El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se establece el marco de gobierno y autonomía de los centros docentes no universitarios de Castilla y León. Los principios fundamentales de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) son el aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias.
Por ello, la Consejería de Educación ha considerado preciso establecer, por una parte, el marco general y común del gobierno y autonomía de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad que impartan enseñanzas no universitarias y, por otra, adecuar la normativa autonómica previa por la que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación, los compromisos de las familias en el proceso educativo y las normas de convivencia y disciplina en los centros.
El decreto consta de exposición de motivos, 22 artículos, agrupados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y cuatro finales. Entre su contenido, destaca la participación en el gobierno de los centros, la coordinación docente y la implicación y participación de alumnado y familias así como lo relativo a la autonomía de los centros en sus diferentes aspectos, creando la figura del proyecto de autonomía, cuyo desarrollo se podrá llevar a cabo una vez se produzca la implantación ordinaria completa en cada una de las etapas.
Asimismo, el proyecto de decreto ha sido presentado al Consejo Escolar de Castilla y León y se ha puesto a disposición de los ciudadanos en el espacio Gobierno Abierto para realizar aquellas observaciones que estimaran oportunas. Según los datos estadísticos recogidos, se han formulado 15 ideas nuevas, 318 votos a dichas ideas y 407 visitas. El 12 de mayo se procedió a publicar respuesta a cada una de las ideas presentadas agradeciendo a los participantes del foro las aportaciones con las que han contribuido a mejorar el contenido de esta norma y a implantar el nuevo marco educativo y a una prestación del servicio educativo de mayor calidad y eficacia.
Finalmente, en cuanto al impacto presupuestario, hay que indicar que la regulación que establece este decreto no supone incremento de gasto público.
