La fusión y reorganización de los registros de propiedad y mercantiles españoles planteada por el Ministerio de Justicia supondría en Castilla y León la reducción de 5 registradores de los 39 actuales, según se desprende del borrador del proyecto de Real Decreto de demarcación registral. En Valladolid desaparecerían dos (se pasaría de 8 a 6), en Burgos y León uno (de 5 a 4), y en Ponferrada otro (de 3 a 2). En el resto de las provincias se mantendría el mismo número: 2 en Ávila y Soria, 3 en Palencia, Segovia y Palencia, y 5 en Salamanca. En toda España, la reducción de plazas de registradores puede ser de 225, según el borrador.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) lamenta que este proceso se esté realizando "sin consultar antes a los trabajadores, que pueden verse afectados por las consecuencias de la reagrupación de los registros. De hecho, CSI-F muestra su preocupación, por los despidos y ERE que puedan producirse.
El borrador del proyecto del Ministerio de Justicia prevé la supresión de pequeños registros sin apenas actividad –algo que no parece que ocurrirá en la Comunidad- y la fusión de las demarcaciones.
Por eso, en Castilla y León se agruparán los registros de cada provincia, salvo en el caso de León, que se mantendrán como circunscripción propia los de Ponferrada. Además, la oficina de Alcañices (Zamora) seguirá abierta.
Sin embargo, CSI-F Castilla y León advierte que estará "muy atenta" a lo que ocurra con este proceso de reagrupación, que "puede tener consecuencias" para la estabilidad de los cientos de trabajadores de los registros de la Comunidad, que en el conjunto de España suman unos 11.000.
Hasta el momento, el Estado estaba dividido en demarcaciones territoriales a cuyo frente se encontraba una oficina registral, a cargo de un registrador con personal a su cargo.
La reagrupación consistirá en unir las demarcaciones, a cuyo frente se situarán varios registradores, lo que significará supresión de plazas, que en el caso de Castilla y León serían 5 menos según el borrador del proyecto.
El Real Decreto plantea un nuevo régimen económico “de división personal” para los registradores, lo que en la práctica significa trabajar juntos y repartir los beneficios a través de un reglamento interno de organización, que elaboren los propios funcionarios titulares de los registros.
El sindicato independiente hace patente su "preocupación" y reclama al Ministerio que escuche a los representantes de los trabajadores, antes de tomar ninguna decisión irreversible.
CSI-F insiste en que siempre ha defendido y defenderá el empleo de todos los trabajadores de los registros, que han garantizado la prestación de un servicio público de calidad desde hace más de 150 años. “Los registros de la propiedad, servicio clave en la seguridad jurídica de todo Estado moderno, han funcionado en nuestro país con excelencia a lo largo de los últimos años, realizando una labor clave en la economía y con una gran cualificación técnica”, remarca CSI-F.
Para ello, en octubre de 2013 se firmó el segundo convenio colectivo sectorial, tras 20 años sin renovación del anterior, y que está demostrando ser un instrumento útil para superar las dificultades de la actual crisis. “Sin embargo, no podemos ignorar que una modificación de la planta registral podría trastocar el difícil equilibrio alcanzado entre todos los agentes del sector”, concluye CSI-F.
