La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido la constitución y primera reunión de la Sección de Atención y Prevención de drogodependencias del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. Se trata de un órgano de asesoramiento, participación y diálogo con los principales implicados en la prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de la Comunidad.
La Sección está formada por cerca de 30 miembros que representan a la Confederación de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Enseñanza; La Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios; el Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios; el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos; el Colegio Oficial de Psicología; el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería; El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencia Política y Sociología; el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales; la Asociación de Ayuda al Drogodependiente; la Federación de Alcohólicos Rehabilitados; Cáritas; la Fundación ALDABA; el Consejo de Universidades de Castilla y León; el Consejo de la Juventud; el Ayuntamiento de Ponferrada; la Delegación del Gobierno en Castilla y León; UGT; CC.OO.; CECALE; la Consejería de Educación, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
En la reunión de la Sección se ha presentado el Anteproyecto del VII Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León 2017-2021, compromiso de legislatura de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y que para su elaboración ha contado con la participación de cerca de 80 entidades entre las que se encuentran diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con planes provinciales o locales de drogas, más de 40 entidades del Tercer Sector que gestionan programas y servicios de drogodependencias, universidades, agentes sociales y económicos o distintos departamentos de las consejerías de la Junta de Castilla y León. A partir del próximo lunes estará disponible en Gobierno Abiertoº para que todos los ciudadanos e instituciones que lo deseen puedan realizar aportaciones y el texto final tendrá que ser definitivamente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.
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Análisis previo de la situación en el consumo para elaborar el Plan
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que las propuestas que recoge el Anteproyecto del VII Plan Regional sobre Drogas parten de un exhaustivo análisis de la realidad de la situación actual del consumo de drogas en Castilla y León, a través de diferentes fuentes como las encuestas periódicas sobre consumos, los datos del Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías y la información del Sistema de Seguimiento sobre el Plan Regional de Drogas.
En este sentido, Alicia García ha destacado que un dato general relevante de estos estudios indica que el consumo habitual de tabaco y de bebidas alcohólicas en la población general de Castilla y León se encuentra por primera vez por debajo de la media nacional. El hábito de fumar en Castilla y León presenta una tendencia descendente consolidada, bajando un 35 % en la población general (Encuesta EDADES) desde 1989 y un 48,8 % en la población de estudiantes (Encuesta ESTUDES) desde 1994. En ambos casos, en la actualidad se tiene el menor porcentaje de fumadores diarios desde que se iniciaron las encuestas a estas dos poblaciones con un 28,9 % en la población general y un 10,3 % en lo relativo a la población de estudiantes.
El consumo de alcohol en la población escolar, a pesar de haber descendido en los últimos años, mantiene cifras muy elevadas, con un 39 % de estudiantes de entre 14 y 18 años que reconoce haberlo consumido en alguna ocasión en ‘atracón’. El inicio en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis se ha retrasado en unos meses, pero aún se produce a unas edades muy tempranas, a los 13,5 años en alcohol y tabaco y en torno a los 15 años en cannabis.
La consejera ha mostrado su preocupación por la aceptación social del consumo de cannabis y sobre todo del alcohol, que sigue siendo la droga socialmente más aceptada. Según los datos, un 70 % de los estudiantes de 14 a 18 años percibe que sus padres no les permiten en absoluto fumar, mientras que ese porcentaje es solo del 38 % cuando se trata de las bebidas alcohólicas. Un dato positivo, y que no hace muchos años era una de las grandes preocupaciones del Plan Regional sobre Drogas, es la evolución del consumo de drogas por vía intravenosa y la prevalencia de la infección por VIH en drogodependientes. Actualmente, solo un 1,1 % de los drogodependientes que inicia tratamiento por primera vez está infectado por el VIH y un 0,7 % ha utilizado la vía inyectada seis meses antes de iniciar el tratamiento.
Prevención como objetivo. Jóvenes y menores como destinatarios prioritarios
Una vez realizado el diagnóstico y analizados sus datos, se ha elaborado un Plan que incluye 74 propuestas de acciones clave, 23 de ellas novedades respecto a planes anteriores y la mayor parte de ellas en una línea estratégica muy clara: la prevención. Alicia García se ha referido a que el VII Plan Regional sobre Drogas es esencialmente preventivo, que se basa en la corresponsabilidad social de todos los agentes implicados en su desarrollo y aplicación, que pretende la concienciación e implicación de toda la sociedad al ser un problema de todos y que pondrá especial énfasis en menores y jóvenes.
Un Plan con cinco líneas estratégicas
Además de tener en cuenta el análisis de la situación actual de consumo y la experiencia acumulada de planes anteriores, el nuevo Plan se ha elaborado teniendo en cuenta la revisión del conocimiento científico sobre la efectividad de las estrategias de prevención, asistencia e integración social, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga, del Observatorio Europeo y de las diferentes estrategias y planes a nivel internacional.
