La Consejería de Economía y Empleo asume la coordinación de toda la información generada en el Consejo de la Unión Europea sobre materia de consumo para trasladarla a las comunidades autónomas al ser la representante, durante este semestre, de todas ellas en el Consejo de la Unión Europea en materia de consumo. Este trabajo de información se realiza en base a los acuerdo adoptados en 2004 entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la participación de éstas en algunas formaciones del Consejo de la Unión Europea. Como consecuencia de este marco, a Castilla y León le competerá participar en el grupo de trabajo de consumo, que se integra dentro del área de competitividad de la Unión Europea.
La labor de coordinación con las distintas comunidades se desarrolla desde el 1 de julio y tendrá vigor hasta final de 2013. De esta forma Castilla y León estará presente, junto al Instituto Nacional de Consumo, en las reuniones del grupo, conociendo de primera mano su trabajo, haciendo aportaciones al mismo y transmitiendo sus avances al conjunto de las comunidades españolas.
Castilla y León toma el relevo de la Comunidad de Madrid que, en el semestre anterior ha estado participando en los debates sobre la regulación en materia de seguridad de productos que ha abordado el grupo de trabajo, y que es previsible que finalice durante el presente semestre.
La regulación en materia de consumo es un ámbito de máxima repercusión para los ciudadanos, por ello es imprescindible para el estado español y las comunidades autónomas, por tratarse temas de trascendencia y transversalidad para el conjunto de la sociedad.
La Junta de Castilla y León, que mantiene una constante actividad en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en materia legislativa, está tramitando la nueva Ley que pondrá al día el ‘Estatuto del Consumidor’ y un decreto específico para el mejor desarrollo del arbitraje de Consumo. También desarrolla una permanente actuación de control de mercado mediante campañas de inspección específicas sobre determinados productos y servicios, además del control sistemático de productos en cuanto a la calidad anunciada, comercialización y, en concreto, a su seguridad, aspecto imprescindible en la elaboración del reglamento europeo.
Durante el primer semestre la Unión europea ha generado 971 notificaciones sobre productos no alimenticios potencialmente inseguros, siendo España la que ocupa el segundo lugar con un número de 100 notificaciones, detrás de Alemania que notificó 107. En el ámbito del mercado español se generaron, en el mismo periodo, 320 notificaciones de las cuales 33 partieron de Castilla y León como consecuencia de actuaciones en seguridad de los productos.
Por último, como viene siendo habitual, se está produciendo un incremento de las actuaciones inspectoras con motivo del incremento del consumo que puntualmente se produce en este mes del año como consecuencia de las ventas en rebajas.
