La Consejería de Sanidad ha presentado un requerimiento previo a la Administración del Estado para que revoque o anule la Resolución de 10 de septiembre de 2013 que regula el copago de medicamentos hospitalarios. Se trata de un primer paso que podría dar lugar a otras posibles acciones en los tribunales.
Desde que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicara esta Resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, el Gobierno de Castilla y León ha mostrado su desacuerdo con esta medida, tanto por el escaso impacto económico que supondría como por las características de los fármacos sometidos a este nuevo copago por ser medicamentos relevantes para tratar enfermedades graves. No se considera, por tanto, que esta iniciativa contribuya a la sostenibilidad de la sanidad pública y ni tiene ni debe tener efecto disuasorio.
Además, en los grupos y comisiones técnicas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas ya habían manifestado su desacuerdo con las características y la aplicación de esta medida.
Así, el primer motivo de la impugnación es que no puede considerarse que una resolución administrativa tenga rango suficiente para cambiar las condiciones de financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. También se considera que la Dirección General de Farmacia no tiene competencias para actuar en este sentido. Y, finalmente, los criterios técnicos utilizados para la selección de los medicamentos que tienen este tipo de aportación dan lugar a inequidad en pacientes con el mismo tipo de patología.