Una vez realizados todos los análisis, el Plan desarrollará cinco líneas estratégicas: la primera de ellas y la más importante será la de la prevención del consumo; la segunda, la de disminución de riesgos y reducción de daños; la tercera es la asistencia e integración social; la cuarta, la formación, evaluación e investigación; y la quinta, la coordinación y cooperación.
Prevención del consumo de drogas
Alicia García ha señalado que la prevención es la principal prioridad del Plan, que recoge 24 acciones en materia de prevención enfocadas a evitar o minimizar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Y serán acciones que incidirán especialmente en los menores de edad. En este sentido, el Plan dará un salto cualitativo hacia una forma evolucionada de prevención y pasará de una intervención de calidad en ámbitos concretos a una prevención en la comunidad, con implicación activa de esta, con alianzas comunitarias entre entidades implicadas y con acciones combinadas en diferentes escenarios. En todo el ámbito de la prevención será fundamental la corresponsabilidad de las entidades locales y del tercer sector. Las acciones de prevención se desarrollarán en cuatro ámbitos: escolar y extraescolar, familiar, laboral y comunitario y ambiental.
La prevención en el ámbito escolar y extraescolar se llevará a cabo con acciones como el desarrollo de programas universales de prevención extraescolar del consumo de drogas como complemento de los programas acreditados de prevención escolar y familiar; programas específicos de prevención del consumo de alcohol y de otras drogas en asociaciones juveniles y en el ámbito del ocio y tiempo libre, o aplicación de programas de prevención extraescolar en los centros de protección y acogida de menores.
En el ámbito de la prevención familiar destaca como acción novedosa el asesoramiento y apoyo individual a familias con menores en situación de riesgo que abusan del alcohol y de otras drogas a través recursos preventivos provinciales de referencia, a lo que se suman acciones como la realización de programas acreditados de prevención familiar universal, selectiva e indicada del consumo de drogas o el desarrollo combinado de los programas universales de prevención escolar y familiar en los centros educativos que realizan los programas escolares.
La prevención laboral se realizará con programas de prevención del consumo en centros de trabajo a través de un modelo que se consensuó con agentes sociales y económicos en junio. Una de las primeras acciones en este sentido será la creación de una novedosa red de mediadores, integrada por agentes previamente formados de las organizaciones empresariales y sindicales.
Y con respecto a la prevención comunitaria y ambiental, se ejecutará con la creación de alianzas comunitarias institucionalmente respaldadas como estructuras estables de participación, cooperación y movilización de la comunidad para identificar problemas locales concretos en materia de drogas e impulsar acciones específicas y coordinadas para afrontarlos; la derivación de menores consumidores de alcohol y de jóvenes con consumos de riesgo a programas acreditados de prevención, o con el refuerzo de acciones de control que garanticen cumplir la legislación en materia de bebidas alcohólicas, especialmente en menores. En este sentido, y con la colaboración esencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se contempla planificar inspecciones en determinadas fechas o eventos en los que los ayuntamientos detecten necesidad de intervención para reducir el riesgo de consumo.
Disminución de los riesgos y reducción de los daños
El Plan contempla como fundamental reducir los riesgos y los daños en los propios consumidores de drogas que no quieren o no pueden abandonar su consumo y también en el entorno de estas personas, y aquí las acciones inciden con mayor intensidad en colectivos vulnerables y personas en situación de riesgo.
Entre las actuaciones novedosas destacan la atención y protección a mujeres drogodependientes embarazadas; apoyo a familias que sufran en su entorno consumo de drogas a través de servicios preventivos especializados en cada provincia; actuaciones de sensibilización con jóvenes que han tenido problemas por el abuso de alcohol; programas específicos de apoyo a parejas e hijos de dependientes del alcohol y otras drogas y también a menores que hayan sufrido maltrato o abandono por causa de la dependencia de las drogas en sus padres. El Plan incluye también la intervención motivacional con los familiares y el menor que es atendido por un problema de abuso de alcohol en urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias para ofrecer desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la posibilidad de contar con recursos y programas específicos para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Otras medidas de esta segunda línea estratégica del Plan se enfocan a la reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas, para lo que se establece, como novedad, el desarrollo de programas específicos de formación y asesoramiento de personas reincidentes en la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas, derivándolas a centros especializados de tratamiento cuando se constate dependencia, o la realización de talleres de formación sobre seguridad vial y consumo de alcohol y de otras drogas en autoescuelas y en otros ámbitos educativos.
