La Federación de Caza de Castilla y León ha denunciado la "veda" que ha abierto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social intentando demostrar relación de prestación laboral, por tanto económica, en el desarrollo de la montería española. En algunas provincias de España se ha requerido por esta Inspección de Trabajo a quien organiza una montería para que presente libro de matrícula de sus trabajadores, contratos de servicios a rehaleros, prestadores del catering, pago de honorarios de veterinarios, etcétera. Para la Federación de Caza, la contratación de un terreno cinegético para organizar una montería conlleva la obtención de una contraprestación económica "que lleva implícito el legítimo lucro de la misma".
"Que existan estas formas de caza y empresas capaces con ello de generar beneficio empresarial, ni mucho menos quiere ello decir que toda montería tenga el mismo objetivo y aún menos las mismas componendas en cuanto a relaciones contractuales de los intervinientes en la misma. Y es que los responsable en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se han encargado de organizar una campaña a nivel nacional a la Inspección de Trabajo para localizar aquellas monterías en las que pudieran existir estas supuestas relaciones de trabajo, ya sea por cuenta propia o cuenta ajena, y a la que ponemos la gran objeción de que trata a toda la geografía española por igual, y por tanto sin apreciar que no es lo mismo la montería que se puede celebrar en Toledo o Badajoz, como las que se celebran en Soria, León o Valladolid que en su inmensa mayoría son realizadas por un club deportivo, sobre un terreno que tiene arrendado el propio club, sin la existencia de ningún lucro y sí de una actividad deportiva y lúdica".
Según estima la Federación de Caza de Castilla y León, quien en Castilla y León tiene una rehala, tiene asegurada una fuga económica de sus propios recursos, si bien así lo admite porque así lo disfruta. Su objetivo no es tener ingresos y sí que le genere los menores gastos y a sabiendas que son muchos los inconvenientes burocráticos. Un rehalero en su asistencia a estas monterías sociales no realiza una prestación de servicios, participa como un cazador más cumpliendo una función específica con sus perros para conseguir el fin que comparten todos los participantes, localizar, perseguir, abatir y capturar a las especies cinegéticas objeto de esa montería, y por ello en algunas ocasiones percibe una compensación por los kilómetros que hace un su vehículo específico para transportar sus perros, otras algún puesto en esa montería, y normalmente siempre una gran satisfacción por ese día de caza en compañía de esos fieles perros a los que dedica mucho tiempo todo el año.
"De ello no se desprende actividad económica como para generar un alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos y menos aún una relación de dependencia con aquel auxiliar que a veces es acompañado en ese día de caza. Este asiste a la montería guiado de la misma afición que el resto de los que participan, compartiendo vivencias con los perros de su amigo o su padre, que suele ser en muchos casos. Sin duda esto no puede calificarse generador de una relación por cuenta ajena bajo la organización y dependencia del rehalero, que es lo que motivaría un alta en el Régimen General de la Seguridad Social".
"Por tanto, esta campaña lanzada por el Ministerio de Trabajo, en nuestra tierra será trabajo baldío para la Inspección. Las monterías sí generan ingresos económicos, pero no para los que participan en la misma, lo hacen para armerías, gasolineras, restaurantes, arrendatarios, etc, esos agentes productivos en torno a la misma y que no son los que directamente participan, dándose la circunstancia que en muchos casos son los mayores ingresos que tienen los ayuntamientos de esta Castilla y León. Por tanto aquel ha errado con el tiro, ha de apuntar a otro lado".
