Igea expone la nueva convocatoria de 3,7 millones destinada a proyectos en países empobrecidos

El vicepresidente Francisco ha anunciado que en próximas fechas se abrirá el proceso participativo para elaborar un nuevo plan director que abarcará hasta el año 2024

Profesionales de entidades inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de nuestra Comunidad han participado esta tarde en una sesión de trabajo, convocada por la Dirección General de Acción Exterior. El vicepresidente y consejero Francisco Igea ha agradecido la labor de las personas y las entidades implicadas en este ámbito y ha presentado las novedades de la nueva convocatoria de proyectos para el desarrollo correspondiente al año 2020. Además, la sesión de trabajo ha servido para detallar cuestiones técnicas sobre la presentación de los proyectos, abordar y resolver dudas de las entidades sobre el denominado Enfoque Basado en Derechos Humanos, enfoque metodológico que se exige en la formulación de las solicitudes.

Mediante esta convocatoria, publicada recientemente en el Bocyl y abierta hasta el próximo 27 de enero, La Junta de Castilla y León financiará, por un lado, proyectos de desarrollo (un máximo del 80 % del proyecto y hasta un máximo de 260.000 euros por proyecto beneficiario, con un plazo de ejecución máximo de 24 meses) y, por otro, microacciones en el exterior, que son acciones puntuales y complementarias a un proceso de desarrollo (en este caso, se financia un máximo del 90 % de lo solicitado y hasta un máximo de 45.000 euros, con un plazo máximo de ejecución de 12 meses).

Las ONGD deben presentar proyectos y acciones que contribuyan a la consecución de alguno de los seis derechos económicos, sociales y culturales que se han priorizado en el citado III Plan Director: derecho a la Alimentación; al acceso al agua potable y saneamiento; a la educación; a la salud; a la vivienda adecuada y digna; y a un nivel de vida adecuada y medios de subsistencia. Además, todas las intervenciones deberán incluir de manera transversal el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y de sostenibilidad medioambiental, para favorecer el logro de los objetivos propios de la política de cooperación de Castilla y León, desde criterios de calidad, transparencia y sostenibilidad. Las intervenciones deberán ir dirigidas a la población más vulnerable, prestando especial atención a las mujeres, niños, los pequeños productores y recolectores de alimentos, la población indígena y las personas enfermas o dependientes.

Para la Junta de Castilla y León las zonas geográficas prioritarias en las que deben realizarse los proyectos sujetos a esta convocatoria son África (en Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina Faso); Centroamérica (Guatemala y Nicaragua); Sudamérica (Bolivia y Perú) y Asia (India). A este respecto, cabe recordar que el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2017- 2020 indica que al menos el 25 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo debe ir dirigida al África subsahariana.

 

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Un nuevo Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2021-2024

El encuentro sectorial de hoy ha servido también para avanzar que en las próximas semanas se iniciará el proceso participativo de elaboración del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2021–2024. Francisco Igea ha expuesto su deseo de contar activamente con el conjunto de los agentes de cooperación para el desarrollo -y en especial, de las ONGD- para que ese futuro plan sea una herramienta común para la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los derechos humanos en los países en los que Castilla y León colabora.

En el marco de esta política pública, el  apoyo a  proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior supone cerca del 80 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), un apoyo que tiene como instrumento principal la convocatoria de subvenciones para proyectos y microacciones en el exterior en países empobrecidos que se ha presentado en este acto. En los últimos cuatro años se han concedido subvenciones para 147 intervenciones de desarrollo en 18 países diferentes, de las que se han beneficiado más de 820.000 personas -de ese total, casi 475.000 eran mujeres que han visto mejoradas sus condiciones de vida- con mejoras especialmente en lo que se refiere al derecho humano al agua y saneamiento y el derecho humano a la alimentación. 

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