La Junta presenta el Anteproyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido informado por la Consejería de la Presidencia del anteproyecto de ley que establece medidas de protección a las víctimas del terrorismo de la Comunidad y les reconoce ayudas sanitarias, educativas, sociales para el acceso a la vivienda y al empleo. Además, con su futura aprobación se llevarán a cabo actuaciones dirigidas al reconocimiento de las víctimas y se crea un Comisionado para mejorar su asistencia. El presidente de la Junta se comprometió en su discurso de investidura a elaborar en 2016 un anteproyecto de ley de atención a víctimas del terrorismo. El texto presentado hoy será expuesto a participación pública a través del Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno autonómico ha considerado necesaria la elaboración de esta ley como muestra de su apoyo a este colectivo y fundamentalmente para contribuir al reconocimiento y memoria de las víctimas, así como para participar activamente en lograr un relato veraz de lo que ha sido y es el terrorismo. Para su elaboración, se ha colaborado con la Asociación de Víctimas de Castilla y León que ha aportado sugerencias y ha mostrado su conformidad con dicho texto.

El Gobierno de España cuenta con la Ley de Reconocimiento y protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y el Anteproyecto presentado hoy es el primero que se aprueba después de la entrada en vigor de dicha ley. Por este motivo el texto está coordinado con la norma estatal, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con las Medidas de la CORA del Estado, así como en el Acuerdo de la Junta de Medidas para la Reforma de la Administración.

Medidas de Protección

En primer lugar, el texto considera víctimas a quienes hayan sufrido la acción terrorista entendida esta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o en grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública; y para determinadas cuestiones también se considera víctima al cónyuge y a los hijos de quien sufra la acción terrorista y para las referidas al reconocimiento, comisionado, apoyo al movimiento asociativo e información, además, a los padres, abuelos, nietos y hermanos.

Para los primeros se destinarán ayudas de tipo asistencial. Entre ellas, se encuentran las sanitarias que les permitirán recibir tratamientos médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas y prestaciones ortopédicas siempre que deriven del atentado y que no hayan sido cubiertas por un sistema público o privado de aseguramiento, así como asistencia psicológica. En cuanto a la Educación, las víctimas contarán con exención de tasas por servicios complementarios -madrugadores y tardes en el cole-, por estudios universitarios, enseñanzas de régimen especial y expedición de títulos y certificados. También se beneficiarán de ayudas de comedor y recibirán asistencia específica que permita una atención individualizada cuando retomen sus estudios tras la acción terrorista.

Además, este colectivo tendrá preferencia para acceder a centros residenciales para personas mayores y a prestaciones sociales e instalaciones juveniles y no se tendrá en cuenta el cómputo de la renta familiar las ayudas o indemnizaciones que se reconozcan a algún miembro de la unidad familiar por su condición de víctima. Por otro lado, se recogen una serie de dispensas para acceder a viviendas públicas, así como en lo requisitos a los titulares de este tipo de vivienda.

El anteproyecto de ley incluye además medidas para promover acciones que favorezcan el empleo por cuenta ajena y como autónomo de las víctimas y se recogen los derechos que en materia de función pública reconoce el Estatuto Básico a los funcionarios en cuanto a permisos, reducción de jornada, traslado, acceso a la función pública etc… También estarán exentos de abonar las tasas para acceder a las pruebas selectivas de personal al servicio de la Administración.

La norma incluye una serie de medidas destinadas únicamente a quienes sufran la acción terrorista entre las que se encuentran, por ejemplo, las relativas a los beneficios fiscales - bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones-, ayudas para gasto farmacéutico, exención de tasas en museos de la Comunidad y los estatales que gestiona la Junta, y asistencia jurídica - los servicios jurídicos de la Comunidad en defensa del interés social podrán ejercer acciones judiciales oportunas en procesos penales derivados de actos terroristas-.

Reconocimiento y memoria

El anteproyecto de ley regula la creación de dos medallas para reconocer a las víctimas. Por un lado, la Medalla a las víctimas del terrorismo de la Comunidad, para personas que hayan sufrido una acción terrorista en Castilla y León o que siendo castellano y leonés la sufra en cualquier otro lugar, y la Medalla a la defensa y atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad, a cualquier persona o entidad que haya destacado por su lucha contra el terrorismo y su defensa de las víctimas-.

Asimismo, se establece la necesidad de fijar elementos distintivos como homenaje y de que los poderes públicos velen por su dignidad impidiendo cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio, de humillación para las víctimas, de exaltación u homenaje a terroristas. Se acuerda además que se celebrará el Día Europeo de las Víctimas, el 11 de marzo, y el 27 de junio como día de recuerdo a las víctimas.

Entre sus títulos se regula también la denominada ‘Educación para la paz’, indicando que se incluirá en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España.

Por otro lado, se crea el Comisionado para las víctimas del terrorismo, como órgano unipersonal de atención a las víctimas para la interlocución, relación, ayuda y orientación a las víctimas. Asimismo, coordinará e impulsará las actuaciones de la Administración de la Comunidad dirigidas a las víctimas.

La Junta se compromete también a seguir colaborando y apoyando a las asociaciones y fundaciones dedicadas a la atención de las víctimas y se estipula que existirá un apartado específico de la web de la Junta de Castilla y León dedicada a la atención de las víctimas, así como que desde el teléfono 012 se dará una información integral a las víctimas.

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