, se comunique un viernes después de Navidad, con el perentorio plazo de tres días para recurrir, trae consigo la legítima sospecha de que "se ha buscado ex profeso para dejarnos escaso margen de maniobra y disuadirnos de recurrir. Pero la ASRD recurrirá el archivo".

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