Junto a estas, también se impulsan medidas como la implantación progresiva de intervenciones en trabajadores fumadores o que abusen del alcohol en los servicios de prevención de riesgos laborales; atención a las necesidades básicas de la población drogodependiente que se encuentra en situación de emergencia social a través de programas y servicios especializados; o realización de talleres de consumo de menor riesgo y de promoción de conductas saludables en centros y programas de atención a drogodependientes.
Refuerzo a la asistencia e integración social de drogodependientes
El objetivo en esta tercera estrategia de intervención del Plan es reducir la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras drogas facilitando el abandono del abuso y la dependencia mediante programas y servicios asistenciales, al tiempo que se promueve la integración social y laboral de estas personas. Para ello, se seguirá respaldando y consolidando la red actual de servicios asistenciales adaptándola a las necesidades de las personas que se atienden.
Aquí se contemplan actuaciones como el desarrollo de intervenciones estructuradas de información sobre recursos, captación, motivación, derivación, apoyo psicosocial al tratamiento especializado y al proceso de incorporación social, así como de apoyo y asesoramiento a la familia del drogodependiente; implantación de un programa de ayuda mutua entre iguales para la acogida, acompañamiento y atención a las necesidades específicas de jóvenes dependientes del alcohol; realización de intervenciones estructuradas de motivación y derivación de trabajadores drogodependientes para iniciar tratamiento, apoyo jurídico y mediación en posibles conflictos laborales; orientación y asesoramiento legal, así como sobre opciones de tratamiento a drogodependientes con problemas jurídico-penales y a sus familiares a través de servicios especializados; utilización de la gestión por procesos en los programas y servicios específicos de integración socio-laboral de drogodependientes; realización de talleres y cursos de formación prelaboral, técnicas de búsqueda de empleo y formación profesional ocupacional de drogodependientes en tratamiento o en proceso de inserción social, y orientación, acompañamiento e intermediación laboral de drogodependientes con una baja empleabilidad a través de programas específicos o para colectivos con dificultades especiales para el acceso al mercado de trabajo.
Formación, evaluación e investigación en drogodependencias
Las medidas en este ámbito inciden en aspectos como el diseño de un programa anual de formación dirigido preferentemente a capacitar a los responsables de llevar a cabo las acciones clave del Plan; realización de encuestas sobre consumo de drogas en la población general de Castilla y León, diseñadas específicamente para analizar la situación y evaluar el Plan Regional sobre drogas, o la evaluación del grado de satisfacción de los usuarios con los centros, servicios y programas del Plan Regional sobre drogas.
Coordinación y cooperación
Se trata de una línea orientada a promover la participación social y optimizar la coordinación y cooperación entre diferentes administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector. En este sentido, Alicia García ha anunciado que una de las primeras medidas en las que se va a trabajar de manera inmediata es en alcanzar un amplio acuerdo de consenso con entidades locales que sirva para afrontar los problemas concretos que se plantean en cada localidad en relación con los menores y jóvenes y el alcohol y para establecer las medidas a desarrollar en cada caso; medidas entre las que destacan las de prevención, como la sensibilización, también a través de las redes sociales o la información sobre los programas acreditados de prevención familiar en los centros de trabajo, y destinadas especialmente a la población adolescente para retrasar la edad de inicio, reducir la accesibilidad al alcohol, fomentar y promocionar el ocio libre de alcohol y reducir los consumos de mayor riesgo.
La consejera ha señalado que se recogen también medidas de control y vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente, incluyendo la formación de agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, para mejorar las acciones de control y reforzar su papel como agentes preventivos; o la coordinación e intercambio de información entre servicios municipales de prevención y policía local, así como entre servicios de prevención de las diputaciones provinciales y la Guardia Civil para la labor inspectora y la acción preventiva.
Estructura existente para la prevención, atención e inserción social
Para apoyar y reforzar la prevención, la Junta de Castilla y León cuenta con redes: por un lado, la Red de Planes sobre drogas, formada por la Consejería, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales que cuentan con un plan local sobre drogas aprobado por sus órganos de gobierno. Por otro lado, la Red de prevención familiar, que desarrolla varios programas de prevención del consumo de drogas, liderados fundamentalmente por entidades del tercer sector, adaptados al nivel de riesgo que presentan los menores y sus familias. Estas dos redes, a las que se suma la colaboración con la Consejería de Educación, han permitido que cada año cerca de 17.000 escolares y 800 profesores participen en programas acreditados de prevención en centros educativos, que alrededor de 3.000 madres, padres e hijos lo hagan en programas de prevención familiar de distinto grado de intensidad y que 2.500 menores participen en programas de prevención extraescolar.
Para el sostenimiento de los distintos programas, servicios o centros de intervención que forman parte del Plan Regional sobre Drogas la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está destinando este año 8,6 millones de euros.
