Reunión de los delegados territoriales para hablar de Ordenación Territorial y Ley de Dependencia

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha mantenido esta mañana una reunión de coordinación con los nueve delegados territoriales, en el marco de la Comisión General de Coordinación Territorial de la Junta de Castilla y León. El consejero ha informado del análisis que Presidencia ha hecho del Anteproyecto de Ley de Administración Local del Estado. Al encuentro también ha asistido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, para informar de las medidas adoptadas en el sistema de dependencia de Castilla y León.

De Santiago-Juárez ha analizado con los nueve delegados territoriales de la Junta de Castilla y León el momento actual de la tramitación y los contenidos del Anteproyecto de Ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una reforma que resulta necesaria para el ámbito local en España y, en particular, para Castilla y León. La Junta considera que el anteproyecto de ley del Gobierno autonómico comparte los principios de este anteproyecto aunque considera que es necesario modificar importantes cuestiones en el texto, por lo que se ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un amplio informe crítico. La Junta también considera que este es el momento adecuado para reformar la financiación local, para que estos puedan mejorar los servicios que prestan a sus vecinos.

El Gobierno autonómico apuesta por la defensa del municipalismo, que es una característica singular de Castilla y León, y “es necesario que en el anteproyecto de ley del Gobierno de la Nación se tengan en cuenta las peculiaridades y las características territoriales y sociodemográficas de esta Comunidad”, ha recordado el consejero. Por ello, ha añadido que el informe enviado se ha elaborado “pensando en los ciudadanos de Castilla y León, y en concreto, en aquellos que viven en el medio rural, y en la mejor forma de prestar los servicios de calidad”.

El informe de la Junta enviado al Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas también aclara, como recordó el consejero, la situación de las competencias propias que ahora ejercen las entidades locales en materia educativa, sanitaria y de servicios sociales, y que tal y como recoge el anteproyecto del Gobierno central pasaría a ser competencia de las comunidades autónomas. En este punto ha remarcado que “en caso de las transferencias se pasaran a las autonomías deberían venir bien financiadas económicamente a través del coste efectivo” en el que se tiene en cuenta la dispersión, la orografía, la extensión territorial, la economía de densidad, el envejecimiento o el clima, y no por coste estándar que es el que más perjudica a la Comunidad ya que sólo evalúa la población.

Modelo de ordenación territorial de la Junta

Por otra parte, el consejero ha explicado que el modelo propuesto por la Junta, cuya elaboración ha contado con la máxima participación de la sociedad castellana y leonesa en su conjunto, fija el proceso para cerrar una ordenación del territorio de Castilla y León definitiva y completa, con la que deberán converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta, para mejorar la eficiencia de estos, así como la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Además, regulará las asociaciones voluntarias de municipios con el objetivo básico de reforzar el municipalismo y lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos que prestan las corporaciones locales. El consejero de la Presidencia ha recordado durante la reunión que este anteproyecto presentado ha sido “radicalmente escrupuloso” con el acuerdo de mínimos firmado por la Junta, el PP y el PSCyL el pasado mes de octubre.

Asimismo, el consejero advierte que el anteproyecto estatal, si se mantienen con los términos actuales, puede vaciar de competencias a la mayoría de municipios de Castilla y León, ya que el 88 % tiene menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, el modelo de la Junta pretende que los municipios no se queden sin competencias, para lo cual el anteproyecto de la Junta recoge la asociación voluntaria de municipios en mancomunidades, para que puedan ejercer sus competencias de manera más eficiente dado que la unión voluntaria de municipios los hará más fuertes.

De Santiago ha informado que la previsión que tiene la Junta es que antes de finalizar el mes de marzo, el Consejo Consultivo emita su informe para inmediatamente después enviar el proyecto de ordenación del territorio a las Cortes de Castilla y León.

A su vez, el consejero de la Presidencia ha animado a los delegados territoriales a continuar haciendo pedagogía del modelo de ordenación con los alcaldes de todos los municipios, así como a escuchar las necesidades y las dudas que se reciban. Ha recalcado la importancia de que los alcaldes y concejales no tengan dudas sobre el modelo de ordenación de la Junta, y que en “ningún caso puedan pensar que este modelo supone una carga económica más”. De Santiago-Juárez ha asegurado que el diálogo con los ediles de los municipios “es la mejor forma de mostrar que el anteproyecto de ley busca la asociación voluntaria de municipios para prestar los mejores servicios a los ciudadanos y dinamizar la economía de los pueblos, sin la supresión de ninguno de ellos”. Y ha insistido en que el objetivo básico y fundamental que persigue el anteproyecto de la Junta es “mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, así como mejorar la calidad de las prestaciones de los servicios esenciales –sanidad, educación, servicios sociales,…- a los castellanos y leoneses y, en especial, garantizarlos en el medio rural”. Con el nuevo modelo de ordenación también se plantea, como objetivo adicional, facilitar la relación de los ciudadanos con las administraciones.

Modelo de dependencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha explicado a los delegados territoriales que el modelo de atención a la dependencia en Castilla y León surge de un diálogo social permanente con las entidades que trabajan en el sector. Ha destacado que de cada cinco euros que se destinan a la atención a la dependencia, el Estado sólo pone un euro, es decir, el 80 % lo pone la Junta de Castilla y León frente al 20 % del Estado.

A su vez, ha comentado la altísima valoración que recibe el sistema de Castilla y León por parte de las asociaciones independientes de gerentes, siendo el Gobierno autonómico la única comunidad autónoma que ha obtenido una nota de sobresaliente en las tres evaluaciones realizadas. La consejera también ha informado que la deuda de la Administración General del Estado con la Junta durante el periodo 2008-2011 es de 457 millones de euros.

La Junta siempre ha apostado por una atención profesionalizada frente a los cuidados familiares; por tanto, las ayudas familiares en Castilla y León son excepcionales pero el 95,5 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya las están recibiendo.

Por último, Marcos ha señalado que Castilla y León es la comunidad autónoma que más empleo ha generado en este ámbito. Asimismo, ha pedido a los delegados territoriales que en los próximos dos meses se reúnan con las entidades y asociaciones de las provincias que trabajan en este campo para explicarles el sistema y los cambios que se han producido en el modelo de atención a la dependencia.

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