Fiscalía, letrados y profesionales sociales profundizan en las soluciones sobre menores conflictivos o desamparados

En el curso conjunto de formación especializada que se celebra en Burgos se analizará la responsabilidad penal de menores y, en especial, las medidas que pueden adoptarse

El curso ha sido inaugurado por la fiscal superior de Castilla y León Lourdes Rodríguez Rey, y por el director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León Luis Miguel González Gago, que han estado acompañados en el acto por las directoras del mismo Mª Teresa Vicente Calvo fiscal delegada de Menores en la Fiscalía de Valladolid, y Esperanza Vázquez Boyero directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León, y se desarrollará durante dos días en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos.

Bajo el título “Coordinación entre la Administración y el Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de menores”, asistirán al curso un total de 40 participantes de Castilla y León. Se trata de un curso multidisciplinar, al que, además de fiscales y letrados, asisten otros profesionales de los servicios sociales que desarrollan su trabajo en la intervención con menores, procedentes de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y de las principales entidades de la provincia de Burgos -Diputación Provincial y ayuntamientos de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro-, y profesionales sanitarios del área de pediatría y trabajadores sociales de centros de salud.

El objetivo del curso es acercar el sistema de justicia penal y el procedimiento de responsabilidad penal de los menores, así como las medidas que se les pueden aplicar, a todos aquellos profesionales que trabajan en esta área, para dar una respuesta adecuada a la intervención social con menores.

En el curso se abordarán, asimismo, otros temas de gran actualidad derivados de los cambios sociales y culturales producidos en los últimos años y que inciden en la situación de los menores, como son las repercusiones del uso de las tecnologías de la información y comunicación por los jóvenes, con la aparición de nuevas conductas reprochables, como el “stalking” u hostigamiento a través de estas nuevas tecnologías o el “ciberbulling” o acoso escolar a través de las redes, la problemática social y jurídica que plantea el fenómeno de los denominados MENAS -menores extranjeros no acompañados-, o la gestación subrogada.

En la inauguración, el director de los Servicios Jurídicos González Gago ha expuesto las diferencias del procedimiento penal para el enjuiciamiento de los menores, cuya finalidad no es solo sancionadora, sino principalmente educativa, destacando que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000 contempla un amplio catálogo de medidas que deben ser impuestas por el juez, siempre teniendo en cuenta el superior interés del menor, y que posteriormente van a ser ejecutadas por profesionales especialistas en el área de educación y formación de la entidad de protección y reforma de la Comunidad Autónoma.

Por la fiscal superior Rodríguez Rey se ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de los profesionales con competencia en la materia y la necesaria coordinación entre todas las instituciones implicadas, tanto en la materia de reforma -menores infractores- como en la de protección -menores en situación de desamparo-.

Asimismo, ha hecho referencia a que el procedimiento para exigir responsabilidad penal a los menores tras casi 20 años de recorrido merece una valoración positiva y, por ello, bien podría servir de referente para el nuevo modelo de proceso penal que reiteradamente se viene demandando por la Fiscalía.

 

Convenio de formación entre la Fiscalía General del Estado y la Junta de Castilla y León

El Convenio de colaboración suscrito entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de la Comunidad en materia de formación continua de Fiscales, a través de la Fiscalía de la Comunidad y de la Consejería de la Presidencia, respectivamente, permite el desarrollo de actividades de formación especializada para fiscales con destino en la Comunidad de Castilla y León y letrados de la Junta de Castilla y León.

A través del Convenio, se busca el perfeccionamiento en cuestiones jurídicas de máxima actualidad, como las relativas a temas de violencia de género, menores, discapacidad, etc, que pueden contribuir a la mejora de su desempeño profesional.

En el año 2019, el plan formativo aprobado recogió 3 cursos especializados, que inciden en aquellas materias que, bien por las modificaciones legislativas habidas, bien por las nuevas corrientes jurisprudenciales o por la propia situación y coyuntura de la sociedad en la actualidad, resultan de mayor interés.

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