Hace poco más de un año, el señor Sánchez Pascuala, director de Coordinación, Inspección y Programas Educativos de la Consejería de Educación, declaraba ante los medios de comunicación que la implantación del Distrito Único escolar en Soria y la “simplificación” de los distritos en toda Castilla y León era una concesión a la libertad de elección de las familias, y lo ilustraba de la siguiente forma: “Lo importante es que un niño se convierta en alumno de un centro por el criterio de sus padres y no por lo que diga la Administración”.
La medida, y -¿por qué no decirlo?- su argumentación pilló por sorpresa a muchos y a muchas, que tomaron esa decisión como una concesión a la libertad de educación y la solución a un problema que quizá algunas familias se habían planteado porque, en algunos casos, es más cómoda la ubicación de los centros cerca del trabajo materno o paterno que de su propio domicilio. De hecho esta posibilidad convenció a muchas familias, que mayoritariamente votaron que sí a esta medida en la FAPA de Soria, en buena medida porque la Administración no dio mucho tiempo ni lugar para el debate, y la argumentación que hubo contra esta medida por parte de la práctica totalidad de los sindicatos, grupos políticos y la propia Plataforma no fue ni siquiera oída.
Efectivamente, resultaba un poco extraño, quizá hasta sospechoso, que se impusiera una medida que no había sido pedida, ya que el supuesto problema que pretendía atajar ni siquiera era tal, si nos atenemos al hecho de que más de un 90% de las familias de Castilla y León llevaban a sus hijos e hijas al centro que pedían como primera opción. ¿Por qué se realizó entonces? Quizá la respuesta se halle en la petición de la patronal de colegios católicos que así lo reclamaba.
La distribución de la ciudad en distritos escolares suponía, en primer lugar, la racionalización de los medios educativos existentes en la ciudad, fomentando una distribución más equitativa del número de alumnos (cifra clave para lograr una mejor calidad de enseñanza) y la homogeneidad social de los mismos.
Por otra parte, aseguraba la matrícula en cada centro, lo que permitía una mayor estabilidad de sus medios humanos –cosa que influye también de manera decisiva en la calidad de enseñanza- y, asimismo, permitía la visualización de la vida docente de cada alumno o alumna, una medida deseada por buena parte de las familias y que supone, en muchos casos, una gran fuerza de atracción para la matrícula en centros privados, ya que, por lo general, integran la totalidad de la educación obligatoria.
A un año vista de la imposición de esta medida, ya podemos decir que el distrito único no ha resuelto el problema de libertad de elección de centros, no sólo porque, como hemos visto, no existía tal, sino porque en una ciudad pequeña como Soria, donde el problema de desplazarse a llevar a los niños y niñas al colegio es menor, el agolpamiento de la solicitud de matrícula en algunos centros supone que no van a ser las familias las que elijan su centro, sino el propio centro el que seleccione a su alumnado, que podrá imponer su criterio de selección ante un exceso de matriculación.
De hecho, los datos que manejamos indican que un 14% de las matrículas preinscritas en colegios públicos de la capital no serán admitidas en el centro de primera opción para el siguiente curso. Esto demuestra que la Consejería de Educación y la Dirección Provincial de Educación de Soria, una vez más utilizada como punta de lanza, han creado un problema donde no lo había.
A corto plazo, la imposición del distrito único significará el aumento de la competitividad entre centros públicos, cosa no sólo no deseable, sino detestable, ya que esto devendrá a un plazo superior en la aparición de centros de “primera”, dejando a las familias “desafortunadas” por no haber sido elegidas por el centro “bueno” entre la espada de llevar a sus hijos e hijas al centro público que no han elegido, y la pared de llevarlas al centro concertado.
En definitiva, ni las familias ni los centros públicos se han beneficiado o se beneficiarán de esta medida. ¿Quién lo hará, por el contrario? Los centros concertados.
Por todo esto, la Plataforma por la Escuela Pública de Soria exige a la Dirección Provincial de Soria un compromiso cierto con la Escuela Pública, dejando al margen intereses privados, y comenzando con la inmediata derogación del Distrito Único y la vuelta al sistema de distritos vigente hasta el curso pasado.
